Ante el desolador panorama abierto por el impacto social de la pandemia, el común denominador que une a países como Nicaragua y Venezuela es la respuesta democrática ante las crisis que, de manera opuesta en cuanto a las medidas adoptadas, ambos son incapaces de dar.

 

I. Los retrocesos de la construcción democrática en América Latina.

 Nicaragua.

La transición democrática en Nicaragua comenzó con el cese de la guerra civil (1982-1990), que sucedió tras el derrocamiento de Anastasio Somoza en 1979. Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), miembro de la junta que asumió el poder a la caída del dictador, fue elegido presidente en 1984. Al igual que otros gobernantes latinoamericanos, Ortega hizo esfuerzos continuos por mantenerse en el poder, enfrentando sucesivas derrotas en 1990 a manos de Violeta Chamorro, después en 1996, frente a Arnoldo Alemán y en 2001 ante Enrique Bolaños. Fue en 2006 cuando Ortega regresó al poder, seguido de sucesivas  victorias electorales en 2011, y más recientemente en 2016, con la que ha logrado un firme control sobre las instituciones del país.

El papel del FSLN en el derrocamiento de Somoza (1979) dio inicio a un nuevo tipo de autoritarismo con la Revolución Sandinista. Una vez alcanzado el poder por medios democráticos, Ortega dirigió de forma exitosa sus esfuerzos hacia la construcción de un marco institucional que le permitiera aumentar su control sobre el poder, como señala Feinberg, cooptando los poderes legislativo y judicial, así como manipulando los procesos electorales, permitiéndole consolidar un amplio poder a lo largo de las instituciones públicas (2018: 3). Las maniobras de Ortega le han permitido, por un lado, sostener el discurso de justicia social como parte del capital político construido en el FSLN, mientras que, por el otro, ha logrado cultivar relaciones con actores sociales organizados, como el sector empresarial, los sindicatos, y la Iglesia Católica, desplegando una política clientelar que le permitiera vencer las diferencias internas dentro del FSNL, mientras montaba su propio sistema de apoyos (2018: 4).

En el caso de Nicaragua, se produce la confluencia de una legitimidad cuestionada como resultado de instituciones débiles, con la corrupción por el amplio poder ejercido por Ortega, utilizado para garantizar a través de elecciones defectuosas su permanencia en el poder. La erosión progresiva de las instituciones políticas fue evidente en 2016, cuando no se permitió el monitoreo de la observación electoral, y los miembros de la oposición fueron removidos del congreso, prohibiéndosele además su postulación a cargos de elección. Por otra parte, un aspecto que ha contribuido con la desinstitucionalización del país ha sido el creciente protagonismo de la familia Ortega en la conducción del país, ofreciendo semejanzas con la familia del derrocado dictador Somoza, tanto en la corrupción como en el nepotismo, lo que ha provocado que el gobierno de los Estados Unidos haya emitido sanciones en contra de miembros de la familia presidencial.

El régimen de Ortega también ha seguido los pasos de Somoza, haciendo de la represión y la persecución política prácticas recurrentes. La crisis de abril de 2018, luego del intento de reforma del sistema de pensiones, desató una de las peores crisis políticas del país desde los años 80, de acuerdo con el Índice de Democracia de 2018 del Economist Intelligence Unit (EIU, 2019: 22).  A pesar de haber dado marcha atrás con los planes de reforma, la ola masiva de protestas en todo el país no cesó, forzando a Ortega a desplegar las fuerzas represivas y paramilitares en contra de la población que reclamaba amplias reformas políticas, encabezadas por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, una coalición de estudiantes, campesinos, sociedad civil y empresarios, que lograron forzar un diálogo nacional -de corta vida- con el gobierno de Ortega, bajo la mediación de la Iglesia Católica nicaragüense.

La represión no se detuvo, por el contrario, se intensificó con un lamentable saldo de casi 300 fallecidos a causa del uso de la fuerza de grupos oficialistas y paramilitares, más de 500 prisioneros políticos, y numerosas violaciones de derechos humanos documentadas por organismos no gubernamentales, locales e internacionales. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe a la Asamblea General, daba cuenta de las denuncias de torturas a manifestantes, homicidios y violaciones a la libertad de expresión e información en Nicaragua, señalando que el sistema de justicia no ha sido garante de la aplicación de sanciones en la violación de derechos humanos, mientras que el gobierno ha irrespetado el acuerdo de fortalecer los derechos de los ciudadanos (2019).

Ortega contó con el apoyo de un aliado político muy generoso en su misión de mantener a la población bajo su control: el régimen de Hugo Chávez. Nicaragua se benefició del apoyo financiero que la revolución chavista le brindara a sus aliados centroamericanos a través de PetroCaribe, permitiéndole a Ortega dirigir fondos para programas de bienestar social, ayudándolo en sus esfuerzos de reducción de la pobreza y aumento del ingreso. La dependencia de este programa ha sido tan significativa, que la disminución del apoyo financiero venezolano a Nicaragua está entre las causas de la crisis social luego del anuncio de la reforma de la seguridad social.

El giro autoritario de Ortega le ha añadido presión al desempeño de la democracia en América Latina. Los problemas relacionados con la corrupción y las violaciones de los derechos humanos han despojado al país de los avances alcanzados en el proceso de democratización, pasando de un régimen híbrido a una autocracia electoral (Mechkova, Lührmann, Lindberg, 2017: 163) a partir del año 2012 (Lührmann et al., 2019).

 

Venezuela

En el grupo de países con una democracia consolidada antes de la tercera ola, se encontraba Venezuela. Luego del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958, los principales actores del sistema político venezolano, superando los desacuerdos que condujeron al país hacia esa experiencia dictatorial, unieron esfuerzos para suscribir el Pacto de Puntofijo, sentando así las bases de la democracia venezolana. El acuerdo establecía  las reglas que guiarían el nuevo  orden político, en un compromiso por consolidar un régimen de libertades en oposición a la construcción de nuevas hegemonías políticas. Las condiciones económicas del país cuyo factor dinamizador fue la renta petrolera, dieron lugar a un modelo de relaciones de Estado, que Juan C. Rey definió como el  Sistema Populista de Conciliación, el entramado de una pluralidad de intereses sociales, económicos y políticos, que apoyándose en la abundancia de recursos económicos, un bajo nivel (simplicidad) de las demandas y la capacidad de las organizaciones políticas (partidos y asociaciones civiles) para canalizar las demandas, permitieron una significativa etapa de estabilidad  política (Rey, 1998: 292).

La crisis del sistema político venezolano podemos analizarla a partir de las tres variables consideradas por Kornblith: crisis del modelo socioeconómico y de las expectativas sociales; crisis del modelo de representación y de legitimidad y crisis en los mecanismos de generación de consenso y canalización de conflictos. Según Kornblith, la crisis del modelo rentista, en que el petróleo había sido la principal actividad productiva y fuente de ingresos, generó profundas críticas hacia un Estado hiperactivo (Estado de Bienestar) que fundamentalmente subsidiaba, intervenía, protegía y regulaba, a través de mecanismos utilitarios que estimularon la adhesión de la sociedad al sistema, con el compromiso –no alcanzado- de transformación en mecanismos valorativos (1996: 166).

Las primeras expresiones del deterioro del sistema político ocurrieron entre 1989 y 1992; primero, con la explosión social de febrero y marzo de 1989, conocida como el “Caracazo”, que dio inicio a un ciclo de movilización social con efectos políticos transformadores. En febrero y noviembre de 1992 tuvieron lugar dos intentos de golpe militar, anticipando el escenario de una crisis política que ya era inevitable. Las reacciones del sistema político fueron débiles, dada la gravedad de la crisis en curso. El proceso de descentralización político-administrativa iniciado en 1990 se interpretó como una reacción desesperada, una medida de emergencia en respuesta al impacto de la crisis política. La realidad resultó ser mucho más compleja de lo que había anticipado la clase política venezolana, que inmersa en una crisis de representatividad, no supo responder a las demandas de una democracia transparente que la sociedad reclamaba  haciendo evidente la falta de liderazgo político. La llegada de Hugo Chávez en 1998 fue consecuencia de años de bajo rendimiento democrático y agotamiento del pacto de élites.

Los esfuerzos de Chávez estuvieron dirigidos a transformar el modelo institucional vigente desde 1961, desmontando progresivamente el esquema de representatividad sostenido en la relación sociedad-partidos políticos. La construcción de un Estado paralelo facilitó el proceso de deconstrucción del tejido social que se había consolidado bajo el modelo puntofijista. Con Chávez, el Estado se militarizó a través del gobierno, haciendo cada vez menos visibles las fronteras entre ambos. Las ramas del poder público se convirtieron en instrumentos, primero de Chávez, y luego de Nicolás Maduro, su sucesor. La judicialización de las decisiones políticas no solo ha desfigurado la autonomía del poder judicial, sino, además, anulado la capacidad institucional del poder legislativo. Los procesos electorales han sido confiscados por el gobierno de forma abierta, gracias al acompañamiento de las decisiones judiciales que han proscrito a casi toda la oposición democrática, y la persecución política que ha ido mermando al liderazgo político opositor. La Oposición democrática, a pesar de los esfuerzos, con aciertos y errores, se ha visto superada por el respaldo militar, y el uso de la represión por organismos policiales y paramilitares, que contribuyeron al debilitamiento de su rol.

El deterioro democrático de Venezuela es el resultado de un proceso de desmantelamiento institucional que contó con el respaldo de la bonanza económica petrolera, a su vez utilizada para la exportación de la ‘Revolución Bolivariana’, que financió una red de apoyo para el deterioro democrático del país. En la etapa de su declive hacia la autocratización, encabezada por Maduro, lejos de rectificar el rumbo, se han acentuado las debilidades institucionales, que provocaron la más grave crisis humanitaria de los últimos años en Latinoamérica (FH, 2019: 9). Las decisiones políticas de Maduro han contribuido al empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, condenando al país al aislamiento como consecuencia de las sanciones de las que ha sido objeto su gobierno y la industria petrolera, que, si bien ya se encontraba bastante reducida, con la caída de los precios del petróleo, ha terminado destruida. Maduro ha optado por profundizar el conflicto, acompañando a Nicaragua en el grupo de países clasificados como autocracias electorales (Mechkova, Lührmann, Lindberg, 2017: 163).

 

II. Desdemocratización y consolidación autoritaria en América Latina.

 La erosión democrática.

 La desdemocratización que han sufrido Nicaragua y Venezuela muestra las coincidencias ideológicas de los proyectos políticos que condujeron a su declive democrático, articulando un manual operativo para las autocracias de izquierda del siglo XXI en Latinoamerica. En ambos casos se trata de gobiernos de orientación ideológica populista, con profundo arraigo en lo militar, y un amplio control político sobre las instituciones y la sociedad. En estos regímenes políticos, la persecución política, y el uso de la represión por parte de organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares han sido sus instrumentos de control social. Las economías de ambos países han sufrido un deterioro significativo, lo que provocó en el caso venezolano una de las más severas olas migratorias de la región, y en menor medida, también en Nicaragua. Las condiciones de vida de la población de ambos países han empeorado dramáticamente y la pobre infraestructura de servicios ha contribuido al aumento de la pobreza, alcanzando niveles alarmantes en ambos casos. La autocratización de Nicaragua y Venezuela los ha llevado al aislamiento, que se manifiesta en la exclusión de Venezuela del acceso a fondos multilaterales para mitigar el impacto de la pandemia del novel coronavirus SARS-CoV-2, y las posibles restricciones a las que se enfrentaría Nicaragua de requerir asistencia financiera, debido a las sanciones impuestas al gobierno de Ortega.

Las economías de ambos países se encuentran en una situación precaria, Nicaragua ocupa el segundo lugar de pobreza en el continente, con tendencia a agravarse como consecuencia del impacto del COVID-19. Venezuela por su parte, enfrenta una gigantesca crisis económica, además de política, causante del éxodo más grande del que se tenga registro en Latinoamérica. Ambos países se encuentran ante el desafío de responder a una pandemia que amenaza con dejar al descubierto su precaria infraestructura de atención a la salud. Que sean gobiernos ‘revolucionarios’ los que hayan permitido -por negligencia o incompetencia- que sus sistemas de salud pública se hayan deteriorado hasta el extremo de no poder cubrir las necesidades de la población, es una clara expresión del fracaso de dicha agenda política. Sin embargo, a pesar de la coincidencia ideológica, y la solidaridad política entre ambos gobernantes, Ortega y Maduro han respondido a la pandemia del SARS-CoV-2 causante del COVID-19 de forma opuesta.

Una vez declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, Maduro decretó la emergencia sanitaria permanente, una medida política que no es extraña al país[1], ordenando la entrada  en cuarentena, con cierre de frontera incluido, reforzando el cumplimiento de la medida con el despliegue de cuerpos de seguridad para garantizar el resguardo de la población. Ortega, por su parte, y a diferencia de su manejo de la crisis por el brote de influenza H1N1 en 2009, ha enfrentado la crisis del coronavirus sin tomar medidas excepcionales, lo que le ha traído críticas de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y organismos multilaterales como la Organización Panamericana de la Salud, advirtiendo que la falta de medidas de control epidemiológico estarían poniendo en peligro a la población, especialmente a los más vulnerables.

A pesar de la celeridad de las medidas, Maduro no ha podido escapar de las críticas del sector de la salud, desde donde se han hecho advertencias sobre la falta de transparencia en el registro epidemiológico, una política que el régimen ha practicado por años[2]. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ha advertido al país de las consecuencias devastadoras del coronavirus sobre una población vulnerable, sin acceso a la atención médica, en situación de inseguridad alimentaria, y sin servicios básicos como agua potable y electricidad, agravándose con la centralización del gobierno en materia de seguimiento de casos y la opacidad en el manejo de la información.

En Nicaragua, el gobierno de Ortega continúa subestimando la gravedad de la pandemia, aumentando el riesgo de contagio masivo en un país sin acceso a servicios públicos, poniendo en peligro no solamente a su población, sino también al resto de la región, considerando la porosidad de las fronteras del país. Los riesgos dada la situación económica y la precaria infraestructura asistencial han sido señalados por el gremio médico en Nicaragua, alertando el sub-registro de contagios debido a la centralización de las pruebas diagnóstico y los resultados.

Aun cuando existen diferencias en el tratamiento político de la pandemia, ambos regímenes han aprovechado la crisis para continuar con la represión y las amenazas hacia quienes cuestionan al gobierno. Ortega ha evitado tomar medidas que afecten a la economía, en un intento por aparentar normalidad, mediante un férreo control sobre los profesionales de la salud y la divulgación de cifras sobre los efectos del coronavirus en la población, al igual que Maduro, cuyo régimen ha amenazado a la comunidad científica por emitir informes técnicos sobre la gravedad de la situación, donde se cuestiona el manejo oficial de la pandemia. A mediados del mes de mayo, Maduro emitió una prórroga del Decreto de Estado de Alarma, que a juicio de algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos, ha sido una oportunidad para su gobierno para profundizar la persecución y el hostigamiento hacia sus adversarios políticos.

El camino que ambos gobiernos han tomado en su tratamiento de la crisis de salud pública difiere en el reconocimiento de la pandemia. Sin embargo, donde coinciden Ortega y Maduro, es en el uso del poder y la represión como forma de contención social de una población vulnerable y bajo riesgo ante el manejo irresponsable de dos gobiernos populistas que atraviesan por una severa crisis económica, bajo sanciones que le impiden recibir auxilio financiero, con la amenaza constante de una explosión social por las precarias condiciones de vida y los abusos a los derechos humanos de sus poblaciones. Los escenarios que manejan las organizaciones civiles advierten sobre el inevitable aumento de casos y la falta de adecuación de la infraestructura sanitaria en ambos países. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que en Latinoamérica están aumentado aceleradamente el número de casos, anticipando un agravamiento de la crisis que con toda seguridad colapsará los servicios de salud. Las limitaciones en Nicaragua y Venezuela garantizan que la crisis será inmanejable, con el agravante del retorno de los emigrados hacia Venezuela, y la caída de las remesas en ambas economías, que desde el Banco Interamericano de desarrollo se estima tendrá efectos devastadores en Haití, Nicaragua y Venezuela.

El panorama es desalentador, no solamente por el impacto social de la pandemia, sino por la profundización de la vocación autoritaria de los regímenes de Ortega y Maduro, quienes adoptando medidas opuestas, continúan sometiendo a sus respectivas poblaciones mediante la represión y persecución política, a condiciones de vida que rayan en lo inhumano, evitando el intento de actores domésticos y de la comunidad internacional, por mitigar el sufrimiento y las penurias de sus poblaciones. Una salida democrática a las crisis políticas de Nicaragua y Venezuela no está a la vista, pero lo que está claro es que el proceso de autocratización en ambos regímenes goza de buena salud.

 

IV.- Referencias.

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[1] A principios del año 2010, Hugo Chávez declaró la emergencia económica para enfrentar la crisis eléctrica que amenazaba con desestabilizar al país, iniciando un largo ciclo de declaratorias de estados de excepción y emergencia continuados por su sucesor, y que tienen su origen en la política de gobierno por decreto que Chávez iniciara en el año 2001, sirviéndole de instrumento en la construcción de un sistema institucional que le permitió controlar el gran poder, someter a los poderes públicos y mantener la imagen de legitimidad en su ejercicio.

[2] El gobierno de Maduro ha limitado el acceso a registros epidemiológicos, hasta el extremo de destituir a la titular de la cartera de Salud por la divulgación de un boletín estadístico: https://cotejo.info/2020/03/coronavirus-vzla-sin-informacion-epidemiologica-actual/

 

María Isabel Puerta

Doctora en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales (Universidad de Carabobo). Profesora de Política Internacional; Gobierno de los Estados Unidos; Estado y Gobierno Local, Valencia College, Estados Unidos (2017). Miembro del Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII) de Venezuela. Miembro fundador-coordinadora del Grupo de Investigación en Política e Instituciones (2012-2015). Miembro del Comité Ejecutivo de la Sección de Estudios Venezolanos (LASA). Miembro del Comité sobre el Estatus de la Facultad de Contingencia en la Profesión de la Asociación Americana de Ciencia Política (APSA).