Esta semana fue noticia la denuncia que jueces y magistrados le hicieron al presidente Bukele ante las Naciones Unidas. En la misma se insta al Poder Ejecutivo a obedecer las resoluciones judiciales, actitud que se agravó durante la pandemia del Covid-19.

En la carta enviada al relator de la ONU se denuncia que “Bukele invoca de forma constante la desobediencia de resoluciones judiciales provocando pronunciamientos deliberados contra autoridades judiciales”. Esta actitud, de constante desobediencia y amenazas, se vio el último tiempo contra los miembros de la Sala de lo Constitucional.

Recordemos que, en abril, los magistrados y organizaciones civiles alertaron a la comunidad internacional sobre las detenciones sistemáticas y la privación de la libertad a civiles por el incumplimiento de la cuarentena.

La gota que colmó el vaso y la masacre de El Mozote

El lunes 21 de septiembre, el juez de instrucción de San Francisco Gotera quiso ingresar al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para inspeccionar los archivos de la masacre de El Mozote. Como consecuencia de ello los militares impidieron su entrada de manera arbitraria y sin justificación.

Para entender por qué estos archivos son importantes debemos hacer memoria sobre los acontecimientos ocurridos en esta masacre. En 1981 el batallón Atlacatl de las Fuerzas Armadas de El Salvador decidieron iniciar una “Operación Rescate” en el norte para buscar insurgentes. Los soldados reunieron a la población de la zona pidiendo información sobre la actividad guerrillera que se realizaba allí. Para obtener esta información separaron hombre y ancianos de mujeres y niños para interrogarlos mediante una tortura sistemática y ejecutarlos posteriormente.

Se calcula que en total hubo 985 hombres, mujeres y niños campesinos que fueron asesinados a manos del ejército. Fue considerado como una de las peores masacres del Hemisferio Occidental en tiempos modernos.

Ante las sucesivas negaciones y atropellos por parte del gobierno en aquella época, la ONU decidió crear una Comisión para la Verdad que investigue los hechos de la guerra civil salvadoreña. Sumado a ello, el periodista de Raymond Bonner del periódico New York Times publicó una nota con fotografías de los hechos y denunció la matanza de personas indefensas en manos del ejército salvadoreño. Luego, la periodista Alma Guillermoprieto publicó, en The Whasington Post, el testimonio de una sobreviviente de la masacre.

A pesar de todas las acciones tendientes a buscar justicia, verdad y responsables de los hechos, el gobierno salvadoreño negó durante años aquella masacre.

La participación de Argentina

Los años 90 fueron clave para este hecho. En este período se denunció en la justicia y se presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la masacre y responsabilizando a la Republica de El Salvador por no querer mostrar los archivos de la Operación Rescate.

Otro punto clave fue la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 1992 para hacer excavaciones en la zona y buscar restos de las víctimas. Finalmente, esto terminó por corroborar y el gobierno salvadoreño ya no pudo negar la masacre, pero continuó obstaculizando el acceso a los archivos.

¿Por qué es necesario garantizar el acceso a los documentos? La importancia de acceder a aquellos documentos se debe a la necesidad de saber quién o quiénes ordenaron la masacre, encontrar a los responsables y hacer justicia por las víctimas de aquel hecho.

La denuncia de los magistrados ante Naciones Unidas busca visibilizar los constantes atropellos desde el poder ejecutivo a los integrantes de la Sala de lo Constitucional. Las instituciones civiles y los organismos multilaterales instan al gobierno a asegurar que el acceso a la información pública, la cual debe ser transparente. Solo de esta forma se podrá garantizar una verdadera independencia de poderes, una transparencia y un mecanismo de rendición de cuentas entre los diferentes órganos.