La ficción del empoderamiento de los sectores ciudadanos vulnerables, contracara de la destrucción del Estado como sujeto hegemónico y mediador de las diferencias que lleva a la concentración del poder y al giro autocrático.

 

“Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, pueblo bravo, pueblo bravío, pueblo heroico, pueblo de Bolívar, a ti todo nuestro amor y el mío y hoy más que ayer todo mi compromiso vital, existencial, como siempre (…)”.

Hugo Chávez Frías, Acto de proclamación como Presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2013-2019

 

El orden democrático liberal-republicano exige reconfiguraciones profundas. El ejercicio ciudadano, su efectuación, no puede estar limitado al voto como forma de “participación política” y a un ejercicio ciudadano que se ajusta de forma conveniente a los intereses y fines ulteriores del Estado y sus instituciones. Al establecer que el ciudadano, en su sentido más específico y primigenio, es el sujeto de la democracia, lo que se está señalando es que ese sujeto es un reproductor pasivo del orden del Estado. En la medida que los ciudadanos del Estado cumplan su rol político (votar cada tanto tiempo y ser sujetos de la norma que reproduce las lógicas del Estado), en esa medida se efectúa el juego democrático. Es esa la visión y la práctica del ejercicio ciudadano que ha dominado en Occidente. El voto como acción política, según la visión liberal, también es una forma de ejercicio ciudadano establecida en las constituciones occidentales. En esa dirección, la actividad deliberativa y, menos aún, la actividad política (en tanto actividad gubernativa) del pueblo tienden a ser nulas. Luis Daniel Velázquez lo explica así: “El gobierno representativo se asienta sobre una idea principal: no es bueno que la ciudadanía se involucre en la discusión de cuestiones públicas (Gargarella, 1995: 94; y 1996).  El objetivo del gobierno representativo era desalentar la discusión colectiva y reforzar la independencia de los representantes electos; con estos dos aspectos, las autoridades podrán cumplir con el principal objetivo del gobierno representativo: “desatender las pasiones momentáneas del pueblo” (Manin, 1995). En esta nueva forma de entender la democracia –como bien menciona Schumpeter (1942) – “el pueblo no gobierna en ninguno de los sentidos de las palabras pueblo y gobernar. Lo que hace el pueblo es elegir a quien será el gobernante, pero no toma ninguna decisión política.” (Velázquez, 2016: 17-18).

Este proceso de naturalización de la acción política centrada en el voto crea las bases para un tipo de ciudadanía funcional sobre todo a los fines del Estado liberal. Al ser el voto la forma de participación política, se limita (ya de entrada), por la fuerza de la naturalización del mecanismo (el voto como efectuación de la participación política en su expresión liberal), cualquier ejercicio de contravención a los elementos configuradores del Estado y los mecanismos de participación política que establece al conjunto de la sociedad. Velázquez (2006: 75), hace énfasis en la centralidad del voto como la forma en que toma cuerpo la democracia: “La principal forma de control ciudadano en una democracia es el control poliárquico-electoral proveniente del voto: la accountability vertical”.

Los intentos por darle más participación y protagonismo a los sujetos sociales en su conjunto han sido ampliamente estudiados y, en algunas oportunidades (como en el caso de la Constitución de 1999 en Venezuela), se avanzó en la reconfiguración del esquema democrático liberal. Como se ha insistido, desde esta visión se asume que los asuntos políticos que atañen al conjunto de la comunidad deben ser gestionados por sujetos biempensantes que, luego de ser electos por el voto democrático-liberal (directo, universal y secreto) ejercen la política como una profesión; son los denominados representantes-delegados del pueblo en las instancias gubernamentales y estatales.

La acción política deviene en el ejercicio de la representación-mediación del político profesional quien ejerce la política a partir de los mecanismos establecidos en la ley. Bajo ese marco, no sólo estaría tomando cuerpo la democracia representativa, sino un tipo de democracia que habilita el campo de la acción política a determinados sujetos que, finalmente, han sido delegados por el ciudadano-votante para que ejerzan la política. La democracia, vista así, no sólo es representativa, sino que opera como una democracia delegativa, dado que la acción política termina siendo la acción de los delegados-representantes; de hecho, así son denominados en algunos países: diputados, concejales, tribunos, senadores, representantes, delegados, entre otros.

El poder del demos se ve profundamente disminuido. Al delegar su poder a los representantes-delegados, reduce sus expectativas políticas, quedando de esta manera como un mero observador pasivo (y paciente) del juego político. Por lo general, el ciudadano no tiene conciencia plena de esta situación; aunque a veces, y por el mismo hastío de la política (principalmente de las acciones erráticas de los políticos profesionales), el ciudadano prefiere abstraerse de ese mundo, deja que otro (el político profesional) lo represente (delega su poder en los representantes). Este proceso ocurre en la mayoría de los países occidentales. Las democracias más avanzadas auspician estas formas débiles de participación política. Ocurre así una forma legítima (y legitimada) de conculcación de derechos y deberes políticos. El decir político en las instancias decisionales (senados, congresos, instituciones públicas en general), es un asunto que compete, en el marco liberal-republicano, a los representantes y delegados.

En la visión de la “democracia delegativa” los votantes eligen a los representantes para que diseñen políticas y gobiernen en su nombre, es decir, delegan en los “expertos” las decisiones de política pública (Lissidini, 2011:28).

Entre tanto, por otro lado, emerge, y casi por oposición al esquema democrático liberal representativo-delegativo, la noción de la democracia participativa y protagónica, también denominada por algunos estudiosos como democracia directa (Lissidini, 2011). Este modelo de Gobierno supone una nueva relación entre los ciudadanos y el poder gubernamental. De hecho, en este marco democrático se sientan las bases para que el pueblo (sujeto subalternizado) devenga sujeto decisor de su propio devenir socio-político.

Al momento en que el sujeto pueblo delega su poder decisional originario, en tanto kyrion (sujeto soberano), lo que se está generando es un proceso de privatización de la política en su versión gubernativa: son los delegados y representantes los que llevan sobre sí el peso de las decisiones políticas. En contraste, al plantear que el poder gubernamental no está guiado, únicamente, por los representantes y delegados (diputados, alcaldes, gobernadores, senadores, concejales, entre otros), sino que se generan nuevos mecanismos para que el sujeto pueblo pueda no sólo participar, sino protagonizar los procesos de toma de decisiones y conducción de los destinos de la comunidad política en su conjunto, lo que se está trastocando de forma radical son las reglas de juego de la democracia liberal.

Al establecerse el “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, como señala Aiskel Andrade (2013), se crea el marco que da soporte al nuevo esquema democrático (participativo y protagónico), esto para el caso venezolano. Nacen nuevas expectativas políticas en las masas populares. La Constitución de 1999 crea mecanismos para profundizar los procesos de participación y protagonismo del pueblo en la propia toma de decisiones políticas del país. El pueblo, el sujeto subalternizado de la democracia puntofijista (1958-1998), deviene sujeto decisor en este esquema democrático de nuevo cuño; su rol político y social será, en lo sucesivo, más determinante en la “refundada” Venezuela del presidente Hugo Chávez, tal como reza el Preámbulo de la Constitución de 1999.

En esta dirección de la democracia participativa y protagónica, lo primero que se observa es el carácter plebiscitario que, en teoría, marcará la pauta en las decisiones políticas. Cuando la Constitución de 1999 establece que sus sujetos políticos no son, únicamente, los políticos profesionales, sino fundamentalmente el conjunto de los venezolanos, lo que se está poniendo de relieve es el carácter horizontal de las tomas de decisiones gubernamentales; éstas ya no descansan en el Poder Ejecutivo, sino que éste estará acompañado en la toma de decisiones por el Poder Popular. En apariencia, el Estado lo que intenta crear es una relación de paridad entre sus estructuras decisionales y el nuevo sujeto político participativo y protagónico: el pueblo-excluido de la IV República, tal y como lo denominó la Revolución Bolivariana. La relación entre ese sujeto pueblo y el Estado tiene, en apariencia, un carácter orgánico y complementario.

Por un lado, el Estado lo que busca es crear los mecanismos para que el pueblo sea un sujeto efectivamente decisor. En ese sentido, el Estado acompaña al Poder Popular (esta será la denominación establecida por el Estado revolucionario) en la organización de sus prácticas políticas; provee de mecanismos jurídicos e institucionales para que este nuevo sujeto de la política venezolana asuma su rol como parte del Gobierno. Es el Poder Popular (PP) el eje central de esta “refundación” de la patria; en este descansa la soberanía (artículo 5 de la Constitución de 1999), el factor clave y distintivo de la democracia bolivariana.

La idea del empoderamiento popular toma sentido y crea un clima participacionista nunca antes visto en el país. Los esquemas y preceptos que acompañan al PP logran instalar en la sociedad una animosidad única; sectores políticos de vieja data comienzan a “caer en cuenta” de sus errores cuando tuvieron sobre sí los destinos del país. Mientras la democracia puntofijista se establecía sobre las bases y supuestos de la democracia liberal (representativa-delegativa), teniendo en el voto la expresión más auténtica de participación política, Chávez y su equipo de Gobierno no sólo redefinían las bases del juego democrático nacional, sino que colocaban en el centro de esas transformaciones al Poder Popular, representado por los sectores marginados de la IV República, lo que el chavismo denominó como “los excluidos”.

El discurso de la democracia participativa y protagónica no sólo operó como un enunciado animoso, sino que sentó las bases jurídicas e institucionales para que esa prédica trascendiera del enunciado animoso y reivindicador y tomara cuerpo en la dinámica social, política, económica y cultural del país. Detrás del discurso del chavismo había acciones concretas tendientes a crear todo el andamiaje jurídico e institucional para que el PP fuese una realidad. La idea era que todo el aparataje estatal y gubernamental operase bajo estos nuevos marcos. Era, sin dudas, un concepto que redefinía por entero el sistema democrático liberal en Venezuela e instalaba la idea del Poder Popular. Así mismo, no dejaba de ser una idea muy seductora, sobre todo para los sectores subalternos (el pueblo-excluido), que vieron en la emergencia e instauración del PP una oportunidad de redención socio-política y económica.

En este nuevo escenario, la democracia participativa y protagónica propiciaba un “achicamiento” entre el pueblo-excluido y las instancias gubernativas Principalmente, veía cómo se achicaba la distancia entre el pueblo-excluido y el líder de la Revolución Bolivariana: Hugo Chávez. Esa cercanía entre el líder y el pueblo supuso un trabajo simbólico-discursivo de identificación radical entre el líder y los sectores populares; en ese entramado, los medios de comunicación estatales ocupan un lugar privilegiado, sobre todo la televisión. La idea central de la estrategia era crear ese vínculo unitario entre el líder y la masa popular, generando así una suerte de sellado: una biunidad esencial, atávica e identitaria entre Hugo Chávez y el pueblo-excluido de la IV República.

Chávez y el chavismo emergen, bajo ese enfoque, como lo más representativo del orden de lo popular y nacional. En muchísimos casos, esa biunidad entre el pueblo-excluido y el presidente Chávez se establecía en el orden discursivo-propagandístico: nominativamente el propio Chávez y el aparato de propaganda oficial hablaban del “Presidente-Pueblo”. La unificación entre ambas entidades es necesaria para el establecimiento de un terreno común y, sobre todo, ideales compartidos. En la medida que no haya diferenciación entre el Presidente y el pueblo-excluido, la relación biunitaria adquirió la dimensión de una tautología: Chávez es el pueblo y el pueblo es Chávez.

 

La democracia participativa y protagónica como narrativa política

Con la Revolución Bolivariana, Venezuela se convirtió en el primer país de la región en plantear un proceso de empoderamiento social y político por parte de los sectores sociales más depauperados (el pueblo-excluido). La Revolución Bolivariana enfocó sus esfuerzos en el pueblo-excluido, este sería el sujeto político a partir del cual ejecutará sus planes y políticas gubernamentales. Es un sujeto excluido que, en lo sucesivo (con la asunción de la Revolución Bolivariana como Gobierno), será el protagonista de la transformación política, social, económica y cultural del país. Al caracterizar el modelo democrático participativo y protagónico, la Revolución pone de relieve las formas en las que se construye el contra poder. Dick Parker apuntaba lo siguiente respecto del paradigma democrático que inaugura la Revolución Bolivariana: “Basta señalar que buscaba el empoderamiento de las comunidades locales, y la promoción de las organizaciones populares como complemento a una política estatal diseñada para dar prioridad a la solución de los problemas más sentidos por la población y a revertir el prolongado proceso de disminución de los gastos sociales aportados por el Estado (Parker, 2006).

Como se observa, la idea central del modelo democrático participativo y protagónico giraba en torno al sujeto subalternizado, sobre todo (como señala Parker) apunta hacia “el empoderamiento de las comunidades locales”. Al colocar el acento en ese empoderamiento, y que sean las propias comunidades quienes determinen cuáles son sus necesidades más prioritarias, se establece un nuevo modelo de política pública que, en principio, quiebra con la lógica estadocéntrica (las instituciones del Estado pensando y planificando los proyectos de las comunidades, propio del modelo político liberal tradicional) e inaugura un nuevo esquema de gobernanza: el pueblo como sujeto constructor de su propio devenir histórico-político. El diseño de las políticas públicas va a contar con la participación de ese sujeto otrora excluido del juego político, en tanto sujeto decisor-constructor de su propio destino.

Lo inédito del modelo democrático participativo y protagónico necesariamente iba a verse obstruido por contradicciones e, incluso, fracasos. Pero todo ello era previsible, fundamentalmente porque se trataba de un nuevo marco de relaciones. Aun así, el modelo lucía interesante, principalmente porque daba al traste con el modelo democrático liberal-tradicional, donde la política y lo político estaban en relación directa y específica con los “políticos profesionales”. Los sustentos conceptuales sobre los cuales se fundaba la propuesta del participacionismo y protagonismo lucían prometedores, dado que se establecía un viraje en el esquema democrático tradicional: con la Revolución, el sujeto de la democracia no tenía que ser “el profesional de la política” (el político-representante-delegado), sino el conjunto de las voluntades humanas que componen el abigarrado plexo social, fundamentalmente los sujetos más vulnerables: el pueblo-excluido.

En esta nueva configuración de las relaciones políticas, el Estado aparece como un acompañante en la planificación, organización, financiamiento y ejecución de las políticas públicas. En términos más generales, la instauración de la democracia participativa y protagónica estaba sentando las bases de un contrapoder, dado que la acción gubernamental está acompañada (se trataría de una relación de co-Gobierno) por un actor que, stricto sensu, es, cuando menos, contradictorio respecto de las lógicas propias del Estado moderno.

Bajo esos marcos, la democracia participativa y protagónica parece superar (pone en cuestión todo el aparataje conceptual-procedimental de la democracia representativa-liberal) el dilema entre politeuma (poder constituido): el Estado, el Gobierno, los partidos políticos, en definitiva, la lógica representacional y delegativa propia de la democracia liberal; y politeia (poder constituyente): el sujeto pueblo en su conjunto, admitiendo su condición de ciudadano total, aquél que no sólo participa de la política a través del voto (a la usanza de la democracia liberal-tradicional), sino que decide y construye, de facto, su propio devenir histórico-social al ser un sujeto político decisor-gobernante. El nuevo modelo democrático se decanta por el sujeto pueblo como poder originario —poder constituyente (politeia) —. Más aún, este esquema democrático le da cuerpo y valor sustantivo al kyrion, un poder soberano que no estaría en manos de unos pocos (los políticos-técnicos de la democracia liberal), sino de los ciudadanos en su conjunto; principalmente, el poder soberano (kyrion) va a recaer en las manos de quienes fueron excluidos de la política tradicional venezolana. En esa dirección, Margarita López Maya, alude a la democracia participativa y protagónica en estos términos: “Se entiende por aquélla una concepción sustantiva de la democracia, donde se combinan formas de participación representativa y directa en lo político, con diversas modalidades de participación individual y comunitaria en diversos ámbitos de la vida social. No sólo se trata de participación política, sino también en la esfera social y económica (…) En este nuevo modelo el énfasis es totalmente opuesto, al menos en términos teóricos, pues es la participación de los ciudadanos y comunidades, en particular la participación de los excluidos, más que la acción del Estado, el eje clave para superar el problema de la exclusión o la condición de no ciudadano. Según el proyecto bolivariano, la exclusión es un problema estructural, existen vastos sectores de la población que están excluidos social, cultural y económicamente desde los tiempos coloniales. Y es éste el principal obstáculo para alcanzar el desarrollo y/o la democracia (López Maya, 2006)

Como se aprecia, la investigadora venezolana hace énfasis en la participación de los sujetos excluidos en este nuevo esquema democrático. Se transforma el eje político y un nuevo sujeto de la política asume un rol transformador dentro del esquema democrático propuesto por el chavismo, al ser él mismo el constructor de su propio destino político-social. De tal forma que el destino de la comunidad política no dependerá de los agenciamientos político-institucionales de un extraño a la comunidad (rol que cumplía, en la lógica representacional, el operador político-representante); sino que la comunidad, en su condición de sujeto padeciente (padece las injusticias de un sistema democrático liberal-representacional que no satisfizo las necesidades más básicas de la población, de allí la reiterada mención a los sujetos excluidos) será quien gestione, en funciones gubernativas, la vida y el desarrollo de la comunidad política.

Como reconoce López Maya, la exclusión es un problema estructural que viene “desde los tiempos de la colonia”; aunque el chavismo señalará, de forma insistente, a la IV República (Pacto de Punto Fijo) como la artífice de la exclusión social. Es allí, en esos cinturones de marginación y depauperación social (los excluidos) donde el chavismo encontrará a su sujeto político. Hay que destacar que este sujeto político del chavismo es porcentualmente mayoritario. Tener su confianza y apoyo será estratégico para el devenir de todo el proceso revolucionario, sobre todo en las instancias electorales.

Ahora este sujeto excluido, en su condición de “no ciudadano” (López Maya dixit), no sólo tiene un estatus de ciudadanía distinta, sino que esta ciudadanía le otorga nuevos y potentes mecanismos de participación y protagonismo políticos. El viraje hacia la lógica participacionista y protagónica también implica la gestación de un nuevo orden de ciudadanización. Esta ciudadanización estará guiada, desde el principio, por el Estado, más específicamente por los organismos gubernamentales y por el partido político de la revolución: en los primeros años de la Revolución Bolivariana, el Movimiento Quinta República (MVR) y, con aún más empuje e influencia, por el Partido Socialista Unido de Venezuela. En cualquier caso, la figura del Estado siempre estará presente en este proceso de conformación del sujeto político de la Revolución. El propósito fundamental es superar el proceso de exclusión a través del nuevo esquema de relaciones político-social que está sustentado en la inclusión de los sectores populares.

Para superar esta situación, es clave la acción de los mismos afectados, que serán responsables principales de encontrar las formas de trabajar para comenzar a solventar sus problemas. El Estado, según esta óptica, es corresponsable con estos sectores, y los “acompaña” promoviendo un “equilibrio social” a través de su acción planificadora. El Estado crea condiciones para el empoderamiento de las comunidades (López Maya, 2006).

En la visión política de la Revolución la acción política se traslada desde la representatividad liberal (el voto liberal y los procesos de ciudadanización formal-normalizados), a la política del padecimiento. Es desde “la acción de los afectados”, como sostiene López Maya, a partir de lo cual se van a llevar a cabo las políticas públicas. Lo que se plantea es la no intermediación política por parte de sujetos ajenos a la vida política y social de las comunidades; sino que éstas, a partir de sus padecimientos (política del padecimiento), van a gestionar las acciones político-sociales que satisfagan sus propias necesidades.

 

¿Acompañamiento o tutelaje?

En todo este proceso de redefinición de la democracia, el Estado siempre está presente. No sólo sentó las bases constitucionales del nuevo orden republicano y democrático a partir de la Constitución de 1999, sino que hay un acompañamiento constante en todo el proceso de organización del Poder Popular. Pero la expresión acompañamiento tiene, según vemos, intenciones que van más allá de la mera organización y redefinición del marco democrático que se quiere echar adelante. En modo alguno se trata de un mero acompañamiento burocrático-logístico. Ese acompañamiento por parte de los organismos del Estado en la constitución del nuevo orden democrático adquiere la condición de tutelaje. El Estado es quien termina por establecer toda la dinámica constitutiva del Poder Popular. En lo sucesivo, ese PP será una correa de transmisión de los principios y fines del Estado, sobre todo del binomio Gobierno-Partido. La democracia participativa y protagónica, desde sus inicios, estará condicionada a los imperativos del Estado.

Habría que leer en código crítico aquello de que: “El Estado crea condiciones para el empoderamiento de las comunidades”, tal y como expresa López Maya. Por una parte, se admite que sí, en efecto, se crean las condiciones materiales y objetivas para el establecimiento de un nuevo orden democrático (participativo y protagónico). Sin embargo, en la configuración de esas bases gnoseológicas, programáticas, filosóficas y políticas del nuevo modelo democrático; es el Estado quien establece esos marcos, por tanto, confecciona al Poder Popular (lo tutela y, en la práctica, lo coopta).

Es difícil pensar que detrás de esos procesos democratizadores (participativos y protagónicos) auspiciados por la lógica estatal de la Revolución Bolivariana, no existan intereses más complejos, sobre todo si se entiende, partiendo de la teoría del Estado, que aquél es una estructura reaccionaria que siempre apuesta a su auto reproducción y, sobre todo, a su auto preservación. Más allá del signo político-ideológico del Estado (que en una “concepción ideal” no debiera tener ningún signo de este tipo, sino que debería ser una suerte de estructura de poder “neutra”), éste siempre preserva sus intereses y apunta hacia sus fines.

Es posible admitir, preliminarmente, que por el carácter inédito del proceso constituyente (ya no como proceso para redactar un nuevo marco constitucional, sino para empoderar a los sujetos subalternizados (el pueblo-excluido) como sujetos decisores de la política), el Estado esté “acompañando” la construcción de un nuevo sujeto político, ergo, de una nueva racionalidad política, social, económica y cultural. Lo que se observa con cierto cuestionamiento es lo siguiente: ¿Hasta dónde conduce ese “acompañamiento”? ¿Hasta qué punto son enteramente nobles y legítimas las intenciones del Estado en este “acompañamiento”, sobre todo si se toma en cuenta que en la emergencia de un nuevo sujeto político-decisor (el pueblo-excluido), está implicada (necesariamente) la pérdida de protagonismo por parte del propio Estado en su condición de hegemón?

Lo que se intenta resaltar es que en este proceso de empoderamiento del Poder Popular inaugurado por la Revolución Bolivariana (redefinición del marco democrático venezolano, la configuración de un nuevo sujeto de la democracia -uno que se adapte al modelo participativo y protagónico), la actuación del Estado en modo alguno es imparcial, neutra o, para ser acuciosos en los juicios, “ingenua”. De entrada no se está cuestionando su participación como garante de institucionalidad y su rol contralor en los procesos político-sociales.

Hay que recordar que con el chavismo el Estado adquiere un rol central y decisivo en la vida política, social y económica de los venezolanos. A diferencia del planteamiento neoliberal, donde el Estado se “aparta” (Estado débil) y deja que la lógica corporativa signe el quehacer político-institucional (sobre todo en el plano económico-productivo y su consecuente repercusión en el plano social y político); el Estado revolucionario tiene la característica de ser una estructura fuerte (sobre todo esa parte del Estado que es el Poder Ejecutivo).

Cabe destacar que en ese proceso de reconfiguración estatal, el Poder Ejecutivo aglutinará mayor fuerza. Se crean dos nuevos poderes: el Poder Electoral y el Poder Ciudadano; además de los poderes secularmente existentes desde la Revolución Francesa de 1789: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En todo caso, el Ejecutivo termina condicionando todos los demás poderes; éstos quedan en condición de subordinación y subsunción respecto del Ejecutivo. De hecho, se instaura una estructura de poder tripartita: Gobierno-Estado-Partido —Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) —. Esta estructura opera bajo un enfoque interdependiente y la relación entre sus partes es orgánica; no se “entorpecen” uno a otro; sino que existe una armonía de movimiento y ejecución en esa estructura de poder tripartito.

Como tal, esta estructura tripartita no está institucionalizada, no existe formalmente dentro del andamiaje estatal ni gubernamental, pero en la práctica opera de forma directa sobre todo el proceso político-institucional del país. El Gobierno-Estado-Partido está presente en cada una de las instancias del Poder Popular, a saber: Consejos Comunales, Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, las comunas, el sistema de medios alternativos y/o comunitarios, los comités de tierra, de agua, de pescadores, entre otras instancias de empoderamiento popular. El Gobierno-Estado-Partido está intrínsecamente relacionado con todas y cada una de estas expresiones del PP.

Antes bien, al inscribir la lógica de lo popular en la lógica estatal-gubernamental, el aparato logra legitimar su marco de acción: es una expresión del Poder Popular que él mismo configuró y dotó de sentido, pero que, como señala Varó (2011), maniata y coloca en situación de subalternidad cualquier intento serio de empoderamiento popular. De esta manera, el aparato Gobierno-Estado-Partido se sirve de la figura del PP para establecer su legitimidad; la fórmula se resuelve, en términos discursivos-propagandísticos, así: ¡Qué mayor legitimidad puede tener un Gobierno si es la expresión directa del demos y del propio kyrion! Todo ello adquiere mayor relevancia (y un amplio margen de verosimilitud) dado que, en efecto, se crearon los mecanismos para empoderar al pueblo como sujeto constructor de su propio destino político-social e histórico. Pero ese proceso de (aparente) empoderamiento estuvo siempre tutelado-condicionado por el aparato Gobierno-Estado-Partido, a tal punto que lo terminó por cooptar de principio a fin.

Lo que se pone en cuestión (e interpela) es que ese proceso de empoderamiento parte de un falso supuesto: el Estado creando las bases para compartir y delegar su poder decisional absoluto (leviatánico) con otro actor: el Poder Popular. De ser así, el Estado entraría en un proceso sistemático de desmontaje, cuando menos; dado que compartiría su poder con un sujeto que, en definitiva, terminaría por desplazar la estructura reaccionaria del Estado moderno (su capacidad leviatánico-hegemónica) e inauguraría un nuevo esquema político con una presencia estatal difusa o muy debilitada. Lo que se desea explicitar es que esa convocatoria a la construcción de un contrapoder (encarnado en el Poder Popular) que hace el Gobierno-Estado-Partido no resulta convincente. En este caso, el Estado estaría sentando las bases para su extinción como sujeto hegemónico.

 

Johan López Profesor de la Universidad Nacional de La Patagonia Austral-Argentina. Investigador en el área de Análisis Crítico del Discurso, específicamente en el área del Discurso Político Populista y los Medios de Comunicación, fundamentalmente la TV.