Desde el anuncio de la suba del pasaje del Transantiago (sistema de transporte chileno) nada ha sido igual en el país transandino. Las calles han sido cooptadas por miles de manifestantes que, hasta el día de hoy, persisten en las protestas en cada rincón del país. Santiago ha sido el epicentro de disturbios de gran magnitud, históricos en la vida democrática de Chile, lo que ha generado también una respuesta armada por parte de las fuerzas. En lo sucesivo, el presidente Piñeira tomó una serie de medidas (suspender el aumento, cambiar por completo su gabinete, entre otros) para morigerar la histeria social. Pero no funcionó.

En este escenario se encendió la llama en la sociedad, encabezada por sectores históricamente relegados y con ánimos de protesta, como son los estudiantes secundarios y universitarios.

Los disturbios y manifestaciones conmocionaron a la prensa y a los gobiernos de Latinoamérica y el mundo, el mayor éxito económico de la región parecía colapsar. Fue su mismo presidente que definió al país como un “oasis” por su estabilidad política y económica en medio de una geografia que parece no tener respiro. Y en algún sentido es cierto, pues Chile posee el ingreso per cápita más alto de América Latina, el crecimiento anual de su PBI viene mostrando valores históricos, muy por encima del promedio regional.

Los únicos que no parecen sorprendidos ante tal situación son los propios chilenos, que se encontraron ante una gota que revalsó el vaso de la desigualdad estructural.

“No son 30 pesos, son 30 años”

Lo que al principio parecia una protesta en contra del aumento de la tarifa del transporte, desembocó en una crisis de legitimidad, no sólo del gobierno de Sebastián Piñera, sino del sistema político chileno.

“No son 30 pesos, son 30 años” es una de las consignas de las protestas, en referencia a las tres décadas que han pasado desde que finalizó el régimen militar. Junto al fin de la dictadura de Augusto Pinochet, llegó la definitiva decisión por parte de la clase política de reducir el Estado al mínimo y liberar la economía.

En este contexto, Chile se convirtió en el modelo de prosperidad económica de la región, con índices cada vez más prometedores. El sistema funcionaba, pero ¿a qué costo? La respuesta es sencilla: el crecimiento no alcanzó a todos los chilenos.

La desigualdad continuó con raíces profundas, golpeando en áreas de gran sensibilidad social con un sistema de salúd público precario, reducido acceso a educación secundaria de calidad y un sistema privatizado de pensiones que deja a los adultos mayores en la línea de pobreza. Lo que llama la atención es que a las protestas se han sumado sectores sociales medios y esto no es casual, ya que, fueron las principales víctimas de aquel plan económico que parecía no tener grietas.

¿Hacia una nueva Constitución?

Entre las amplias demandas que se destaparon con la crisis chilena, salió a relucir el pedido de una nueva Constitución para el país. La Carta Magna vigente data del gobierno militar de Augusto Pinochet y entre gran parte de la población se sostiene que un cambio constitucional implicaría el cambio que el sistema político chileno necesita para morigerar la desigualdad e incluir a aquellos sectores que han visto la prosperidad del país desde el otro lado de la vidriera.

El presidente ha avanzado en este sentido y desde su gabinete se ha pedido “aplia participación de la ciudadania”. Pero el proceso será largo, ya que, la Constitución vigente no contempla la figura de una asamblea constituyente, por lo que el timón lo tendrá el Congreso y con el aval del Ejecutivo. La solución será, una vez más, política.