En los últimos días el sistema político colombiano empezó a mover sus fichas en la carrera por la presidencia pactada para el año 2022. En este sentido, encontramos a personajes de las grandes facciones políticas, como ser el expresidente Álvaro Uribe, el exgobernador de Antioquia; Sergio Fajardo, Gustavo Petro como el candidato de la izquierda y la exgobernadora del Valle de Cauca y actual líder del “Partido de la U”, Dilian Francisca Toro. Sus campañas y acciones llevaran a que la sociedad colombiana pueda empezar a esgrimir a que candidato apoyará para la sucesión del presidente Iván Duque.

Uribe manifestó su deseo de implementar una gran coalición con una amplia apertura política para las elecciones del 2022 tal y como lo hizo su predecesor Duque en las elecciones del 2018, luego de lograr una alianza política con el expresidente Andrés Pastrana, la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y el embajador en la OEA, Alejandro Ordóñez. Sin embargo, Uribe aún no ha dejado claro con que sectores pretende esta alianza estratégica para asegurarse el mandato del país.

Por otro lado, encontramos a Fajardo, que en varias entrevistas ha dejado en claro que no pretende buscar alianzas con el uribismo ni con Petro, pues considera que ambos candidatos son “muy de los extremos” y “no apoya esas orientaciones”. Por lo cual plantea que su línea de centro como la mas objetiva y carente de pasiones dicotómicas.

Petro, en 2018, le propuso a Fajardo hacer un movimiento similar al del PSOE y Unidos Podemos de España para lograr conformar el gobierno del actual presidente Pedro Sánchez, pero Fajardo se mostro reticente de aceptar ese acuerdo. A pesar de esto, Petro sostiene que lograr una coalición fuerte para gobernar en Colombia seria “lograr un gobierno plural y progresista para la Paz”

Rescatando esta última cuestión, la construcción de la Paz en Colombia es una cuestión por recalcar, tanto para reforzar los mecanismos de acceso a la Justicia, como para garantizar la plena participación política en los procesos de toma de decisiones de manera integral para la sociedad civil.

Así es como cabe destacar el rol que esta teniendo la nueva presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro; quien cuenta con una amplia carrera dentro de la política. Y aunque aún no es oficial su candidatura a la presidencia del 2022, para algunos observadores, las decisiones de la exgobernadora dentro de la dirección del partido antes mencionado y la cantidad de apoyo que logre reunir en este tiempo serán vitales para conformar su poder político frente al de sus contendientes.

El hecho de tener la posible primer candidata mujer a la presidencia de Colombia, cuestión que sin dudas emociona y al mismo tiempo deja un sabor amargo por el atraso que representa, que, llegado el siglo XXI aún no se haya contado con una presidente mujer en la historia colombiana; nos lleva a revisar la situación actual de la paridad de género dentro de la política en Colombia.

Según cifras de ONU Mujeres y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) expuestas en el proyecto “Mujeres y Hombres: Brechas de Genero en Colombia”, las mujeres ocupan el 44,7 % de los cargos directivos en el Estado colombiano, pero, su cuota de participación en el poder judicial y en cargos de elección popular dista mucho de ser ideal. En el primero representan solo el 13 % de los puestos con la excepción de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde la participación de ellas asciende al 53 %.

Mientras en el segundo caso, las cifras señalan que las mujeres solo tienen el 19,7 % de participación en el Congreso, es decir, de los 279 parlamentarios, solo 55 son mujeres actualmente (32 representantes y 23 senadoras). La participación de las mujeres en los cargos de elección popular a nivel regional es igualmente menor, puesto que actualmente solo 2 de las 32 gobernaciones de departamentos están a cargo de mujeres (Valle del Cauca y Atlántico).

Si bien aun falta mucho esfuerzo para cerrar la brecha de genero en la política dentro del país, hay que destacar que se vienen elevando propuestas dentro del Congreso para crear una ambiente mas participativo en todos sus aspectos, por ejemplo, se propuso la reforma del Código Electoral, específicamente en uno de sus artículos donde se establecía que “las listas en donde se elijan 5 o más curules por elección popular deberían estar conformadas en un 30 % por mujeres”, ahora, se pretende aumentar ese porcentaje al 50%.

Kristina Birke, directora de FESCOL – Friedrich Ebert Stiftung en Colombia- en un conversatorio sobre Paridad de Política: ¿Por qué debería ser Ley en Colombia? Destaca que las leyes de cupo son transitorias, y al mismo tiempo una discriminación positiva, hasta que se logra el objetivo final que es la reforma de la estructura sociopolítica. También recalca que desde el último decenio las voces femeninas han tomado un rol fundamental dentro de la construcción de la vida humana, generando nuevas perspectivas y liderazgos.

En conclusión, el desarrollo de coaliciones para gobernar es sin duda un mecanismo por el cual el sistema político se reforzaría, pero los políticos deberían prestar especial atención a las reacciones y apoyos que obtengan de la sociedad civil, o no, a fin de que la coalición que surja dentro del sistema cuente con una amplia base de legitimidad para que el sistema político no peligre. A su vez, conseguir la paridad de género es un factor fundamental para seguir construyendo y afianzar la Paz en Colombia, en todo el mundo hay mujeres y hombres luchando por la paridad en todos los ámbitos de la convivencia en sociedad; y América Latina es pionera en estas cuestiones, países como México, Bolivia, Argentina y recientemente Chile con su Referéndum han adoptado caminos hacia la paridad, y sin duda Colombia puede tomar como ejemplo a estos y acabar con uno de las grandes amenazas a la democracia en su país y garantizar un sistema político moderno, incluyente y eficiente. No hay que olvidar que la democracia exige la inclusión de los sectores minoritarios y más desprotegidos, espacio donde los líderes políticos deberían adoptar políticas con enfoque de género que reconozcan las desigualdades y apuesten por mejorar la calidad de vida de la sociedad entera para crear un ambiente más justo donde sus ciudadanos puedan alcanzar el pleno desarrollo humano.