¿Qué criterios deben ser tenidos en cuenta en la selección de las autoridades que integren los órganos electorales? ¿Cómo afecta el grado de independencia de las autoridades a la calidad institucional y consecuentemente a la integridad electoral?
Uno de los elementos que ha permitido el establecimiento de la democracia, así como su permanencia en América Latina ha sido la creación de órganos especializados encargados de organizar y calificar las elecciones.
Estos han sido un factor determinante para conseguir cambios en las sociedades y en sus propios regímenes.
La confiabilidad y calidad de las elecciones pasan por el trabajo que se realiza desde estas instituciones, y ésta se comprueba a través de la capacidad que tienen para demostrar que su actuar es íntegro.
Y debemos ser capaces de ver las elecciones como un verdadero agente de cambio de las sociedades. Un requisito indispensable para que cumplan con esa función es crear organismos electorales profesionales y competentes, que puedan actuar con total independencia en la gestión de procesos electorales transparentes y se ganen la confianza de la población (elecciones con Integridad).[2]
Integración de autoridades electorales
Este fenómeno latinoamericano tiene sus orígenes en la década de 1920. En principio fueron pensados como organismos centralizados y especializados, independientes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
La tendencia regional fue la de crear organismos capaces de: a) determinar quién es elegible para votar, b) recibir y validar las nominaciones de participantes electorales (para elecciones, partidos políticos o candidatos), c) conducir las votaciones, d) contar y validar los votos.[3]
Cada organismo tiene su propio origen y son el resultado de múltiples factores, entre ellos, el contexto social, político e institucional. Los aspectos histórico-políticos han sido puntos de quiebra para la adopción o no de un modelo de gestión. Es decir, de una forma en que habrá de administrarse dicha institución –facultades y atribuciones-, y de cómo se integraría. Esto último se ha convertido en una pieza fundamental de la credibilidad de estas.
El mecanismo de selección de quienes integren éstas autoridades es de la mayor importancia. Quienes las conforman deben demostrar su imparcialidad y neutralidad. Tal y como lo ha señalado el Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia, al decir que la aplicación del derecho electoral debe estar a cargo de un órgano imparcial: Cuando no exista una larga tradición de independencia de las autoridades administrativas frente al poder político, deberán crearse comisiones electorales independientes e imparciales a todos los niveles, desde el nacional hasta el de la mesa electoral.[4]
A partir de una serie de experiencias y del propio desarrollo de elecciones en diversas partes del mundo, la Comisión de Venecia señaló las siguientes características como necesarias en la integración de las autoridades electorales:
- Debe ser un órgano permanente.
- Estar integrada por lo menos con un magistrado, consejero o figura equiparable.
- Contar con delegados de los partidos que ya cuentan con representación en el parlamento o que han obtenido al menos cierto número de sufragios.[5]
El señalamiento más importante que ha hecho este órgano es el de la estabilidad y permanencia en el cargo de los funcionarios. Es decir, la duración en el cargo por el tiempo completo para el que fueron designados, sin presiones, ni chantaje por parte de quienes los designaron para que actúen de una determinada manera.
Los gobiernos piensan que los órganos electorales son parte de él y que deben actuar en su beneficio. Grave error.
El caso mexicano es muestra de ello. Se han hecho acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas para garantizar que quienes integren al INE, representen sus intereses. A tal grado que, se puede identificar a qué fuerza respaldan los integrantes del Consejo General del INE.
Designación de Consejeros INE-México 2020
Una de las autoridades que mayor prestigio y credibilidad -pese a su corta vida (30 años)- ha generado es la institución mexicana, antes IFE y desde 2014 INE. Esta autoridad ha pasado por varios pasajes en su integración, las cuales variaban desde el número de integrantes y sus características, hasta su mecanismo de designación:
| Año | Cargos | Institución |
| 1990 | Consejeros Magistrados (6)[6] | Instituto Federal Electoral |
| 1994 | Consejeros Ciudadanos (6) | Instituto Federal Electoral |
| 1996 | Consejeros Electorales (9)[7] | Instituto Federal Electoral |
| 2014 | Consejeros Electorales (11) | Instituto Nacional Electoral |
| Elaboración propia con datos del INE. | ||
Con la reforma de 2014, se continuó con la integración escalonada de los once consejeros. En 2020 ya se ha vivido la renovación de tres consejerías y se está en pleno proceso de otras tres, quienes llegarían en los primeros días de este abril.
El artículo 41 de la Constitución federal prevé el mecanismo para la designación del Consejo General del INE, máximo órgano de dirección. Dicho procedimiento pasa por una convocatoria pública por parte de la Cámara de Diputados, quienes eligen a los designados, hasta por la instalación de un Comité Técnico de Evaluación,[8] quienes determinarán el conocimiento y capacidad de los interesados.
Este Comité establecerá un método de evaluación que incorpore criterios objetivos para evaluar a los aspirantes como lo son: el conocimiento, la experiencia, la trayectoria personal y profesional, la solvencia ética de las y los aspirantes; y la procuración del principio de equidad de género.
Dentro de la libertad que tiene el Comité para evaluar, se encuentra la facultad de establecer criterios de evaluación como lo son la valoración de ensayos sobre materia electoral, las comparecencias de los mismos, así como el análisis y trayectorias de currículos profesionales. Posterior a ello, se propondrá a la Cámara de Diputados, quintetas por cada consejería a ocupar con los perfiles aprobados por el Comité. Sin embargo, es un procedimiento que aún tiene que mejorar.
Una de las oportunidades de mejora está en eliminar la injerencia política, partidista y gubernamental. En donde no debería existir presión política, es donde más se presenta. Lo deseable sería: ¡Sin cuotas, ni cuates!
En ese sentido, conviene preguntarse: ¿qué se debe seguir en este proceso de evaluación?
Son tres los elementos que se deben seguir, cuando menos, en este proceso de designación: 1) que el procedimiento este apegado a la ley y que se cumplan con los requisitos por parte de los aspirantes y por quienes sean designados; 2) vigilar que quienes integren el Comité de Evaluación no tenga otro interés y no guarden vínculos partidistas; y 3) que lleguen a las quintetas los mejores evaluados.
Lo primero que debemos saber que tanto la Constitución como la Ley General de la materia (LGIPE) tienen reglas específicas. Así que lo primero es vigilar que se cumpla con la Ley, de no hacerlo habría un problema de legitimidad y certeza de la autoridad que organizará la elección federal de 2021 y que, probablemente, asuma elecciones municipales y locales en ese mismo año.
Se debe vigilar que los aspirantes que se postulen cumplan con los requisitos legales y constitucionales. Esto, toda vez que, en las recientes designaciones hechas en el Poder Judicial y en otros organismos autónomos, se han hecho nombramientos de personas que han sido parte del gobierno en turno y, peor aún, de personajes que han sido candidatos del partido en el gobierno. Claramente, se muestra la necesidad de imparcialidad en el INE.
El segundo gran tema es ver quiénes integran el Comité Técnico de Evaluación. La ley señala que no deben tener militancia y, sin embargo, no hace referencia alguna a posicionamiento públicos en favor de un gobierno o partido. Así, lamentablemente, hoy integra este Comité un reconocido académico que tiene simpatía y ha manifestado su preferencia por el Presidente de México y su partido político. Atentando contra el espíritu de la ley y evidenciado que la no militancia y cargo partidista se quedan cortos.
El tema más preocupante es la valoración de los mejores evaluados. Lo que debería ser el último paso, no culmina así. Según la Constitución, se debe seleccionar a los mejores evaluados en una proporción de cinco personas (quintetas) por cada cargo vacante. Es decir, para esta ocasión deben ser los 20 mejores evaluados y, según la reforma constitucional de paridad, deben ser 2 mujeres y 2 hombres los designados y de existir paridad en los candidatos dentro de los cuales se elijan a los nuevos funcionarios (10 mujeres y 10 hombres).
Al revisar la experiencia de 2017, varios perfiles bien evaluados no estuvieron en las quintetas: ¿Qué pasó? El Comité y los partidos lo saben.
La mayor tentación sigue siendo ver a las autoridades electorales como parte del gobierno y querer imponer personajes afines al gobierno o a los partidos políticos.
¡Necesitamos independencia electoral!
[1]Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Experto en temas de comunicación política. Funcionario del INE.
[2]Electoral Integrity Initiative, Profundizando la democracia: una estrategia para mejorar la integridad electoral en el Mundo, Suiza, septiembre de 2012, p. 13.
[3]IDEA Internacional, Diseño de sistemas electorales: el nuevo manual de IDEA Internacional, IFE-IDEA-TEPJF, 2006.
[4] Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, Código de buenas prácticas en materia electoral Directrices e informe explicativo, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1° Edición, México, 2011, p. 23.
[5] Ibídem.
[6] Tanto en 1990 y 1994 se tenía contemplado que quien presidiera fuera el Secretario de Gobernación.
[7] Para 1996 y 2014 quien preside también es consejero y ya no funcionario del Gobierno Federal.
[8] Se integrará por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por la JUCOPO de la Cámara de Diputados, dos por la CNDH y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución, o por quien ejerza sus funciones.
[author] [author_image timthumb=’on’][/author_image] [author_info]Giovanni Hernández
Licenciado en Derecho por la UNAM. Miembro titular de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Ha sido funcionario del entonces IFE; secretario auxiliar y asesor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; asesor del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y actualmente es funcionario del INE en el área de Prerrogativas y Partidos Políticos. Es colaborador de artículos de opinión en el periódico El Universal (México). /@abgiovas /abgiovas@gmail.com[/author_info] [/author]
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
