A mediados del 2018, el mundo fue espectador del mayor movimiento migratorio que se pudo dar. Habitantes de lo que se conoce como Triángulo del Norte –conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador- se vieron obligados a abandonar sus respectivos países frente a las grandes crisis políticas, económicas y sociales que afrontan los mismos. Es por esto que en búsqueda del sueño americano y de nuevas y mejores posibilidades, la gran mayoría de estos conglomerados decidieron emprender un crudo camino hacia Estados Unidos.

Dado que el desplazamiento se lleva a cabo entre diversos países era de esperarse que los gobiernos de los estados en cuestión tomaran cartas en el asunto, bien en pos de favorecer las condiciones a los inmigrantes o bien, buscando detener la inmigración.

El actual presidente de EEUU, Donald Trump, tiene la firme postura de detener la inmigración centroamericana, argumentando que los migrantes “llegarían a desestabilizar los pilares sociales y económicos, quitando puestos de trabajo a los mismos estadunidenses, a su vez, ayudarían a perpetuar el negocio del tráfico de estupefacientes que afecta a miles de americanos”. En estos supuestos escenarios, Trump encuentra una justificación para terminar su magnánimo proyecto de cerrar la frontera sur del país que limita con México.

La consecuencia más nefasta del endurecimiento de la política migratoria estadounidense es la situación de total desamparo de miles de centroamericanos que intentan escapar de condiciones abominables de violencia en sus hogares y barrios. Sin embargo, el problema migratorio no se reduce a la pugna entre el imperativo humanitario y el rechazo a los recién llegados por razones étnicas, económicas o de pura ganancia política por parte de la administración Trump.

El cierre de la frontera sin dudas afecta a México, tanto en lo político como en lo socioeconómico. De ser cerrada, el gobierno de AMLO encontraría dificultades para insertar más del 80% de su producción de bienes y servicios en el ámbito internacional, cabe destacar que México es el tercer mayor socio comercial de EEUU y el intercambio de bienes entre las dos naciones sumó US$557.600 millones en 2017, según cifras oficiales de Washington.

Al verse tan presionado por el magnate estadounidense, la administración de López Obrador ha decidido aumentar el número de detenciones y deportaciones de migrantes indocumentados que se encuentren en territorio mexicano para apaciguar las amenazas del líder norteamericano y evitar que las bases económicas y democráticas de México se vengan a pique. Los migrantes son retenidos en campos de refugiados, donde se les promete visado y trabajo; pero las condiciones de vida son casi similares a los campos de concentración.

No es suficiente ni proporcionada la oferta dada por el gobierno de López Obrador de otorgar visas humanitarias y oportunidades de empleo en el país a los migrantes centroamericanos, porque México no se encuentra en condiciones de absorber una mano de obra por lo general descalificada cuando el principal problema en el sur-sureste es similar en lo económico, en desempleo e informalidad al que enfrentan sus países.

De acuerdo al documento presentado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), “una buena política exterior contribuye a una buena política interior”, la política mexicana hacia Centroamérica, y en particular hacia el Triángulo del Norte, ha estado marcada en años recientes por la definición de seguridad regional de Estados Unidos.  Desde el 2014, el gobierno de Peña Nieto puso en funcionamiento la Coordinación de Atención Integral al Migrante en la Frontera Sur, cuyas acciones se basaron más en una dinámica de contención, detención y deportación, ejecutada sobre todo desde el Instituto Nacional de Migración, por la presión ejercida por el gobierno de Trump de convertir a México en “el tercer país seguro”. Esta situación prevalece ante el nuevo gobierno mexicano que, al igual que el anterior, no acepta con razón, independientemente de las declaraciones de ambos países, de colaborar conjuntamente ante la grave situación centroamericana.

Como las autoridades estadounidenses no pueden detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, Trump responsabiliza a los países de la región —principalmente a los del Triángulo del Norte— y los ha amenazado con sanciones a menos que tomen medidas más severas. Él mismo, impactó a funcionarios y líderes empresariales de ambos lados de la frontera estadounidense cuando prometió imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas salvo que se impida que los migrantes indocumentados cruzaran la frontera hacia Estados Unidos.

Sobre esto, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard dijo: “Las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios”

La cooperación internacional sería una herramienta que podría generar sus frutos si es que tiene una base de planeación de largo plazo. Ciertamente, se debe contar con el apoyo del presupuesto federal orientado y concatenado con los esfuerzos que en el mismo sentido realicen las entidades federativas y los gobiernos nacionales y provinciales de los países beneficiarios para lograr que la ayuda humanitaria sea efectiva.

La política exterior mexicana enfrenta un gran reto que no solo se sitúa en el necesario desarrollo equilibrado del país, atrayendo inversiones y desarrollando el sector energético cuyo potencial en la región sur-sureste representa oportunidades en el mediano y largo plazo, sino que debe atender el problema de la migración centroamericana que ya no es solo para Estados Unidos sino que, para muchos la estancia en México, además de prolongarse por la lenta reacción del gobierno estadounidense para otorgar asilo, se ha convertido en la única opción de vida. Sin duda, estos acontecimientos dejan mucho que desear en materia de Derechos Humanos, exponiendo las indebidas respuestas políticas de los estados; exhibiendo la perversión del mundo actual y de su sistema económico.