La firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016 fue uno de los hechos políticos de gran impacto para los colombianos. 

Luego de más 50 años del conflicto armado, las FARC, con el  Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, habrían comenzado una transición hacia la vida civil que culminó  con la amnistía y la formación de su propio partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Esto generó impacto en distintos niveles del juego democrático. Como expresó el exmandatario Juan Manuel Santos, el hecho de incluirlas en la política es una poderosa demostración de democracia, “Me llena de satisfacción que aquellos que por más de medio siglo combatieron con las armas al Estado y a sus instituciones hoy se sometan a la Constitución”. Asimismo, la comunidad internacional también elogió dicho avance para la garantía de la paz después de tantos años de conflicto armado. Así  como la OEA dio el visto bueno a su integración a la sociedad, esta conversión a partido político hizo que la UE quitara a las FARC  colombianas de su lista de organizaciones terroristas.

Pero he aquí el problema: para la democracia, la integración de las minorías es fundamental para hacer política al considerarlas como piezas fundamentales para el consenso, pero debemos tener en cuenta la cuestión de la legitimidad.  En un sistema político democrático, la misma es necesaria para gobernabilidad,  entendida como el clima necesario para que el estado pueda garantizar el bien común para todos sus ciudadanos. Es por ello que, en este caso, para el Estado colombiano la paz se termina convirtiendo también en un requisito para la gobernabilidad y para la estabilidad. Sin embargo la paz no implica ausencia de conflicto. En política el conflicto es natural, más aún en países de composición heterogénea, pero la política está para gestionarlo.

Es allí donde el Estado colombiano enfrenta un complicado panorama para brindar soluciones: la paz se termina volviendo necesaria para el funcionamiento del sistema, pero la soluciones elegidas tras el acuerdo de paz al parecer no fueron bien recibidas por el pueblo colombiano. Esto se vio manifestado en el  plebiscito realizado en el 2016, con el principal objetivo de que la  ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos que se firmaron entre el gobierno y las FARC en La Habana. El resultado fue el predominio del «No» (50,21%). 

Más allá de los efectos inmediatos del acuerdo, como el desarme,  la amnistía y el aseguramiento  de los 5 escaños en la Cámara de Representantes y 5 en el Senado durante las próximas dos legislaturas alcanzaran o no el mínimo de votos requerido, las FARC claramente tienen bajo nivel de aprobación por parte de la sociedad colombiana. Si bien en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas dicha agrupación reafirmó del cumplimiento  de los compromisos de reparación pactados en los textos de paz de La Habana,  además de admitir en un comunicado ser los  “primeros en aceptar la responsabilidad” por los errores cometidos y en pedir perdón a las víctimas que hayan padecido por causa de su accionar, no alcanzó para subsanar los daños hacia la ciudadanía. 

Los  52 años en guerra, 220.000 muertos y  su relación con el narcotráfico son parte de su pasado que hoy le está costando la legitimidad a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.  . 

Quizá hoy lograr esa legitimidad sea el próximo objetivo  tanto para las FARC como  para el  Estado colombiano. Es uno de los más arduos y complicados porque implica tiempo, pero como bien expresé, no será el único: a raíz de este acuerdo también se van a comenzar a traslucidar otros conflictos, como por ejemplo  los disidentes dentro de las mismas FARC, que ya es una cuestión que amenaza la estabilidad del acuerdo, y los diferentes conflictos sociales, como la reinserción de los guerrilleros en la sociedad, la implementación jurídica de los acuerdos , el tema agrario, así como también otros conflictos que constantemente son motivos de fuertes disidencias políticas, como los preocupantes índices de desarrollo humano a los que hoy Colombia se ve enfrentada.

La sed de paz y justicia es una deuda entonces, no solo por parte de la FARC hacia el pueblo colombiano, sino también del Estado mismo en cuanto a garante e sus derechos básicos.