Parte central de la ampliación democrática en la región tiene que ver en la actualidad con la inclusión de los grupos sociales que reclaman por el respeto de los derechos relativos a la diversidad sexual e identitaria, como parte del respeto a los derechos humanos. El camino hacia una cultura política que salvaguarde su cumplimiento y asegure su representación es el camino hacia una sociedad moderna e integrada.

Desde el colectivo de la diversidad sexual e identitaria venimos mostrando año tras año que la lucha por la aprobación de políticas que garanticen nuestra igualdad y la no discriminación, en base a nuestra identidad de género, orientación sexual y/o expresión de género, no es en vano.

Las generaciones previas y lxs activistas con mayor trayectoria pudieron conquistar logros y sentar bases legislativas fundamentales en la región que reafirman nada más ni nada menos que el acceso del colectivo LGBTIQ a los derechos humanos ya consagrados en el derecho internacional, como por ejemplo, la aprobación de la Ley del Matrimonio Igualitario en seis países de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y algunos Estados de México), la aprobación de leyes sobre la identidad de género en trece países y de leyes antidiscriminatorias en la mayoría de los Estados latinoamericanos.

Sin embargo, podemos observar que las conquistas fueron desiguales en los diferentes países de la región. Sigue habiendo ocho países (Cuba, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Paraguay) que no reconocen el matrimonio igualitario y nueve que no adoptaron leyes antidiscriminatorias.

Siempre viví y me crié en Argentina, país pionero en materia legislativa en cuanto a los derechos LGBTIQ. Fuimos el primer país del mundo en aprobar una Ley de Identidad de Género en 2012, conquistamos el matrimonio igualitario en 2010, y tenemos una ley de Educación Sexual Integral (Ley 26.150/2006) con lineamientos curriculares básicos obligatorios desde 2008 que introduce la perspectiva de género y de la diversidad sexual e identitaria en todos los niveles educativos.

En 2015 se sancionó en la provincia de Buenos Aires el Cupo Laboral Trans (Ley 14.783) como medida positiva para garantizar el acceso de la población travesti y trans al trabajo que, sin embargo, nunca fue reglamentada. Lamentablemente. quedan muchas deudas pendientes. A pesar de la Ley de Identidad de Género en Argentina se registraron en 2018, según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en articulación con la Federación Argentina LGBT, 147 crímenes de odio contra personas LGBT, solamente contabilizando los casos visibilizados en los medios de comunicación. Más de la mitad de este número eran chicas trans que fueron asesinadas o murieron por ausencia y/o abandono estatal. [1]

En cuanto a la Ley de Educación Sexual Integral esta permite que cada institución educativa pública, de gestión estatal y privada  podrá adaptar “las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”[2] dejando, de esta manera, lugar para cierta arbitrariedad en la aplicación de los mismos contenidos curriculares, sumando la deficitaria aplicación de presupuesto al Programa Nacional de Educación Sexual Integral. En consecuencia, predomina la realidad de que esta Ley se termina reduciendo a contenidos biologicistas o con sesgos e información errónea perpetrada por sectores conservadores que hablan de “ideología de género” para defender los valores “tradicionales” de la familia, los roles de géneros binarios, reproduciendo de esta manera prejuicios y discriminación hacia las identidades disidentes.

Es notorio como dentro de cada Estado en la región se refleja este fenomeno desigual entre la legislación vigente y la efectiva implementación de esta.

Argentina está lejos de ser el único caso en Latinoamerica. Chile tiene vigente una ley contra la discriminación arbitraria (Ley 20.609/2012) que abarca los motivos por orientación sexual y la identidad de género. Una ley que reconoce el derecho a la identidad de género (Ley 21.120/2018), pero sin embargo el Estado no reconoce el matrimonio igualitario.

Un avance en 2017 fue que el Ministerio de Educación de Chile presentó una serie de documentos que obligan a las escuelas a instrumentar medidas para incluir, reconocer y respetar las identidades LGBTI a través de la Circular “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación” y una Guía para el respeto, inclusión y convivencia LGBTI dentro de las escuelas chilenas.[3] A pesar de esta última medida implementada, el Movimiento de Integración Homosexual (Movilh) denunció el suicidio de un joven trans de 16 años en una ciudad al norte de Chile en mayo de 2019. Por motivos que dejó constatados en una carta, afirmó que sufría permanentemente bullying en razón de su identidad por parte de alumnas y algunos funcionarios del mismo colegio.[4]

Un dato sumamente alarmante surge el año pasado cuando el XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció 698 casos de violencias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género. Esto refleja un aumento del 44% en comparación a 2017 y es la cifra más alta que se registra en los últimos 17 años en el país. [5]

En Perú se da una situación similar: A pesar de que según el propio Estado de Perú cuentan con 68 ordenanzas provinciales y distritales en todo el territorio, siendo 57 que protegen solamente la orientación sexual, y 11 ordenanzas provinciales y distritales restantes consideran la identidad de género como una categoría prohibida de discriminación [6], el Informe Anual del Observatorio de Derechos LGBT 2017 estableció que 341 personas presentaron información acerca de haber sido discriminadas por ser de la comunidad LGBT.

Al mismo tiempo la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI (de entre 18 y 29 años de edad), que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), entre mayo y agosto de 2017, reveló que más del 95% de peruanxs no denuncia vulneraciones a sus derechos por razones de orientación sexual e identidad de género. [7]

Colombia es otro Estado en el cual se ha avanzado mucho en legislación inclusiva para el colectivo LGBT. Se estableció el matrimonio igualitario y el decreto Nº 1227 (2015) “relacionada con el trámite para corregir el componente sexo en el Registro del Estado Civil.”[8] Las cifras de Colombia Diversa reflejan que en 2015 fueron asesinadas 110 personas LGBT. [9]

Analizando estos panoramas de algunos países en Latinoamerica son notorias las grandes brechas que siguen existiendo entre las conquistas legislativas y las discriminaciones y violencias cotidianas que impiden el ejercicio pleno de la ciudadanía de la población LGBTI.

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el observatorio Sin Violencia LGBTI registra datos estadísticos de asesinatos cometidos en Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia. Su síntetis: Hubo al menos 1.300 asesinatos de personas LGBTI en los últimos 5 años lo que hace un promedio de cuatro homicios diarios. [10]

No es casual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que “ha recibido información sobre incidentes violentos, como agresiones, asesinatos con ensañamiento, violencia sexual y discriminación en contra de personas LGBTI en la región.”[11]

Esto es producto de la falta de elaboración sistemática de estadísticas nacionales desde los Estados para un monitoreo efectivo de las políticas de protección vigentes. En consecuencia estas falencias condujeron a que sectores conservadores de derecha y sectores ligados a la iglesia evangélica se instalasen en diferentes esferas sociales y estatales ejerciendo presión sobre la opinión pública y política.

Estos sectores instalaron un mensaje que promueve el odio y la intolerancia hacia el colectivo de la diversidad sexual e identitaria a través de un discurso llamado “ideología el odio” o yendo en contra de la tal llamada “ideología de género” que atenta directamente contra la protección de los derechos del colectivo disidente.

La organización de estos grupos no es novedad, pero en los últimos 7 u 8 años se vió con mayor visibilidad la exportación de este odio financiado económicamente por regiones más del norte.[12]

Su rol más activo se suele dar en el marco del debate por la educación sexual integral en la que defienden su implementación “sin ideología de género”, es decir eliminando el enfoque de género y de la diversidad sexual e identitaria.

Sus políticas tienen como ejes centrales campañas de difusión de información errónea y sesgada que colisiona directamente con los estandares de protección de derechos humanos establecidos en el derecho internacional que difunden bajo el lema “Ideología de género” y “Con mis hijos no te metas”. Defienden la familia tradicional (hombre-mujer) y rechazan el acceso a la información y el derecho a decidir en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño.

La presencia de una parte de estos sectores abre el debate sobre la necesidad de que el Estado y sus instituciones sean regidas por el laicisimo para un mayor fortalecimiento democrático que garantice efectivamente la protección de los derechos de todas, todos y todxs.

Al mismo tiempo estamos viviendo un clima mundial que vira hacia un futuro de incertidumbre y ante un escenario que profundiza la falta de representación por la política tradicional, las sociedades buscan refugio en causas comunes que sí lxs representan. Buscan lo conocido. Los valores tradicionales. Podemos hablar del “fenómeno Trump” o el “fenómeno Bolsonaro” como factores que contribuyeron a poner en cuestión políticas previamente conquistadas que protegían a colectivos vulnerados y al de la diversidad sexual e identitaria en particular, incentivando el avance y dando lugar a estos sectores conservadores.

En Brasil, con impacto en la región, causó gran conmoción el asesinato de la concejala feminista, afro y lesbiana Marielle Franco, partidaria del Partido Socialismo y Libertad (PSOL)[13].  Lxs activistas por los derechos del colectivo LGBTIQ en Brasil se encuentran en estado de alerta frente a los discursos de odio y de avance de la derecha de la mano del gobierno de Jair Bolsonaro.

Por un lado nos encontramos frente a un clima generalizado de pérdida de identificación de la sociedad con los partidos políticos tradicionales pero al mismo tiempo, esta pérdida también se traduce, sobre todo para las nuevas generaciones, en identificaciones con los grandes movimientos sociales transversales, como el movimiento por la crisis climática o como lo está siendo la cuarta ola del feminismo que se comenzó a gestar por 2013 en Argentina y fue expandiendose por la región y a nivel global. Este movimiento social visibilizó la violencia de género, los femicidios y los crímenes de odio hacia las mujeres, feminidades y también las disidencias sexuales e identitarias.

Este auge tejió redes de cooperación y lucha entre el movimiento feminista y el de la comunidad LGBTIQ para visibilizar las deudas pendientes con la democrácia como lo es esta brecha que sigue persistiendo a nivel regional entre la legislación formal y el cumplimiento efectivo de protección de los derechos humanos independiente de la identidad de género, orientación sexual y/o expresión de género.

Esta cooperación logró darle mayor visibilidad a acontecimientos como el precedente que marcó un hito regional clave para el avance de los derechos humanos del colectivo travesti-trans. Así ocurrió con el uso del término “travesticidio” que la justicia argentina enunció por primera vez en el juicio por crimen de la activista travesti de derechos humanos Amancay Diana Sacayán en su veredicto reafirmando que se trató de un crimen de odio y que medió la violencia de género. “Esto es un cambio de paradigma. Es el mejor fallo que podríamos haber tenido. Es la primera vez que se hace Justicia por una travesti” dijo Sasha Sacayán, el hermano de Diana. [14]

 

Cobra cada vez más relevancia el colectivo de las juventudes como actor central que lidera los reclamos masivos que implican la ampliación de derechos, no solo en materia de protección de los derechos de la diversidad sexual e identitaria, sino, bajo la apropiación del lema “lo personal es político”, este colectivo heterogéneo le sube la vara a las instituciones estatales y políticas al momento de reclamar la efectividad de los derechos formales en materia de derechos humanos.

El desafío que tenemos es fortalecer y construir puentes más sólidos entre los movimientos sociales, la sociedad civil y lxs militantes partidarios que defendemos la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ en la región, para poder ocupar los espacios de representación política que permitirán erradicar transversalmente las deudas históricas para con nuestro colectivo y aportarán a un fortalecimiento de los sistemas democráticos latinoamericanos como sistemas que garanticen plena y efectivamente los derecho humanos para todxs. De esta manera consolidaremos la construcción real y sostenible de sociedades modernas y de iguales.

[1] http://agenciapresentes.org/2019/03/19/en-argentina-se-reportaron-147-crimenes-de-odio-contra-lgbt-en-2018/

[2] Ley 26.150 (2006) – Programa Nacional de Educación Sexual Integral

[3] http://agenciapresentes.org/2017/05/04/ordenan-a-las-escuelas-respetar-identidades-trans-un-hito-en-la-convivencia-escolar/

[4] http://agenciapresentes.org/2019/05/27/conmocion-por-el-suicidio-de-un-joven-trans-le-hacian-bullying-en-la-escuela/

[5] http://agenciapresentes.org/2019/03/21/chile-acumula-record-de-violencias-contra-lgbt-en-2018/

[6] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018). Reconocimiento de derechos de personas LGBTI. OEA/Ser.L/V/II.170 Doc. 184. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf

[7] http://agenciapresentes.org/2019/09/17/el-estado-es-el-principal-agente-de-violencia-a-lgbt-en-peru/

 

[8]https://www.ramajudicial.gov.co/documents/573203/887555/Decreto+1227+de+2015+%28Tr%C3%A1mite+para+corregir+el+componente+sexo+en+el+Registro+del+Estado+Civil%29.pdf/2eb80ef4-d277-49be-b748-f1112e7852b9

[9] https://colombiadiversa.org/ddhh-lgbt/

[10] http://agenciapresentes.org/2019/08/12/cada-dia-asesinan-a-al-menos-4-personas-lgbti-en-america-latina-informe/

[11] https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/065.asp [Comunicado de prensa]

[12] http://agenciapresentes.org/2018/12/17/avanza-ideologia-del-odio-contra-personas-lgbt-en-america-latina-analistas/

[13] http://agenciapresentes.org/2018/03/15/brasil-asesinaron-marielle-franco-concejala-feminista-afro-lesbiana/

[14] http://agenciapresentes.org/2018/06/18/travesticidio-dianasacayan-perpetua-por-crimen-de-odio-al-acusado/

 

Laura Moses

Militante partidaria de la Juventud Radical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Feminista interseccional. Lesbiana. Coordinadora Federal del Observatorio de Género y Diversidad del Instituto Moisés Lebensohn. Estudiante de Derecho en la UBA. Diplomada Superior en Diversidad Sexual y Derechos Humanos realizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT). Integrante voluntaria del W20 (Women 20), grupo de afinidad del G20 en el período 2018.