Dentro de variantes de tendencia ideológica y proyecto político, de singularidades de composición de carácter cultural y social, los procesos electorales de los tres países presentan un signo común: la regularidad de la alternancia en el “castigo” a los oficialismos.

En franco contraste con la década previa en la que la alternancia era la excepción y no la regla, la tendencia de este ciclo regional fue el castigo a los oficialismos en búsqueda de alternativas que dieran respuesta al malestar generalizado de los ciudadanos. En las agendas de las campañas electorales, la desigualdad, la violencia y la corrupción fueron temas recurrentes. En Argentina, en Uruguay y en Bolivia, los oficialismos fueron castigados. Sin embargo, mientras la alternancia pacífica marcó las transiciones Argentina y Uruguay– un hecho singular en Argentina porque desde 1928, los gobiernos de signo no peronista fueron breves interregnos destinados a no concluir sus mandatos –Bolivia sigue estremecida por una crisis política que abre el interrogante de si la democracia sobrevivirá allí a la guerra civil o una dictadura feroz.

A diferencia de otras situaciones de crisis desatadas por manipulación de los resultados electorales que no desembocaron en el desplazamiento de gobernantes con voluntad de perpetuarse en el poder- el caso más cercano de elecciones fraudulentas fue el de Fujimori en 2000 en Perú, quien continuó en el poder hasta que el escándalo de los videos que mostraban las actividades de Montesinos terminó con su destitución. En Bolivia, el axioma “se manda obedeciendo”, se cumple. Evo Morales tuvo que renunciar luego de haber desconocido el resultado de un referéndum que en 2016 no avaló su candidatura a un cuarto mandato. La Constitución reformada bajo su presidencia le impedía continuar en el poder. Evo echó mano una vez más -ya lo había hecho para acceder al tercer mandato-, a una interpretación amañada de la Constitución hecha por un Tribunal Supremo Electoral, obediente a sus deseos, para avalar su candidatura. Los resultados de las elecciones del 20 de octubre que lo obligaban a aceptar el ballotage con Carlos Mesa, su viejo adversario, se alteraron a su antojo y desataron una crisis política para la que aún no se ve la solución. La sugerencia del jefe del Ejército de que renuncie cuando muchos de sus apoyos lo habían abandonado, terminó de decidir este desenlace que fue calificado por Evo Morales como golpe cívico policial.

Evo supo ganarse el apoyo de los militares que dejaron de considerarlo un traidor a la patria para reconocerlo como el artífice de la prosperidad y estabilidad en una sociedad inflamada por odios raciales y conflictos territoriales. Sin embargo, esas Fuerzas Armadas amigas le sugirieron la renuncia y se acomodaron al nuevo escenario ya decididas a reprimir la protesta. Lejos del golpe de estado clásico, ni disolvieron el Congreso ni se hicieron cargo del Ejecutivo, esta forma de intervención militar lleva a reflexionar sobre el nuevo rol de arbitraje de los militares en la región.

Más allá de estos contrastes, de campañas electorales que comparten temas recurrentes como la desigualdad, la inseguridad y la corrupción y del registro de la menor tasa de crecimiento en la región – sólo 0,2% contra el 3,6% de los países emergentes- cada país tiene su singularidad en el marco de las tendencias regionales y mundiales vigentes. Esa singularidad no puede ser reducida a dicotomías simplificadoras. América Latina es heterogénea, hoy cuesta encontrar afinidades políticas, ideológicas y económicas. No hay relatos comunes ni liderazgos políticos. El poder se desplazó hacia el mundo asiático y las consecuencias de la revolución tecnológica, en particular sobre el empleo, anuncian las crecientes fracturas sociales en la región.  La protesta social que gana las calles, en Bolivia, en Ecuador, en Chile y en Colombia, en Venezuela y Nicaragua, da muestras de que la rabia puede vencer al temor.

 

La política del compromiso: las elecciones presidenciales en Uruguay

Las elecciones en Uruguay, las últimas del ciclo iniciado en 2017 en América Latina, culminaron con la victoria de la coalición multicolor de cinco partidos -el Partido Nacional, el Partido Colorado y partidos menores- que llevó a la presidencia a Luis Lacalle Pou, tras quince años del Frente Amplio, con tres gobiernos con mayoría absoluta en el Parlamento. Una primera singularidad a resaltar en las elecciones presidenciales de 2019 en Uruguay es la continuidad de los tres principales partidos políticos, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Clorado. Blancos y Colorados, pese a los 180 años transcurridos desde su fundación, continúan firmes y muestran signos de renovación con el liderazgo de Lacalle Pou en el partido Nacional y del economista Ernesto Talvi, en el partido Colorado.

El Frente Amplio, una coalición que funcionó como un partido de gobierno, triunfó en 2004, 2009 y 2014 con la práctica mitad de electorado. En la primera vuelta de 2019 sufrió una pérdida importante de votos que redujo su bancada parlamentaria. Con el 39% de los votos superó al Partido Nacional que obtuvo el 28,6%, pero fue su peor desempeño desde 2004.  La coalición liderada por Lacalle Pou y laboriosamente tejida con el apoyo del ex presidente José María Sanguinetti para enfrentar el ballotage, arrojó un triunfo por un estrecho margen del 1,2% de los votos sobre el Frente Amplio, al punto de llevar al recuento de votos observados para establecer finalmente al ganador.

En Uruguay, una larga tradición -la ” política del compromiso”- descansó en un amplio consenso, fruto de la excepcional homogeneidad social — “un país de cercanías”,” una sociedad amortiguadora”, en palabras de Carlos Real de Azúa. La homogeneidad social contrasta con la heterogeneidad boliviana que Evo quiso conciliar en el Estado. Ni en Uruguay ni en Argentina los clivajes étnicos y el racismo, que lo impregna todo en Bolivia, tienen cabida. Son sociedades socialmente homogéneas, con la diferencia de que, en Argentina, como señalaba Luis Alerto Romero, la posibilidad de coincidir es un bien escaso y en Uruguay, la búsqueda de consensos ha sido la clave de la larga estabilidad política.

Una estabilidad política prolongada se logró gracias a un Estado asistencialista, elecciones regulares, doble voto simultáneo y acumulativo y un sistema de coparticipación y cooperación entre los dos grandes partidos tradicionales. El surgimiento del Frente Amplio a comienzos de los setenta, modificó el mapa partidario y obligó a Blancos y Colorados a reestructurar sus programas, reciclar sus liderazgos y producir cambios en su forma de gobernar. Fue la denominada “política de bloques”: el bloque progresista, por un lado, y la coalición de los partidos históricos, por el otro. Esa coalición de partidos históricos persiste. La moderación y la búsqueda de consensos continuó definiendo la política uruguaya. El compromiso como modo de hacer política ha sido “el secreto eficiente “de la constitución material uruguaya. Lacalle Pou, hijo de un presidente y bisnieto de Luis Alberto de Herrera, promete el pragmatismo como estrategia en un escenario en el que nuevos actores desafían esta tradición. El repentino surgimiento de Cabildo Abierto, un partido católico de ultraderecha representado por el ex Comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos y que obtuviera el 11% de los votos en la primera vuelta, muy superior al 1% que alcanzaron el Partido Independiente y el Partido de la Gente, y cercano al resultado del Partido Colorado (12.3%), arroja sombras sobre la larga tradición de moderación. Este partido que muchos no dudan de calificar como partido militar, es un fenómeno ajeno a la tradición política del país. Sin embargo, las palabras de Lacalle Pou al conocer los resultados de la primera vuelta, anunciaron una estrategia de compromiso y cooperación: “No podemos hacer un gobierno en el que la mitad del Uruguay esté contra la otra mitad”. Muy distinta fue la posición del candidato electo en Argentina, Alberto Fernández. Desde el bunker de los festejos declaró “El gobierno volvió a manos de la gente, volvió a manos de los argentinos.”

En Uruguay, la creciente inseguridad, combinada con la contracción de la economía y los altos niveles de desempleo, enciende luces rojas en el horizonte. A estos desafíos deberá responder la coalición de gobierno forjada tras la primera vuelta electoral de estas elecciones, y deberá hacerlo en el marco de un sindicalismo y de un movimiento estudiantil afines al Frente Amplio y dispuestos a echar por tierra proyectos de reformas que auguren cambios.

La incertidumbre sobre quién gobernará la Argentina.

Las elecciones presidenciales dieron el triunfo a la fórmula del peronismo unificado -el Frente de Todos- integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La polarización extrema entre dos coaliciones que infundieron miedos recíprocos -el Frente de Todos y Juntos por el Cambio– condenó a un rol testimonial a terceros partidos menores. No hubo segunda vuelta, pero el triunfo de la coalición peronista fue por un margen mucho más ajustado que el obtenido en las elecciones primarias (en números redondos, 48% y 40% respectivamente) Macri sufrió una derrota digna y sorprendió por el eco que tuvo su repentina convocatoria a manifestarse en las calles bajo la consigna “sí, se puede”. Las manifestaciones en las plazas eran patrimonio del peronismo. Ésta fue una elección polarizada entre “ellos y nosotros”, con un alto nivel de participación y sin sobresaltos.

La composición del Congreso será más equilibrada, toda una novedad para gestiones peronistas acostumbradas a gobernar con mayorías absolutas. La composición de las fórmulas presidenciales también sorprendió. Cristina Kirchner se designó vicepresidente y nominó como candidato a presidente a Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de la ex presidente, y ácido crítico de su gestión. Miguel Pichetto, como vicepresidente en la coalición oficialista que cambió de nombre para que ahora Juntos por el Cambio incorporara al peronismo no kirchnerista a través de uno de sus legisladores más importantes, fue otra de las sorpresas. Cristina Kirchner moderó su consigna “vamos por todo” propia de los tiempos en que presidió el país con el 54% de los votos, segura de que era necesario neutralizar los miedos que supo despertar en las clases medias. Macri buscó el apoyo de gobernadores no kirchneristas para contrarrestar la movida de sus adversarios. Una transición democrática con fuertes rivalidades entre el presidente electo y el presidente saliente, pero en un clima de calma pese a la crisis cambiaria, la profundidad de la recesión, la alta inflación y los índices de pobreza. En franco contraste con el escenario regional de protestas incendiarias en las calles, en Argentina se transita en paz hacia un nuevo gobierno de signo opuesto al que se va, en medio de un clima en que los polos de la competencia política se proponen la moderación. El trasfondo de la crisis de 2001 con la consigna “que se vayan todos” puede operar como amortiguador de la frustración social y un incentivo a morigerar sus diferencias en la elite dirigente. Sin embargo, sin recursos fiscales y con un tercio de la sociedad en la pobreza, será difícil mantener la paz.  Hoy parece haber una tregua en las demandas a la espera de que el presidente electo se haga cargo. También será difícil componer los acuerdos en una sociedad que carece de firmeza en los necesarios acuerdos para disentir.

La geografía del voto pone de relieve el triunfo de Juntos por el Cambio en las provincias centrales, la capital y el interior de la provincia de Buenos Aires. El peronismo dominó en el conurbano bonaerense, las provincias del norte y del sur. Un país fragmentado con el oficialismo en el centro y el peronismo en el norte y sur como lo estuvo en 2015; una distribución que se correlaciona con los niveles socioeconómicos del electorado. En las provincias más pobres el voto peronista crece al calor de la dependencia de los respectivos Estados.

Alberto Fernández fue consagrado con menos de la mitad de los votos y tendrá que negociar sus políticas con una oposición fortalecida en las urnas. Este resultado incentiva la búsqueda de consensos, pero debilita a un presidente designado por su vicepresidente, dueña de los votos, abanderada de los excluidos y protagonista indiscutida de la victoria de sus aliados en la provincia de Buenos Aires. ¿Una ex presidente que pergeñó la exitosa fórmula política que hoy integra, se limitará al rol de vicepresidente que, a diferencia de otros presidencialismos como el brasileño, condena a quienes ocupan estos cargos a un oscuro segundo plano o a la renuncia anticipada? La pregunta que permanece sin respuesta aun es: ¿quién habrá de gobernar la Argentina?

Es prematuro aventurar respuestas cuando aún no ha asumido el mando el presidente electo. Se precisa elaborar acuerdos básicos para estabilizar la economía y sentar las bases del crecimiento; atender a los que están a la intemperie y consolidar una justicia independiente. Acaso los juicios por corrupción en los que está imputada la vicepresidente electa y muchos de los que fueron funcionarios durante los gobiernos del matrimonio Kirchner correrán la suerte que ha corrido la AMIA. Se precisa una oposición responsable que no caiga en el faccionalismo y un gobierno que quiebre la tradición del peronismo de ser oposición y gobierno a la vez. La moderación en el gobierno y en la oposición frente a los formidables desafíos que se enfrentan es condición sine qua non para no encender la mecha que nos envuelva en llamas.

Bolivia en llamas

El sociólogo boliviano René Zavaleta solía insistir en las largas conversaciones sostenidas con él durante su exilio en México, que Bolivia era la Francia Sudamericana porque la política transcurría allí entre revoluciones y contrarrevoluciones. Lo cierto es que la evocación sirve para poner en un primer plano el clima de inestabilidad perpetua y de fragilidad de democracias pactadas en Bolivia. Las tres presidencias de Evo Morales fueron un interregno de estabilidad, pero hoy reflota el clima de odios raciales de larga data y de fracturas sociales y territoriales que estaban adormecidas por el éxito de los indicadores socioeconómicos.

Evo Morales supo canalizar la inmensa fuerza de movilización de los cultivadores de la coca frente a la voluntad de segregación del Oriente boliviano. El Altiplano indígena y minero y el Oriente agroindustrial, de donde provienen las mayores riquezas en hidrocarburos que desplazaron a la coca en el interés nacional, son dos regiones de un país fracturado en dos. El Oriente buscó la autonomía con Santa Cruz como capital y ahora, con liderazgos de la extrema derecha religiosa como el de Luis Fernando Camacho, surgidos en los Comités Cívicos que desplazaron a los partidos políticos y encauzaron la rebelión contra la continuidad de Morales. Se trata de tomar el control de país, Biblia en mano, con ayuda sobrenatural, en una suerte de contrarrevolución que remeda los análisis de René Zavaleta en esta curiosa toma del Palacio Quemado.

Evo supo que su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), sólo podía triunfar con el apoyo de sectores de las clases medias y el empresariado. Su fama siempre lo situó más a la izquierda de lo que fueron sus políticas. En 2004 perdió contra Sánchez de Losada y en 2005 ganó con el 54% de los votos. En 2009 logró el 64% y en 2017 alcanzó el 61% de los votos, pero con una distancia de 37 puntos respecto de la segunda fuerza liderada por Samuel Doria Medina. Prosperidad, reducción de la pobreza, manejo responsable de los recursos -estabilidad económica con un mismo Ministro de Economía desde 2006- y voluntad de incorporar al Estado la diversidad de etnias de una sociedad heterogénea, apuntalaron su predominio. ¿Por qué aspirar a un cuarto mandato tras el desgaste de 14 años de gobierno y en un contexto de ralentización de la economía? Acaso desconfiaba de posibles sucesores tras lo sucedido a Correa, en Ecuador, a Uribe, en Colombia o a Lula en Brasil.

Cuando los comicios del 20 de octubre con el 84% de los votos escrutados arrojaron un resultado que aseguraba el ballotage entre Evo y Carlos Mesa -el presidente había alcanzado el 45,7% de los sufragios frente a un 37,8% del ex mandatario Carlos Mesa -el conteo se interrumpió para retomarse un día después. La significativa pérdida de apoyos y el anuncio del triunfo de Evo en primera vuelta, con poco más que los 10 puntos de diferencia necesarios sobre su adversario de acuerdo con la fórmula del ballotage consagrada en Bolivia, fue el fósforo que encendió la mecha de la resistencia civil. Graves acusaciones de fraude, confirmadas poco después por los observadores de la OEA, fueron la antesala de la violencia social que ya lleva más de un mes de duración y 32 muertos declarados. La oposición a Evo Morales no surgió como consecuencia del fraude. Se venía gestando desde mucho antes, la fatiga y el encono con su pretensión de perpetuarse fueron el caldo de cultivo de la resistencia.

La democracia asegura la renovación de las autoridades sin derramar sangre a través de elecciones libres y competitivas. Cuando el poder de turno desconoce la voluntad de las urnas y la salida electoral deja de ser una opción como ocurre en Venezuela y Nicaragua y ha ocurrido en las elecciones de octubre en Bolivia, sólo caben las dictaduras o la resistencia civil. Y en Bolivia, se manda obedeciendo.

Evo Morales desconoció el dictamen de la OEA que llamaba a convocar a una nueva elección pese a haber reconocido la legitimidad de esa auditoría. Cuando se resignó a aceptar nuevas elecciones, la escalada de violencia lo había aislado de sus principales apoyos entre los jóvenes y los sectores populares, y privado del sostén de sus aliados en las Fuerzas Armadas que se adelantaron a los tiempos de cambio

La negativa de las fuerzas policiales a reprimir la violencia y la prescindencia de las militares que se limitaron a sugerir al presidente que renunciase a su cargo, apelando al reglamento de las Fuerzas Armadas que las habilita a sugerir soluciones en situaciones críticas, forzaron la renuncia y el exilio al presidente Morales. La renuncia de quienes le seguían en la línea sucesoria dejó sin conducción al Estado. El corolario de ese vacío institucional fue le espiral de la violencia. La senadora Jeanine Añez fue investida sin la presencia de los legisladores del MAS en el Congreso y Evo denunció el golpe cívico, policial y militar desde México. No reconoció su derrota ni vaciló en llamar a la resistencia a sus seguidores; continúa reclamando regresar en prenda de paz y dice renunciar a ser candidato en las nuevas elecciones. Sin temor a contradecirse en sus afirmaciones, Evo es un actor clave en este laberinto. Desde el exilio no renuncia a ser el alfa y omega de la política boliviana ni vacila en afirmar que volverá. La proscripción de Evo Morales con la que lo amenaza el gobierno interino crea una situación que remeda la del peronismo proscripto en 1955: ¿cómo legitimar una fórmula política sin Evo?

¿Cómo sale Bolivia de su laberinto?  El trabajoso acuerdo sobre la composición de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y la posterior convocatoria a elecciones, no termina de destrabarse en el Congreso. Mientras tanto, Bolivia está sumergida en el caos social y la represión. La extrema derecha religiosa crece al calor de los odios encendidos y la crispación social. Manifestaciones masivas y bloqueos de rutas por los partidarios de Evo en el Alto-la ciudad que creció velozmente al borde de La Paz, dominada por movimientos indígenas reunidos en Cabildo Abierto -en los alrededores de La Paz, y en Cochabamba, alimentan la espiral de violencia y represión ¿Regresará la democracia pactada en esta sociedad fragmentada en la que demasiados intereses regionales y personales se sitúan por encima del bien común? ¿Podrá la democracia salvar a Bolivia de la guerra civil? Esta pregunta sigue sin respuesta y es la misma que nos formulábamos en el 2005 ante las elecciones que entonces iban a sustituir a Carlos Mesa.

Liliana De Riz

Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París con Mención Especial y Licenciada en Sociología en la Universidad de Buenos Aires, con Diploma de Honor. Profesora consulta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ha sido Coordinadora y autora principal de los Informes de Desarrollo Humano de Argentina 2002 y 2005 y recibido el premio a la “Excelencia en impacto de políticas públicas” otorgado por el PNUD en 2004. Ejerció la docencia en diversas universidades del país y del exterior. Experta en política latinoamericana, ha dedicado sus estudios a los sistemas electorales, los partidos políticos, las políticas públicas y el desarrollo humano. Es autora o coautora de nueve libros incluyendo “La Política en suspenso 1966-1976” y “Sociedad y Política en Chile: de Portales a Pinochet” y de numerosos artículos. Ha recibido el premio Konex en la ciencia política en 1997.