A pesar de que la ola represiva no se detiene y los derechos humanos continúan siendo sistemáticamente vulnerados por el Estado cubano, las organizaciones y los medios internacionales no parecen encontrar la necesidad de reflejar esta realidad.

El pasado lunes 9 de septiembre, la Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y vicepresidente de la Comisión Europea, Federica Mogherini ha visitado La Habana con el objetivo de reforzar los lazos económicos y políticos entre la isla y el bloque europeo.

El intercambio que se llevó a cabo en la reunión se concentró mayoritariamente en cuestiones de índole económica y comercial. Por su parte, la representante europea destacó la validez de Cuba como interlocutor en América Latina, a pesar de las acciones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos a razón del respaldo de La Habana a la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. El interlocutor cubano de Mogherini fue el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien declaró que Cuba tiene grandes espacios de encuentro con la UE en lo referido a las relaciones exteriores y que espera continuar estableciendo relaciones con confianza, transparencia y cooperación.

La visita y su contenido han generado repercusiones dentro de la isla ya que desde ambas partes se expresó el deseo de seguir trabajando en conjunto, dejando de lado cuestiones de suma importancia como lo son los derechos humanos de los ciudadanos cubanos.

En esta línea, y bajo la aquiescencia de los medios de comunicación afines al régimen comandado en la actualidad por Miguel Diaz-Canel, se ha producido una oleada represiva en los días anteriores y posteriores a la visita europea y, también, durante la misma. También llama la atención que en los medios internacionales tampoco se haya hecho mención a los actos represivos propagados por los agentes de seguridad de las fuerzas cubanas.

Las detenciones, maltratos y multas se habrían llevado a cabo para impedir una manifestación pacífica de ciudadanos ligados a diferentes organizaciones opositoras al régimen, pero también a ciudadanos en general. Desde el gobierno de Cuba se había declarado a delegaciones extranjeras que las detenciones de activistas se habían llevado a cabo por el potencial que los mismos representaban como alborotadores que buscarían estropear la visita de la delegación europea.

Para exponer en números el alcance que ha tenido la represión realizada desde el 6 de septiembre tomamos algunos datos expresados en la página oficial de la organización Prisioners Defenders: se detuvieron a casi 200 defensores de los derechos humanos, se allanaron 7 viviendas particulares, se prepararon al menos 32 juicios sumarios a activistas con multas arbitrarias y se agredió físicamente y maltrató a hombres, mujeres y niños sin distinción.

Cabe aclarar que el alegado alboroto o boicot a la visita no existió, ya que en su mayor parte las detenciones de los activistas se produjeron en sus domicilios particulares desde los días previos a la llegada de Mogherini y no durante ningún tipo de manifestación. Además de haberse producido con extrema violencia, maltratos y humillaciones a mujeres (incluso embarazadas), hombres, niños, ancianos. Lo que fue considerado como amenaza de alboroto fue la invitación de sectores opositores al régimen socialista, principalmente UNPACU (Unión Patriótica de Cuba) y Cuba Decide, a “salir a parques y lugares públicos” a manifestarse pacíficamente, principalmente en “solidaridad con las valientes Damas de Blanco, reprimidas semana tras semana por la dictadura; los periodistas y artistas independientes; los defensores de las libertades religiosas y los activistas LGTBI que sufren persecución; y todas las personas y organizaciones pacíficas que promovemos el respeto a los derechos humanos y el cambio de sistema hacia la democracia en Cuba”. La mencionada convocatoria se puede consultar en la página oficial de UNPACU (https://www.unpacu.org/solidaridad-y-firmeza/). Además la convocatoria reclamaba la liberación de presos políticos y el reconocimiento de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de los ciudadanos cubanos, ultrajados por la denominada “dictadura castrocomunista” y finaliza apelando a comunidad internacional  “para frenar la impunidad de la tiranía que pretende arremeter contra nuestros coordinadores y activistas con nuevos asaltos, robos, detenciones violentas y prisión, como han hecho en el pasado ante el silencio de los negociadores europeos. Esperamos que esta vez se alce la voz de Europa en la persona de su Alta Representante para apoyar a quienes defendemos los mismos valores democráticos que profesa la Unión Europea”. Claro está en el texto de la convocatoria que el objetivo de los activistas no era afectar o boicotear la reunión entre la representación europea y el gobierno de Cuba, sino incluir en la agenda de la misma los temas que aquejan severamente a gran parte de la población.

Desde estos sectores, con respecto al acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros con Cuba, se alega que se está violando desde el inicio de su aplicación, y con aún mayor énfasis en la actualidad, al menos en los artículos 1.5, 2c), 5 y 22, relativos al desarrollo y fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la erradicación de la discriminación.

Antes de permitir que esto sucediera, tropas especiales y de Seguridad del Estado, sitiaron los domicilios particulares de los activistas y los dejaron incomunicados para luego allanarlos, robar diferentes objetos materiales (como tablets, cámaras, tarjetas de memoria, etc.) y detenerlos.

Entre los detenidos estaba José Daniel Ferrer, quien ha sido declarado Prisionero de Conciencia por Amnistía Internacional y tiene en su haber numerosos reconocimientos internacionales por su lucha a favor de los derechos humanos, quien documentó su detención junto a otros activistas en un video publicado en YouTube. Por otra parte, también entre los detenidos se encontraban representantes de la organización Damas de Blanco. Paradójicamente, dicho grupo ha sido reconocido con el Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia, otorgado por el Parlamento Europeo a manera de homenaje a “personas u organizaciones que luchan por los derechos humanos y las libertades fundamentales”, para la obtención de este premio se evalúa en una reunión conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo de la UE a los candidatos propuestos. La vista gorda que la Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha hecho al respecto de las detenciones pareciera demostrar poco interés en la materia, todo esto sin mencionar ni siquiera los sistemáticos atropellos que sufren las Damas de Blanco.

Entre el 6 y el 12 de septiembre, además de las detenciones directas, se realizaron multas arbitrarias a activistas. Estas multas son el paso previo a la detención, ya que consignan montos que superan lo equivalente a 6 meses de salario mínimo y serían imposibles de pagar por los multados. Esa situación permitirá en el futuro generar causas penales contra los activistas afectados, provocando su ingreso a prisión mediante procesos sumarios. Según declara la página Prisioners Defenders, este es uno de los mecanismos más utilizados por el gobierno cubano para condenar a prisión a activistas opositores de manera falaz.

En síntesis, la situación relativa al respeto de los derechos humanos y las libertades individuales ha empeorado cada vez más desde la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, llegando a límites de extrema violencia. A pesar de las excarcelaciones por cumplimiento de condena, la lista de presos políticos dentro de la isla asciende en la actualidad a más de 130 personas. Además, se debería tener en cuenta la evidencia de que Cuba es impulsor y sustento de la situación de autoritarismo en Venezuela y también Nicaragua. En otro sentido, debería ser a su vez tomada en consideración la alineación con políticas de inversión de empresas con fines de lucro en la isla, ya que se está llevando a cabo sin tener en cuenta la implementación real de derechos laborales y sindicales que garanticen la protección de los trabajadores. La Unión Europea no puede seguir manteniéndose ajena a esta situación si pretende profundizar sus relaciones con el gobierno cubano y permitir la violación sistemática al acuerdo firmado tan solo años atrás.