Garantizar elecciones con integridad involucra el cumplimiento de parámetros que incluyen la construcción de una justicia electoral como parte de los derechos humanos; la profesionalización e independencia de los organismos electorales, como garantes de la transparencia de los procesos electorales; el reaseguro de la participación multipartidaria como control recíproco junto con la regularización del financiamiento político. ¿Está Venezuela cerca de cumplir con alguna de estas condiciones?

  1. Antecedentes

Venezuela se aproxima a la celebración de unas elecciones sin garantías el próximo 6 de diciembre. De acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes, en esa fecha a más tardar se deberían celebrar las elecciones para la renovación de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Nacional.

Recordemos que, en el año 2015, la Mesa de la Unidad (MUD), instancia que aglutinaba a las fuerzas opositoras, ganó de manera contundente y se hizo con la mayoría calificada (⅔) del cuerpo. A partir de ese momento, las distintas instituciones del Estado fueron usadas por el oficialismo para desconocer esta derrota, y usurpar las competencias del Poder Legislativo.

De esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actor fundamental en el desmontaje democrático, consideró que la Asamblea Nacional había entrado en “desacato”, figura inexistente en la legislación venezolana, y de esta manera neutralizó sus decisiones y asumió sus facultades.

Desde ese momento se celebraron varios procesos electorales con cada vez menos garantías, hasta el punto que en el año 2017, en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (convocada de forma inconstitucional), la empresa encargada de la automatización del sistema electoral aseguró, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó los resultados, que “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arrojó el sistema fue de al menos un millón de electores“, confirmando algo que hasta ese momento no se había documentado, un fraude electoral a través de la modificación manual de los resultados registrados por las máquinas de votación.

Esto se repetiría en las elecciones regionales que se celebraron ese mismo año. La noche de la elección, el CNE informó en su primer reporte que Andrés Velázquez, candidato opositor, estaba ganando la elección en el Estado Bolívar. Posteriormente, en otro de los reportes anunció como ganador al candidato oficialista, aunque de acuerdo a las actas impresas por las máquinas de votación, el ganador había sido Velázquez.

En 2018 se celebraron las elecciones presidenciales, en las que no participó la oposición mayoritaria por falta de garantías. Sus resultados fueron desconocidos por más de 50 países y es lo que permitió el reconocimiento del diputado Juan Guaidó, presidente de la directiva de la Asamblea Nacional, en el año 2019, como Presidente Encargado de Venezuela.

Este breve repaso da cuenta de que, si bien desde hace muchos años no hay condiciones que den garantías electorales a las fuerzas opositoras, a partir del desconocimiento de los resultados del año 2015 se ha transitado de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo cerrado.

Ahora bien, ¿Qué garantías se requieren para la celebración de elecciones íntegras?

De acuerdo a la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad en su informe de 2012, para la celebración de elecciones íntegras es necesario:

  • Construir un estado de derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral;
  • Crear organismos electorales profesionales y competentes, que puedan actuar con total independencia en la gestión de procesos electorales transparentes y se ganen la confianza de la población;
  • Crear instituciones y normas para la competencia multipartidaria y la división del poder que refuerce a la democracia como un sistema de seguridad recíproca entre los contrincantes políticos;
  • Eliminar las barreras jurídicas, administrativas, políticas, económicas y sociales que dificultan la participación política universal e igualitaria;
  • Regular el financiamiento político descontrolado, oculto e indebido.

Con solo hacer un rápido ejercicio mental de llevar estos 5 principios a la realidad de Venezuela advertiremos rápidamente la imposibilidad de realizar un proceso electoral con un umbral mínimo de integridad.

 

  1. Ausencia de garantías electorales

Uno de los puntos fundamentales para la celebración de elecciones libres es una autoridad electoral independiente y profesional.

En el caso de Venezuela, es facultad de la Asamblea Nacional nombrar a la directiva del Poder Electoral. Sin embargo, por quinta vez en las últimas dos décadas ha sido nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el Poder Ejecutivo, violando abiertamente la Constitución, que asigna esa facultad exclusivamente a la Asamblea Nacional, como órgano elector de segundo grado, con la votación de una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros, y sólo en relación con personas exclusivamente nominadas por un comité de postulaciones en el cual estén representados la sociedad civil, y que debe recibir y evaluar las credenciales de los candidatos a integrar la directiva del CNE.

Otro de los puntos fundamentales tiene que ver con el derecho político por excelencia, es el de elegir y ser electo. Este principio ha sido vulnerado reiteradamente con acciones que han impedido que los candidatos opositores competitivos se postulen a elecciones.

Además de impedir las postulaciones de ciertos liderazgos, se ha diseñado un plan para crear una oposición a la medida, un ecosistema de organizaciones políticas satélites del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que participen en las contiendas electorales para intentar darles legitimidad, pero sin representar una verdadera amenaza a su hegemonía. Una muestra de esto han sido las decisiones de la Sala Constitucional del TSJ conocidas en junio y julio de este año, desconociendo a las directivas nacionales de tres de los cuatro principales partidos de oposición, como son Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular; y reemplazandolas por juntas ad hoc presididas por dirigentes cercanos al gobierno de Maduro, para que de esta manera sean éstas las que postulen a los candidatos y usen el logo, símbolos, emblemas y colores partidarios.

Otro de los grandes golpes contra la participación política universal e igualitaria ha sido la modificación de la forma de votación de los pueblos indígenas. El CNE eliminó el voto directo y secreto de los indígenas para la elección de los tres diputados que le corresponden en la Asamblea Nacional, lo que viola lo establecido en la propia Constitución venezolana (Art. 63), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Democrática Interamericana, basado en la elección de todos los representantes del pueblo mediante votación libre, universal, directa y secreta. El ente comicial resolvió que lo harán a través del voto indirecto de voceros, elegidos mediante votación pública a mano alzada en las denominadas Asambleas Comunitarias, y quienes luego elegirán a los tres representantes indígenas a la Asamblea Nacional (AN) de forma secreta y manual en las Asambleas Generales (AG).

 

  1. Modificación inconstitucional del número de diputados a la Asamblea Nacional

El CNE, a través de las “Normas Especiales para las Elecciones Parlamentarias período 2021-2026”, estableció “una fórmula en la que se incrementa en un 66% el número de cargos a elegir a la AN, pasando de 167 diputados a 277”, argumentando que de esta manera se lograría “un equilibrio en el sistema electoral entre el voto lista y el nominal”.

Esta modificación representa una violación del artículo 186 de la Constitución, que establece expresamente tres criterios: una base de 3 diputados para cada una de las 24 entidades federales (72 en total), y el resto “según una base poblacional del 1,1 por ciento de la población total del país” (91 a 92 escaños en el ámbito nacional), y 3 escaños para la representación indígena en el ámbito nacional. En total entre 165 y 167 diputados.

Pero no solo el CNE aumentó inconstitucionalmente el número de representantes, sino que también modificó los porcentajes de representación proporcional y nominal. De acuerdo a la Ley Orgánica de Procesos Electorales se elegía 70% de los diputados por criterio nominal, y 30% de manera proporcional en listas regionales, pero a partir de estas nuevas normas, el reparto de los curules estará distribuido en un 48% para el sistema nominal (133 diputados) y en un 52% para la votación proporcional (144 escaños), incorporando además una lista nacional, de manera que de los 144 cargos, 96 serán adjudicados mediante lista regional, y 48 por intermedio de una lista nacional. Esta última no será electa por voto directo.

 

  1. Cronograma electoral

Las elecciones fueron convocadas el 1 de julio (5 meses y 4 días antes), y no fue hasta el 11 de ese mes que fue publicado en la página del CNE. Para cuando esto sucedió, ya se estaban cumpliendo los plazos de algunas actividades.

Si comparamos con los últimos tres procesos electorales legislativos, el de este año es que tiene un cronograma más ajustado.

Días entre la convocatoria y la celebración de las elecciones:

2005: 187 días

2010: 166 días

2015: 168 días

2020: 159 días

No solo se redujeron los días entre la convocatoria y la elección, sino también el número de actividades contempladas en el cronograma. De acuerdo a la información brindada por el CNE, se prevén 88 actividades este año, una reducción importante con respecto a las elecciones legislativas anteriores:

2005: 105 actividades

2010: 103 actividades

2015: 102 actividades

2020: 88 actividades

Vale resaltar que la reducción en los lapsos del cronograma se da en un contexto de pandemia por el COVID-19 que obliga a repensar el proceso para incorporar protocolos sanitarios a decenas de actividades que están contempladas en el cronograma.

De acuerdo a la Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemiade la OEA, la actualización del cronograma para la incorporación de nuevas medidas que contribuyan a evitar los contagios por COVID-19 es fundamental: “En algunos casos podría ser necesaria la extensión o modificación de plazos. En otros se puede requerir la inclusión de nuevas actividades producto de las medidas sanitarias dispuestas.”.

En comparación con 2015, el cronograma electoral presenta cambios sustanciales, como, por ejemplo:

  • Reducción de 140 días en el lapso para el registro electoral (además del número de locales dispuestos para este fin, que pasó de 1.568 en 2015 a 551 en 2020).
  • Reducción en 38 días en el lapso de sustitución y modificación de las postulaciones.
  • Reducción de 8 días en la producción de máquinas de votación, pasando de 27 días en 2015, a 19 en 2020. Esto es particularmente llamativo ya que las máquinas son nuevas y hasta la fecha no hay información oficial de su llegada.
  • Solo 8 días para la auditoría del nuevo software de las máquinas de votación.
  • Solo 7 días a la auditoría del nuevo software de totalización.
  • Eliminación de la auditoría de la tinta indeleble (que, aunque ya se había eliminado, hoy es desaconsejada por criterios sanitarios).
  • Eliminación de la auditoría de la producción del Sistema de Información al Elector (SIE), una estación dispuesta en la entrada de los centros de votación con el propósito de informarles a los electores la mesa en que les corresponde sufragar.
  • Reprogramación inconsulta de la auditoría del software y denuncias de existencia de un cronograma paralelo.

 

  1. Instrumento de votación y sistema automatizado

A la salida de Smartmatic del país en el año 2017, luego de denunciar un fraude en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, se ha sumado el incendio que se produjo el pasado 7 de marzo del presente año en el depósito del CNE, en el que se perdieron 49.508 máquinas de votación (98,5% del total), 49.323 Sistemas de Autenticación Biométrica (98, 5% de los equipos) y 582 computadoras del Registro Civil.

Los rectores del CNE aseguran que en las elecciones del 6 de diciembre se usará un sistema automatizado. En un comunicado del 1 de septiembre, informaron que fue presentada al pleno de la institución “la nueva solución tecnológica electoral”. Sin embargo, a 69 días de las elecciones aún no hay certeza del hardware y el software que se usará en los comicios legislativos.

De acuerdo a lo establecido en el cronograma, se deben realizar las siguientes auditorías a los componentes del sistema automatizado:

  • Auditoría del software de las máquinas de votación: entre el 5 y el 16 de octubre
  • Auditoría del software de totalización: entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre
  • Auditoría de archivos de máquinas de votación: 30 de octubre
  • Auditoría de infraestructura tecnológica electoral: Entre el 9 y el 13 de octubre
  • Auditoría de producción de máquinas de votación: entre el 9 y el 28 de noviembre

Sin embargo, ya se han anunciado reprogramaciones lo que hace dudar de la capacidad institucional del actual CNE para poder cumplir, aunque más no sea en tiempo, ya no en cuestiones de forma.

En un contexto de cambio en el sistema automatizado, se requieren al menos 20 días para que los técnicos y proveedores celebren reuniones que les permitan diseñar un esquema de auditorías al nuevo sistema, y que una vez este sea definitivo, se requieren al menos de seis meses para realizarlas.

Adicional a las auditorías, algunas de las preguntas que debe responder el ente electoral sobre la adquisición del nuevo sistema automatizado, son:

  • ¿Cómo fue el proceso de licitación y adjudicación para la adquisición de las máquinas?
  • ¿Qué empresas participaron en la licitación?
  • ¿Cuántas máquinas de votación se adquirieron y a qué costo?
  • ¿Qué tipo de características presentan estas soluciones tecnológicas?

A 69 días de las elecciones nada se sabe sobre este aspecto central.

 

  1. Comentarios finales

Para que se celebren elecciones democráticas en Venezuela, es necesario que:

  • La Asamblea Nacional electa en 2015 designe a los rectores del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a lo establecido en la ley que rige al Poder Electoral.
  • Se restituyan las directivas legítimas de los partidos políticos intervenidos por el TSJ.
  • Queden sin efectos las inhabilitaciones que pesan sobre los líderes opositores.
  • Liberen a todos los presos políticos.
  • Se respete lo que establece la Constitución sobre el número de diputados que deben ser electos de acuerdo al criterio poblacional, así como la fórmula de proporcionalidad.
  • Se facilite la inscripción y actualización en el registro electoral en Venezuela y en el exterior.
  • Se garantice y facilite el voto de los venezolanos en el exterior. Es inexplicable a esta altura como no se ha dado respuesta institucional en este sentido cuando es de público conocimiento el masivo éxodo de venezolanas y venezolanos de los últimos años. Lo cual representa una clara vulneración a los derechos políticos de los millones de venezolanos de la diáspora.
  • Se seleccione y capacite oportunamente a los miembros de los Organismos Electorales Subalternos (Integrantes de Juntas y Mesas Electorales).
  • Se realicen todas las auditorías al sistema de votación automatizado.
  • Se desmantelen los llamados colectivos, grupos civiles armados, que cumplen un papel de condicionamiento y amedrentamiento a las y los electores.
  • Dada la improcedente presencia militar en todo el proceso electoral, pero sobre todo durante la jornada de votación, es necesario desmilitarizar los centros de votación.
  • Se garanticen las condiciones para la observación electoral nacional y la internacional, de acuerdo a los estándares establecidos en la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones.

Las elecciones no son exclusivas de los regímenes democráticos. Los regímenes totalitarios también realizan elecciones, tienen autoridades electorales, tienen un cronograma electoral, y simulan contar los votos para brindar un resultado. Corea del Norte realiza elecciones, inclusive hasta se presentan algunos partidos satélites del gobierno. Cuba también realiza elecciones, y hace 60 años un solo partido legalizado gobierna la isla.

La función de la elección en estos casos no es la de reflejar las posiciones de la sociedad, ni la de representar a las sociedades diversas propias de las democracias. Se trata de otra cosa: su función es la de imponerse a una sociedad, sojuzgarla, y por sobre todas las cosas mostrarle a la comunidad internacional que tiene el control interno del país.

El caso de Venezuela, y esta elección convocada para el 6D, se inscribe en estos últimos dos ejemplos, en esta concepción de las elecciones sin garantías, sin reglas, que en base a la violencia y la arbitrariedad busca imponer un resultado.

Guy Hermet utilizó un ejemplo muy didáctico: “podemos considerar que las elecciones libres son aquellas en las que el cuerpo electoral no está diseñado a la medida del poder”. Las elecciones que se ofrecen en Venezuela no son libres porque estás diseñadas de manera muy precisa por el poder. Por eso se trata de una elección sin sorpresa, en la que se conoce el resultado de antemano.

Elecciones de este tipo no pueden resistir la presencia de una Misión Técnica de Observación Electoral Internacional. Por eso el gobierno busca atajos como lo es la presencia de políticos o funcionarios extranjeros seleccionados por el propio gobierno de Maduro, sin la menor capacidad técnica, lo que representa acto de presencia.

América tiene en el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA una institución muy respetada y muy profesional, con una gran capacidad, que ha realizado un trascendente trabajo de fortalecimiento democrático en la región, recomendando e impulsando una agenda de reformas electorales que incluyen temas como la paridad, la participación de la mujer, la inclusión de minorías, la profesionalización de la autoridad electoral, la incorporación de tecnología, el fortalecimiento de los controles cruzados y la rendición de cuentas con relación al financiamiento político, y el empoderamiento de la ciudadanía.

Mientras la mayoría de los países de la región acompañaron esta agenda de reformas electorales inclusivas y participativas, el gobierno de Maduro hizo todo lo contrario: su agenda de reforma electoral eliminó la competitividad electoral. “El rasgo más sobresaliente de las elecciones totalitarias reside en el esfuerzo para obtener no la mayoría sino la unanimidad” dijo el politólogo Juan Linz. Esto es hoy Venezuela y esto será mañana también si la comunidad internacional democrática decide mirar para otro lado en vez de intensificar la presión para lograr un justo propósito: que las venezolanas y los venezolanos puedan votar libremente, y así ejercer sus derechos políticos consagrados en la propia Constitución nacional como así también en la Carta Democrática Interamericana.

 

Leandro Querido

Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se especializa en sistemas electorales y Observación Electoral. Es Director Ejecutivo de Transparencia Electoral de América latina. Recorrió el continente siguiendo las elecciones de la región. Es autor del libro “Así se vota en Cuba”.