Al hablar de presos políticos lo primero que tenemos que entender es que existe una violación a los derechos humanos de libertad de conciencia y expresión. Y si ponemos nuestra mirada en la crisis que acarrea Venezuela hace 20 años, más de un centenar de personas son víctimas de este factor antidemocrático.
Hace unos días, el Foro Penal Venezolano informó que la lista de presos políticos aumentó a 857 y que se han registrado 14.986 arrestos arbitrarios desde enero de 2014. Alfredo Romero, director de la ONG, dijo que “al menos 8.451 personas siguen sujetas a medidas cautelares en procesos penales injustos por motivos políticos”.
¿Por qué son llamados presos políticos? Esta aclaración es necesaria para entender la situación por el que pasaron o están pasando estas personas a las que se las priva de su libertad. Un preso político es cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel o detenida de otro modo, por ejemplo, bajo arresto, sin haber cometido un delito tipificado sino porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido. Conviene subrayar que diferentes son las finalidades que pueden analizarse de la detención política: para neutralizar o excluir a la persona del ámbito político como factor de movilización social; para sustentar una campaña o una determinada narrativa política del poder; o porque es necesario intimidar diferentes sectores, como ser estudiantes, defensores de derechos humanos, militares, comunicadores, entre otros.
Países y organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y la ONU, se movilizan para que los ciudadanos venezolanos dejen de ser víctimas de las consecuentes atrocidades que conlleva ser preso político en su país y lleguen a tener un juicio justo. Pero el esfuerzo y las acciones por parte de estas instituciones quedan minúsculas en contraste con las condiciones de vida, hambrunas, enfermedades y actos violentos tanto físicos como psicológicos que recaen sobre ellos dentro de las prisiones (“El Helicoide”, Ramo Verde). Por si esto no fuera suficiente, algunos incluso llegan a ser desaparecidos y sus familiares, hasta sus propios abogados, pierden todo contacto sin tener ninguna muestra de vida. Este es el caso del diputado Edgar Zambrano, quien el pasado 8 de mayo fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), violando su inmunidad parlamentaria que, de acuerdo al artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza a él y todos los diputados a la defensa contra persecuciones por parte del Ejecutivo o a ser sometidos a un procedimiento penal sin la autorización del cuerpo legislativo. Siete son los países que piden a la OEA condenar su arresto.
Otro de los casos con más resonancia a nivel internacional es el de Leopoldo López, dirigente de la oposición venezolana liberado el pasado 30 de abril por un operativo liderado por el presidente interino Juan Guaidó y un grupo de militares. López fue condenado a un poco más de 13 años de prisión en septiembre de 2015, cuando la justicia venezolana lo declaró culpable de incentivación pública a la violencia en las manifestaciones de 2014. Cumplió 3 años de la condena en la prisión de Ramo Verde y, en julio de 2017 le concedieron el arresto domiciliario, lugar donde se encontraba al momento de su liberación. Ahora la atención está puesta en las relaciones diplomáticas entre Venezuela y España dado que López se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español y con un nuevo pedido de detención, según informó el Tribunal Supremo de Justicia.
Otros nombres relevantes para ampliar el panorama son Iván Samonovis, Antonio Ledezma, Gilber Caro, Juan Requeses y la lista continúa. Teniendo todos en común que sus derechos políticos como civiles fueron o son atentados.
Este año la ola de persecuciones por parte del dictatorial Maduro se intensificó y se trasladó hacia los sectores aún más vulnerables. “Es contra las zonas más humildes, pobres, de todo el país, allí se ha hecho una persecución intensa. La otra característica es que la persecución se ha hecho de noche y a cargo de organismos que no tienen función de control del orden público”, dice Gonzalo Himiob, Director Vicepresidente del Foro Penal. Además, según el Observatorio de Derechos Universitarios desarrollado por la ONG Aula Abierta, se registró un mayor número de estudiantes universitarios detenidos en las protestas que tuvieron lugar entre el mes de mayo y abril.
En muchas partes del mundo se lograron determinados progresos en materia de defensa de los derechos humanos, de libertad de expresión, de condenar actos de tortura y de ilegitimidad política. En contraste con lo anterior, nos encontramos en el Estado de Venezuela en una situación que se va agudizando con alto nivel de impunidad, con avasallamiento a las libertades individuales como colectivas, sometiendo a los ciudadanos a una determinada línea ideológica. Resulta casi inevitable preguntarnos ¿Cómo puede haber una apertura al diálogo si todos los ámbitos están siendo manejados arbitraria e inconstitucionalmente? ¿Cuántos presos políticos más deberán pasar y resistir el calvario hasta lograr una reorganización democrática?
