Este viernes 7 de agosto el programa DemoAmlat ha convocado a prestigiosos expertos para abordar el impacto que ha tenido el COVID-19 en el Estado de Derecho de los países de la región y cuáles son los principales desafíos en un plano post-pandemia.

La actividad, moderada por Jesús Delgado Valery -Director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral y Coordinador de DemoAmlat- contó con la participación de Arturo Espinosa, director de Strategia Electoral; Betilde V. Muñoz-Pogossian, Directora Departamento de Inclusión de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad – OEA; Edgar Ortiz, director del Área Jurídica en la Fundación Libertad y Desarrollo; Fernando Flores, Presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador; Paula Suarez, Mgtr. en Derecho Electoral; y Johanna Cilano Coordinadora de Gobierno y Análisis Político AC.

En primer lugar Betilde V. Muñoz-Pogossian, como representante de la OEA, trajo a colación el tema principalmente de aquellos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Una brecha que aseguró, ya existia previamente al Covid-19, pero que el reto ahora es hacer frente a los nuevos niveles de discriminación incluso en el ámbito electoral. “Debemos ocuparnos de la desigualdad para salvaguardar la democracia” concluyó y apuntó a que “Desde la OEA estamos convencidos que con proyectos se puede lograr el empoderamiento de estos grupos de vulnerabilidad para que ejerzan su ciudadanía”.

Por su parte Arturo Espinosa reconoció que en un principio existía sobre los gobiernos el peso de tomar decisiones apresuradas para controlar la pandemia pero que “se dio un falso dilema entre el derecho a la salud y los derechos electorales”. En la región existen varios casos en los que se ha buscado suspender o posponer las elecciones, en este sentido Espinosa ha remarcado que “La pandemia no puede ser el pretexto para anular el proceso electoral”.

En este mismo sentido y retomando las medidas que los gobiernos han tomado en este contexto, Paula Suárez ha marcado cuales son las condiciones en las que se está desarrollando la labor del Poder Judicial. Remarcó la importancia de una Constitución suprema que el día de mañana no se convierta en letra muerta y una justicia activa plenamente. “Restringir la capacidad de control sobre el principio de constitucionalidad del Poder Judicial es un gran desacierto” afirmó. 

Fernando Flores, desde el seno de la función legislativa, manifestó que en primer lugar es necesaria la participación activa en las elecciones para garantizar resultados legítimos; en segundo, y centrándose en el rol de las autoridades comentó que “La comisión comenzó a trabajar de manera virtual hasta que se encontró un sustento legal, porque la ciudadanía quería respuestas de las autoridades”. 

Desde otro punto de vista, Edgar Ortiz centró su exposición en cómo se han dado los Estados de Excepción en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde las medidas han sido absolutamente arbitrarias. Insistió en que “Si hay posibilidad de sortear la crisis sanitaria, no se justifica acudir a regímenes de excepción”.

Para finalizar Johanna Cilano abordó la situación en Cuba, en la Isla no se declaró hasta el momento el estado de Emergencia, y las formas de comunicar las medidas tomadas no fueron más allá de los medios oficiales de comunicación, sin embargo afirmó que actualmente “la policía ha sido habilitada para imponer sanciones de carácter administrativo, que solo podían poner los inspectores sanitarios, fuera del marco de la ley”.

Demo Amlat agradece una vez más a las y los expositoras/es que fueron parte de este panel, que se inscribe en el conjunto de iniciativas que promueve esta iniciativa con el objetivo de fomentar espacios de discusión de temas transversales en la región.

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