Como se pudo ver el pasado mes de junio en la presentación del Informe de la CIDH sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba, la cuestión alimentaria ya se encontraba muy comprometida: los habitantes de la isla -principalmente los “ciudadanos de a pie”- presentaban grandes dificultades para poder adquirir alimentos y bienes de primera necesidad debido al marco generalizado de desabastecimiento y su correlato en precios excesivos.

Pero el problema ahora es que eso no queda ahí. Durante el mes de julio estuvieron tomándose nuevas medidas, que generaron aún más efectos negativos sobre la ya difícil situación de los cubanos. Decisiones que parecen carecer de lógica, si lo que se busca es el efecto opuesto, el cual sería aliviar y mejorar en la medida de lo posible la cuestión alimentaria, y más aún en el contexto de esta pandemia que sigue asolando (más que nada a Latinoamérica).

Represión a los coleros y revendedores

Es conocido que en la isla de Cuba la comida y los bienes básicos se encuentran racionados (hace aproximadamente 57 años). Y si bien hace algún tiempo con la liberalización de la economía anunciada por Raúl Castro “la libreta” iba perdiendo su presencia, con la pandemia y su repercusión en el desabastecimiento y las largas colas en los mercados se decidió volverla a reflotar.

Este problema, que afecta principalmente a los minoristas, provocó un considerable aumento del trabajo de los llamados “coleros” y revendedores, los cuales compran con los cupos de racionamiento de otras personas y abastecen una pequeña parte del mercado informal. Frente a esto, el gobierno se plantó contra todos ellos en un “enfrentamiento popular” (citando al mismo presidente, Miguel Díaz-Canel) cargándoles la responsabilidad por el mencionado desabastecimiento, además de ubicarlos como criminales al servicio de los acaparadores. La manera en que lo lleva a cabo es a través de la conformación de brigadas constituidas por efectivos policiales, militares y miembros de las “organizaciones de masas”, las cuales fueron creadas al efecto de vigilar y denunciar estas actividades.

Ahora lo que sucede es que, según muchos cubanos, es la misma corrupción la que genera el mercado negro del cual dependen muchos, no los revendedores. En este caso parece ser que el gobierno, como otras veces, busca desligarse de su responsabilidad sobre la actual situación a través de un “chivo expiatorio”. En la siguiente declaración levantada por Diario de Cuba, se puede observar el poco impacto que tiene incluso el mercado negro en la provisión de alimentos:

“Los coleros o revendedores sostienen a una pequeña zona en los barrios, no a un municipio entero ni a parte del sector privado, como quieren hacer creer en los medios de prensa del Estado. Este hecho lo corrobora que ese mercado negro está ahora mismo tocando fondo producto del desabastecimiento de las tiendas donde los cubanos que no recibimos remesas compramos”.

Al momento actual, ya van sancionados 1285 coleros, de los cuales 634 fueron multados, 453 recibieron medidas profilácticas y 280 estuvieron acusados por los delitos de “Actividad Económica Ilícita, Desobediencia, Acaparamiento y Propagación de Epidemias”. El Código Penal cubano impone sanciones que van de tres meses a un año de prisión.

Supermercados en dólares

Al ya acostumbrado desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad (causado hasta hace poco y en parte por las leyes y regulaciones sobre la producción agrícola. Véase este artículo donde se toca el tema) se suma la creación de tiendas pertenecientes a militares del régimen en las que ya directamente se vende en dólares y que contribuyen a dificultar aún más el acceso a los bienes básicos, con un sospechado desvío intencional de mercaderías y unos precios que llegan a ser prohibitivos para muchos.

Según la BBC, el 80% de los bienes consumidos en la isla son importados. Lo que, sumado a la escasez de divisas causada tanto por el embargo norteamericano y la merma del turismo, habrían llevado al Estado cubano a tomar esta medida de carácter excepcional para aprovechar los dólares de aquellos que tengan un ingreso en dicha moneda, principalmente en el caso de los que reciben remesas del extranjero.

Ahora bien, los problemas que esto trae aparejado son:

  • La dificultad de acceso en cuanto a sus requisitos, ya que para poder comprar es necesario: acreditar ser parte de una empresa mixta, de una cooperativa, o ser trabajador por cuenta propia, y tener una tarjeta asociada a una cuenta en dólares. El portal Diario de Cuba llega a denominarlo como un “apartheid económico” entre los pocos que pueden tener un ingreso en moneda extranjera y los que no;
  • Desigualdad en términos geográficos: estos negocios están solo en las cabeceras provinciales, por lo que a aquellos que viven en el interior se les suma la carga del transporte;
  • Altos precios de estos productos importados, que se trasladan también al resto de los comercios (minoristas) y;
  • Desabastecimiento del resto de comercios (principalmente en el interior del país, fuera de los centros urbanos), ya sean en pesos convertibles (CUC) o pesos cubanos no convertibles (CUP); sumado a que se sospecha que parte de los productos que escasean en las otras tiendas son los que ofrecen los militares cubanos en las suyas. Esto último fue negado por la directora general de Tiendas Caribe, Ana María Ortega Tamayo.

 

Como conclusión, podemos ver como el régimen cubano -aún en el estado de situación global imperante- sigue aplicando un criterio totalmente propio, cuya lógica no se comprende desde la perspectiva de un gobierno que tiene como un objetivo fundamental “el bienestar y la prosperidad individual y colectiva” (artículo primero de la Constitución de Cuba). Esto tanto por el lado del planteamiento de una postura draconiana con comerciantes informales, para la cual se aplican importantes esfuerzos (más de 20.000 personas para las “brigadas de enfrentamiento popular”) y que, según varios, termina siendo una medida provisoria que ataca un resultado y no una causa, con la que se busca eximir al gobierno de cualquier responsabilidad por la situación actual y nuevamente descargar culpas en un “otro”, como por el de una extraña y sorpresiva política de fomentar la existencia de comercios que vendan en la moneda norteamericana, fomentando a sabiendas una importante y paradójica grieta socio-económica y despertando sospechas de intenciones ocultas.