Entre verticalismo y horizontalidad, opacidad y transparencia, centralización y descentralización, entre autoritarismo y democracia. La relación de tensión que se multiplica en todas las dimensiones de la vida social, económica, cultural y política gobierna la forma que da realidad a la isla.

Cuando Raúl Castro anunció su programa de reformas económicas – supuestamente las más profundas desde la revolución de 1959 – al tomar las riendas del país de manos de su hermano mayor, tuvo que responder a dos desafíos enormes.

Primero, intentaba proporcionar alimentos para la población a precios razonables a través de un aumento significativo de producción agraria interna, que terminara la paradójica dependencia de la importación (alrededor 70% del consumo) y redujese el alto drenaje de las escasas divisas que el país dispone. Se estaba gastando casi 1,5 veces del valor de exportaciones de bienes para importar alimentos que el país podría producir por sí mismo. Los intentos de una reforma agraria encontraron tanta resistencia que el resultado ahora es cero: el acceso a alimentos no mejoró en absoluto, y el gasto en importación sigue igual.

Segundo, hubo un intento de echar a andar un crecimiento económico, facilitar inversiones extranjeras y modificar el mercado de trabajo, de tal forma que cada familia cubana podría vivir dignamente de los salarios obtenidos por un padre y una madre trabajadores. Los economistas pronosticaron que un crecimiento anual de 5% era necesario para recuperar la economía. El crecimiento promedio durante la primera parte de la presidencia de Raúl Castro era la mitad de esa cifra, mientras en la segunda estaba entre 1% y la recesión. Tal vez se logró atraer apenas una quinta parte de las inversiones extranjeras consideradas necesarias. Como resultado, al terminar su mandato, el poder de compra de un asalariado cubano representó tan solo un 25% del nivel de 1989, al mismo tiempo que los subsidios sociales fueron fuertemente reducidos. Dos ingresos oficiales en el mejor de los casos cubrían una cuarta parte de la canasta básica de una familia con dos hijos. El resto tenía que buscarse fuera de la economía formal, en el mercado negro; en el capitalismo salvaje.

Si bien una tercera parte de los trabajadores, ahora según las estadísticas, se encuentran fuera del sector estatal, como trabajadores por cuenta propia (“cuentapropistas”), usufructuando tierras o negocios estatales, o como miembros de cooperativas de una forma u otra, tiene poco sentido hacer esa distinción. La realidad es que en Cuba existe una interdependencia simbiótica ilícita entre cuentapropistas, trabajadores y funcionarios públicos. Estos últimos se ven forzados a ganarse la vida a través de la venta de bienes obtenidos ilegalmente del Estado o de la  oferta de servicios públicos de forma corrupta a los trabajadores no-estatales.  Los que trabajan por su cuenta dependen de esos insumos para sus negocios. Se puede estimar que entre el 15 y 20% del PIB cubano hoy en día proviene, en realidad, del sector no-estatal, mientras oficialmente solo representa un 8%. La diferencia es extraoficial y en gran medida ilícita. A pesar de haberlo señalado en la nueva Constitución, todavía no hay acceso legal a formar una empresa particular. El sector privado aún no representa un elemento estratégico en la economía, y las trabas para limitarlo siguen siendo innumerables.

Hubo un intento de estimular el sector cooperativo, tanto en la agricultura como en la economía urbana. Esto podría haber representado un sector muy importante en Cuba, entre “capitalismo” y “socialismo”. De nuevo, las buenas intenciones solo fueron implementadas en menor escala. En resumen, la era de reformas estructurales bien intencionadas de Raúl Castro, terminó dejando a Cuba en una crisis macroeconómica más profunda que nunca desde el período especial de los 1990s.

Más allá del fracaso económico, mi interés como politólogo es indagar sobre los impactos políticos de los profundos cambios que han ocurrido en la sociedad cubana durante la era de Raúl Castro, aplicando teorías clásicas como Linz & Stepan (1996).

Una explicación importante para el fracaso de las reformas es que la resistencia de las fuerzas más ortodoxas del partido, probablemente inspiradas por el propio Fidel Castro en su último año de vida, llevaron a una clara contra-reforma a partir de 2016. Una aproximación para analizar esto es hacer una distinción entre los ganadores y los perdedores de las reformas pro-mercado. Los ganadores han sido los administradores de las empresas militares (“militares en guayabera”), los dueños de paladares y casas convertidas en hostales, así como otros cuentapropistas exitosos, y, por supuesto, los que reciben remesas familiares del exterior. Hay estimaciones que sugieren que las remesas representan la segunda fuente más importante de divisas después de la exportación de los servicios médicos, por encima del turismo, y que la parte de las remesas que se aprovecha para inversiones en negocios particulares representa el doble de las inversiones extranjeras oficiales para empresas estatales. Pero lo más interesante es que una gran parte de los dirigentes políticos intermedios y los funcionarios estatales y partidarios se encuentran entre los perdedores. Este hecho, según mi modo de ver, explica en gran medida por qué la contra-reforma inició en 2016.

Un número significativo de personas (tal vez 5-10% de la población) con acceso a recursos económicos mucho más allá de los empleados públicos, se considera por algunos analistas como una nueva clase media, con intereses sociopolíticos muy distintos. En la literatura sobre transiciones políticas, la clase media muchas veces se considera como el principal promotor de las reformas democráticas (ref. Rueschemeyer et. al. 1992; vs. Chin 2013 para el caso de China). Habría que ver cómo se cumple ello en el contexto de Cuba.

El fuerte aumento de las diferencias sociales, en una sociedad que históricamente estuvo orgullosa de la igualdad y del acceso general a la seguridad social, evidentemente representa un gran desafío para la cohesión social. No hay cifras oficiales sobre desigualdad en Cuba, pero extraoficialmente se ha calculado que el índice GINI ha aumentado de 0.25 a 0.40, o sea de un nivel noruego a un nivel de EEUU. Mientras en países como China y Vietnam se habla de una aceptación pragmática de la falta de libertades debido al fuerte mejoramiento de la situación socioeconómica para la mayoría de la población, en Cuba es totalmente lo contrario: una población acostumbrada al bienestar social que hoy lo está perdiendo, mientras la desigualdad explota y se manifiesta de manera desconocida hasta ahora. Hay que preguntarse ¿hasta cuando será aceptada esa situación por los ciudadanos cubanos? A corto plazo, eso dio a los “perdedores” dentro del partido la oportunidad de culpar a las reformas “pro-capitalistas”, justificando así la iniciativa de dar marcha atrás a las reformas mismas. Sin embargo, el argumento de muchos economistas cubanos es que solo un estímulo real al sector privado, podría hacer florecer la economía cubana en su totalidad (ref. Torres 2016; Mesa-Lago 2018).

Cuando el presidente Obama declaró (2015) que “no estamos en el negocio de cambiar régimen” en Cuba, y que nadie más que su propio pueblo tiene derecho a decidir su sistema político-económico, fue la primera vez desde 1960 que un presidente de Estados Unidos reconoció la legitimidad del régimen cubano. Obama no tenía la atribución de levantar el embargo/bloqueo, ya que eso depende de una mayoría calificada en el Senado. Pero exceptuando eso, hizo todo en su poder para normalizar las relaciones. La química con Raúl Castro parecía funcionar muy bien.  Pero solo tres semanas después de la histórica visita de Obama a La Habana (marzo 2016), cuando el PCC celebró su séptimo congreso, la “película” místicamente había cambiado casi por completo. El discurso oficial, incluso de parte de Raúl Castro, fue el de atacar a Obama y al gobierno norteamericano por la injerencia en los asuntos internos (por seguir apoyando a grupos de derechos humanos y cuentapropistas), y por haber empleado una estrategia de pretender mostrar una cara de amistad mientras seguía la misma política de siempre, tratando de socavar la soberanía cubana. Cuando Donald Trump, para sorpresa de todos, ganó la presidencia con el apoyo de la vieja guardia de los cubanos anticomunistas de Florida, era inevitable el retorno de la guerra fría en el Estrecho de Florida. La amenaza concreta de trabajar por un cambio de régimen en La Habana se retomó como consecuencia de las acusaciones de Cuba como garante de la sobrevivencia del régimen de Maduro en Venezuela. Con ello, se fortaleció aún más la “mentalidad del bunker” por parte del gobierno cubano.

Ahora hay que preguntarse ¿por qué el gobierno cubano no aprovechó mejor la voluntad de amistad por parte de Obama? Es difícil evitar la hipótesis de que hubo una preocupación por perder la imagen anti-imperialista como herramienta propagandística y que el mismo Fidel Castro en su último año de vida contribuyó decisivamente a boicotear el acercamiento con el vecino del norte, lo cual había sido una meta fundamental en la re-orientación internacional de su hermano Raúl. Lo paradójico es que cuando la mayoría de los gobiernos del continente todavía se inclinaron hacia la izquierda, Cuba logró presionar a EEUU para aceptar su participación en foros continentales (sin nunca aprovecharse de la invitación de volver a la OEA). Con un cambio político hacia la derecha en el hemisférico, coincidiendo con la crisis venezolana y la nueva política guerrerista de la administración de Trump, Cuba de repente volvió a ser “el hombre raro” del patio trasero otra vez controlado por los EEUU. Esto se hizo especialmente claro cuando la mayoría de los países latinoamericanos se unieron a la política norteamericana de reconocer al “presidente rebelde” de Venezuela, Juan Guaidó; aunque nunca, debe decirse, a la política de incluir a Cuba en la campaña de cambio de régimen.

¿Como evolucionó el conflicto entre las fuerzas en favor de pluralismo versus autoritarismo durante la era de Raúl Castro? Se puede constatar que la sociedad civil cubana logró expandir considerablemente su espacio durante la primera mitad del período en cuestión. La revolución informática, junto a la reforma migratoria contribuyó mucho a ello. El monopolio de la información por parte del partido y del estado se perdió completamente, y los jóvenes cubanos ya casi no toman en cuenta los medios oficiales para formarse una idea de la realidad.

El aumento del número de actores económicos fuera del estado contribuyó en la misma dirección. Los académicos e intelectuales también se disputaron un papel más autónomo frente a los dogmas universitarios, algo muy importante, ya que un 40% de los militantes del PCC tiene formación académica. Pero esos grupos quedaron casi completamente relegados a los órganos de decisión del partido y del Estado. La contra-reforma antes descripta que inició en la economía a partir de 2016, también tuvo un impacto en la esfera política; frente a todos esos grupos potenciales de “impulsores de cambio”. Después se volvió a restringir drásticamente el espacio de diálogo y a reprimir a sus actores, tendencia que se mantuvo o incluso se fortaleció cuando Díaz-Canel llegó a ocupar la presidencia (2018).

Las mismas corrientes se reflejaron en las relaciones entre Estado y Partido. Las elecciones generales de 2017/2018 y el referendo sobre la nueva Constitución en 2019 fueron eventos políticos que muy claramente marcaron el límite del pluralismo político que se permite en Cuba. Sin embargo, el referendo sobre la nueva Constitución también ilustró que el Partido está perdiendo el control total, y que otros grupos ya son capaces de movilizar fuerzas que no pueden ser ignorados por el Partido –visto por ejemplo, cuando se vio obligado a retirar la propuesta de legalizar el matrimonio gay. La Constitución de 2019 abre una cierta diferenciación entre los poderes del Estado, y entre Estado y Partido. El establecimiento del cargo de Primer Ministro, como una especie de coordinador del Consejo de Ministros (órgano ejecutivo) sin ser integrante del Consejo de Estado (órgano legislativo), ni del Buró Político del Partido, es un ejemplo de eso. El papel más diferenciado de las fuerzas armadas es otro fenómeno importante: su papel empresarial ya parece ser más importante que su papel militar tradicional. También es interesante notar que el peso de los militares dentro del Partido parece estarse reduciendo con la paulatina retirada de los dirigentes históricos.

El cambio generacional de liderazgo ya es un hecho inevitable en Cuba. No ocurrió en gran escala dentro del Partido como se esperaba en el Congreso de 2016. Fue un poco más evidente en los órganos del Estado con las elecciones de 2017/2018 y la transferencia de la presidencia de Raúl a Díaz-Canel en abril de 2018. Pero los dirigentes históricos ortodoxos del partido, que llegan a los 90 años, todavía no tuvieron suficiente confianza en la generación de Díaz-Canel, nacida después de la revolución, para retirarse del control político-ideológico. Hasta el próximo congreso del Partido en 2021, Raúl Castro y sus camaradas históricos mantienen el control del Partido, y con ello, en última instancia, sobre las decisiones críticas del país. Sin existir la voluntad o capacidad para reconstruir una economía sostenible en Cuba, la nueva generación de líderes (ya alrededor de 60 años de edad) tiene un déficit muy fuerte de legitimidad para la ejecución e implementación del poder. Mientras tanto, la reacción predominante de los millenials cubanos (por debajo de 40), y sobre todo del gran capital humano existente entre ellos, es salir del país o buscar un “exilio interno”, abandonando así su fe en el futuro de la patria.

Cuba en este momento se encuentra en una coyuntura crítica, pasando del castrismo al poscastrismo. ¿Cuáles son los principales dilemas y los posibles escenarios durante esta época? Los líderes tienen que responder a una serie de dudas fundamentales: ¿adonde quieren llevar el país? Hay que definirse entre la continuada súper-centralización y una descentralización del Estado y la sociedad; entre estructuras verticales y más horizontales de representación; entre la opacidad versus más transparencia y rendición de cuentas hacia la población; entre continuar con el autoritarismo y optar por más pluralismo económico y político y por una participación política real; entre el capitalismo salvaje existente y una economía de mercado más legal y bien regulada. Las respuestas a todas esas dudas serán decisivas para determinar si va a surgir una economía mixta racional con la presencia de empresas no-estatales más robustas; si se les permite a los emprendedores jugar un papel constructivo hacia la resurrección de la economía y una sociedad de distribución equitativa con seguridad social. ¿Está Cuba condenada a seguir con estructuras autoritarias, o hay otros elementos históricos que apuntan hacia una forma u otra de sociedad más democrática? Un punto de referencia puede ser la Constitución muy liberal de 1940, y el hecho de que la agricultura cubana ya dejó atrás la estructura de plantaciones para dar lugar en gran medida a una agricultura familiar de producción para el consumo interno. Hay que analizar cómo va a evolucionar el juego de poder, las hegemonías y la legitimidad durante la coyuntura crítica: entre la estructura de poder establecida por la revolución de 1959, y la sociedad con la presencia cada vez más evidente de la generación millenial. Se constata que el sólido pacto sociopolítico establecido por la revolución ya está en plena fragmentación, como resultado de los cambios y la crisis económica y la pérdida de legitimidad política. El Partido –a pesar de su aparente omnipotencia– ya perdió la hegemonía social e incluso la política entre gran parte de la juventud del país.

La correlación de fuerzas está cambiando, a pesar del aparente inmovilismo del Partido. Siguiendo la teoría de la hegemonía de Gramsci (1971), hay que preguntarse si podría surgir un bloque contra-hegemónico en Cuba, constituido por esos grupos que ya no se sienten representados por el poder tradicional (jóvenes, emprendedores y nueva “clase media” – incluyendo campesinos exitosos, la sociedad civil que surgió y después fue reprimida). Se intentó bloquear cada intento de esas fuerzas para organizarse independientemente y de forma horizontal para promover sus propios intereses, y así también se paró un verdadero sector cooperativo con peso en la economía. Esa lucha sobre formas de representación de intereses económicos podría tener un impacto muy significativo para la correlación política en Cuba. El temor por parte de los gobernantes de que eso ocurra es otra parte de la explicación atrás de la contra-reforma a partir de 2016. Las tensiones sociales más fuertes podrían forzar al gobierno de tomar una decisión entre más dialogo y más represión. La crisis actual de la pandemia se considera en muchos países como un momento potencial para cambios cualitativos profundos – una coyuntura crítica – por ejemplo, para el “New Deal Verde”. ¿Podría eso también ocurrir en Cuba, donde el Covib-19 amenaza con un retorno al Período Especial de los 1990s?

Esa decisión va a determinar el futuro del país. Se puede señalar una serie de escenarios, dependiendo de cómo esa lucha entre las fuerzas de la sociedad y las transformaciones inevitables se van a producir. Los escenarios varían entre un estado neo-patrimonial de tipo socialista (China, Vietnam) u oligárquico (Rusia, Angola); un estado neoliberal transnacional dominado por capital norteamericano (o cubanoamericano); o un estado de bienestar basado en transformaciones democráticas hacia una economía mixta y políticas participativas. Esa última opción se puede especificar con las siguientes preguntas, planteadas en mi obra más reciente: “¿Es posible para Cuba post-Castro construir una nueva estructura de legitimidad, transformando paulatinamente el estado fuerte y clientelista con sus logros sociales históricos con una participación más democrática y autónoma de ciudadanos y colectivos (cooperativas, cuentapropistas, sindicatos y asociaciones campesinas organizadas horizontalmente, e incluso asociaciones de emprendedores), interactuando con un estado más descentralizado y transparente, con una gobernanza local fortalecida? ¿Podría ello acontecer en paralelo a una representación más pluralista y una mayor división de poderes entre lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial?” (Bye 2019:263)

Entre los escenarios y dada la situación económica y política crítica al final del castrismo, si continúa el rechazo de reformas incluso propuestas por Raúl Castro, no se puede eliminar la posibilidad de un colapso total y un estado fallido. Y con ello regresamos a la advertencia de Raúl Castro cuando presentó la necesidad de reformas profundas en su discurso en la Asamblea Nacional en diciembre de 2010: “O rectificamos o ya se acaba el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos, y hundiremos (…) el esfuerzo de generaciones enteras.”

 

Referencias:

Chin, Jie (2013): A Middle Class Without Democracy: Economic Growth and the Prospects for Democratization in China. Oxford Scholarship Online.

Gramsci, Antonio (1971): Selection from the Prison Notebooks. Lawrence and Wishart.

Linz, Juan J & Alfred Stepan (1996): Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. The Johns Hopkins University Press.

Mesa-Lago, Carmelo (2018): “La economía cubana. Situación en 2017-2018 y perspectivas para 2019. Cuba Posible, 04.12.2018

Rueschemeyer, Dietrich, John D. Stephens, and Evelyne Huber Stephens (1992): Capitalist Development and Democracy, University of Chicago Press.

Torres, Ricardo (2016): “Economic Transformations in Cuba: A Review”. Third World Quarterly 37 (9): 1683-1697

 

Vegard Bye

Politólogo noruego con 40 anos de estudiar Cuba. Investigador del Chr. Michelsen Institute (Bergen, Noruega). Consultor internacional (socio de la empresa Scanteam, Oslo, Noruega). Ex-funcionario de las NNUU.