Como fue tratado en artículos anteriores, en la isla de Cuba se produjo en los últimos años una gran expansión de la conectividad a Internet, lo que les permitió a muchos de sus ciudadanos tomar contacto e intercambiar información con el exterior sin intermediarios (aunque todavía de una forma costosa). Y con esto, aquellos actores de la sociedad civil que forman parte del activismo social y la oposición política se vieron con la posibilidad de transmitir en vivo y en directo al mundo la realidad cotidiana del país sin pasar por el filtro de la censura estatal.

Esto también permitió el surgimiento de nuevos comunicadores jóvenes -los ya conocidos influencers– los cuales de una forma original e independiente (acorde a los estilos de comunicación digital actuales) buscan vivir de la producción de su contenido en YouTube, en el que muestran la realidad cubana desde su perspectiva y expresan su opinión frente a diferentes sucesos, ya sea en clave de entretenimiento, periodismo alternativo o activismo. Los mismos comenzaron utilizando la red wifi de los parques públicos, y algunos logran “monetizar” su trabajo a través de sus canales delegando su gestión a alguien en el extranjero, debido a que la empresa no realiza operaciones comerciales en la isla.

Ahora bien, como también fue tratado hace algunos meses, esta nueva explosión de la comunicación y sobre todo de la transmisión de ideas divergentes trajo aparejada la necesidad de un régimen autoritario de adaptarse a la hora de reprimir dicho fenómeno. Lo que hizo principalmente a través del decreto ley-370 -más que nada de su artículo 68 inciso i), el cual establece multas de 3000 pesos (120 USD) por la publicación de lo que se considere: “información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”- amén de todas las medidas tomadas contra diferentes personas a partir del mismo. Y algunos de estos youtubers no estuvieron exentos.

Es que, si bien el contenido que cada uno presenta es distinto, lo cierto es que al ser desde una mirada completamente independiente y propia puede incomodar al gobierno en cualquier momento al no pasar la información por su tamiz, lo cual sucedió en varias oportunidades, ya sea mediante críticas directas o simplemente al mostrar situaciones cotidianas que a todas luces no le conviene que sean mostradas al exterior.

Uno de los ejemplos más destacados de esto, con 5120 suscriptores (un número importante para haber empezado hace menos de un año), es Yander Serra, el cual en su canal se ha dedicado a mostrar la realidad del país con sus matices, desde un punto de vista crítico acerca de diferentes aspectos: ya sea sobre la escasez de productos básicos, la actual pandemia del COVID-19, la falta de libertad de expresión, entre otros temas. Hacer eso le valió ser citado por el MININT (Ministerio del Interior) el pasado 13 de abril, interrogado, detenido y posteriormente multado el 8 de junio por 3000 pesos (120 dólares) en el marco del artículo 68 inciso i) del decreto-ley mencionado más arriba.

Otro caso es el de Ruhama Fernández, quien habiendo comenzado con su canal a principios de este año, produce un contenido de crítica fuerte y frontal, tanto hacia el régimen como al ideario en que se sostiene a través de videos donde, por ejemplo, desmiente noticias de los medios oficiales, critica abiertamente las ideologías socialista y comunista, y promueve ideas principalmente desde el liberalismo, tanto económico como político. Por todo esto terminó siendo “regulada” por el MININT el 3 de agosto, enterándose cuando pretendía tramitar su pasaporte, además de ser citada a una estación de policía el 3 de septiembre, paradójicamente al mismo tiempo que recibía una constancia de no tener antecedentes penales. Luego de comparecer por esa citación, publicó detalles sobre el hostigamiento sufrido por parte de los agentes de seguridad:

“Ya estoy en casa, me siguieron desde la casa hasta la policía, me desnudaron para revisar si no tenía micrófonos y acusaron de que tenía un equipo robado y que si yo vendía o tenía en gran cantidad toallas sanitarias, todo esto porque no tienen pruebas reales de un delito.” (Tweet del 3 de septiembre)

 En sus redes sociales (aquí sus perfiles de Facebook y Twitter) documenta y expone como es blanco de amenazas -principalmente telefónicas- y de una vigilancia alevosa en las inmediaciones de su propio domicilio.

Otra de las medidas del gobierno frente a este escenario es intentar convertir a sus periodistas en nuevos youtubers: el portal ADNCuba cuenta que la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) llevó a cabo en Guantánamo un taller de formación para capacitar a los portavoces oficiales en el manejo de YouTube y las nuevas formas y paradigmas de la comunicación en esta plataforma.

Es indudable que Cuba está experimentando un paulatino proceso de destape, en gran medida gracias a su proceso de informatización, en el que cada vez más actores de la sociedad civil se animan expresar su mirada crítica y a manifestarse por el cambio que ven posible y muy necesario. Pero a su vez dicho proceso le da al Estado un mayor poder infraestructural para ejercer el control y la vigilancia, con sus posteriores represalias. Por lo que es necesario no perder de vista y apoyar desde las organizaciones internacionales y de derechos humanos lo que estos nuevos actores tienen para mostrar: un trabajo que es de gran utilidad para llegar al exterior de una forma mucho más llamativa y acorde con los estándares de comunicación actuales.