El problema de la falta de certeza respecto de la información política y electoral, de la corrupción de los datos, en la era digital afecta los procesos de toma de decisión en que se sostiene la democracia y exhibe las debilidades de un electorado lábil, propenso a la manipulación de los datos que abunda en redes sociales.

En el periodo de contingencia sanitaria derivada del COVID 19 se han vivido normalidades distintas, y también han permanecido en esa vieja normalidad, el uso de las fake news y bombardeo de información de todo tipo que finalmente confunden a los ciudadanos causando distintas reacciones en pro o en contra de los mejores hábitos de cuidados.

Así también en el ámbito político democrático de nuestros países, se han tenido que transformar, o incluso suspender las acciones de las autoridades electorales para la organización de los procesos electorales, así como los mecanismos para que los actores políticos y las autoridades se dirijan a los ciudadanos, privilegiando los medios digitales y particularmente mediante el uso de las redes sociales.

Sin embargo, en el maremágnum de información que circula por las redes sociales, el ciudadano se vuelve un potencial cautivo de información falsa o al menos, tergiversada o imprecisa.

¿Quién de nosotros no ha leído en este periodo información falsa sobre, el origen, alguna posible cura, algún alimento milagroso, su impacto, letalidad o si fue creado o no en algún laboratorio lejano? Y como simples lectores, escuchas, alejados de la investigación médica, ¿como reaccionamos?

Se dice que los algoritmos nos van seleccionando y agrupando entre grupos de personas con creencias, hábitos, gustos afines, y que de pronto se van conformando las llamadas “cámaras o burbujas de eco” que no son otra cosa que las repeticiones que nos permiten escuchar lo que queremos escuchar, con personas afines a nuestra forma de pensar, y que esta situación nos valida y confirma que lo que expresamos en las redes es cierto, sin percatarnos de venir de esas gentes con que nos llevan a convivir digitalmente, la mayoría de las veces sin percatarnos y dando por válidas sus afirmaciones inconscientemente.

Son de destacar los resultados de una encuesta realizada a nivel global por la empresa IPSOS[1], que entre sus resultados arroja los datos siguientes:

– El 65% piensa que otras personas viven en una burbuja en Internet, en su mayoría buscando opiniones con las que ya están de acuerdo – Pero solo el 34% dice que vive en su propia burbuja.

– El 63% confía en poder identificar noticias falsas – Pero solo el 41% piensa que una persona promedio puede.

– El 58% piensa que son mejores que el promedio al detectar noticias falsas, solo el 28% piensa que no.

– El 60% piensa que a otras personas ya no les importan los hechos, simplemente creen lo que quieren.

– El 59% piensa que tiene una mejor comprensión de las realidades sociales como las tasas de criminalidad que la persona promedio, solo el 29% piensa que no.

Si eso pasa en algo tan crucial para la vida como la salud humana, imaginemos qué sucede cuando los distintos intereses de los actores políticos se exacerban en periodos electorales para intentar convencernos, o manipularnos, con el objetivo de obtener nuestros votos.

¿cómo controlar, regular, o incluso verificar la veracidad o no de sus publicaciones o de terceros contratados por ellos?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el debate  en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, de modo que no solo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes, estas son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia[2].

En el ámbito internacional, cobra singular importancia la actuación de los distintos relatores especiales como lo son: el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP); quienes emitieron en Londres el pasado 10 de julio, la declaración conjunta “Desafíos para la libertad de expresión en la próxima década”, a partir de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2019, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La declaración se enfocó en la creación de un mejor ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión, la búsqueda de “una Internet libre, abierta e inclusiva”, así como la denuncia del “control privado como amenaza de la libertad de expresión”. El uso de la Internet es «un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión», subrayó el texto. Los Estados deben evitar «interrupciones o bloqueos en la red de Internet o en la infraestructura de las telecomunicaciones», precisó la declaración. El documento expresó la preocupación por “(…) los persistentes intentos por controlar los medios privados, incluso mediante reglamentación”.

Por otra parte, la Convención Americana y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos, establecen una serie de condiciones que debe observar cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión, estas deberán tener un carácter excepcional y no podrán limitar –más allá́ de lo estrictamente necesario– su pleno ejercicio[3]. El artículo 19.3 del Pacto y 13.2 de la Convención americana, señalan que todas las restricciones al derecho a la libertad de expresión deben satisfacer un estricto test tripartito, según el cual las sanciones deben:

  •  Estar definidas en forma precisa y clara a través de una ley formal y material preexistente;
  •  Estar orientadas al logro de objetivos legítimos bajo el derecho internacional;
  •  Ser necesarias en una sociedad democrática para el logro de los fines que se buscan, estrictamente proporcionadas a la finalidad perseguida, e idóneas para obtener el objetivo que pretenden lograr.

En palabras de los relatores de libertad de expresión de la CIDH, la ONU, la CADHP y la OCDE, “las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad[4]

Lo anterior no implica que a la luz de sus políticas y términos de servicio los intermediarios no puedan establecer reglas que, en el contexto del respeto de los derechos humanos, rijan el uso de sus servicios. La Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha considerado que las empresas editoriales y dueñas de sitios web podrían establecer sus propios procedimientos, pero que el monitoreo previo de la legalidad del contenido generado por usuarios, incluyendo comentarios, es prácticamente imposible y excesivamente restrictivo[5].

Así hemos visto cómo las redes sociales, particularmente twitter, que ha sido muy socorrida en recientes elecciones en América Latina para difundir noticias falsas, ha tomado acciones como la más reciente de señalar twitts del Presidente Trump por “romper las reglas de la plataforma por glorificar la violencia”.

Igualmente, en noviembre de 2019, Twitter decidió no admitir mensajes políticos pagados, de candidatos, partidos y movimientos sociales, en su plataforma. Otras redes como Facebook, que se vio involucrada en la manipulación que generó Cambridge Analítica, tanto en el proceso de votación del BREXIT como en las elecciones de diversos países incluidos los Estados Unidos, han tomado diversas medidas unilaterales para tratar de inhibir la práctica de las fake news especialmente en los procesos electorales.

Sin embargo, y ante la timidez de las medidas de las autoridades gubernamentales, no basta con la buena voluntad de las plataformas sociales, para combatir el esfuerzo cíclico de actores políticos pretendiendo el uso de neurociencias, macro y micro segmentación y demás, para lograr desnudar las fake news.

En 2019, para las elecciones al parlamento europeo del 26 de mayo, Facebook formó una alianza con socios locales de Grecia, Irlanda del Norte, Croacia, Portugal y Lituania, ampliando sus medidas de lucha contra las noticias falsas, enviando notificaciones de advertencia a las cuentas de donde provenían. Cuando se determina la falsedad, se coloca en la parte más baja del feed de noticias y no les permiten monetizar ni difundir masivamente sus noticias.

PANAMÁ

Durante las elecciones de este año, en Panamá se implementó el llamado Pacto Ético Digital para combatir la desinformación y la propagación de fake news en el proceso electoral. Para ello acordaron con Twitter, Facebook e Instagram la constitución de canales y de personas responsables, referentes, en cada empresa con las que tener una comunicación rápida y efectiva a la hora de denunciar conductas que pudieran estar interfiriendo con el debido proceso electoral.

En los Estados Unidos funciona en tiempo real una herramienta denominada FACTCHECK (www.factcheck.org) que se describe como un proyecto del Centro de Políticas Públicas de Annenberg de la Universidad de Pennsilvania, apartidista, sin fines de lucro, como “abogado del consumidor” del votante que busca reducir el nivel de decepción y confusión en la politica de los Estados Unidos. Este portal va informando casi en tiempo real acerca de la verdad o mentira de las noticias difundidas en las redes sociales con suma precisión y oportunidad.

Y así se ha generado la necesidad de implementar grupos de verificadores que estén atentos frente a las noticias falsas y puedan brindar certeza a los electores.

 

[1] https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-09/fake_news_informe.pdf

[2] Véase Jurisprudencia: 1ª./J.32/2013 (10ª.), Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t.1, abril de 2013, p.540.

[3] Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 54.

[4] Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión en Internet. Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión; Dunja Mijatović, Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación; Catalina Botero Marino, Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión, y Faith Pansy Tlakula, Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información. Junio de 2011.

[5] Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 2013 Social Media Guidebook. 2013. Pág 146. Disponible en: http://www.osce.org/fom/99563?download=true

 

Hidalgo Victoria Maldonado

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Miembro de la CAOESTE.