Las instituciones democráticas son parte de los pilares de cualquier democracia moderna, son las encargadas de mantener  la relación entre gobernantes y gobernados. Guatemala, al igual que otros países latinoamericanos, ha sufrido momentos de crisis e inestabilidad política que han afectado su institucionalidad al punto de que lamentablemente las distintas gestiones presidenciales no han sido capaces de hacer respetar los principios que deben existir en las instituciones: reglas claras, libertad, acceso a la justicia, cumplimiento de la ley y ausencia de impunidad. 

Luego de varios años de vida democrática las instituciones guatemaltecas se ven atravesadas por dos estructuras de poder. Por un extremo se encuentra la estatal presente en cualquier Estado de derecho y por el otro tira fuertemente una estructura a cargo de grupos clandestinos con negociosos ilícitos que por medio de la violencia y estrategias lograron infiltrase en el poder para eliminar a sus rivales y hacer avanzar sus intereses. Ante tal situación se creó mediante un acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Gautemala la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una novedosa herramienta de cooperación internacional que aprobó el Congreso de la Republica en agosto de 2007.  En un principio su mandato tendría una duración de solo dos años, pero fue prorrogado cada dos años hasta 2019. La CICIG es un tribunal mixto, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y otras Instituciones del Estado establecido para ayudar a que ‘‘se haga justicia’’ en países con instituciones débiles, al combinar jurisdicción nacional con apoyo internacional. Este tribunal hace posible que se haga justicia al tiempo que se fortalece la institucionalidad.

El principio de negociación de Guatemala con la ONU sobre la CICIG fue el de soberanía compartida. Guatemala cedería parte de su soberanía al incorporar a fiscales e investigadores internacionales en procesos penales internos, por su parte la ONU cedería de alguna manera al atenerse a las leyes así como a los tribunales guatemaltecos, y no a los tribunales internacionales, para sostener las pruebas contra los acusados. Si la legislación local es anacrónica, la CICIG tiene el mandato de proponer reformas.

La primera tarea de la CICIG fue ganar la legitimidad frente a la opinión pública guatemalteca. Si bien la sociedad civil organizada había luchado por su creación y había celebrado su llegada, muchos guatemaltecos de buena voluntad veían con recelo la presencia extranjera y lamentaban la pérdida de soberanía que le significaba al país. Los sectores poderosos que la consideraron una potencial amenaza, dado que eliminaba la inmunidad tanto de políticos como funcionarios públicos. La estrategia desarrollada por la CICIG fue situarse como un eje crucial de la justicia, y esto la convirtió en una amenaza real para sus enemigos (cuerpos ilegales, aparatos clandestinos y poderes paralelos que fomentaban la impunidad en las instituciones), al tiempo que promovía el fortalecimiento de las instituciones nacionales y ponía en evidencia las limitaciones de los funcionarios públicos. Como consecuencia imprevista, el alto perfil mediático de la Comisión naturalmente les restaba protagonismo a los organismos del estado.

Uno de los casos más resonantes y emblemáticos de como la corrupción en Guatemala llego hasta las más altas esferas de poder fue el de abril de 2015 cuando una investigación de la CICIG involucró al todavía presidente, Otto Pérez, y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en una red de contrabando en las aduanas de Guatemala. En la actualidad el presidente Jimmy Morales se encuentra bajo investigación por el posible financiamiento ilegal para su campaña, razón por la cual decidió poner fin a la presencia de la Comisión en el país, expulsando a los funcionarios e investigadores del suelo guatemalteco, meses antes de que finalice el plazo del acuerdo vigente entre el Gobierno y Naciones Unidas.

Durante estos 12 años de gestión, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha demostrado su eficacia al resolver y llevar ante la justicia actos de corrupción en distintos niveles, ha ayudado a fortalecer a los tribunales y ha profesionalizado el Ministerio Público. También ha enviado a prisión a poderosos políticos, líderes del crimen organizado y empresarios. En verdad si hablamos de las instituciones democráticas rápidamente nos damos cuenta de que sin el accionar de la CICIG seguiría imperando el poder de las mafias o grupos clandestinos, pero también debe mencionarse la existencia de personas honestas que trabajan y forman parte de estos organismos. Sin embargo, si no se configuran y fortalecen las estructuras de las instituciones, se corre el riesgo de que estos miembros sigan siendo cooptados, asfixiados o expulsados del sistema.

Pese a la expulsión de la comisión antes mencionada, esta seguirá con sus funciones tal como lo ha señalado el Secretario General Antonio Guterres, ‘‘la CICIG debe finalizar su mandato el 3 de septiembre de 2019, en respeto al acuerdo internacional celebrado entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas”. Por lo que surge la incógnita: ¿Hasta qué punto una vez terminada la misión de la CICIG las instituciones guatemaltecas lograrán sostener el esfuerzo de proporcionar justicia verdadera a sus ciudadanos? La CICIG no puede perder de vista su gran reto, debe dejar instalados los mecanismos que garanticen la permanencia de los logros alcanzados. A su vez le debe otorgar a las instituciones democráticas la suficiente autonomía en su accionar para garantizar la continuidad de un sistema democrático propio de un Estado de derecho soberano e independiente de cualquier entidad o grupo ajeno al Estado.