El sistema político de Cuba es, desde el triunfo de la revolución cubana de 1959, el de una democracia popular. Durante casi 50 años fue dirigida por Fidel Castro, precedido por su hermano Raúl Castro, quienes ocuparon los cargos de presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros. Desde abril de 2018, este puesto lo ocupa Miguel Diaz-Canel. La constitución de este país reconoce la existencia de un solo partido político, el Partido Comunista de Cuba (PCC), definido como la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del estado”. Bajo este contexto, el gobierno cubano ha sido acusado de violar los derechos humanos por diversas organizaciones nacionales e internacionales, tales como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas. 

Durante el 2018 tuvieron lugar dos acontecimientos que, si bien en un principio eran esperanzadores, terminaron por demostrar una vez más el bajo compromiso del gobierno cubano con los principios democráticos y la promoción y defensa de los derechos humanos. Estos acontecimientos fueron el cambio de gobierno y el inicio de la reforma constitucional. 

Respecto de ambos procesos, la CIDH declaró, en su informe anual de 2018, que “tomó conocimiento de diversos hechos que constituyeron un serio obstáculo en el goce de los derechos participativos de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado cubano”. Entre ellos se encuentran restricciones arbitrarias al derecho de reunión, la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos, y la negativa a incorporar propuestas provenientes de grupos disidentes al gobierno. Además, se informaron persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación, y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, así como vulneraciones masivas a los derechos a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la protección contra la detención arbitraria, a la inviolabilidad del domicilio, a las garantías judiciales mínimas y a la protección judicial, limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes en Cuba. 

Según este órgano, la situación de los derechos humanos en este país se encuentra dentro de lo descripto por el articulo 59 de su Reglamento, “una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los derechos humanos”.

Miguel Díaz-Canel es el primer mandatario nacido después de la revolución cubana y realizó toda su carrera política en el interior del PCC. La Asamblea Nacional ratificó la elección del único candidato que se presentó al cargo con el 99,83% de los votos. Con este resultado es difícil pensar en el comienzo de una nueva etapa. En efecto, el nuevo presidente cubano continuó con la línea de represión sistemática aplicada por sus antecesores. 

De enero a diciembre de 2018, según el OCDH, se produjeron 2,525 detenciones arbitrarias en el país, lo que equivale a siete detenciones diarias. En el mismo año, se contabilizaron 131 presos políticos en las cárceles cubanas. El gobierno nacional niega la situación y fabrica delitos comunes a los llamados presos de conciencia. Tres casos representativos y que tuvieron gran impacto internacional son los del médico cubano Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación; el científico Ariel Ruiz Urquiola y Tomás Nuñez Magdariaga. Este último fue liberado el pasado octubre después que sus condiciones empeoraran tras una huelga de hambre de 62 días. Ruiz Urquiola fue condenado a un año de prisión tras haber llamado “guardias rurales” a las personas que invadieron su propiedad sin identificarse. También logró su liberación tras 16 días de huelga de hambre. En ambos casos intervinieron el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y recibieron el apoyo del gobierno de EEUU. Desafortunadamente Eduardo Cardet sigue cumpliendo una injusta condena de 4 años de prisión. 

En cuento a la reforma constitucional, el pasado año el PCC impulsó un proyecto de Constitución en el cual se observan cinco aspectos que dejan en evidencia la falta de reconocimiento de los derechos humanos. Se establece la unidad de poderes, anulando los contrapesos de los poderes judicial, legislativo y electoral; el partido único se mantiene por encima y al margen de la ley; no existen garantías constitucionales, jurídicas ni procedimentales para reivindicar y juzgar las violaciones de los derechos humanos universales en el país; determina la supremacía mayoritaria de la propiedad estatal “socialista de todo el pueblo” y la planificación centralizada de la economía por el partido-estado; y fija el monopolio estatal de los medios de comunicación. 

Además, el artículo 8 de dicho proyecto deja en evidencia que la interpretación de los derechos humanos en Cuba está en manos del Partido Comunista y que no está en acuerdo con el derecho internacional. “Lo prescrito en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba forma parte o se integra, según corresponda, al ordenamiento jurídico nacional. La Constitución de la República de Cuba prima sobre estos tratados internacionales”. 

Como consecuencia de esta reforma, en febrero de este año se realizó un referéndum en el cual los votantes debían ratificar o no la nueva constitución. Este proceso estuvo plagado de irregularidades y denuncias por fraude. Por un lado, se prohibió la observación internacional y el control ciudadano independiente del padrón electoral y del escrutinio de votos. Por el otro, muchos opositores no pudieron llegar a los centros de votación al verse obligados a cumplir con una reclusión arbitraria en sus domicilios, la población que sí logró emitir su voto tuvo que hacerlo con lápiz y sin garantía de privacidad para hacer el voto secreto, por nombrar unos pocos ejemplos. 

En su último informe, la CIDH reitera “su interés de realizar su primera visita in loco a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo respetuoso con el Estado cubano, y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos que sea requerido, en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos en la isla”. 

Frente a los informes presentados por el OCDH, la CIDH y las recomendaciones de la ONU antes esta situación, el gobierno cubano tomó una postura de negación. La delegación permanente del gobierno cubano en la ONU declaró que “en Cuba no se viola ningún derecho humano”. Siguiendo con esta estrategia, prohibió el acceso de la sociedad civil independiente a los foros de Naciones Unidas, los activistas de dichas organizaciones no pueden salir del país, y rechazó la invitación de relatores de derechos humanos de Naciones Unidas a visitar Cuba. 

Según los documentos resultado de la Evaluación Periódica Universal EPU de mayo de 2018, el gobierno cubano rechazó 32 recomendaciones sobre las violaciones de derechos laborales civiles y políticos. Asimismo, tomó nota, pero declaró no cumplir, al menos en los próximos cinco años, otras 84 recomendaciones de los gobiernos representados en Naciones Unidas.

En conclusión, el gobierno cubano rechaza el Derecho Internacional laboral, civil y político en su legislación interna, y viola sistemáticamente los derechos económicos sociales y culturales de la ciudadanía, al no existir garantías constitucionales, jurídicas, ni procedimentales para reivindicar y justiciar ningún derecho universal en el país. Sin bien hubo un cambio de gobierno después de 50 años, no se observan mejorías en cuanto a la vulnerabilidad de los derechos humanos y Cuba recibe el tratamiento de una democracia cuando es evidente que no lo es. Más allá de los informes y recomendaciones, la comunidad internacional no sanciona al gobierno cubano frente a esta situación. De hecho, sigue siendo miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Teniendo un panorama tan claro, es momento de actuar y sancionar duramente a un gobierno que viola absolutamente todos los derechos humanos de sus ciudadanos.