Durante buena parte del siglo XX, una de las principales luchas ciudadanas en América Latina fue aquella por alcanzar la democracia electoral. Dada la preminencia en la región de regímenes dictatoriales, fuesen militaristas o civiles, la idea de comicios en los que fuese el electorado quien definiera los gobiernos era poco menos que una utopía. Por un lado, estaban las farsas que con prácticas fraudulentas prolongaban el sistema, pero también los partidos únicos, los dominantes que fomentaban llamadas “dictaduras perfectas” y también los que sencillamente no celebraban elecciones. Aquella realidad espantosa se fue superando a partir de la década de los ‘80 cuando inician las transiciones hacia gobiernos electos de manera legítima, lo cual logró mucho entusiasmo.

Solo entre 1979 y 1990 concretaron un traspaso democrático los siguientes países: Ecuador con Jaime Roldós Aguilera; Perú con Fernando Belaunde Terry; Bolivia con Hernán Siles Suazo; Honduras con Roberto Suazo Córdova; Argentina con Raúl Alfonsín; El Salvador con José Napoleón Duarte; Guatemala con Vinicio Cerezo; Uruguay con Julio María Sanguinetti; Brasil con José Sarney; Chile con Patricio Aylwin; Panamá con Guillermo Endara; Nicaragua con Violeta Barrios de Chamorro. Entrados los ‘90, con las elecciones en Paraguay y Haití, más los avances que llevaron a una transición en México, por primera vez la casi totalidad del continente tenía gobiernos surgidos de la voluntad popular. 19 países, con la sola excepción de Cuba, decidieron enviar el mensaje al mundo de que habían asumido los valores republicanos e institucionales.

Sin embargo, a diferencia de los cuentos de hadas, aquí no podemos decir “Y vivieron felices para siempre”. Por el contrario, males como el populismo y la corrupción han herido profundamente el ideal democrático ante los ojos de muchos que, con razón, se sintieron defraudados por el resultado del viejo sueño. De ahí que el entusiasmo se fue transformando en cinismo, la confianza en rechazo y la unidad en peligrosa polarización. Ya no había una mirada optimista hacia el futuro, sino una añoranza pesimista al pasado autoritario, lo cual abrió las puertas a la influencia perversa del castrismo, desesperado entonces por nuevas alianzas. Paradójicamente, el primero en caer fue Venezuela, país que había tenido la mayor tradición democrática y que tanto había ayudado a las luchas libertarias de los vecinos.

La instalación del chavismo en Miraflores con su agenda destruccionista coordinada por sus jefes en La Habana significó el inicio de un terrible retroceso. Una vez se dispararon los precios del petróleo, principal materia prima venezolana, la ausencia total de escrúpulos dio paso a la exportación del modelo funesto. De la misma manera que Hugo Chávez llegó al poder legitimado por una mayoría electoral, vimos a un Evo Morales hacer lo propio en Bolivia, a un Rafael Correa en Ecuador y a un retornante Daniel Ortega en Nicaragua. Si bien todos estos accedieron al gobierno por vías constitucionales, su comportamiento en el poder fue violatorio de los principios democráticos, en variedad de intensidades. Con el nombre de Socialismo del Siglo XXI, replicaron las prácticas más condenables del siglo XX y XIX.

Todo esto nos recuerda que si bien no puede haber democracia sin elecciones, esta es muchísimo más que solo poder ir a las urnas. Cuando no se fortalece una cultura política republicana, se deja una brecha a que sectores extremistas puedan aprovecharse de los mecanismos legales para desde ahí imponer su agenda de terror. De igual forma, pensar que se está vacunado contra este mal, deja a las sociedades atrapadas en una dañina autocomplacencia de la que se aprovechan estos personajes. Quizá el caso de Nicaragua es de los que más elocuentemente demuestra esta tesis, toda vez que la desconcertante falta de visión de los sectores liberales fue de lo que se valió el orteguismo para resultar triunfante tras 16 largos años de oposición.

En los comicios de 2006, el dictador nicaragüense logró 38% de los votos, mientras que sus rivales divididos en tres candidaturas sumaron 62%. Instigando esta división astutamente, logró una reforma constitucional que disminuyera el umbral necesario de primera vuelta al ridículo 35%, es decir, acomodar la elección a su techo histórico. Esto por la desesperación del ex Presidente Arnoldo Alemán, que necesitaba del Frente Sandinista para conseguir impunidad en su sometimiento por corrupción. Lo demás ya lo conocemos: fallo judicial habilitante para reelección, despojo de la personería jurídica a la oposición, enriquecimiento ilícito, nepotismo sin complejos y cientos de muertos mayormente jóvenes que lucharon por sus derechos. No muchos habrían pensado en 1990 cuando fue derrotado el orteguismo por las fuerzas democráticas que la miopía histórica de sus rivales lo llevaría a regresar mucho peor en el futuro.

Trasladándonos de Managua a Brasilia, vemos una situación distinta pero relacionada. El 1 de enero de 2003, juraba para su primer mandato el líder popular Luiz Inácio Lula da Silva, representante del Partido de los Trabajadores. El proceso de crecimiento que venía experimentando la gigantesca nación sudamericana desde las reformas aplicadas por el Presidente Cardoso no solo continuó con el nuevo mandatario, sino que se expandió sorprendentemente, motivando elogios de observadores en distintos lados del espectro político. No pocos fueron los que quisieron parecerse a quien mantuvo niveles de aceptación superiores al 80% hasta el último día de su segundo gobierno. Sus asesores fueron de los más solicitados por todo tipo de campañas que esperaban reproducir el exitoso modelo Lula. De ahí que “gurús” como Joao Santana formaron parte de campaña victoria una tras otra con una impecable estrategia que escondía otros intereses luego divulgados.

El escándalo de Lava Jato, que tan duramente golpeó a la élite política brasileña con un sofisticado esquema de sobornos millonarios, fue exportado a otros países y en especial con el componente de la constructora Norberto Odebrecht, terminó siendo el mayor caso de corrupción que ha conocido el continente. Ofreciendo coimas a Presidentes, Congresistas, Alcaldes y Ministros, lograban la consignación de obra pública sobrevalorada, llegando a tener según confesiones de empresarios al propio Lula da Silva como principal cabildero. Esto fue destinado a políticos de derecha, de centro y de izquierda, mostrando que la corrupción es claramente ambidiestra a la hora de asaltar los fondos de los contribuyentes.

Según se reveló, estos fueron los montos de soborno en cada país donde se aplicó el mecanismo: México, 10 millones de dólares; Colombia, 11 millones de dólares; Guatemala, 15 millones de dólares; Perú, 29 millones de dólares; Argentina, 35 millones de dólares; Panamá, 59 millones de dólares; República Dominicana, 92 millones de dólares y Venezuela, 98 millones de dólares. Esto en adición a los 349 millones de dólares repartidos en el propio Brasil solo por parte de Odebrecht.

En Perú, país que ha visto mayor avance de las investigaciones y sometimientos, el escándalo ha resultado en el arresto de los ex Presidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczinsky, el suicidio del ex Presidente Alan García antes de ser arrestado, el detenimiento del ex Presidente Alejandro Toledo que se encontraba prófugo en Estados Unidos y el arresto de la ex candidata Keiko Fujimori. Un verdadero caos que pone en gran peligro el sistema democrático en un país que se ha destacado por la reducción de la pobreza en el último cuarto de siglo. Ya en Brasil, todo el escándalo que llevó a la destitución de la Presidente Dilma Rousseff, el arresto del ex Presidente Lula da Silva y del ex Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, tuvo como consecuencia el desplazamiento de los partidos tradicionales con la victoria del atípico Presidente Jair Bolsonaro.

El culto a la personalidad es una de las manifestaciones más palpables del populismo. Forma parte de una agenda política cuya materialización y afianzamiento precisan socavar la institucionalidad suplantándola por la voluntad del sujeto del culto. Es por eso que los populistas siempre tienden al endiosamiento de aquel cuya personalidad se cultiva y a promover la idea de que se trata de un ser predestinado, que por serlo, se está por encima no únicamente del resto de los simples mortales, sino también de todo el aparato institucional y legal que en un Estado Democrático de Derecho debe regir las actuaciones de los gobernantes y gobernados.

Los latinoamericanos nos hemos acostumbrado a padecer el uso de los recursos públicos para propaganda populista de los gobiernos, con una discrecionalidad que escapa a la más fértil imaginación. Solemos aceptar esas aberraciones como algo natural y lógico de la actividad política. Vamos a elecciones cada cierto tiempo a darle oportunidad a un grupo político de manejar, sin rendición de cuentas, el presupuesto nacional. La compra de lealtad mediática perpetúa la impunidad sobre esa práctica y proyecta la ilusión de paraísos claramente inexistentes, a los que apenas tienen acceso aquellos favorecidos con la gracia y bendición de quienes ejercen el poder como si se tratara de títulos nobiliarios o herencias de manufactura divina. Así, los que se sirven sin límites de la abundancia de la fiesta tienen por obligación recordarles a quienes no fueron invitados a ella, que vienen del reino de los cielos.

Los populistas han creado una retórica que los justifica. El voto popular no es más que un accesorio, un trámite que valida lo que por derecho natural les pertenece. La propaganda los presenta como la única garantía de gobernabilidad posible, atribuyéndole condiciones no encontradas en ningún otro.
Ese culto excesivo no solo nos regresa a un pasado que erróneamente creímos superado, sino que evidencia que nunca lo dejamos.

De ahí, que las crisis económicas no son el resultado de políticas públicas destructivas aplicadas por el gobernante, más bien es guerra económica desde Estados Unidos en contubernio con los empresarios apátridas que no soportan ver un gobierno del pueblo. Los informes críticos de la situación de Derechos Humanos por agencias internacionales no son el reflejo del sufrimiento de segmentos de la población, sino que son fábulas de la CIA a modo de desacreditar. Las acusaciones de corrupción, muchas veces con sólida evidencia como transacciones bancarias, enriquecimiento inexplicable y propiedades no declaradas, no son un tema sobre el cual deben rendir cuentas ante el Poder Judicial que muchas veces controlan casi como órgano partidario, sino que es bandera vacía de campaña desde las huestes opositoras que “quieren lograr por los tribunales lo que no por el voto”.

Y en esto, cuentan con el apoyo de una parte influyente de la población, empobrecida y sin futuro productivo, pero sometida al asistencialismo que solo ha servido como plataforma clientelar para una base electoral casi que imbatible. Constantemente repitiendo que una transición gubernamental significaría el fin de las dadivas que como paliativo alivian, más no curan la pobreza que viven tantos ciudadanos, llenan de miedo insuperable a quienes dependen de las mal llamadas ayudas que afectan a quienes suponen beneficiar. Atrapando como una red en lugar de sirviendo como trampolín a los más vulnerables.

Contra esto competimos los demócratas de pensamiento institucional en la región. Contra una tradición de trágica herencia que como la Hidra de la mitología griega, al cortarle la cabeza, es reemplazada por otra. Nos equivocamos al personalizar o incluso ponerle sigla de partido al populismo, olvidando a un elevado costo que se trata de un sistema que devora a quien se adentra en él.

Ante este lúgubre panorama, debemos tener muy presente que no se trata solo de elecciones, sino que hay que librar una batalla cultural que contribuya a que los valores republicanos e institucionales que han sido la clave del éxito en las naciones desarrolladas formen parte del consenso nacional y regional. Al mismo tiempo, no dejar de lado que esta batalla nunca se gana por completo y que tendrá que ser enfrentada día a día.

Juan Carlos Vargas es el Presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC). Se ha desempeñado en diversos centros de estudios y organizaciones de la sociedad civil en la región. Hoy preside la red de organizaciones juveniles más grande de America Latina, la cual está presente en 20 países de nuestro continente, buscando defender, fortalecer y consolidar la democracia, defendiendo además las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.