Situada fuera del espacio de la competitividad electoral, Venezuela se emplaza en el sitio simbólico del juego del simulacro electoral, en donde votar no equivale a elegir, y en donde incluso este acto puede reforzar los mecanismos del poder totalitario. 

Venezuela se encuentra nuevamente frente a una coyuntura política decisiva. El período constitucional de la actual Asamblea Nacional (AN) vence en enero de 2021, por lo que es imprescindible su renovación. Sin embargo, desde la última elección parlamentaria las condiciones políticas en el país se han deteriorado vertiginosamente, hasta convertirlo en un régimen profundamente autoritario en el que represión política y social se ha extendido a todos los campos de la vida, tal como lo reconoció el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en julio de 2019[1]. Si tomamos como referencia el indicador de tipo de régimen del proyecto Varieties of Democracy, V-Dem[2], representado en el gráfico 1 (índice de democracia electoral) el deterioro político a partir del año 2013 no deja lugar a dudas: en Venezuela hace tiempo no hay democracia.

Gráfico 1. Índice de democracia electoral, 1989-2019

Fuente: Varieties of Democracy, cálculos propios.

Escala: 1-0,8: democracias plenas; 0,79-0,6: democracias defectuosas; 0,59-0,40 regímenes híbridos; 0,39-0: autoritarismos.

En materia electoral, las precarias condiciones para competitividad que habían logrado sobrevivir 20 años de presiones, fueron finalmente desmanteladas luego de la victoria opositora en las parlamentarias de diciembre de 2015 (ver gráfico 2), convirtiendo cualquier elección en un fenómeno cualitativamente distinto. Ilegalización de todos los partidos políticos opositores importantes, inhabilitación, persecución y encarcelamiento de líderes opositores, incluidos diputados que gozan de inmunidad parlamentaria; redistribución de centros electorales y electores bajo criterios políticos; cambios en el sistema automatizado sin auditorías creíbles, especialmente luego de la salida de la empresa Smartmatic en 2017 y más recientemente tras la destrucción de casi la totalidad de las máquinas del sistema de votación automatizado[3]; registro electoral desactualizado, consecuencia de la profunda crisis migratoria (externa e interna) que ha reconfigurado la distribución poblacional del territorio nacional; y finalmente, el evidente y en ocasiones incluso ostensible rol parcializado desempeñado por las autoridades electorales, que incluye no solo al Consejo Nacional Electoral (CNE) sino también a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), conforman una estructura de ventajismo institucional casi imposible de evadir, que hace la participación opositora en unas eventuales elecciones parlamentarias no solo muy cuesta arriba, sino incluso insensata, pues aún contando con un amplio y mayoritario apoyo popular, solo serviría para legitimar al régimen autoritario a través de un falso rito de fachada pseudo-electoral y con un resultado prediseñado.

Cuadro al que se suma la aparición en 2018 de una oposición leal al régimen, sin vocación de poder y orientada a usufructuar la anulación represiva de sus antiguos colegas de la oposición real y mayoritaria. Desde las elecciones presidenciales de hace dos años, un dirigente, grupo y formación opositores (Henry Falcón y sus simpatizantes) se apoyan en el régimen para tratar de alcanzar el control del liderazgo. En contra de la línea opositora mayoritaria -que controla el Parlamento-, la narrativa de Falcón identifica a aquella como su principal adversario, dedicando más energías, tiempo y argumentos a atacarla por “extremista” que a confrontar al gobierno de Maduro. Así, desarrolló una desabrida campaña, incapaz de  convencer y movilizar a los otros partidos y a la base opositora. Era imposible -institucional, sociológica y psicológicamente- que la ciudadanía opositora le diera la victoria en esa pseudo-elección a Falcón, quien ya había perdido -sin pelear su denuncia de fraude- la elección para gobernador en Lara en 2017. Cuando el 20 de mayo Falcón denunció fraude, amenazó con generar movilizaciones frente al hecho, para luego limitarse a entregar una queja ante el TSJ.

Con la instalación de la llamada Mesa de Diálogo Nacional (MDN)[4] se profundizó la relación entre este sector de la oposición y el régimen. En intervenciones dentro y fuera del país, sus principales representantes insistían en el carácter intolerante, plegado a EUA y golpista de la mayoría opositora. La misma narrativa sostenida por el gobierno de Maduro. En este escenario, proyectado al presente ¿cuáles son las condiciones mínimas de competitividad que podría aceptar la oposición para participar en elecciones?

Plantear la pregunta de esta manera tiene una doble intencionalidad. En primer lugar, aceptar que las condiciones electorales democráticas elementales no están al alcance. El gobierno se reconoce a sí mismo minoría desde hace al menos 5 años, por lo que sabe que una elección con condiciones mínimamente competitivas pondría en peligro su permanencia en el poder, y las parlamentarias del año 2015 junto a sus consecuencias están allí como recordatorio permanente. Así, la esperanza del gobierno es conceder unas pocas garantías aceptables solo para una pequeña parte de los opositores, que mantengan a las grandes mayorías, incluidos los partidos opositores más importantes lejos de los centros de votación[5]. El equilibrio ideal del gobierno es lograr la participación voluntaria[6] de uno y tan solo uno de los partidos del G4[7] en contra la voluntad del resto. Sin uno de ellos el gobierno ya constató que no es posible convencer audiencia alguna, y las elecciones de mayo de 2018 también son un recordatorio viviente.

Gráfico 2. Índice del componente electoral, 1989-2019

Fuente: Varieties of Democracy, cálculos propios.

Escala: Escala de condiciones electorales mide el nivel de cumplimiento del principio electoral democrático[8], en la que “1” representa elecciones democráticas competitivas y “0” ausencia de condiciones para competir por el poder a través de elecciones.

El nombramiento de un CNE confiable de mutuo acuerdo es un sueño convertido en pesadilla gracias a la sentencia 0070 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia[9].  Recordemos por qué no se nombró antes un CNE a través de la AN. A fines de 2019 se anunció el comienzo del proceso de renovación del CNE, abriéndose una ventana para una negociación con el chavismo, encauzando el conflicto por la vía electoral. La renovación de los poderes padeció el efecto de la amenaza represiva, que hizo que los potenciales candidatos ciudadanos temieran postularse. Si a eso sumamos la experiencia de los Magistrados del TSJ designados por la AN -exiliados por la persecución- y la figura del desacato -que los vetaba a desempeñar su cometido- el nombramiento de un nuevo CNE fue bloqueado desde el poder. A esto debemos añadir la suspensión del procedimiento el 16 de marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID-19[10].

Esta nueva directiva debe ser simultáneamente tanto denunciada por su origen ilegítimo, como puesta a prueba. Y no solo sus lealtades, sino también sus capacidades técnicas y políticas. Según los primeros trabajos periodísticos, la experiencia de los nuevos rectores es bastante limitada[11], salvo en un par de ellos, por lo que no debería descartarse que su inexperiencia pudiera contribuir a lograr algunos cambios positivos, aunque sean estos involuntarios. En todo caso, parece claro que las tendencias seguirán acelerándose en los próximos meses.

En este escenario, la meta del gobierno es legitimarse ante una parte de la comunidad internacional lo suficientemente extensa como para mantener rutas financieras y comerciales que le permitan continuar evadiendo el cerco de las sanciones, así como entre sus aliados verde oliva internos. El ideal de la oposición, por su parte, es que el proceso electoral permita expresar libremente el altísimo rechazo popular acumulado en contra del gobierno, y capitalizarlo así en la conformación de una nueva Asamblea Nacional. Por esto, el escenario óptimo opositor es lograr garantías político-electorales para la participación de los líderes y partidos políticos hoy ilegalizados e inhabilitados, garantías de auditabilidad del sistema electoral y para la movilización popular sin temor a ser reprimidos. Ello implica al menos las siguientes 6 garantías: 1. nombramiento de un nuevo CNE confiable de consenso; 2. legalización de partidos y candidatos; 3. reconstrucción del sistema de voto automatizado permitiendo todas las pruebas y auditorías (incluida la auditoría de huellas dactilares recogidas por el sistema autenticación-SAI o su sustituto); 4. permitir la participación  de una misión de observación internacional de una institución reconocida; 5. auditoría y actualización del registro electoral; 6. aprobación de las proyecciones de población por parte de la Asamblea Nacional.

El contexto cambió radicalmente. Asistimos a un momento de marcado electoralismo, entendiendo este cómo invocación discursiva e imposición fáctica de cambios y convocatorias comiciales; donde lo electoral es más forma que contenido, porque se vota candidatos autorizados pero no se elige alternativas de poder. Electoralismo impulsado como instrumento de la agenda autocratizadora del gobierno de Nicolás Maduro.  De modo similar a como operó años atrás el participacionismo, impulsado por Chávez, el cual consistió en la promoción de formas de participación comunitarias carentes de autonomía y sujetas verticalmente al aparato estatal y partidario oficialistas. Formas ambas –electoralismo y participacionismo– de simulación de una anatomía institucional democrática, bajo la cual se despliega, cada vez con menos matices, la fisiología de procesos de concentración y ejercicio autoritarios del poder.

En resumen, los escenarios ideales de gobierno y oposición son antagónicos y configuran un juego de suma cero, en el cual los escenarios ideales son inaceptables para la otra parte, pues proyectan una derrota total futura. Pero vale la pena rescatar el concepto de “error de cálculo” (miscalculation) como disparador de cambios políticos, concepto que apunta a fallos en las previsiones realizadas por los regímenes autoritarios, que al intentar abrir una válvula de escape controlada para liberar la presión social acumulada, son rápidamente desbordadas por los deseos de cambio de la población, tal y como pasó, por ejemplo, en las parlamentarias 2015, un caso típico de menosprecio de la magnitud del descontento popular y de la capacidad de movilización y articulación opositora. Y esta es la segunda razón por la que la pregunta realizada en un párrafo anterior fue planteada de esa manera: ¿se puede (y debe) participar en elecciones bajo condiciones inferiores a las básicas democráticas? Ante semejante autocratización del espacio electoral -y de todo el sistema político- salta la pregunta ¿cuál es el escenario alternativo? ¿Cuáles son las consecuencias del fracaso de la vía electoral?

La respuesta es: depende. En Venezuela la democracia desapareció hace tiempo, por lo que esperar condiciones democráticas en un contexto de creciente autocratización es tan improbable como iluso. Y es allí donde subyace la diferencia: en identificar qué condiciones electorales son funcionales en el contexto político actual, calibrando el por qué y para qué participar en elecciones bajo este contexto.

Si se decidiese participar en elecciones bajo un contexto tan adverso, algunos obstáculos podrían, tal vez, sortearse. La normativa electoral admite, por ejemplo, la formación de grupos de electores e independientes que podrían conformar una organización alternativa electoral en caso de que los partidos se mantengan ilegalizados o secuestrados por las sentencias del TSJ[12]. Líderes políticos no escasean en los partidos políticos opositores y quizás la falta de experiencia se equilibra con el extraordinario compromiso democrático que tienen los cuadros medios de dichos partidos.

Abundan posiciones polares, a partir de análisis y respuestas reactivas. Quienes quieren “aprovechar el proceso” para movilizar a la población, a menudo desestiman el efecto de la diáspora, la represión, la pérdida de liderazgo y de estructuras de la oposición , así como la falta de credibilidad y vocación de poder de los candidatos de la “oposición leal”. Por su parte, quienes insisten en mantener los espacios, menosprecian el poder del chavismo para construir una oposición autorizada, funcional para la mínima legitimidad internacional.

Aún así, reivindicar lo electoral no es colaboracionismo. La fuerza social y el compromiso democrático de la mayoría opositora, reprimida en las calles y forzada al exilio, hasta ahora se ha expresado en toda su magnitud a través de procesos electorales. Pero el reclamo original es por “elecciones libres” o, mínimamente competitivas. Una elección para democratizar o, al menos, mantener espacios y prerrogativas de poder real, no para cohabitar de modo autorizado. La elección es políticamente útil y relevante solo sí desde ella se construye un liderazgo y movimiento democratizadores.

Pero los candidatos no psuvistas, autorizados desde Miraflores, no tienen ese objetivo, capacidad y valores. Dejando fuera a quienes representen el papel de oposición sin vocación real para serlo -colaboracionismo- la pregunta es si hay espacio para inscribir candidatos y partidos que mantengan un mínimo de espacio institucional para enfrentar al régimen. Quien decida participar, debe convencer a los votantes de su compromiso democrático. Pero si te dejan “oponerte” mientras vetan los partidos, líderes y candidatos no autorizados, solo participas porque al gobierno le conviene.

La dictadura quiere repetir el 6 de diciembre de 2020 la victoria del 20 de mayo de 2018, evitando el error del 6 de diciembre de 2015. Desde aquel momento, perdido el apoyo popular, su decisión ha sido mantenerse a cualquier costo. Al perder la AN en 2015; enseguida la desconoció. En 2016 bloqueó el Referendo Revocatorio y postergó las elecciones regionales. En 2017 instaló una ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pese a la movilización social en calles y comicios organizados por las universidades y la sociedad civil. En 2018 adelantó y vulneró a conveniencia la presidencial. Ahora nombra ilegalmente un CNE, pactado con actores que no fueron electos. Un CNE impuesto que genera abstención masiva. Un CNE que aniquila los nobles deseos de “buscar salida negociada” y lograr “mínimas condiciones”. Acaba ese dilema y pasa a otro punto. ¿Para qué y cómo ir a esta elección? No se trata ya de una cancha inclinada contra la oposición -ventajismo- sino de otra con la entrada vetada a esta. ¿Qué quedaría para voto útil realmente opositor? Movilizar gente a sufragar por los designados de la Mesita? ¿Tendrá eso algún efecto simbólico o práctico democratizador?

En Venezuela ha ocurrido la proscripción de facto del pluralismo. Si fuese de jure, ello hubiera simplificado las decisiones y evaluaciones frente a la realidad: todos los opositores estarían proscritos. Pero por factores que van desde lo psicológico -asumir el hecho de la imposición autoritaria siendo mayoría social- a lo político -el interés en mantener espacios y cupos para políticos cuya vida y carrera es ejercer cargos- tal situación no se reconoce. Porque es duro asumir que se entraría en otro tipo de disputa, en una resistencia cívica cualitativamente más compleja que la lucha política actual.

Para la resistencia frente a este autoritarismo cerrado, es clave la articulación de fuerzas (realmente) opositoras. La unidad forzada con un colaboracionismo sin vocación de poder o el extremismo sin recursos para disputarlo -formas ambas de la esterilidad política- son inútiles.

El dilema de perder la AN como único espacio (residual y debilitado) de representación democrática, que concita apoyo internacional, es real. Las tesis de “gobierno en exilio” o “continuidad administrativa” presenta importantes falencias, ligadas a la paulatina irrelevancia política y al alejamiento del territorio y población cuyo gobierno disputan a la dictadura. En particular, con independencia de razones de quienes lo sugieran, un “gobierno en el exilio” nunca ha funcionado. Su existencia distorsiona percepciones y rutas, se subordina a actores y condiciones externos sin influencia en país originario.

El gobierno ha sido sagaz al aplicar la táctica del salami -nombrada así por el dictador comunista Matyas Rakosi- orientada a cercenar, paulatina pero indeteniblemente, los espacios, actores y recursos opositores. La resistencia a esto ha sido heroica e impedido su consumación. Pero su carácter paulatino ha complicado la comprensión incluso psicológica de la realidad. En suma: no se aprecia, desde el análisis realista, los mínimos de condiciones y ganancias de participar en una elección con veto estructural a cualquier oposición real. Eso puede cambiar, pero sería resultado de actores y eventos ahora invisibles.

Bajo ese electoralismo, puede ser desgastante concentrar toda la energía en dilucidar el “dilema de participar”; cuando al ventajismo anterior se lo ha sustituido por un veto total de entrada a la cancha. La participación, sin otra expectativa que capturar algunos espacios institucionales, no redemocratiza. Aún más, puede dar legitimidad al oficialismo. En un régimen que ejerce autoritaria y verticalmente el gobierno de los hombres, es iluso pensar que una administración de las cosas, limitada y periférica, puede cambiar la situación. La abstención, sin una campaña de comunicación y movilización política que trascienda ese acto, tampoco detiene la autocratización.

Inscribir la agenda opositora en el ciclo electoral, aún con partidos y candidatos vetados, podría hacerse revisando las campañas en países de autoritarismo hegemónico como Rusia. Allí los opositores bloqueados por los sistema han presionado a las autoridades electorales, saliendo a las plazas, sondeando alianzas puntuales con algunos aspirantes a cargos de elección popular. [13]Esa ruta les ha permitido difundir un mensaje, en el marco de la lucha mayor por recuperar la democracia. Incidiendo dentro del proceso comicial no en procura de cargos públicos sino para movilizar a la ciudadanía. Exponiendo ante el país y el mundo que la oposición está viva, que el gobierno hace fraude y reescalando el conflicto. Análisis recientes de Iria Puyosa[14], Benigno Alarcón[15] y Luis Gómez Calcaño[16] apuntan a esa forma de participación entendida como resistencia civil, donde lo electoral es apenas un paisaje de fondo, sobre el que se inscribe la movilización social.

Acompañando esas acciones, valdría la pena procurar observadores internacionales independientes que, aún sin ser formalmente invitados por el ente electoral, registren la trayectoria del proceso.[17] Por supuesto, las diferencias son importantes en cuanto a las restricciones en el acceso, pero se buscaría brindar a la comunidad nacional e internacional una visión confiable de los acontecimientos. Adicionalmente, están los registros de múltiples medios de comunicación internacional, que ofrecen balances de sucesos no siempre accesibles a los connacionales.

La proscripción y amaestramiento, en cámara lenta, de partidos en Venezuela es estrategia magistral. Traslada disputas caníbales al seno opositor. Una respuesta podría ser fusión -no coalición- en una entidad única y definición de ruta común de quienes adversan en serio a Maduro. Pugnar por condiciones, ya no mínimas sino diminutas, es imprescindible; amén de un acuerdo básico de conciliación y respeto entre opositores, en función de frenar la continuidad del proceso de autocratización. Acuerdo que debería intentar incluir más allá del espectro opositor hasta incorporar cada vez sectores más amplios, e incluso de ser posible, al chavismo o parte de éste que esté dispuesto a hacer concesiones necesarias para aliviar el sufrimiento de los venezolanos, sin que esto implique la renuncia al legítimo derecho de luchar por el rescate de la democracia[18].

 

[1] https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S

[2] https://www.v-dem.net/en/

[3]https://www.efe.com/efe/america/politica/se-queman-casi-todas-las-maquinas-de-votacion-sistema-electoral-venezolano/20000035-4191131

[4] http://mppre.gob.ve/2019/09/17/mesa-de-dialogo-nacional-por-la-paz/

[5] Y de todo el proceso electoral.

[6] La intervención judicial del Partido Acción Democrática (AD), a través de una sentencia del Tribunal supremo de Justicia 0071 de fecha 15.06.20 que nombra una directiva ad hoc provisional, es un claro indicio de que no pudiendo lograr la participación voluntaria de los partidos, la segunda opción es obligarlo.

[7] Se denomina G4 a los partidos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP).

[8] El Proyecto V-Dem aclara que el “principio electoral de la democracia busca lograr la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas entre líderes y ciudadanos a través del mecanismo de elecciones competitivas. Se presume que esto se logra cuando el sufragio es extenso; las organizaciones políticas y de la sociedad civil pueden operar libremente; las elecciones son limpias y no están empañadas por fraude o irregularidades sistemáticas; y el director ejecutivo de un país se selecciona directa o indirectamente a través de elecciones”.

[9] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/309872-0070-12620-2020-20-0215.HTML

[10] https://presidenciave.com/parlamento/comite-de-postulaciones-electorales-suspende-hasta-nuevo-aviso-el-proceso-de-renovacion-del-cne-por-la-pandemia-del-coronavirus/

[11] https://efectococuyo.com/politica/quienes-son-los-rectores-del-nuevo-cne/

[12] Al momento de escribir estas líneas el Consejo Nacional Electoral no había convocado aún a elecciones parlamentarias, por lo que la posibilidad de conformar Grupos de electores, era una alternativa válida, posible y vigente. Sin embargo, en el transcurso de tiempo que pasó entre la redacción final y la publicación, el CNE convocó a elecciones parlamentarias para el 06 de diciembre de 2020 y presentó un ajustado cronograma para la constitución de grupo de electores cuy primer requisito era la solicitud de denominación y siglas, entre el 07 y 08 de julio, sin embargo, hasta el momento no hay información de registro de ningún grupo de electores (http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2020/asamblea_nacional/documentos/aviso_oficial_para_la_conformación_de_grupo_electoras_y_electores_2020.pdf).

[13] https://www.v-dem.net/media/filer_public/fd/8e/fd8e4c61-7c04-4e86-9046-39079e795cb9/uwp_30_final.pdf

[14] https://runrun.es/opinion/413376/viendo-venir-al-pueblo-que-protesta-en-cuarentena-por-iria-puyosa/?fbclid=IwAR3nl6biadfxvcXUNBT0oZPdeX7ODq6Cxlu0Yk_IFLvIWmUn0qojSnQKmg4

[15] https://politikaucab.net/2020/07/06/el-eslabon-perdido-en-el-debate-de-la-oposicion/

[16] https://prodavinci.com/luis-gomez-calcano-una-solucion-provisoria-se-volvio-permanente/

[17] Es preciso recordar que la administración electoral es mucho más que lo que hacen o no los rectores. Es una amplia estructura que inicia bajo los rectores y culmina en cada mesa de votación; que se complementa con la red de organizaciones de la sociedad civil y en específico de observación electoral, medios de comunicación, e incluso informantes, que brindan destellos de luz sobre lo que sucede detrás de las oscuras decisiones de la directiva del ente comicial.

[18] Michael Penfold ha escrito unas interesantes reflexiones sobre este punto: https://twitter.com/penfold_michael/status/1271465244880252931?s=20

 

Héctor Briceño

Sociólogo (Universidad Católica Andrés Bello), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar) y doctorado en Ciencia Política (Universidad de Rostock). Desde 2009 ha sido Profesor-Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (CENDES-UCV) y entre 2014 y 2017 fue Director del Área de Desarrollo Sociopolítico de dicha institución. Es columnista de El Diario El Universo de Ecuador (https://www.eluniverso.com/ columnista/hector-g-briceno-m) así como de diversos portales nacionales e internacionales. Mantiene el sitio web https://www.posmonicionpolitica. com

Armando Chaguaceda

Politólogo e historiador, investigador del Gobierno y Análisis Político AC. Experto país (casos Cuba y Venezuela) del proyecto V-Dem, de la Universidad de Gothenburg y el Kellogg Institute en la Universidad de Notre Dame. Miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) y de Amnistía Internacional. Especializado en el estudio de los procesos de democratización/autocratización y de las relaciones entre gobierno y sociedad civil en Latinoamérica y Rusia.