Mucho se habla y se discute en los medios de comunicación sobre la situación de países como Venezuela, Brasil o México, más no sabemos nada de aquellos lugares donde el foco de atención no está puesto. Este es el caso de Honduras, un país convulsionado por la inestabilidad económica, social e institucional cuya población se ha visto obligada a emigrar de su territorio, dadas las altas cifras de violencia e inseguridad y la falta de oportunidades que condicionan a muchos a vivir en el espectro de la pobreza.

En Honduras por lo menos 50.000 personas han perdido la vida en circunstancias violentas en los últimos 10 años según el informe 2019 del Comisionado de Derechos Humanos. Además, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y Justicia Penal lo clasifica como uno de los países más peligrosos del mundo.

Por otro lado, la pobreza se encuentra en un 68% de acuerdo al CONADEH, es decir que más de la mitad de la población vive en condiciones de baja calidad. Esto se debe en gran parte a los altos costos de la canasta básica y de servicios fundamentales como el agua y la electricidad. 

De la mano de los indicadores previamente mencionados, el Índice de Percepción de la Corrupción en el Sector Publico en Honduras le sitúa en el puesto número 132º como uno de los más corruptos alrededor del mundo.

Son datos como estos, los que traducidos en la realidad han forzado a cientos de hondureños a buscar más y mejores oportunidades lejos del calvario vivido en los propios límites de su país. Se cree que entre 2005 y 2018 aproximadamente 250.000 habitantes se han ido de Honduras, mientras que entre 2018 y 2019 esa cifra llega a 20.000. Los principales destinos son México y los Estados Unidos, quienes no han sido de lo más receptores, deportando a muchos e intimidando a otros. De todas maneras, se espera que cientos de personas aglutinadas en caravanas continúen viajando hacia estos lugares en busca de nuevas oportunidades. 

Mientras tanto, en el seno del país, se llevan a cabo constantemente protestas y manifestaciones en contra del actual gobierno de Juan Orlando Hernández, presidente reelecto en el año 2017 bajo denuncias de fraude electoral.

Resulta difícil saber que le depara a Honduras, el poder ejecutivo no parece estar interesado en tratar de remediar la situación que asola al país. Prefiere optar por desafiar a la oposición, e ignorar por ejemplo, una recomendación de la OEA de llevar a cabo nuevamente elecciones presidenciales.

Más allá de que existan consecuencias demográficas y económicas, los desenlaces para la democracia y la sociedad civil hondureña producto de los grandes movimientos migratorios han de ser su continuo debilitamiento y fragilidad, ante un gobierno que viola el orden democrático y manipula las instituciones del estado.