Según datos del Banco Mundial, Honduras se ubica entre los 5 países más desiguales de América Latina, y ocupa el puesto número 6 entre los más desiguales a nivel mundial. También revelan que el país en cuestión posee un 64,5% de población en situación de pobreza en el que un 42,6% se encuentra en pobreza extrema bajo el umbral de la miseria. Estos datos alarmantes tienen una causa principal: la concentración de la riqueza en un sector sumamente minoritario.
Es únicamente un 5% de su población la que se ubica en el sector más privilegiado. Estructura social que muestra que la mayor parte de los recursos económicos y sociales se concentran en unas pocas personas. Asimismo, estos grupos sociales cuentan con más privilegios y una gran capacidad económica siendo los dueños de los medios de producción, que, a su vez, detentan el poder político, a través de su “clase política gobernante”.
En este contexto, el fenómeno de la pobreza se hace escuchar siendo uno de los problemas que vienen enfrentando gobiernos anteriores, los cuales, fueron incapaces de disminuir. Este problema, no solamente afecta a las personas que la sufren, sino pone en tela de juicio el factor democrático.
Según el coeficiente de Gini, Honduras se ubica como el país con la distribución más inequitativa de la riqueza en la región latinoamericana. El crecimiento económico tiende a ser recesivo debido a la baja productividad por la escasez de empleos, haciendo que bajen los niveles de vida de la clase media y que la clase baja sea propensa a desaparecer. La concentración de la riqueza representa una inequidad perfecta provocando que el fenómeno pobreza, se acreciente cada vez más.
Los intentos de los gobiernos consiguientes al implantar programas para el desarrollo social, resultaron ineficientes. Esto se debe a que, más que disminuir las situaciones de precariedad del sector más grande de la población, fueron funcionales a los pequeños sectores dueños del poder económico, haciendo que se agrande cada vez más y más la brecha entre estos.
El actual gobierno de Juan Orlando Hernández, tomó medidas que hicieron que se confirme más para quien se gobierna. La privatización de la salud y de la educación es un ejemplo claro de ello. Anunciado esto por decreto, hizo que la sociedad civil responda con huelgas y manifestaciones que fueron reprimidas con violencia por el aparato estatal generando una fuerte crisis que después de tanta lucha, si bien el decreto fue derogado, se puso en juego el factor legitimidad. Así, con la mayor cantidad de medidas que el gobierno toma sin apoyo del Congreso.
En un sistema donde las decisiones políticas son tomadas en función a los intereses de la minoría, es difícil hablar de una democracia en donde la igualdad de oportunidades, es la clave para alcanzar el bien común. En materia de educación, los niños más pobres solo acceden a 4 años de la misma, mientras, que los más ricos, a más de 10 años. En las zonas rurales, el 42% de los niños campesinos, sufren de desnutrición, y en las zonas urbanas el 26%. Esto nos lleva a sostener que el sistema político no está funcionando con eficacia y que las decisiones políticas, no son compatibles a las demandas. Un ejemplo claro es la falta de inversión en las industrias agrícolas que llevan a la diversificación de los ingresos rurales, siendo estas zonas, el sector en donde se concentra la mayor parte de la población hondureña que vive en pobreza y dependen de la agricultura para subsistir.
Los datos plasmados, resultan alarmantes para las organizaciones dedicadas al tema, que responden con severas críticas al gobierno, abriendo un espacio de debate para la opinión pública internacional y situando al país en el foco del análisis.
Resulta imprescindible hablar de democracia sin que el factor igualdad se haga presente. Es la decisión política la que no estaría atendiendo a las demandas de la sociedad hondureña pero si, a las demandas del sector minoritario dominante. Por lo tanto, en cada decisión traducida en política pública, se hace presente un margen de desigualdad y exclusión a los sectores más vulnerados y hace que hablar de democracia en un pueblo que no elige, sino vota, sea una ficción. Como así también, que las falencias en la educación sea un elemento que contribuya a la perpetuación del poder político debido falta de cultura democrática en el que la participación política es un principio a la hora de hablar de democracia plena. Y es imposible hablar de participación en un contexto donde el acceso a la educación es precario y resulta necesario para entender el grado de importancia de la responsabilidad cívica a la hora de participar en la toma de decisiones.
En definitiva, se podría decir que el sistema político en Honduras no está funcionando como se debe. Hay una incapacidad de responder las demandas, una falta de responsabilidad a la hora de tomar decisiones que, solamente están beneficiando a los sectores más ricos excluyendo a las masas y aumentando la brecha de desigualdad. Es esta ineficiencia del propio sistema la que podría llevar a la toma de conciencia del pueblo y hacer que éste considere al gobierno ilegitimo. Esto no solo provoca una desestabilidad en el gobierno por la falta de gobernabilidad, sino que el resultado puede ser su caída. Por lo tanto, si la dinámica del sistema sigue el mismo curso, solo falta esperar a que esto suceda.
Estudiante en Licenciatura de Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Santiago del Estero.
