Las protestas iniciadas hace dos semanas han mantenido a Colombia movilizada como nunca antes: desde el 21 de noviembre una serie de manifestaciones se suceden a diario en Bogotá y en los principales centros urbanos del país. Una serie de convocatorias sindicales, estudiantiles y ciudadanas hicieron eco en ellas la defensa de sus derechos y el disgusto por las políticas sociales, económicas y ambientales llevadas a cabo por el gobierno. La disconformidad llegó a tal punto que Colombia tuvo que enfrentar el pasado miércoles su tercera huelga general.
A pesar de la heterogeneidad de los grupos, parte de los demandantes, más específicamente los sindicatos, se organizaron para explicitar sus requerimientos al gobierno de Iván Duque Márquez en el Comité Nacional del Paro, el cual está integrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
En primera instancia, las protestas estaban orientadas en contra de las reformas que planeaba el gobierno en cuestiones como pensiones e impuestos, pero luego se unieron exigencias como el cumplimiento exhaustivo del acuerdo de paz, educación de calidad y garantizar la vida de los líderes sociales y seguridad dentro de los territorios nativos.
Como respuesta, Duque llamó a la “Gran Conversación Nacional”. Esta convocatoria, a pesar de las intenciones de dialogo por parte del gobierno, no tuvo demasiado éxito. En primer lugar, su fracaso de debió a que los integrantes de esta conversación iban a ser los recientemente electos alcaldes y gobernadores, es decir que el diálogo no iba a ser directamente con el Comité Nacional de Paro. En segundo lugar, la disconformidad en torno a los temas a la agenda de las conversaciones. Duque pretendía solamente el tratamiento de 6 diferentes temas (Crecimiento con equidad, transparencia y lucha contra corrupción, educación, paz con legalidad, medioambiente y fortalecimiento de las instituciones), los manifestantes terminaron por rechazar formar parte de la mesa de negociación, ya que, temas claves como las reformas y el rol de la policía no estaban incluidos en la agenda.
El miércoles pasado, a la altura del tercer paro nacional, el CNP ya había explicitado sus 13 requerimientos al presidente:
- Retiro del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria en tránsito en el Congreso de la República.
- Derogatoria inmediata del Decreto 2111 del 2019, por el cual se crea el Holding Financiero.
- Derogatoria de la Circular N° 049 de 2019 sobre estabilidad laboral reforzada.
- Disolución del ESMAD y depuración de la Policía Nacional, responsables de la muerte de Dilan Cruz
- El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al Sistema de Pensiones.
- El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales, tramitando además la derogatoria de los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo.
- El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.
- El Gobierno iniciará de inmediato con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno entre otros: Estudiantes universitarios; Organizaciones indígenas; Trabajadores estatales; FECODE; Sectores campesinos y agrarios
- Trámite con Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en este sector.
- El Gobierno abordará con Defendamos La Paz, el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana.
- Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción.
- Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema de Electricaribe.
- Definición de las políticas ambientales, protección de los páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.
De todos estos puntos, uno de los más relevantes gira en torno a las reformas. Según los manifestantes, el gobierno prepara un paquete de medidas que impactarán social y económicamente principalmente en la clase trabajadora. En él estaría la propuesta de eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en 75% del mínimo, entre otras. Por su parte el gobierno negó dichas afirmaciones y aseguró incluso que no se han presentado en Congreso las reformas laborales y de la seguridad social que denuncian los sindicatos.
Otro de los grandes puntos fue referido al Tarifazo nacional. Con la “Ley de Financiamiento” el Gobierno había aumentado un 35 % las tarifas de electricidad para “salvar” a Electricaribe, una empresa de la española Naturgy, intervenida en 2016, la cual según un informe del tribunal de cuentas presenta un déficit de unos 407 millones de dólares.
Asimismo, el Acuerdo de Paz también resonó entre las demandas. Las organizaciones sociales reclaman al gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC y, en particular, la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otras alternativas de subsistencia para las comunidades más pobres. También en abril de este año, Duque presentó una serie de cuestionamientos a la Ley de la Justicia para la Paz, lo que le provocó una ola de críticas. Y, el último detonante de esta cuestión, fueron los operativos de seguridad desplegados recientemente contra la disidencia de las FARC, que ha dejado ocho menores de edad muertos en el campamento guerrillero, costándole, de esta manera, el puesto al ministro de Defensa Guillermo Botero.
Otro de los grandes protagonistas de estas marchas fueron los estudiantes universitarios, quienes, a pesar de no formar parte del Comité Nacional del Paro, le reclaman a Duque más inversión en educación y el cumplimiento de acuerdos firmados el año pasado, que incluyen inversiones de unos US$1.300 millones para las universidades. Estos adquirieron más protagonismo tras la muerte del joven Dilan Cruz, un estudiante de 18 años que recibió el disparo de un agente del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) durante una marcha y se convirtió en el símbolo de este movimiento de protesta.
Mientras que el Comité del Paro y el Gobierno continúan sin llegar un acuerdo, otros problemas estructurales del sistema político de Colombia comienzan a entrar en tensión en esta complicada coyuntura. Por un lado, debemos tener en cuenta que la violencia política marcará a Colombia por muchos años en su cultura política ¿Es que acaso puede llamarnos la atención la reacción ante las protestas por el Esmad de un Estado que hasta hace un par de años había llevado más de 50 años de conflicto armado con grupos paramilitares? Grupos como el ELN y la fracción disidente de las FARC siguen aún vigentes en partes del territorio que el Estado no llega. Por el otro, Colombia claramente está siendo atravesada por una crisis de representación. Duque ha tenido en sus últimos meses de mandato bajos niveles de aprobación en las encuestas y además también su partido ha perdido las elecciones locales. Esto es un dato que el mandatario deberá tener en cuenta a la hora de tomar decisiones y de realizar las negociaciones. Por otro lado, el hecho que la ciudadanía colombiana haya optado hacer llegar sus demandas por afuera de los partidos políticos, también dice mucho, más aun cuando muchas de las demandas son de carácter legislativo. Los parlamentarios y los partidos de oposición también deberán repensar su rol como trasmisores de demandas.
Pero, por el momento, hay que reconocer los esfuerzos de una reciente empoderada ciudadanía por despojarse de un pasado que en que había poco espacio para la democracia.
Estudiante de Relaciones Internacionales.
Universidad Católica de Santiago del Estero.
