La degradación de la democracia venezolana constituye uno de los problemas más dramáticos de América Latina en los últimos años. Desde que asumió el poder, el régimen de Nicolás Maduro ha eliminado sistemáticamente los derechos humanos inalienables, ha desmantelado las instituciones democráticas y ha destruido una economía que antes fue robusta.

El gobierno venezolano ha violentado flagrantemente los derechos humanos y las libertades fundamentales, ha suprimido el acceso de sus ciudadanos al poder a través de un sistema judicial corrupto. La interpretación arbitraria de leyes y mandatos ha transformado el sistema judicial venezolano en una herramienta armada del régimen de Maduro. La represión de las libertades civiles y democráticas se extiende a la persecución de los partidos políticos y las organizaciones.

A raíz de los informes presentados por el Secretario General Luis Almagro, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG / OEA) ha seguido de cerca la crisis en Venezuela, estos informes proporcionan una fuente clave para trabajar en miras al restablecimiento de la democracia venezolana. Estos informes documentan los frecuentes y variados ataques del Gobierno de Maduro contra las instituciones democráticas, así como plantean un camino para las futuras elecciones presidenciales democráticas.

Durante la última década, el gobierno de Venezuela ha sido culpable de innumerables violaciones de derechos humanos, violaciones que también se manifestaron en las elecciones fraudulentas celebradas el 10 de noviembre de 2018.

Tras los resultados de las elecciones de 2015, el Secretario General Almagro envió una comunicación a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, expresando su preocupación por el estado de la democracia y los procesos electorales en Venezuela.

El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana identifica los siguientes criterios como elementos esenciales de la democracia representativa:

  1. Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales;
  2. El acceso y el ejercicio del poder de acuerdo con el estado de derecho;
  3. La celebración de elecciones periódicas, libres y justas basadas en votaciones secretas y sufragio universal;
  4. El sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas; y
  5. La separación de poderes e independencia de los poderes públicos.

Al examinar las características enumeradas anteriormente, es bastante claro que el sistema de gobierno de Venezuela vulnera todos los criterios de gobernabilidad democrática, restricciones a la libertad de expresión, acceso desigual a los medios de comunicación, enjuiciamiento de la oposición política y la injusta descalificación de los candidatos, son todas las características autoritarias exhibidas por el gobierno de Maduro.

Entre los años 2016-2017, el Secretario General envió al Presidente del Consejo Permanente cuatro informes: uno en el año 2016 y tres en el año 2017. Estos informes describen la transformación gradual pero inequívoca de Venezuela en un estado autoritario. Se puede argumentar convincentemente que el sistema judicial corrupto e incompetente de Venezuela desempeñó un papel fundamental en la transformación autoritaria del estado.

En 2016, el Secretario General Luis Almagro denunció a cinco de los trece jueces designados en la Corte Suprema de Justicia de Venezuela (TSJ). Estas personas fueron identificadas como activistas del partido estratégicamente posicionadas por el gobierno de Maduro.

En los últimos años, la Corte Suprema de Venezuela ha servido como un cuerpo legislativo que funciona bajo la instrucción específica del Gobierno Nacional, y posteriormente emitió numerosas sentencias ilegítimas e ilegales.

El gobierno de Maduro ha lanzado un ataque sistemático contra el Poder Judicial, utilizando la tortura, el encarcelamiento y el exilio forzado como herramientas de coacción contra los jueces. Los niveles de corrupción dentro del sistema judicial son abrumadores y afectan a todos los niveles del poder judicial, desde el Tribunal Supremo hasta el gobierno y una vez comprometidos, erosionan los controles y equilibrios indispensables para la preservación de la integridad institucional.

Tras la pérdida del poder mayoritario del partido de gobierno en la Asamblea Nacional en enero de 2016, el gobierno de Maduro lanzó una campaña integral y global para desmantelar de manera sistemática y permanente a los partidos rivales de la oposición. Para lograr este objetivo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela canceló meticulosamente el registro de los partidos políticos de oposición a través de procedimientos judiciales fraudulentos.

Además, la Corte Suprema de Venezuela ha paralizado la participación política de los partidos de la oposición al descalificar arbitrariamente a los candidatos rivales que perciben como una amenaza para la legitimidad del régimen de Maduro. Frente a la ola de manifestaciones de oposición que inundan las ciudades más grandes de Venezuela, el régimen de Maduro ha utilizado tácticas de supresión brutales, sembrando violencia y terror para silenciar la voz del pueblo venezolano.

Según los datos de la Fiscal General de la República, Ortega Díaz, actualmente en el exilio, declaró que en el año 2015, 1.777 personas fueron asesinadas por agentes militares y policiales del gobierno, un número que aumentó a 4,667 personas en 2016. Según un informe de 2017 publicado por la ONG de derechos humanos COFAVIC, entre las fechas de enero de 2012 y marzo de 2017, 6.385 ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por el estado venezolano por medios directos o indirectos.

La criminalización de los grupos de oposición y el asesinato de manifestantes ilustra en gran medida lo que realiza el régimen de Maduro para reprimir la movilización democrática. Además, el Informe Preliminar de la OEA sobre la Crisis de Migrantes y Refugiados de Venezuela en la Región detalla la detención arbitraria de 12.949 venezolanos entre enero de 2014 y noviembre de 2018. De ellos, 7.512 fueron sometidos a investigación criminal y están sujetos a otras medidas de precautelares que no son privativas de la libertad, pero que incluyen el arresto domiciliario y la prohibición de hacer declaraciones a los medios de comunicación.

La criminalización de las protestas y la ejecución de civiles han ido de la mano con el encarcelamiento de los opositores, hasta la fecha, el Secretario Luis Almagro ha verificado y certificado la existencia de 974 presos políticos y 988 arrestos políticos registrados por el Foro Penal Venezolano.

El Panel de Expertos Internacionales Independientes en Derechos Humanos ha documentado una gran cantidad de incidentes de tortura, acoso, abuso físico y violencia, cometidos contra hombres y mujeres. Informes adicionales describen el intento continuo del gobierno de Maduro de excluir las voces críticas del debate público a través de la implementación de severas restricciones a la libertad de expresión.

Para este fin, el régimen ha desplegado una variedad de mecanismos, que incluyen procesos penales contra los medios de comunicación de la oposición, el despido de periodistas, el control de las frecuencias de transmisión, medios escritos, y, finalmente, el hostigamiento y la estigmatización verbal de los periodistas.

Fue durante ese período que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales ilegales de 2018. La elección, declarada ilegítima por el Consejo Permanente, en una resolución adoptada el 5 de junio del año pasado, tuvo un contraste total con todas las normas electorales y legales internacionales.

El 10 de enero de este año, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró oficialmente ilegal el nuevo mandato de Maduro. Las elecciones presidenciales de 2018 no respetaron los principios de legalidad, imparcialidad, competitividad, certeza y universalidad, características indispensables para el proceso electoral. El proceso electoral no se llevó a cabo de manera imparcial, como lo demostró la incapacidad del Consejo Nacional Electoral para actuar como árbitro neutral.

Además, la participación política de los partidos de oposición estaba restringida por la descalificación caprichosa y al azar de los partidos y candidatos. Se impusieron restricciones adicionales a la participación de venezolanos en el exterior. Al restringir los horarios, imponer obstáculos burocráticos y cerrar oficinas consulares, el gobierno de Maduro logró evitar que aproximadamente 1,5 millones de electores extranjeros actualizaran sus registros de votantes.

Bajo la dirección del gobierno de Maduro, los recursos estatales se utilizaron para influir directa y deliberadamente en el concurso electoral. La publicación de acciones gubernamentales con el propósito expreso de difundir propaganda del partido de gobierno y el uso inescrupuloso de los programas sociales, no fue más que algunas de las tácticas utilizadas.

Los observadores nacionales informaron que el día de la elección, los votantes fueron transportados utilizando recursos públicos del gobierno. Las fuerzas armadas venezolanas, utilizaron amenazas de violencia en contra de los ciudadanos y de los militantes de la oposición política. Fue durante ese período que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales ilegales de 2018. La elección, declarada ilegítima por el Consejo Permanente, en una resolución adoptada el 5 de junio del año pasado, tuvo una inobservancia total con todas las normas electorales y legales internacionales.

El 10 de enero de este año, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró oficialmente ilegal e ilegítimo el nuevo mandato de Maduro. Las elecciones presidenciales de 2018 no respetaron los principios de legalidad, imparcialidad, competitividad, certeza y universalidad, características indispensables para el proceso electoral. El proceso electoral no se llevó a cabo de manera imparcial, como lo demostró la incapacidad del Consejo Nacional Electoral para actuar como árbitro neutral.

Además, la participación política de los partidos de oposición estaba restringida por la descalificación caprichosa y al azar de los partidos y candidatos. Se impusieron restricciones adicionales a la participación de venezolanos en el exterior. Al restringir los horarios, imponer obstáculos burocráticos y cerrar oficinas consulares, el gobierno de Maduro logró evitar que aproximadamente 1,5 millones de electores extranjeros actualizaran sus registros de votantes.

Bajo la dirección del gobierno de Maduro, se utilizaron recursos estatales para influir directa y deliberadamente en el concurso electoral. La publicación de acciones gubernamentales con el propósito expreso de difundir la propaganda de los partidos y el abuso de los programas sociales no fue más que algunas de las tácticas utilizadas.

Los observadores nacionales informaron que el día de la elección los votantes fueron transportados utilizando recursos públicos del gobierno. Las fuerzas armadas venezolanas, además, utilizaron amenazas de violencia y la coerción para disuadir a las personas de votar en contra del gobierno de Maduro. Tales casos ocurrieron con mayor frecuencia en los distritos tradicionalmente anti-Chávez.

La financiación del gobierno de Maduro y la construcción de tiendas de puntos rojos para facilitar el soborno de los votantes puede considerarse un caso más de tácticas perversas del gobierno. Estas estrategias se utilizaron para garantizar que los beneficios sociales y la distribución de alimentos se repartieran entre los votantes que apoyan el régimen de Maduro.

El sistema de votación electrónica empleado durante las elecciones de 2018 fue fraudulento y no confiable. Tanto el hardware como el software utilizado fueron similares a los implementados en la elección de la Asamblea Constituyente ilegítima de 2017. La compañía responsable del software más tarde afirmó que el Consejo Nacional Electoral había insertado aproximadamente un millón de votos en el recuento final.

En los días previos a la elección presidencial, la cantidad de auditorías y pruebas de seguridad llevadas a cabo por el software se redujeron de manera inexplicable, acciones en flagrante violación de la ley electoral. Es importante señalar que la empresa que creó dicho software dejó de operar en Venezuela y, por lo tanto, la tecnología y los programas utilizados no fueron certificados ni monitoreados.

La falta de garantías para la votación electrónica hace que las boletas de papel sean una alternativa válida y eficaz, que permita a los ciudadanos la capacidad de supervisar el recuento de boletas. En una sentencia del 13 de junio de 2018, la cámara electoral del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela dictaminó que el sistema de conteo y votación electrónica, como se implementó en todo el país, era inválido y que es absolutamente necesario diseñar un sistema de escrutinio y votación en papel.

La salida de Nicolás Maduro no es una condición negociable para celebrar elecciones presidenciales libres y justas. Sin embargo, incluso si Maduro es destituido de la presidencia, una pluralidad de gobernadores pro Maduro (17 de 23) permanecerá en el poder. Por lo tanto, es esencial garantizar que el control territorial de los líderes locales y los recursos estatales no se utilicen para distorsionar la voluntad del electorado. En el estado actual del sistema electoral de Venezuela, es imposible que se celebren elecciones viables, ya que las elecciones bajo la estructura actual no son factibles ni confiables.

Se deben cumplir los requisitos previos antes de poder avanzar hacia elecciones libres y justas, con la participación de instituciones electorales independientes, garantías para la participación política, aspectos clave de la organización electoral y la observación electoral internacional. La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SSD), a través del Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DECO), posee experiencia técnica, experiencia internacional y vínculos históricos con las autoridades electorales del hemisferio para ayudar a Venezuela en la organización de elecciones genuinas y legítimas.

El regreso de Venezuela a la democracia no es una cuestión de tiempo sino de condiciones. Para lograr un proceso electoral transparente y confiable, es necesario proceder con algunas medidas para garantizar la competencia electoral y asegurar que los resultados reflejen la voluntad de la gente.

Para que se celebren elecciones democráticas en Venezuela, deben cumplirse algunas condiciones, que pueden dividirse en cuatro categorías principales: instituciones electorales, participación política activa y pasiva, organización electoral y observación electoral.

La primera condición es la creación de una autoridad electoral independiente e imparcial. Los directores principales y los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) no deben tener vínculos con los partidos y deben ser independientes de los organismos gubernamentales. Cambiar los ocho miembros no es suficiente; más bien, el requisito mínimo. Los funcionarios de nivel superior y medio de la CNE también deben ser cambiados. Además, los cuerpos electorales subordinados deben ser no partidistas. Para este fin, es de vital importancia que el sistema de votación electrónica sea auditado y que los miembros ciudadanos de la junta electoral y los centros de votación sean debidamente notificados, capacitados y certificados.

Es vital que los actores políticos, los miembros de la sociedad civil y los observadores electorales puedan revisar y auditar todos los sistemas informáticos implementados durante las distintas etapas del proceso electoral, no solo el día de las elecciones. Es de suma importancia que estos sistemas se vuelvan a diseñar y reconfigurar, una medida que solo permitirá que dichas tecnologías se consideren confiables.

Otra condición crítica es la ejecución de la participación política tanto pasiva como activa. Para facilitar este objetivo se debe implementar un voto universal. Se estima que más de dos millones de jóvenes de dieciocho años no pueden registrarse para votar y que al menos tres millones de venezolanos en el extranjero no pueden registrarse o actualizar sus datos personales para ejercer su derecho al voto.

Por lo tanto, una iniciativa masiva de registro y purga debe llevarse a cabo de manera inmediata para garantizar la transparencia electoral. Para este fin, todos los ciudadanos deben tener una tarjeta de identificación de votante. El uso de otros documentos para votar, como el: “carnet de la patria”, debe prohibirse debido a sus roles anteriores en influir ilegalmente en el voto electoral.

Además, es esencial que los candidatos independientes tengan la capacidad de postularse para cargos públicos y que se eliminen los obstáculos legales para que las personas que puedan registrarse como candidatos políticos. Esta medida será efectiva para poner fin a la descalificación ilegal de los partidos políticos. Será imposible celebrar elecciones libres sin desmantelar el programa de distribución de alimentos del Gobierno de Maduro (CLAP).

Durante el ciclo electoral, el gobierno de Venezuela colocó estratégicamente puntos de control de distribución de alimentos en proximidades cercanas a los centros de votación. Esta medida fue promulgada para sobornar a los votantes venezolanos con comida a cambio de su voto. Por lo tanto, es fundamental garantizar la equidad y la transparencia en las campañas electorales. Para ello, la integridad física de los candidatos debe ser protegida, al igual que la libertad de asociación, expresión y movimiento; la competencia debe ocurrir en igualdad de condiciones sin el mal uso de los recursos del Estado. Además, la igualdad de acceso a los medios de comunicación públicos y privados debe garantizarse de conformidad con las leyes de la fuerza.

La promoción de la libre expresión y una prensa independiente también deben ser promulgadas. Se debe garantizar a los medios de comunicación públicos y privados el permiso para cubrir las actividades en las distintas etapas del proceso, incluido el acceso sin restricciones a los recintos electorales el día de las elecciones.

La formación de un sistema confiable y eficiente de organización electoral es fundamental para el fortalecimiento de la democracia venezolana. Para lograr este objetivo, se debe garantizar que las elecciones se convoquen y el calendario electoral se establezca de acuerdo con la ley.

Además, en caso de que existan las condiciones para la implementación de un sistema de votación automatizado, se debe garantizar que todas las auditorías técnicas sean obligatorias por ley. Del mismo modo, la contratación pública de un proveedor de servicios debe ser promulgada para transmitir, consolidar y divulgar los resultados de las elecciones. Si estos requisitos no se cumplen, se debe considerar el uso de un sistema manual de votación y conteo de votos.

Es necesario restablecer la ubicación de los colegios electorales según el índice de población y garantizar que, en el día de una elección, los colegios electorales cierren a las 6 p.m., de acuerdo con la ley electoral.  Tales medidas evitarán que las organizaciones criminales influyan en la votación. Los actos de criminalidad anteriores incluyen material electoral diseñado a propósito de manera vaga y desorganizada para confundir o influir en los votantes.

Las elecciones presidenciales de 2018 pueden verse como un ejemplo particularmente notable de fraude electoral, ya que el candidato Maduro apareció en la boleta electoral diez veces. Una medida para mitigar el fraude en las boletas es el uso de tinta indeleble para identificar a los ciudadanos que han emitido su voto.

La observación electoral es un principio integral para el inicio y el mantenimiento de una democracia saludable. Para defender la integridad democrática, Venezuela debe permitir la observación electoral internacional. Esta observación debe llevarse a cabo de conformidad con las normas establecidas en la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional. Debido a la falta de muchas organizaciones internacionales de observaciones confiables y competentes, la observación nacional resultaría ser un complemento beneficioso para lograr la probidad electoral.

El deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela es notable. El año 2006 marcó la última vez que la OEA envió una misión de observación electoral a Venezuela, un país que en ese momento poseía uno de los mejores registros de cumplimiento de las recomendaciones electorales de la OEA. Además, el futuro de Venezuela parecía brillante con el estado de la democracia y el fortalecimiento de la expresión política.

Lamentablemente, la democracia en Venezuela experimentó un cambio dramático en curso. Desde la creación del régimen de Maduro, el gobierno venezolano ha utilizado una serie de tácticas autoritarias brutales para reprimir la libertad de expresión, desmantelar un sistema electoral transparente y eliminar la ley judicial imparcial.

La manipulación de los distritos electorales y la utilización de programas sociales para forzar el voto se ha convertido en una realidad política. A pesar de las innumerables fallas estructurales e institucionales, sigue habiendo esperanza para el resurgimiento de la democracia venezolana. No hay mejor ejemplo para subrayar ese optimismo que las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015, que resultaron en la victoria del partido de la oposición, que mantienen la esperanza del retorno de la democracia en Venezuela.

Para enfrentar los obstáculos electorales de Venezuela, el Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) propone, la necesidad de reunir a un grupo de expertos electorales para redactar una evaluación diagnóstica integral del sistema electoral de Venezuela. Este informe identificará las debilidades y deficiencias del sistema, medidas que permitirán las correcciones adecuadas.

Tales medidas proporcionarán las condiciones mínimas para la celebración de elecciones democráticas. Además, una vez que se han convocado elecciones transparentes y legítimas, el Departamento de Cooperación y Observación Electoral deberá formular un grupo de trabajo integrado por autoridades electorales regionales. Dicho equipo de trabajo proporcionará asistencia técnica y compartirá las mejores prácticas.

Por último, el Departamento de Cooperación y Observación Electoral deberá desplegar una misión de observación electoral para supervisar todas las fases del proceso electoral. Dicha misión debe desplegarse con observadores a largo plazo presentes en los 23 estados, así como en el distrito capital.

Francisco Guerrero es Doctor en Relaciones Internacionales y Maestro en Análisis de Conflictos Internacionales, ambos por la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra. Es licenciado en Derecho titulado con mención honorífica por la UNAM. Actualmente es Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos.

* Este documento se basa en su presentación al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos el 15 de febrero de 2019