La situación en Ecuador forma parte de una serie de crisis tanto económicas como políticas que actualmente recorren la región latinoamericana, como el caso de Chile y Bolivia, y motivan importantes manifestaciones de los sectores más perjudicados de la sociedad.

”Los derechos se exigen sin perjudicar los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país: el trabajo, la educación y la libre movilidad”. Con estas palabras el presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunció el estado de excepción en todo el país el pasado 3 de octubre en respuesta a las violentas manifestaciones acontecidas en la misma fecha.

Dos días antes de su declaración, Moreno había anunciado un polémico paquete de reformas económicas, tributarias y laborales como parte de las condiciones establecidas por el FMI para reducir el déficit fiscal del país latinoamericano y concederle la suma de 4.200 millones de dólares. Solo en el mes de julio ese déficit subió en 500 millones de dólares.

Entre las medidas anunciadas, la eliminación del subsidio estatal al combustible fue la más controvertida. Derivó en un aumento de precios en un 123% y motivó a los sindicatos de transportistas, el sector más afectado por la reforma, a realizar un paro. Días después el liderazgo de las protestas fue tomado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

El paro fue una respuesta esperable teniendo en cuenta que los combustibles son subsidiados por el Estado de Ecuador hace 40 años. Sin embargo, la protesta escaló rápidamente: se produjeron saqueos y robos, hubo episodios de vandalismo y se bloquearon vías de comunicación. Los múltiples enfrentamientos con la Policía dejaron un saldo de al menos 7 muertos según la Defensoría del Pueblo, además de más de 2000 heridos y detenidos hasta el día 14 de octubre. La nueva ola masiva de protestas concluyó con una breve toma del edificio de la Asamblea Nacional. Moreno decidió entonces trasladar la sede del gobierno a Guayaquil.

El factor más contundente que une las protestas en Latinoamérica es su carácter notablemente violento, que ha provocado la declaración de estado de sitio en Bolivia, Ecuador y Chile. No es menor que tanto en Chile como en Ecuador las protestas hayan comenzado como una respuesta a medidas económicas tomadas por sus respectivos gobiernos. Como fue antes mencionado, la manifestación es un recurso común ante el desacuerdo y un derecho de la ciudadanía ante una decisión gubernamental. Ecuador no se encontraba en una situación económica favorable (el pedido de un préstamo al FMI lo demuestra) y la popularidad del presidente, quien en 2017 ganó las elecciones con el 51.15% de los votos en una segunda vuelta, ya se encontraba por debajo de lo deseado previo al anuncio del 1 de octubre.

Teniendo en cuenta esto, ¿no previó el gobierno de Moreno la fuerte reacción de la ciudadanía ante dicho anuncio? Por lo menos no el carácter violento de la misma. ¿Existe una explicación adicional al despliegue de protestas que amenazan, e incluso logran, desestabilizar gobiernos democráticos y legítimos?

Conocemos la respuesta de Lenín Moreno a esta pregunta. En una entrevista con BBC Mundo, el presidente acusó a su antecesor Rafael Correa, que se encuentra actualmente en Bélgica y sobre el que pesan decenas de procesos judiciales, de instigar la violencia junto al presidente venezolano Nicolás Maduro. El actual mandatario afirmó que fue un intento ”golpista” y denunció ”complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas y con ciudadanos extranjeros violentos”. Un factor que respalda esta acusación es la dura comunicación de prensa emitida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 16 de octubre en la que demuestra su preocupación por la influencia chavista, y expresa su apoyo a Ecuador describiendo a la crisis que enfrenta como ”una expresión de las distorsiones que las dictaduras venezolana y cubana han instalado en los sistemas políticos del continente”. La organización denunció además la influencia política y financiera de Venezuela en movimientos sociales que buscan desestabilizar las instituciones democráticas de la región.

Por otro lado, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, se refirió a las protestas opositoras de la región como una “brisita” con origen en Venezuela y advirtió la llegada de “un huracán bolivariano”.

El 12 de octubre la CONAIE aceptó la propuesta de diálogo del presidente Lenín Moreno, y el lunes 21, después de más de tres semanas de violencia, vandalismo, disturbios y excesos policiales, cesaron las manifestaciones en Ecuador. El acuerdo incluye diferentes propuestas para mejorar la calidad de vida de las comunidades, entre ellas un plan integral de agua.

La situación en Ecuador nos obliga a reflexionar sobre la fuerte injerencia que los actores externos tienen sobre la desestabilización política de un país con una dificultosa situación económica. La decisión del gobierno de pedir un préstamo con el FMI, y aceptar condicionamientos sin dimensionar su impacto social, fueron un detonante para la crisis. Esto inspiró a otros actores a aprovechar la situación, como el llamado de Correa a la celebración de elecciones anticipadas ”como única solución a la crisis que vive el país”, comicios en los que se propone como candidato. Es que un gobierno constituido democráticamente, con problemas de popularidad y debilitado financieramente es visto como una oportunidad para sus opositores, incluyendo gobiernos extranjeros.

El desafío que enfrenta Lenín Moreno es ahora mayor: debe sostener su legitimidad bajo una creciente presión de sectores internos, pero también de figuras políticas externas, que él cree que buscan desestabilizar su gobierno legítimamente constituido para que su máximo rival alcance el poder.

Camila Suárez