La situación en El Salvador dispara las alarmas de las organizaciones de derechos humanos y de los académicos. Las detenciones arbitrarias durante el confinamiento, el alojamiento en centros de contención y los datos poco confiables que existen sobre los programas implementados desde el gobierno, elevaron la preocupación de aquellos sectores que se expresaron en el 177 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sumado a ello, la ausencia de políticas públicas que regulen las consecuencias de la pandemia, la nula evaluación y monitoreo de las medidas, el aumento de tareas desplegadas por parte de las Fuerzas Armadas y la baja rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa caracterizaron al gobierno de Nayib Bukele en los últimos meses.

Durante la pandemia, el Poder Ejecutivo solicitó un proceso de exención de derechos para dictar decretos con el fin de administrar la crisis del Covid-19. La consecuencia de esto fue un exceso de medidas arbitrarias con la ausencia de un accountability horizontal y vertical. A su vez, las denuncias de los sectores de la sociedad reclamaban la ausencia de un plan concreto para combatir la pandemia de forma efectiva.

El alto grado de militarización y la estrategia manodurista implementada en los últimos meses permea el respeto a los derechos humanos. Cabe aclarar que esta actuación, que se incrementó con Bukele, encuentra sus antecedentes en los sucesivos gobiernos que pasaron por la presidencia. Constantemente se señala a las pandillas como el enemigo al que hay que destruir y aquello elimina todo tipo de diálogo posible que logre diseñar políticas de seguridad que garanticen los derechos humanos y el principio de inocencia.

Este es el escenario de camino a las elecciones legislativas y municipales que se celebrarán en febrero de 2021. Un panorama que se presenta con un alto grado de polarización en la sociedad y la poca capacidad de respuesta de las instituciones, frente al cual los gobiernos subnacionales pueden jugar un papel importante para aumentar la confianza del electorado. A su vez, el presidente Bukele tiene la esperanza, con su partido Nuevas Ideas, de lograr una representación parlamentaria sin formar coaliciones para no tener que negociar con adversarios. Pero, los especialistas creen que la territorialidad de los partidos tradicionales puede impedir que Nuevas Ideas logre conseguir una mayoría calificada.

De cara a esta situación, el rol de la oposición es clave. La misma se caracterizó por no presentar alternativas viables y por fortalecer al proceso de fragmentación social. A su vez, las sucesivas encuestas llevadas a cabo demuestran que la sociedad está marcada por la desconfianza que les genera el sistema político y relativizan la importancia de la democracia. En estos meses, el papel de la oposición será importante para atraer ciudadanos a las urnas y alejarse de la dicotomía “amigo vs enemigo”. Es un momento para ofrecer respuestas claras, soluciones concretas y que la Asamblea Legislativa cumpla con la rendición de cuentas.

El Salvador, en pocos meses, deberá aunar esfuerzos para que la sociedad se involucre en su destino y sienta un compromiso con el sistema político. Los dirigentes deberán estar a la altura para responder a las demandas. El control ciudadano y el control entre los poderes es clave para que en Centroamérica exista una democracia sana con la implementación de políticas públicas a largo plazo.