El resultado de las elecciones guatemaltecas desde la perspectiva de las misiones de observación electoral que OEA desplegó en primera y segunda vuelta.

Guatemala tiene nuevo presidente. Luego del tumultuoso final del mandato del presidente Jimmy Morales caracterizado, entre otras cosas, por las muchas frustraciones sociales acumuladas producto de las promesas incumplidas y de un enfrentamiento con la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) se realizaron elecciones generales a dos vueltas. El 16 de junio los guatemaltecos votaron por las categorías presidente, diputados nacionales y alcaldes. En segunda vuelta se impuso el candidato Alejandro Giammattei por sobre Sandra Torres.

Estas elecciones se destacaron por la desconfianza entre los actores que participaron, por un lado, desconfianza entre ellos, por el otro, desconfianza entre ellos y la autoridad electoral. También hubo un elevado nivel de judicialización de la política. Como si fuera poco la “narrativa del fraude” se apoderó de los candidatos que en vez dar a conocer sus programas agotaron sus discursos en estas penosas estrategias. Como sabemos, a la “narrativa del fraude” no le importa la verdad, ni le preocupan las cuestiones técnicas, solo busca deslegitimar los resultados, y al hacerlo dañan la institucionalidad democrática del país.

El experto electoral Gerardo de Icaza sostiene que en los procesos electorales la palabra “fraude” es la más contagiosa. Para el titular del prestigioso Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA “cuando la idea del fraude es incorporada por parte de la opinión pública, es difícil encontrar un antídoto o argumento que pueda convencer a las personas de lo contrario.  Además de eso, argumentos de fraude les ofrecen a los medios de comunicación una tentadora oportunidad de generar una audiencia y vender periódicos por medio de la publicación de formatos sensacionalistas”. Para Icaza todo esto construye una “narrativa del fraude”, fenómeno que se amplifica, además, con las redes sociales y las fake news.

El principal problema con el que nos encontramos es la falta de una definición universal de lo que es el “fraude electoral”. El ciclo electoral consta de distintas fases, que van desde el establecimiento del cronograma, el empadronamiento de los electores o la inscripción de candidaturas, hasta la jornada electoral propiamente dicha, la transmisión de datos, la totalización o consolidación de resultados, la publicación de los mismos y la adjudicación de los cargos. Podemos concluir que hay fraude electoral cuando se alteran los resultados de una elección y estos no reflejan la decisión de la voluntad popular. Nada de esto ocurrió en Guatemala.

En este contexto de débil institucionalidad se desplegó una Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE-OEA) cuyo Jefe de Misión fue el respetable ex presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Esta MOE estuvo integrada por 87 expertos de 25 nacionalidades distintas quienes fueron desplegados en 22 departamentos del territorio nacional y le dio certidumbre a todos los actores políticos que forman parte del sistema electoral guatemalteco.

Como dijimos al principio Alejandro Giammattei del partido Vamos se impuso a Sandra Torres del partido UNE en la segunda vuelta desarrollada el 11 de agosto. El 57,95% para Giammattei y 42,05% para Sandra Torres.

En este breve artículo queremos dejar expuestas las observaciones que hizo la OEA en estas dos vueltas electorales.

En primer lugar, debemos destacar que la dinámica política parece girar especialmente sobre una categoría, la de alcaldes. Esta elección despierta el mayor interés en la población y puede tener que ver con la desafección ideológica o la distancia que hay entre el sistema de partidos y la sociedad. La categoría presidencial parece estar muy alejada de la cotidianidad del elector. El presidente no solo está lejos, sino que además no parece resolver los problemas del día a día de los ciudadanos. Si la figura presidencial está distante es lógico esperar que los niveles de participación decaigan en esta categoría. En contraste con esta realidad, la categoría alcalde despierta tensiones, movilizaciones y mayores niveles de participación. Es en esta instancia en donde el elector consigue algo. Una promesa, una prebenda, la chapa para el techo o la pintura para su casa. La MOE OEA consignó que el 38,2% de los alcaldes que buscaron la reelección la consiguieron. De 340 alcaldes 130 fueron reelectos. Producto de esta tensión señalada hubo incidentes graves en cinco municipios y por ello debieron suspenderse las elecciones y realizarlas en el marco de la segunda vuelta. Fue el caso de Escuintla, Tujumulco, Esquipulas Palo Gordon, departamento de San Marcos, en San Antonio Ilotenango, departamento de Quiché y en el municipio de San Jorge, en el departamento de Zacapa.

Nos encontramos con un dato que confirma el interés que despierta en el electorado una y otra categoría. El dato es el de la participación. Mientras que, en primera vuelta, cuando los alcaldes estaban en juego, la participación llegó al 61,41% en la segunda vuelta, cuando solo había dos opciones presidenciales la participación bajó notoriamente hasta llegar al 42,7%.

Luego de la realización de la primera vuelta la OEA hizo algunas recomendaciones al efecto de lograr un mejor trabajo en la segunda vuelta. Señalamientos que se vinculaban a la elaboración de un cronograma mejor trabajado para la entrega de los materiales electorales, y con un nuevo sistema de divulgación de fiscales de partidos políticos. También se pudo llevar a cabo, con el asesoramiento de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), una revisión de general del sistema de transmisión de datos.

Para la segunda vuelta la MOE de la OEA estuvo presente en 2798 Juntas Receptoras de votos (JRV), en 687 centros de votación y, como dijimos, en 22 departamentos del país, lo cual representa una muestra muy representativa.

Los rasgos más notorios de la segunda vuelta, aunque también se advirtió en la primera, es la alta presencia de fiscales partidarios. Este es un tema de vital importancia. En muchos países de la región los partidos no pueden controlar el proceso porque no están en condiciones de poner un fiscal partidario en cada mesa de votación. Vale traer el caso de las recientes elecciones primarias de la Argentina del 11 de agosto. La coalición de gobierno, denominada Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, solo logró cubrir el 50% de las casi 100 mil mesas que hay en el país. Si una coalición de gobierno no puede hacer esto ¿qué podemos esperar de los partidos más pequeños? Por lo tanto, en Guatemala, la “narrativa del fraude” que pretendieron imponer algunos candidatos chocó con una realidad inapelable: es imposible realizar un fraude estructural si los partidos tienen un representante en cada junta receptora de votos. Cualquier intento de manipulación se evaporaría ante la base documental que poseen los partidos luego de realizada esta tarea. Aquí remarcamos un aspecto positivo del proceso, pero a continuación hacemos lo propio con uno negativo: estos fiscales partidarios no tenían el conocimiento suficiente para auditar el proceso de transmisión de datos. Con esto no queremos decir que esto fue un aspecto que compromete al proceso, además los resultados fueron transmitidos con celeridad. A partir de las 6:21 de la tarde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó a publicar datos preliminares. A las 8:46 ya se habían publicado el 94,56% de las actas del país.

Guatemala viene de una reforma electoral que debatió y sancionó en 2016 cuyos ejes principales fueron el financiamiento político y de medios, la introducción del voto en el extranjero, la prohibición del transfuguismo, la incorporación de nuevas causales de impugnación de una elección, el establecimiento de un número fijo de diputados y la incorporación de nuevas facultades de control y sanción del TSE a los partidos.

La MOE de la OEA al cotejar la implementación de la nueva ley de Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) se mostraron sorprendidos por el crecimiento de los niveles de litigiosidad durante todo el ciclo electoral. Esta complejidad se debe a que la justicia electoral presenta tres instancias de resolución, el TSE, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC). En este proceso electoral se presentaron 416 recursos de nulidad en contra de determinaciones sobre inscripción de candidaturas a diferencia de las 269 presentadas en 2015. Como si esto fuera poco entre el día posterior a la primera vuelta y el comienzo de la segunda el TSE reportó 363 recursos especiales recibidos y 10 juicios de amparo tramitados. Esto llevó a que las respuestas legales fueran tardías y que no respondieran a criterios homogéneos.

Otro aspecto que deja al desnudo el problema de la judicialización de la política lo confirma el requisito del “finiquito” que hace a la “definitividad” de las candidaturas. Cuando un candidato recibe algún tipo de denuncia judicial debe tramitar de nuevo este finiquito y al no existir un mecanismo previsto por la ley es susceptible de arbitrariedades.

Un tema fundamental de la gobernanza electoral tiene que ver con el registro electoral. El elector guatemalteco debe estar inscripto en el registro con tres meses de anticipación y contar con el Documentación Personal de Identificación (DPI) que es expedido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP). En estas elecciones se produjo un aumento de 590 mil electores lo que da un total de 8.150.012 electores, es decir, aumentó un 7,2% con relación al 2015. Sin embargo, la OEA asegura que por falta de información mucha gente no se inscribe en el padrón. Dos millones de guatemaltecos obtuvieron su DPI pero no se registraron. Es por ello que la OEA recomienda que el empadronamiento sea automático.

En cuanto a participación e inclusión la OEA se ha propuesto el objetivo mejorar la participación de la mujer en todos los procesos electorales de América latina. En este sentido los datos de Guatemala son alarmantes. Para el período 2020-2024 y tras las elecciones de junio habrá solo un 19,38% de mujeres en el Congreso. El país entonces se ubica muy por debajo del promedio regional que se ubica en un 30,6%. Esto terminan siendo a su vez más alarmante cuando el padrón de la mujer en el país representa el 54%. Guatemala es uno de los pocos países de la región que no han sancionado leyes de cuotas progresivas tendientes a la paridad. La OEA viene planteando esta recomendación desde 1999. Sin embargo, aún no hay respuesta, ni avances.

Guatemala es uno de los países de la región con mayor población indígena, no obstante, las participaciones en los cargos de representación son ínfimos. Los materiales de votación están en español cuando hay comunidades enteras que hablan su lengua. La impresión de los materiales en las lenguas indígenas debe ser un camino a seguir. En este sentido, Paraguay ha hecho mucho al respecto dada su importante influencia guaraní. Un aspecto que no puede ser soslayado es la diferencia que existe entre los centros de votación ubicados en los centros urbanos y los que se encuentran en las zonas de las comunidades indígenas. Estos últimos presentan problemas edilicios, de infraestructura y desde el punto de vista de la higiene también dejan mucho que desear. Como dato positivo podemos decir que estos centros de votación retirados, periféricos, cuentan con buena cobertura de internet y sistema eléctrico.

Las últimas elecciones en México parecen haber puesto la vara de la violencia política muy arriba. La situación en Guatemala estuvo muy por debajo del país limítrofe, sin embargo, hubo problemas y la MOE OEA lo advirtió. Se documentaron en todo el proceso la muerte de 7 personas, a esto se le debe agregar la presencia de grupos armados que buscaron influir en las elecciones locales. Además, se debe consignar la salida forzada del país de Oscar Schadd, el Fiscal de Delitos Electorales del ministerio Público de Guatemala. En la primera vuelta hubo problemas en el interior del país como fue el caso de San Jorge, Zacapa, en donde debió renunciar la Junta Electoral Municipal (JEM). Por violencia e incidentes fueron declaradas nulas las elecciones en cuatro municipios que ya fueron mencionados al principio del artículo. Ya en la segunda vuelta hubo problemas en San Mateo Ixtatán (Huehuetenango) en donde el personal del TSE fue retenido y golpeado. En este caso la MOE OEA recomienda realizar un mapa de la conflictividad electoral.

Por último, es importante resaltar el problema del financiamiento político. La ley recientemente sancionada aborda aspectos relacionados con la disminución del tiempo de campaña el establecimiento de topes razonables, los límites de los aportes privados y el fortalecimiento de la capacidad de control y sanción ante el cumplimiento de las normas. Estos avances son importantes. No obstante, la OEA marca un punto interesante. Las restricciones excesivas pueden hacer que los partidos se vean obligados a buscar fuentes alternativas de financiamiento.

Guatemala ha atravesado otro proceso electoral con éxito. Su democracia en construcción ha dado un paso importante en un contexto mundial de recesión democrática. Los países vecinos o cercanos, en cambio, atraviesan problemas graves como es el caso de Nicaragua, en donde hay un proyecto autoritario en curso y Honduras, en donde la conflictividad política se trasladó a los últimos procesos electorales.

Ahora le toca a la dirigencia política del país, y principalmente a los ganadores, dar respuesta a los problemas estructurales y en las postergaciones sociales que presenta Guatemala. Sin duda, esta situación se podrá ver reflejada en futuros indicadores. Uno de ellos tendrá que ser la participación electoral. La política debe recuperar su centralidad, con resultados concretos para sus ciudadanos y así comprometerlos a que participen más en las tomas de decisiones. Porque en definitiva la democracia es una relación de reciprocidad entre representantes y representados.

 

Por Leandro Querido

Licenciado en Ciencia Política de la Univerdad de Buenos Aires, Argentina. Se especializa en sistemas electorales y Observación Electoral. Es Director Ejecutivo de Transparencia Electoral de América latina. Recorrió el continente siguiendo las elecciones de la región. Es autor del libro “Así se vota en Cuba”.