Perspectiva de la situación de El Salvador tras las últimas elecciones realizadas en febrero de 2021. El lugar que ocupan los procesos electorales en el fortalecimiento democrático: la importancia de la transparencia para alcanzar el objetivo de la integridad electoral, el acceso a la información, la garantía de la libertad, el respeto a los derechos humanos y la convivencia en paz, son los valores y principios que es preciso cuidar y defender. El escenario del bipartidismo quebrado y los nuevos horizontes políticos.

En los últimos años, en la región latinoamericana, ha habido mucha convulsión y debate alrededor de la necesidad de mantener, fortalecer o renovar la democracia, así como sus mecanismos y virtudes que permitan empujar a nuestras sociedades al progreso social, la participación y el respeto a los derechos humanos como cimientos de los pactos sociales que nos permitan una convivencia civilizada.

Uno de los signos vitales de la salud de la democracia y la república son los procesos eleccionarios, en los cuales se busca preservar que sean íntegros, transparentes y plenos para garantizar la soberanía de la ciudadanía en la definición del rumbo y de los resultados anhelados por el pueblo, el mantener abierta esta oportunidad y que no sea manipulada, nos mandata a los que sostenemos principios y valores democráticos el  seguir trabajando para garantizar el derecho a la información veraz y la participación más directa de la población, se continúe respetando y fortaleciendo, si anhelamos que persista la democracia como realidad de libertad, convivencia pacífica y tolerancia a la diferencia.

El pasado 28 de febrero, en El Salvador se despejó una parte de esta incertidumbre; en el periodo previo a las elecciones –como en todo proceso electoral- hubo quienes se sentían cómodos y otros que no sentían garantías suficientes del mismo. Esas inquietudes combinadas con las estrategias de marketing electoral para alcanzar el poder aumentaron entre la población la incertidumbre castigando fuertemente la credibilidad del proceso electoral, y todo ello antes de conocer sus resultados, colocando en la opinión pública la discusión sobre las garantías de las elecciones, por sobre la educación ciudadana para informarse sobre las distintas formas de votar e incluso, sobre el conocimiento de la legislación y alcance de la misma en la vida cotidiana de la sociedad.

Las denuncias de la parte incómoda dictaron un término fuerte y preciso: fraude. Se implantó el fraude en el imaginario social desde la centralidad del poder político, como parte de su estrategia electoral para desgastar a sus adversarios, con los gritos de fraude al centro del proceso, sin que se presentaran evidencias claras de esta arbitrariedad. Lo único que quedaba por hacer era observar y aportar desde la responsabilidad cívica que el proceso dictara la voluntad expresada en las urnas con libertad, lo cual pese a todo el ruido finalmente sucedió como dicta la norma democrática.

Previo a las elecciones, como en todas partes del mundo, fueron de conocimiento público las diferentes encuestas que durante los últimos años establecían un escenario que mostraba perspectivas de cambio, pero no un cambio normal en un proceso de validación de la delegación del poder político, se mostraban tendencias de un cambio que vendría a marcar un hito en la historia política de la post guerra en El Salvador.

Para comprender ese escenario, es necesario hacer un recorrido en la historia política reciente de El Salvador.

El final de la guerra civil en 1992 permitió a El Salvador silenciar sus armas, a través de la cuales se dirimió la política por más de una década y acordó trasladar este conflicto a la esfera democrática, manteniéndose la polaridad y el tensionamiento entre izquierdas y derechas y sus proyectos políticos; pero esta vez buscando su concreción a través de procesos electorales pacíficos y con observación nacional e internacional desde la reinstalación de la república democrática en 1994, la cual en su historia bicentenaria ha sido el más largo periodo continuo de estabilidad política pacifica hasta la fecha.

Esta estabilidad democrática permitió que desde 1989 hasta el año 2009, el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) gobernara de manera consecutiva durante 4 periodos[1]. Posteriormente, en 2009, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quien con el discurso del cambio obtuvo por primera vez, desde su materialización como partido político, luego de una transición exitosa de fuerza insurgente a instituto político partidario posterior a los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992, llega al poder del Ejecutivo luego de vencer en las urnas al partido ARENA.

El discurso para la victoria del FMLN en las elecciones de 2009 planteó en la población la “esperanza del cambio”. El partido de izquierda, con la figura de un carismático entrevistador como candidato y posteriormente como presidente de la República, tenían por delante un reto gigante, velar por las grandes mayorías y cumplir la promesa del cambio que tanto ilusionó y esperanzó a la gente.

Pasaron los 5 años del primer gobierno de izquierda en el país y la promesa del cambio se fue alargando, pregonando que el tiempo no era el suficiente y que, por tal razón, la continuidad era la clave. Llegó entonces, el tiempo para una nueva contienda electoral, ahora no fue un carismático entrevistador o un personaje ajeno a la izquierda, el FMLN llevó a uno de sus históricos comandantes, Salvador Sánchez Cerén, un profesor, como candidato presidencial y que, en 2014, luego de haber sido el vicepresidente, pasó a ocupar la primera magistratura del país.

El FMLN, siendo gobierno, destapó casos de corrupción ocurridos durante las gestiones del partido ARENA, entre las más sonadas, el desvío de 12 millones de dólares donados por Taiwán para afrontar la crisis provocada por los terremotos de enero y febrero de 2001, dinero, que, en lugar de llegar a sus destinatarios, fue a parar a cuentas del partido. Por esa razón, el ahora fallecido ex presidente, Francisco Flores, fue procesado judicialmente.

Años más tarde, los indicios de corrupción salpicaron al FMLN, su primer presidente fue señalado por corrupción por el desvío de 351 millones de dólares, lo que llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar una serie de investigaciones que hoy en día continúan. Mientras tanto, el ex Presidente, Mauricio Funes, se encuentra con una larga lista de órdenes de detención, sin materializar, por su asilo político y posterior naturalización, en la vecina Nicaragua.

Ese escenario, de 30 años, entre la derecha y la izquierda, ambos tradicionales en El Salvador, planteó en la población la necesidad de castigar a través del voto electoral el incumplimiento de las promesas electorales. En las elecciones legislativas y municipales de 2018, la población castigó al FMLN pero dejó fortalecido al partido ARENA.

Aun así, el escenario político y sus actores plantearon un balance de poder que permite a nuestro país vivir con valores democráticos, con la institucionalidad funcionando, con debilidades, mejorables, pero funcionando con un fuerte empuje desde la sociedad civil por reformar el sistema político tradicional a través de demandas de inconstitucionalidad que en su mayoría fueron alcanzadas, pero no eran suficientes para iniciar un segundo ciclo de reforma política en El Salvador.

La decadencia de los partidos tradicionales – ARENA y FMLN- hizo que existiera la necesidad de parte de algunos sectores, de generar sus propias iniciativas de participación política; por ello, surgen nuevos institutos políticos y uno de ellos, liderado por quien entre 2012 y 2018 fungió como alcalde en el pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, Nuevo Cuscatlán y en la Capital, San Salvador, Nayib Bukele. Fue alcalde de ambos municipios bajo la bandera del FMLN, pero al final de su periodo como alcalde de la capital salvadoreña, fue expulsado de dicho partido político.

Su imagen había crecido, pues, aparte de presentarse en disrupción del sistema, hizo conexión con la población joven y tenía un excelente manejo de las redes sociales, la publicidad y el mercadeo; en pocas palabras, sabía promover, comunicar y conectar con los sentimientos y emociones de la población.

La popularidad lo llevó a montar un movimiento: Nuevas Ideas. Ese movimiento, no pudo inscribirse a tiempo como partido político para poder competir en las elecciones presidenciales de 2019, por lo que, Nayib Bukele terminó afiliándose al partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) para poder participar en las elecciones internas como aspirante a la candidatura presidencial, que ganaría más tarde.

En las elecciones presidenciales de 2019, ganó con 1.4 millones de votos, sobre aproximadamente 850 mil del partido ARENA, 389 mil del FMLN (un millón menos en comparación del 2014) y el partido VAMOS con alrededor 20 mil votos. No hubo necesidad de segunda vuelta ya que obtuvo más del 50% de la voluntad del electorado.

De esa manera, se rompió el bipartidismo que gobernó durante 3 décadas en El Salvador y puso en el escenario una nueva figura: al Presidente Nayib Bukele y al partido Nuevas Ideas. GANA solo fue el vehículo que transportó a Bukele a la silla presidencial.

Aunque el bipartidismo se rompió en el ejercicio de la primera magistratura del país, en el órgano legislativo todavía quedaban cimientos de oposición no favorables para los intereses de Bukele y su equipo de trabajo, pues, la aritmética legislativa no lo favorecía, al no contar con representación de su partido político (Nuevas Ideas) y con escasa representación del partido GANA.

Entonces entra al debate y a la opinión pública la obstaculización de la Asamblea Legislativa del trabajo del Ejecutivo, un debate promovido desde la más alta magistratura del poder y para fortalecer ese discurso, se evidencian diferentes situaciones en las que la población se convence de que los actuales legisladores y legisladoras deben quitarse y dar paso a nuevos rostros que apoyen el trabajo del presidente de la República.

Una de las situaciones más controvertidas en este enfrentamiento de poderes políticos fue el 9 de febrero de 2020, cuando el Consejo de Ministros convocó a una sesión extraordinaria amparándose en el Artículo 167 de la Constitución de la República, ya que el Ejecutivo había solicitado la aprobación de un préstamo por 109 millones de dólares para financiar el Plan Control Territorial.

Ese día, el presidente de la República asistió al Salón de la Asamblea Legislativa, en medio de una campaña de sus adeptos llamando a la insurrección y con un fuerte dispositivo de elementos policiales y elementos de la fuerza armada equipados para la guerra e ingresó al recinto legislativo, algo nunca antes visto luego de la firma de los Acuerdos de Paz. El presidente se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y sonó el gong. La sesión plenaria no se llevó a cabo por “orden divina”, según el presidente, pero en la historia ha quedado marcado el 9F como un día en el que se pudo materializar un golpe al órgano legislativo y de fractura de la democracia en El Salvador.

Con todos esos antecedentes, se llegó a las históricas elecciones del 28 de febrero del 2021. El escenario, a pesar de todo, planteaba vientos de cambio y las encuestas indicaban una arrolladora victoria del partido del presidente Bukele.

Con los resultados obtenidos el día 28 de febrero se constata con la votación mayoritaria de la ciudadanía, lo que conocíamos a través de opiniones, análisis y encuestas: el fallecimiento del sistema tradicional de partidos políticos y la venganza de una mayoría de electores ante el abandono, la injusticia, la desigualdad, la incoherencia de los discursos con la práctica y muy en el fondo, el despecho popular por matar las esperanzas de que puede haber un El Salvador mejor para todos por parte de las elites que han gobernado el país.

En términos históricos es mejor que esto sucediera pronto, pues nos enfrenta con claridad a la nueva situación de concentración del poder político (con la responsabilidad de lo que ello implica) y obliga a los actores sociales, políticos, económicos e internacionales a definir su postura por un lado y por el otro a reflexionar y actuar para propiciar la renovación de la democracia, la política, el rol de las elites y sus narrativas; esta tarea es impostergable si realmente queremos reparar en los próximos años el pacto social que demanda la sociedad y la democracia de manera pacífica e inclusiva.

Como todo en la vida, esto nos tomará un tiempo, nos obligará a ser más empáticos con la realidad y las personas, nos demandará a forjar liderazgos basados en los principales valores que están desaparecidos en la política salvadoreña: probidad, rectitud, servicio y mérito, en el irrestricto respeto en los derechos humanos, así como a educar en democracia, ciudadanía y justicia a amplios sectores de la población de manera creativa y con ilusión.

Sobre esto, al igual que hubo narrativas de fraude previo al evento electoral, con la mayoría calificada y absoluta que obtuvo el oficialismo en El Salvador, también hay narrativas de dictadura, pues, no habrá oposición fuerte y tendrá, la nueva legislatura, la posibilidad de elegir nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Fiscal General de la República, Procurador de Derechos Humanos. Es decir, podrán elegir de manera libre a titulares de entes contralores y reguladores que garantizan el equilibrio de poder.

Sin embargo, la sociedad civil no solo debe estar en la labor de denuncia de los signos de autoritarismo y deriva dictatorial, sino también, debe retomarse el rol histórico de educar para generar ciudadanía activa, organizada e informada para asumir los nuevos retos que permitan fortalecer y mantener la democracia.

Hace más de un siglo, un pequeño humano de raíces indígenas[2] de nuestro continente, en medio de una situación convulsa de conflicto contra la monarquía y en la redefinición del poder en su república nos legó las siguientes ideas:

No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes.

No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. 

Es dado al hombre, señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios una virtud; pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará.

Estas frases continúan aun resonando con fuerza en nuestra América, una región catalogada como una de las más desiguales del mundo, pero también una con las mayores posibilidades de prosperidad.

El no fomentar el recuerdo de la historia, nos ha llevado a repetir cíclicamente las crisis en nuestras republicas. Los resultados electorales, como el reciente en El Salvador, nos indican entre otras, dos cosas: la primera es que es importante fortalecer en las democracias, el sistema electoral, actualizándolo y mejorándolo; y la segunda, no olvidarnos de que si el pueblo, el soberano, no es ilustrado y educado de forma sistemática puede olvidar las lecciones de la historia y abandonar su responsabilidad de decidir su destino, al ser el único que tiene en sus manos la oportunidad de poner y quitar gobernantes.

Como bien decía Benito Juárez: La democracia es el destino de la humanidad; la libertad su brazo indestructible, por ello, nunca abuses del poder humillando a tus semejantes, porque el poder termina y el recuerdo perdura, sin duda alguna, un abuso del poder que pasó la factura a los actores del bipartidismo en El Salvador.

Nuestra misión aun está inconclusa y estará siempre así, lo que debemos recordar sistemáticamente es que la democracia, las libertades y la justicia se deben cuidar todos los días, nunca debemos olvidar esto.

Desde lo que ahora llamamos la sociedad civil del país más pequeño del continente, los insto a aprender a manejar las incertidumbres de nuestra época desatando las ideas de sus viejos moldes, porque del choque de las mismas saldrá la luz que nos permitirá avanzar en el sueño de la humanidad por obtener su felicidad. La pasividad y displicencia solo nos llevará al fracaso como humanidad, por ello debemos continuar siendo un factor de desarrollo y unos interlocutores en todos los ámbitos fomentando la cultura democrática, e innovando permanentemente para generar los cambios sociopolíticos y económicos que nuestras sociedades necesitan; convirtamos pues, con el concurso de cada una y cada uno de nosotros al siglo XXI en el Siglo de la Ciudadanía y de empatía con el planeta.

San Salvador 22 de marzo de 2021

[1] El periodo Presidencial en El Salvador es de 5 años.

[2] Benito Juárez.

 

Gustavo Adolfo Amaya Villalobos

Maestro en Dirección y Gestión Pública, cuenta con estudios de postgrado en Alta Gerencia, Descentralización, Gobiernos locales, Participación Ciudadana, Dirección de Centros de Formación Profesional y es Licenciado en Comunicaciones y Relaciones Públicas. Desempeña los siguientes cargos a nivel nacional: director de Centro de Capacitación y promoción de la Democracia CECADE; es Coordinador del Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, y miembro de la Comisión Coordinadora del Movimiento de Ong’s de Desarrollo Solidario de El Salvador MODES. En el ámbito internacional: es vicepresidente del Pilar de Sociedad Civil de la Comunidad de las Democracias, representante latinoamericano y del caribe en el Foro Político para el Desarrollo de la Unión Europea, representa a El Salvador en la Mesa de Articulacion de Asociaciones y Redes de Ong’s de América Latina y El Caribe; es miembro del Consejo Coordinador de Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia REDLAD. Coordinador Regional de la Red Centroamericana por el Municipalismo, el Desarrollo y la Democracia REDCAMD. Es especialista en Desarrollo Local del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano Centroamericano, CEDHCA y miembro del Consejo Asesor de la Red Latinoamericana Jóvenes por la Democracia. Profesor invitado en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, España. Miembro de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.