El pasado martes 23 de febrero, tuvo lugar la primera presentación del libro “COVID-19, Estado de Derecho y Procesos Electorales en Latinoamérica”, un trabajo en conjunto de Transparencia Electoral y el Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. La obra comprende una serie de artículos fruto del esfuerzo de prestigiosos especialistas que pretender dar cuenta del impacto que ha tenido la pandemia en el desarrollo pleno del Estado de Derechos en diferentes puntos de la región. 

Entre los articulistas, la publicación cuenta con la participación de Johanna CiIano, investigadora posdoctoral UNAM ENES; Co- directora Gobierno y Análisis Político AC; y coordinadora de contenidos de la Revista #DDA de DemoAmlat. En el capítulo “Cuba: marco legal, accionar gubernamental e impacto social bajo la coyuntura pandémica”, Cilano propone un análisis sobre el efecto que ha generado la pandemia en regímenes con una tendencia autoritaria, centrándose en el caso de Cuba. 

Desde su lugar, habiendo estudiado ampliamente el caso cubano, resaltó la importancia de no dejar fuera del análisis la realidad de la isla. “No dejar a Cuba fuera porque no cumple ciertos criterios electorales o de democracia es algo con lo que hemos lidiado”. 

Partiendo de esta idea, aclaró que “la pulsación autoritaria estuvo presente en las medidas relacionadas con el Covid-19 en toda la región, incluso en los países con democracias más consolidadas”. Asumiendo que más allá de los casos de excepcionalidad, si miramos unos meses atrás, podemos encontrar que países como Argentina, Uruguay o Costa Rica han presentado reportes por uso excesivo de la fuerza para la implementación y regulación de ciertas medidas. 

Si bien explica que esta cuestión se intensifica en contextos restringidos porque “sirve de pretexto para tomar medidas que afectan directamente a la oposición política, la movilización social y la organización ciudadana, porque paralizan los pocos mecanismos que tiene la ciudadanía para exigir derechos”, también agrega que existen regulaciones que se han aplicado en lo que uno reconocería como democracias débiles. Principalmente aquellas relacionadas con la movilidad, con los derechos de asociación y reunión, o el derecho a ocupar el espacio público. Del mismo modo en cuanto a la declaración legal del estado de emergencia y su extensión durante meses en algunos casos particulares. Como casos extremos, distingue el de Cuba, donde no fue declarado el estado de emergencia; en segundo lugar Nicaragua, donde por mucho tiempo se negó la existencia de la pandemia mientras se percibió un aumento notable en cuanto a la violencia y hostigamiento por parte del Estado; y finalmente Venezuela donde si bien se declaró el estado de emergencia, el mismo no fue declarado por el órgano competente para ello. 

Una de las medidas que generó controversia en el caso cubano, está vinculada con la suspensión de la actividad legislativa y la dilación del cronograma preestablecido. Hablamos de una Asamblea que de por sí tiene un funcionamiento particular en comparación con el resto de los parlamentos de la región, y que permaneció diez meses sin sesionar.  “El parlamento cubano se mantuvo prácticamente un año sin sesionar, sin que hubiera ningún tipo de declaración de emergencia que justificara la inactividad parlamentaria y sin que hubiera ningún pronunciamiento del órgano legislativo que mostrara interés por participar” agregó. A raíz de estos contratiempos, menciona que “muchas de las decisiones tomadas durante el 2020 estuvieron bajo un cuestionamiento legal importante”. 

Como otra serie de factores arraigados principalmente en este tipo de regímenes, Cilano enumeró: el uso discrecional de la ley, claramente aplicado en detenciones arbitrarias, multas excesivas, detenciones sin procesos legales, o sanciones impuestas por órganos no calificados; la violencia policial; discriminación y estigmatización de los centros de reclusión para la cuarentena en el caso de los extranjeros; y as campañas de desinformación desde los propios gobiernos. 

Por último, señaló fuertemente la limitación a la libertad de prensa, el acceso a la información y la libertad de expresión. Retomando el caso de Cuba afirmó que en la isla “se aprobó en agosto del 2020 un decreto sobre el acceso y regulación de la información muy limitado que justifica o ampara las multas a cualquier ciudadano que publicara información que pudiera afectar al Estado”.