Los datos históricos del surgimiento del área disciplinar de las Políticas públicas marcan el recorrido en que la emergencia de este tipo específico de pensamiento sobre el desempeño de gestión y administración gubernamental se encuentra indisociablemente unido a los sistemas democráticas.

¿De dónde surge el interés por vincular la obra académica relativa al campo de la Ciencia política y las Políticas públicas?

La Ciencia política y las Políticas públicas están muy asociadas, las segundas como ciencias de la decisión. Particularmente, en México, la formación en Ciencia política ya es añeja. Los primeros profesionales comenzaron a formarse en los años ’50 del siglo pasado, con la vocación de formar hombres y mujeres de Estado, de gobierno. Nace, entonces, la Escuela Nacional de Ciencia Política y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay una decisión de la Facultad de Derecho, con la que empieza a enriquecerse el pensamiento sociológico, es un hecho histórico, intelectual muy concreto, la traducción de Economía y Sociedad, de Max Weber. Eso derivó, precisamente, en la reflexión sobre la necesidad de pensar los fenómenos del poder y la política más allá de los formalismos del derecho, y derivó en la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Este perfil fue alimentado hacia los años ’60 en la UNAM, donde se añadió la línea de estudios que se denominó “publiadministrativistas”, con una visión muy ligada a la teoría del Estado, pero también ligada a los estudios específicamente administrativos que se estaban desarrollando por ese entonces en México. Todavía hasta los años ’70 muy pocas universidades tenían esta formación; no pasaban de tres universidades a nivel nacional: la UNAM, Baja California, y Ciudad Juárez. Pero fue en los años ’80 en México, con el proceso de democratización iniciado a nivel local, cuando los primeros ayuntamientos fueron ganados por la oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, sobre todo, con la crisis del sistema político a nivel nacional, y la necesidad de cederle reconocimiento a los triunfos a nivel estatal, que se abrió esta posibilidad.

Sobre todo, en 1989, lo sucedido en Baja California fue un boom para que las universidades estatales, regionales, empezaran a proponer la formación en Ciencia Política y Administración Pública, que generalmente ha sido un binomio que para el caso de México ha estado ahí. Pero no se hablaba de Políticas Públicas. La esfera de las Políticas Públicas más bien, es una corriente de tipo anglosajona, que nace en los años ’50 en el contexto de la posguerra y, sobre todo, que tiene como intención acercarnos a la contribución de las ciencias en general para ayudar a la construcción de sociedades con bienestar. No de las ciencias sociales solamente, sino las ciencias económicas, inclusive las ciencias físicas y naturales, al mejorar la toma de decisiones.

En un escenario de guerra fría, como existía en ese entonces en EE.UU., surge el “análisis de inteligencia”, como lo llamaba su creador, Harold Laswell, Director de la Biblioteca del Congreso de los EE.UU. En 1951 escribió un texto en el que hace un llamado a la orientación hacia la política, para que todo el conocimiento científico, de todas las disciplinas, incluidas las sociales, empezaran a generar gobiernos con mayor inteligencia, y normativamente generar las ciencias de las políticas de la democracia. Sobre todo, en escenarios competitivos, electoralmente hablando, es estratégico y necesario el pensamiento gubernamental. Esa forma de acercarse a los fenómenos políticos en México se dio hacia los años 80, dado que pasamos de un sistema de partido único y de hombre fuerte en la presidencia de la República (hiper-presidencialismo), con toma de decisiones vertical, a una apertura e inclusión de más actores. Y, precisamente, el escenario electoral que se planteaba en México a finales de los ’80 y principios de los ’90 hizo reconocer en las universidades públicas, y en algunas privadas también, esta necesidad de formación de este tipo de profesionales. Particularmente yo, es la época en que estudio, a mediados del año ’95, cuando ingreso a la licenciatura entro de lleno en esta realidad. Pero inclusive cuando me formé en la licenciatura, en el pregrado, todavía el lenguaje de Políticas Públicas no estaba insertado ni en lo académico, ni en la “real politic”. Es a finales de la década del ‘90, principios de 2000, cuando empieza a generalizarse en México, que termina siendo un epicentro del pensamiento en Políticas Públicas en América Latina. Con los primeros textos, sobre todo, con la lectura de los clásicos de los ’50 hasta los años ’80 en EEUU., que Luis Fernando Aguilar Villanueva tradujo en sus antologías sobre políticas públicas.

Mucho de este pensamiento que empezó a difundirse, a discutirse tanto en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) como en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), empezó a hacer germinar la perspectiva de Políticas Públicas, en términos formativos. Para la época de 2000 ingreso a un posgrado en Políticas Públicas, regional en este caso, en un centro de investigación provincial, en el estado de San Luis Potosí, y sigo por esa línea.

Si bien podemos decir que ya hace tres décadas que podemos ver que el estudio de Políticas Públicas se fomenta en México, todavía sigue siendo un campo emergente. Sobre todo, donde ya se ha reconocido a nivel político que el actuar de los gobiernos sea asistido por especialistas en diferentes áreas, en este caso, de gente formada en el análisis de políticas públicas, para lo que son varias las herramientas que hay que tener: las capacidades de investigación, de comunicación y escritura, de articular equipos de trabajo de especialistas; porque su trabajo no es ser “todólogo”, sino más bien lograr formar equipos de trabajo de especialistas, de acuerdo con el asunto de que se trate.

 

¿A partir de tu apreciación de lo que conoces la región y del caso de México, cuáles podrían ser los problemas emergentes en el actuar de los distintos gobiernos mexicanos?

Eso va a dar forma al tipo de disciplina de Políticas Públicas que se ha ido fomentando en América latina. Porque, si bien en países donde surgió el enfoque, como EE.UU., se presuponía de alguna manera que la dimensión político institucional, obviamente en un contexto democrático, estaba dada, en muchos países sigue siendo una de las dimensiones esenciales a tener en cuenta en todo análisis de política pública. Todo análisis de política pública debe incluir una dimensión base que son los problemas político institucionales de legitimidad democrática y, obviamente, de reconocimiento de los terrenos que hay que fortalecer. Hablar de política pública habla de generar gobiernos más democráticos, más cercanos a la gente. El gran reto de las políticas públicas para América latina requiere romper con las visiones personalistas y de liderazgos que rayan con los caudillismos. En un escenario donde fenómenos como los populismos están emergiendo es un reto que el enfoque de Políticas Públicas reconoce, y que es uno de los primeros obstáculos que hay que vencer. En segunda instancia están los problemas propios que venimos arrastrando estructuralmente en la región como son la pobreza y la desigualdad. En ese sentido, los problemas públicos, además de ser unos problemas en sí mismos, son problemas que generan otros problemas. Por ejemplo, yo trabajo en gestión de agua y obviamente los problemas de desigualdad y pobreza atraviesan de manera transversal los problemas de gestión del agua. Los temas estructurales que los gobiernos deben atender como pobreza y desigualdad, que tienen que ver con crecimiento económico, con todo lo ligado a problemas sociales, de acceso a oportunidades, a la salud y a la educación, están ahí y atraviesan todo lo demás. Los problemas de tipo coyunturales, que estamos viviendo, como la crisis económica y multidimensional por el tema de la pandemia del coronavirus, se traducen en crisis sociales, políticas, que lamentablemente vamos a tener que esperar en ciertos escenarios. En ese sentido, se está viendo cómo la debilidad del Estado, sobre todo en capacidad de acción, en términos fiscales, y luego eso traducido en acciones concretas para paliar la crisis que se va a agudizar, en temas de acceso a la salud, a las posibilidades de atención, es un problema. Hemos vivido dos o tres décadas de un ciclo en México donde se instauró no un Estado de bienestar, pero sí un Estado desarrollista que generó ciertas capacidades en la época de Estados democráticos. Por un lado, se fortalecieron ciertas capacidades y; por el otro, se debilitaron los sistemas de salud, o el acceso a la educación, o de generación de empleos. Ese tipo de cosas en un escenario de crisis como este se va a convertir en el conjunto de los temas emergentes. Es decir, cómo reaccionamos a esta contingencia completamente inesperada, y que al parecer va a configurar una crisis, en todos sentidos, sin precedentes en la vida de la humanidad.

 

Adelantabas que buena parte de tus estudios y tu carrera profesional lo dedicabas al análisis de las políticas relacionadas con el acceso agua, los recursos hídricos, y sus sistemas de gestión. Relacionado esto con la importancia del acceso a los servicios públicos y la dimensión ambiental de la gestión del agua, ¿cómo evalúas los movimientos sociales o la incidencia de la ciudadanía en la gestión de este tipo de recursos?

Para América latina, particularmente, el acceso al agua es un asunto público prioritario que ha significado todo un reto. Ya desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se cumplieron en 2015, y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, se reconoce el acceso al agua como uno de los principales retos para lograr las metas de desarrollo y para una vida mejor para los habitantes de este planeta, pero particularmente para América latina. Aquí se configura un escenario donde el reto es mayúsculo porque hay vastos sectores de la sociedad que no tienen todavía acceso a agua segura, a agua limpia. Y, más aún ahora, con esta pandemia se está convirtiendo en un tema esencial y básico la forma como enfrentan la pandemia en Europa en contraposición con cómo lo está haciendo América latina. Un factor relevante es el acceso al agua, una de las principales recomendaciones es el lavado de manos por lo menos 10 veces al día. Y estamos hablando de América latina, donde miles e incluso millones de personas no tienen acceso al agua para hacer frente a los mínimos recaudos de sanidad cotidiana.

Entonces, los gobiernos tanto nacionales como regionales y locales tienen ese reto, de hacer llegar el agua. Los patrones de políticas que promovieron las privatizaciones de los servicios los están poniendo en jaque, y en ese sentido están obligando a los gobiernos a hacerse cargo directamente del acceso de las personas a esos mínimos indispensables. Hasta el punto de que en este momento, aún no hay estrategias claras para que las personas accedan al saneamiento básico y al agua potable. En ese sentido, tenemos un reto muy importante y es uno de los temas públicos que se convierte en prioritario para los gobiernos.

Tenemos países como México, donde hay una situación geográfica y natural en que la crisis se configura no solo por el acceso limitado a este recurso por parte de ciertos sectores de la población, sino también, tenemos situaciones que están trastocando al sistema medioambiental por sobreexplotación del recurso, sobre todo a nivel de extracción subterránea, lo  que está comprometiendo a ciudades y regiones enteras en un futuro muy mediato. No es a largo plazo, sino en el mediano plazo, afrontar los compromisos y retos que se tiene para subsistir. En esta dinámica, países como Sudáfrica, particularmente Ciudad del Cabo (Sudáfrica), se planteó un día cero en que ya no habría agua. Esto muestra un escenario que para varias regiones del norte de México no es muy lejano. No quiero sonar alarmista o negativo, pero la verdad es que si no somos realistas poco tendremos que hacer en el futuro. En ese sentido, las fórmulas de gestión y financiamiento que se reconozcan requieren de alianzas público privadas, sobre todo, en gobiernos democráticos.

Para el caso de países como México, la época de pico del contagio, que se está previendo para fines de mayo, coincide con la época de estiaje, la época de mayor falta de agua per cápita, históricamente hablando. Por eso es preciso que los gobiernos planteen estrategias muy claras de cómo vamos a generar ese acceso. Así como se reconoce que hay sectores productivos que no pueden parar, es necesario que los gobiernos reconozcan que el derecho humando de acceso al agua va a tener que generar priorizaciones de uso para evitar una catástrofe humanitaria mayor en este año.

 

¿Cuáles han sido algunas de las respuestas de los países de América latina? ¿Qué es lo más destacable y que está haciendo la región frente a esta situación, en cuanto a crisis económica, de salud pública, epidémica, de servicios?

Como observador, y con ciertos lentes analíticos de política pública que llevo puestos puedo decir que la situación es muy dispar en América latina, y no podemos decir que hay un modelo totalmente adecuado. Obviamente, ha dependido de las circunstancias de cada país, pero una parte fundamental del análisis es lo político institucional. Yo creo que el tipo de régimen ha sido importante. En donde tenemos democracias más consolidadas, Uruguay, Chile según se vea, la propia Argentina, en algunas cosas, han tomado algunas decisiones destacables. También tiene que ver con la escala que han tenido y cómo los regímenes democráticos han podido actuar. Cómo han estado abiertos a la toma de decisiones a partir de escuchar la opinión de especialistas, de los técnicos y de cómo el conocimiento científico ha podido alimentar esa toma de decisiones. También el reconocimiento de los gobernantes de que estamos ante una crisis en donde hay que privilegiar eso y, obviamente, a ser transparentes en su actuar.

En el tema de las pruebas, por ejemplo, vemos que hay países con mayor capacidad de hacerlo y hay países, como México, que han tenido una capacidad de realizar pruebas muy limitada, lo cual creo que ha sido una de sus mayores debilidades. Luego tienes el caso de Brasil, donde la respuesta creo que no ha sido la más adecuada dada la escala del país, y del tipo de reconocimiento que ha dado el Presidente a esta crisis. Luego están las medidas de distanciamiento social que las han tomado de manera muy dispar los países; la posición de los gobiernos frente a la medida; países que lo han hecho mejor porque las sociedades no son las mismas. Por último, está el tema de los accesos a los servicios de salud, que aquí tiene en foco a la capacidad hospitalaria. Eso habla del pasado, de cómo se han enfrentado o fortalecido, o debilitado, los sistemas de salud. En ese sentido vemos cómo América latina tiene una capacidad mínima, que inclusive en algunos casos se da de manera muy dispar. En el caso de México, en los últimos años, ha venido disminuyendo el número de camas por habitante, el número de respiradores por habitante, y tiene una de las tasas más bajas en estas capacidades en la región. Esto puede hacer a la diferencia. Por ejemplo, en países como Alemania, hay que ver cómo han enfrentado este reto, y aunque tienen un número de infectados similar al de España, su tasa de mortalidad ha sido diez veces menor, y la diferencia ha sido la capacidad hospitalaria de camas y de respiradores por habitantes que tiene Alemania. Lamentablemente, en esa comparación América latina tiene una capacidad muy baja.

 

Alex Ricardo Caldera Ortega

Profesor-investigador del Dpto. de Gestión Pública y Desarrollo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato (UG). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Actualmente Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la UG. Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención en Ciencia Política, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México (06’-09’); Maestro en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis y Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Trabajo académico, investigación en el área de ciencia política, particularmente políticas públicas. Miembro del Cuerpo Académico Agua, Energía y Cambio Climático; Miembro del Núcleo Académico del Doctorado en Ciencias Sociales (ene. 2012 a la fecha); Coordinador General de Desarrollo Académico del Campus León (dic. 12′ – mar. 14′); Coordinador de la Licenciatura de Administración Pública (ene. 10′ – mar. 12′).Miembro activo de la International Political Science Association – IPSA (desde noviembre de 2011). Fue presidente del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de Aguascalientes, A.C. y Presidente del Colegio de Estudios Sociales de Aguascalientes, A.C. (Comité Directivo 2010-2012) del cual también se desempeñó como su Secretario General (2008-2010). Miembro titular del Consejo Ciudadano de Contraloría Social del Municipio de León, Guanajuato (2016-2022). Columnista en varios medios locales de Aguascalientes, productor de Estudio 14, Voces Diversas, una Radio (Internet).