El narcotráfico representa una barrera para el pleno desarrollo de la democracia en todos los países de Latinoamérica. La Organización de Naciones Unidas (ONU) define al tráfico de drogas como un comercio ilícito mundial que incluye el cultivo, la fabricación, la distribución y la venta de sustancias que están sujetas a leyes que prohíben drogas. La Asamblea General (ONU) ha reconocido también que «pese a que los Estados, las organizaciones competentes, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales siguen intensificando sus esfuerzos, el problema mundial de las drogas…socava la estabilidad socioeconómica y política y el desarrollo sostenible.» (resolución 66/183)). 

En Costa Rica, el narcotráfico busca instalarse en los sectores más vulnerables de la sociedad, para buscar una solución a este fenómeno que se manifiesta e influye en todas los órdenes de la vida diaria (escuelas, barrios, iglesias, gobierno, policía, empresas), es necesario repensar la forma de abordar la problemática o comúnmente llamada “guerra a las drogas” o “lucha contra el narcotráfico”. Plantear la lucha desde medidas prohibitivas no ha dado el resultado deseado por las autoridades, por el contrario, ha logrado llenar las cárceles de personas que actúan como dealers, pero no acaban con la situación de raíz. 

Cabe destacar que en Costa Rica el consumo está descriminalizado y la posesión de droga sólo es delito si se determina que la intención de la persona es para que “distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos referidos en esta Ley, o cultive las plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos” (Artículo 58 de la Ley 8204). 

El modelo actual de prohibición logra a su vez, que el crimen organizado siente sus bases de manera profunda, al considerarse un tema tabú o delictivo, haciendo que no se instale en la agenda de los medios de comunicación y en el debate público, la importancia de encauzar la lucha contra los grupos organizados que controlan los negocios ilegales, en vez de reprimir a los campesinos productores, pequeños correos, vendedores de calle o consumidores (Campero, Vargas y Vergara, 2013).

Líderes costarricenses afirman que el tema debe abordarse con otra perspectiva, tomar el problema de las drogas como un problema de salud pública y no de derecho penal, en el que la prevención y la seguridad sean los principales ejes en los que realizar esfuerzos. Los costarricenses entienden que se ha conformado una economía de mercado, y hay una oferta para cada demanda, es por esto que surge la necesidad de reducir la venta a los principales países consumidores de drogas ilícitas, Estados Unidos y la Unión Europea, socios en la exportación de drogas producidas en América Latina. De las principales drogas que se consumen y se producen son la Marihuana, el Crack, la Cocaína y Nuevas Sustancias Psicoactivas, según el Informe Nacional sobre drogas 2017.

La República de Costa Rica, viene aplicando diversas acciones para combatir al Narcotráfico, reuniones diplomáticas con los países limítrofes con motivo de controlar el tráfico internacional, cooperación científica y experticia para abordar las problemáticas con soluciones exitosas como Colombia, la reforma parcial a la Ley de Estupefacientes N°.8204 con el fin de incluir proporcionalidad y especificidad de género en delitos específicos (2013), el debate que se instaló en la Asamblea Legislativa sobre la legalización de la marihuana medicinal (2014), la creación del Instituto Costarricense de Drogas y el Comisionado Nacional Antidrogas (2010). 

Como las políticas nombradas, existen otras y en gran cantidad de organismos, instituciones, asociaciones civiles que apoyan a la pronta solución y la aplicación de recursos necesarios para desinstalar a quienes de mantera sistematizada están invadiendo a Costa Rica. La solución a esta problemática requiere de aplicar inteligencia, competencias y actuaciones en el marco de la corresponsabilidad y cogobierno entre los países afectados.

¿Como afecta este fenómeno a las instituciones democráticas? El narcotráfico, constituye una amenaza constante a la democracia, dan cuenta de esto el crecimiento de niveles de violencia y delincuencia, resultado de múltiples causas que perjudican al pleno desarrollo de la calidad de vida en sociedad, y en particular a los costarricenses de bajos recursos, que aparejados a la necesidad económica, ven a la comercialización de estupefacientes como un beneficio, ya que logran conseguir un promedio de dinero mayor, al que obtendrían con un trabajo convencional. Es también reflejo del problema la politización del crimen, así como la propagación de vínculos entre traficantes y funcionarios en los que se da la infiltración del crimen organizado, puesto que para instalarse el narcotráfico precisa de la ayuda de una multiplicidad de actores que abran caminos y hagan vista ciega a su actuación. Es aquí donde observamos a la corrupción del sistema político como principal responsable. La debilidad institucional y la ineficiencia, provocan crisis en la administración pública, en el sistema de salud, justicia y en las fuerzas policiales encargadas de mantener el orden. 

Finalmente podemos admitir que son las políticas integrales las que van a tener que lograr enfocarse de manera equilibrada y multidisciplinaria. El esfuerzo del gobierno no será suficiente, los diversos actores que componen a la sociedad deberán tomar consciencia de su rol y responsabilidad, para que sean las escuelas, los maestros, los médicos, los diversos líderes religiosos, funcionarios, y la sociedad toda, los que logren combatir a través de la concientización y acompañamiento a desmantelar el negocio del trafico de drogas.