A partir de junio del año pasado, entró en vigor en la isla de Cuba el Decreto Ley número 370. Decreto a través del cual, el régimen entró al siglo XXI. Al menos en lo que a vigilancia y represión respecta.
Si bien en Cuba había Internet hace unos cuantos años ya, hace relativamente poco que se fue masificando por medio de la conexión 3G vía smartphones (la cual, hay que aclarar, es en extremo costosa. Sobre todo, para una población con un salario mínimo que ronda los 16 dólares). Desde ese entonces, se pudo apreciar una “democratización” de facto de los medios de opinión y, con ello, un aumento de la capacidad de su pueblo de transmitir públicamente y al resto del mundo lo que sucede detrás del relato oficial.
Al ver esto, el Gobierno de Diaz Canel (que, como fue relatado en otros artículos con su trato a la disidencia, de reformista no tiene nada) tuvo que impedir que saliera de control. Con este objetivo se sancionó este Decreto Ley 370, cuya materia es la “Informatización de la sociedad en Cuba” y, mediante el cual, a través de establecer una regulación a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, sienta bases normativas para ejercer la represión y sancionar a cualquier persona que publique contenido que sea discordante con la narrativa oficial.
La norma
¿Cómo lo hace? A través de tipos legales por demás ambiguos y laxos por los que se llegan a crear delitos de opinión en Internet por los cuales se imponen cuantiosas multas, esto nuevamente teniendo en cuenta la capacidad económica de la abrumadora mayoría del pueblo cubano. Y más aún si los acusados ya cayeron antes en desgracia frente al gobierno.
Una de las partes donde se ve más clara esta cuestión es en su Artículo 68, donde se establecen las “Contravenciones y sanciones asociadas a las tecnologías de la información y la comunicación y los recursos administrativos para su impugnación”. Es a través de la supuesta infracción de su inciso i) que los distintos oficiales del Estado encargados citan, demoran en estaciones de policía y multan a periodistas, actores de la sociedad civil, o simplemente cualquier persona que tuvo la mala fortuna de ser encontrada difundiendo “información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas” (SIC). Sea lo que sea que eso signifique (que, nuevamente en ningún lugar se lo aclara, al igual que muchas otras expresiones; quedando a la interpretación subjetiva de quien deba aplicar la norma en el momento).
Para un análisis pormenorizado del mismo, ver el reporte del Observatorio Legislativo de Cuba de abril de 2020.
¿Cómo se viene aplicando?
Según los distintos medios que levantaron el tema, se puede hablar de por lo menos 15 personas que ya han sido víctimas de la aplicación del decreto, el cual comenzó a aplicarse a principios de este año, en el mes de enero. Entre las mismas se encuentran, como fue mencionado más arriba: periodistas independientes, actores de la sociedad civil, así como personas sin ninguna participación en organizaciones sociales o políticas. Sumado a lo ya dicho, por lo menos a 6 personas, además de imponerles la multa por 3000 CUP (pesos cubanos, equivalentes a 120 USD), se les decomisó el teléfono celular, su medio de trabajo y de comunicación.
Es importante destacar que la mayoría de las personas que han sido multadas por su actividad online se encuentran comprometidas por su trabajo periodístico o su activismo político o social. Hasta ahora, sólo 2 de las personas sancionadas no tienen compromiso conocido con organizaciones sociales o políticas: un trabajador cuentapropista, Diosvany Zalazar Rodríguez, que simplemente posteó algunas críticas al gobierno; y Esteban Rodríguez López, un microempresario que se sumó a la campaña por la liberación de presos políticos, con fotos usando un barbijo con la leyenda “Libertad para los presos políticos”.
Aparte de ellos, hay otros 6 que ya se encontraban con carácter de “regulado”, es decir, con prohibición de viajar fuera del país (tomando como guía la lista del Instituto Patmos): 5 periodistas, Camila Acosta Rodríguez (quien habló sobre su caso en el podcast de DemoAmlat), Yeris Curbelo Aguilera, Boris González Arenas, Maykel González Vivero e Iliana Hernández Cardoso; y una activista por los derechos de las mujeres, Nancy Alfaya Hernández,.
Con todos ellos se procedió con una lógica similar: o bien fueron detenidos directamente por agentes policiales (policía política) o de Seguridad del Estado, o se los citó a comparecer en una estación de policía y allí, acto seguido, se les labró la multa (además de las mencionadas confiscaciones in situ, si no es que se hacen mediante un allanamiento sorpresivo de la vivienda, como en el caso de la periodista Iliana Hernández. Ver artículos al respecto: CUBANET, CIBERCUBA, ADNcuba).
La ONG Freedom House publicó un comunicado el día 6 de este mes, firmado junto a otras 46 organizaciones periodísticas y de derechos humanos entre las que se encuentran Demo Amlat y Transparencia Electoral, denunciando los abusos y la represión llevadas a cabo por este decreto; y solicitando a su vez a los organismos internacionales que tomen cartas en el asunto, pidiéndole especialmente al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado, y a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se pronuncien al respecto, activando sus respectivos mecanismos a fin de reiterar su solicitud al Estado cubano para que cambie su legislación, cumpliendo con su obligación de seguir un estándar de derechos humanos en el caso de la OEA, organismo cuya Carta constitutiva no ha denunciado al seguir siendo un Estado miembro.
En cuanto a los damnificados, el portal Radio Televisión Martí informó que el miércoles 8 de abril, la organización opositora Corriente Martiana, ya había enviado a las Naciones Unidas la documentación con nueve casos que habían recolectado hasta ese momento, esperando por enésima vez que haya un pronunciamiento al respecto, esta vez acerca de una forma de represión que ya ni siquiera contempla la cuarentena.
22 años. Estudiante de Licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina (UCA).
