“Será el último año de mi Gobierno, pero debemos convertirlo en el primer año del nuevo Ecuador (…) Vamos a seguir en la lucha contra la corrupción, que la estructura criminal que se organizó antes, desde el Palacio de Gobierno, sea definitivamente castigada y se convierta en lección para propios y extraños.” Con estas palabras finalizaba Lenin Moreno el Informe de La Nación frente a la Asamblea Nacional ecuatoriana el pasado 24 de mayo de este año. Un discurso que, además de establecer las cuatro premisas que guiarán su último año de gestión -salud, alimentación, empleo y dolarización-, buscó distanciarse una vez más del expresidente Rafael Correa, actualmente condenado en primera instancia a ocho años de prisión por corrupción (si la sentencia no es ejecutoriada, podrá participar como candidato a asambleísta desde Bélgica) En este sentido, Moreno afirmaba “Hemos avanzado en libertad de expresión, en democracia, pero hay quienes quisieran volver al pasado”.

Quizás la expresión más evidente del avance democrático del Ecuador de Lenín Moreno es el referendo de febrero de 2018, por el cual los ciudadanos aprobaron con un 64% de los votos la supresión de la reelección indefinida introducida en el año 2015, y que le hubiera permitido a Rafael Correa presentarse una vez más como candidato. La campaña opositora fue encabezada por el mismo Correa, desde su exilio en Bruselas.

Sin embargo, lo que en las palabras de Moreno se demuestra como un hecho en la práctica ha tenido sus dificultades, más evidentes en el combate de la corrupción.

Corrupción institucional

La primera dificultad importante que Moreno debió enfrentar fueron las acusaciones que recibió su primer vicepresidente, Jorge Glas, que lo vinculaban al caso de sobornos de la constructora Odebrecht cuando era ministro de Sectores Estratégicos del gobierno de Rafael Correa (quien, además, presionó para que sea el compañero de fórmula de Lenin Moreno).

El presidente ecuatoriano fue notablemente rápido en desvincularse de Glas al retirarle todas las funciones de su cargo en agosto de ese año. La justicia también actuó con eficiencia y hoy el exfuncionario cumple una sentencia de seis años por corrupción en el caso de la constructora brasileña y otra de ocho años por la misma causa de sobornos por la que está condenado Correa.

El reemplazo de Glas, María Alejandra Vicuña, tuvo un destino similar. Transcurrieron menos de doce meses de mandato para que la exvicepresidenta sea acusada de pedir contribuciones a colaboradores, cuando ejercía la función de asambleísta. Vicuña no tardó en renunciar, y tan solo un mes después, en enero de 2018, fue declarada culpable.

A simple vista, se podría destacar la eficiencia del sistema judicial en condenar a los culpables. Sin embargo, en enero de este año la Fiscalía anunció la saturación de las cinco oficinas de que dispone para indagar actos de corrupción. Es en esta saturación en la que se evidencia la mayor dificultad: la institucionalización de la corrupción es tan profunda que, a excepción de los casos mediáticos de funcionarios de alto rango, los tiempos son lentos y la justicia insuficiente.

Otro ejemplo de este tipo de dificultades fue la gestión de la pandemia del Covid-19. Las fallas gubernamentales produjeron una saturación rápida de los hospitales, y las imágenes de cadáveres en las calles de Guayaquil recorrieron el mundo. Al día de hoy, hay familias que todavía no saben donde se encuentran sus familiares fallecidos por el coronavirus.

El impacto en Ecuador fue producto de la velocidad de contagio y muertes que se produjeron entre abril y mayo de este año. Al 9 de julio, se llevaban registrados más de 67.000 casos y una cifra oficial de muertes que supera los 5 mil según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, aunque las autoridades han afirmado que esos números pueden ser mucho mayores teniendo en cuenta los contagios no detectados antes de su fallecimiento.

Esta situación crítica e insostenible llevó a Moreno a declarar el estado de emergencia, flexibilizando los controles en la compra de insumos médicos, entre otras cosas. Mascarillas, tests rápidos y hasta bolsas para depositar los cuerpos fueron compradas con sobreprecio. Estos hechos, en el contexto pandémico, evidenciaron una vez más la arraigada corrupción a la que el presidente dice enfrentar con eficiencia. Su última promesa es la denuncia y destitución del personal público involucrado en la tramitación de carnés de discapacidad falsos.

De esta forma, las dificultades para enfrentar la corrupción chocaron con las promesas y los intentos del gobierno de Moreno, lo que además de poner en duda la competencia de la Fiscalía originó una incertidumbre generalizada que se deposita directamente en el próximo gobierno.

Es en este sentido, surge una cuestión para tener en cuenta ¿es la aprobación de los ecuatorianos de la gestión de Moreno y de los principios que intentó sostener suficiente para elegir a un presidente con las mismas intenciones? Para responder esta pregunta, no debe correrse la vista de la deficiente situación económica del país, que influye fuertemente en la opinión pública (debido a la profunda crisis de la economia ecuatoriana, el Banco Central estima un decrecimiento del 9% para este año). Por ello, es una pregunta que será respondida en función de las decisiones de gobierno que tome Moreno de aquí a febrero, y definirá el futuro de la construcción democrática y transparente de la nación.

Es necesario recordar que el actual presidente perdió gran parte de su popularidad antes de la pandemia, cuando en octubre de 2019 tomó la decisión de desmantelar los subsidios a los combustibles como parte de un acuerdo con el FMI. Esto produjo una fuerte reacción, especialmente de la población indígena de Ecuador. Según la Ministra de Gobierno 1.330 personas fueron aprehendidas durante las jornadas de octubre. Finalmente, las protestas cesaron luego de una negociación guiada por las Naciones Unidas que concluyó con la derogación del decreto que removía el subsidio.

La sucesión

En la última semana, la trama preelectoral tuvo tres hitos que marcaron el punto de partida hacia los comicios: el anuncio de un acuerdo con los tenedores de deuda externa de Ecuador, la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholzner y un recambio en los miembros del Ejecutivo. Son cuestiones de suma importancia que definen la organización del gobierno de Moreno en su último año.

El acuerdo con los tenedores de deuda le permitió liberar USD 16.000 millones (cuya efectividad se encuentra pendiente debido a una demanda por una parte de los tenedores frente a los tribunales estadounidenses), pero a los pocos días presentó su renuncia el tercer vicepresidente de Moreno, Otto Sonnenholzner, esta vez sin casos de corrupción y con una supuesta (aunque no oficializada) intención de presentarse como candidato en los próximos comicios. Sonnenholzner, con considerables habilidades para manejar su imagen, se fue tras de 18 meses de mandato y con una notable aprobación de los ciudadanos ecuatorianos. A su alejamiento le siguió el cambio de siete funcionarios del gabinete presidencial. El panorama electoral se completa con la reciente negativa por parte del ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de participar en las elecciones de febrero (a pesar de liderar algunas encuestas), y la aglutinación de diferentes fuerzas políticas del correismo en un único frente de oposición bajo el nombre “Unión por la Esperanza” (UNES).

Es este el panorama, prácticamente en solitario, con el que el que Lenin Moreno debe encarar los meses decisivos para la creación de una base democrática sólida, con dos desafíos trascendentales que también heredará el siguiente gobierno: la gestión de la pandemia (que trae consigo la recuperación económica) y el enfrentamiento con la corrupción.

En esta última habita el mayor problema. Y es que la misma se extiende, en diferentes formas, por los tres niveles del Estado en todo el territorio ecuatoriano. Atraviesa, inclusive, todo partido político. La cuestión reside en que la corrupción institucional no es un fenómeno aislado y desconectado con la construcción democrática de un país. Los inagotables casos dañan la percepción que la ciudadanía tiene del Estado, de lo público, corrompiendo a su vez el sentido que ésta deposita en la democracia y sus valores. Si los ecuatorianos continúan asociando a la corrupción con cada funcionario público electo, la desesperanza será depositada en el sistema democrático representativo constituyendo una seria amenaza para su sostenimiento.

Entretejer los valores democráticos exitosamente en las instituciones excede las responsabilidades de Moreno. Todos los funcionarios que pasen por la gestión pública y sobre todo aquellos que prometan sostener la transparencia y libertades de la ciudadanía, tanto en Ecuador como en Latinoamérica toda, deben hacer del enfrentamiento con la corrupción más que sólo palabras.

Pero en el corto plazo, el presidente y su nuevo gabinete tienen poco más de 300 días para cumplir su promesa del pasado 24 de mayo: establecer una base sólida y fuerte, en la práctica y no sólo en el discurso, que funcione como cimiento sobre el que, más allá de lo que ocurra en febrero, se erija una democracia sostenidamente fuerte y transparente en Ecuador.