El retroceso de las democracias que encuentra dentro de ellas el germen de su destrucción abre paso a perspectivas peligrosas en la línea de las autocracias y los regímenes autoritarios. La crisis actual en Bolivia es muestra de cómo el poder se corroe desde dentro cuando se corre del centro de la toma de decisión a la ciudadanía.

El examen del pasado inmediato y del presente nos cura de la peor intoxicación: la ideológica.

Octavio Paz.

Los centuriones de Santiago.

La repentina renuncia del señor Evo Morales, secundada por el retiro del apoyo de las fuerzas castrenses y policiales a su gobierno, tras semanas de protestas ciudadanas alentadas por las demandas de un fraude electoral en las recientes elecciones del 20 de octubre, ha generado una discusión que ha polarizado a diversos sectores sobre si ¿hubo o no golpe de estado?

La salida fácil ha sido la condena e indignación por parte de los sectores afines a Morales, calificando esta renuncia como un golpe de estado liso y llano, lo cual pone en evidencia la ausencia de un pensamiento crítico capaz de analizar en su integridad el contexto de los acontecimientos, anteponiendo una visión sesgada de los mismos.

Así, el juicio implacable expresado por los sectores de la izquierda latinoamericana, no hace más que confundir la indignación con una moral de corto plazo, que puede llegar a ser un parámetro de valoración de los acontecimientos, pero nunca ser un sustituto de la política, la cual debe ser entendida como un espacio de discusión y deliberación cimentado en un pensamiento crítico, como en su momento lo vaticinó Octavio Paz, en su célebre escrito “Los centuriones de Santiago”.

De tal suerte, la renuncia a un pensamiento crítico implicaría abrir la puerta a la ideología y la cerrazón como actores dominantes en la discusión y análisis de los sucesos que acontecen en nuestra región, cuando en realidad lo que se debe propiciar es la generación de condiciones para un análisis basado en un panorama completo y no parcializado.

Por tanto, hay una necesidad de impulsar una racionalidad discursiva y deliberativa- léase en clave de Habermas- no importando el domicilio ideológico que se comparta, ya sea de derecha o de izquierda.

Destacando que esta tarea resulta imprescindible en aras de evitar un maniqueísmo que pretende juzgar realidades, únicamente a partir de la segmentación de los acontecimientos o, en términos coloquiales tomando en consideración la última escena de la película.

De ahí que más que manifestar una indignación e intentar adjetivar un lamentable suceso como el que ha ocurrido en Bolivia, es necesario advertir, hoy más que nunca, la ausencia de un compromiso democrático, en función de que en la actualidad se ha dejado de lado la lógica de los movimientos “realmente” democráticos y, en su lugar nos encontramos con que estos se sirven de la democracia para asestar golpes mortíferos desde dentro de ella misma.

Luego entonces, ante esta nueva realidad ya no resulta suficiente preguntarnos si estos movimientos son compatibles o no con la democracia porque en los hechos estos llegan al poder mediante medios democráticos, sino habrá que cuestionarse hasta qué punto los líderes carismáticos y populistas que encabezan estos movimientos serán o no respetuosos de las reglas democráticas que garantizan los pesos y contrapesos (check and balances) en un estado constitucional de derecho.

Este cuestionamiento cobra relevancia en la medida en que lo que observamos en la región, es que el ruido de las tanquetas han dejado de ser el factor determinante para la deposición de los gobernantes, sino lo que prevalece en la cotidianidad latinoamericana es una erosión lenta y constante de las instituciones encargadas de poner límites a los titulares de los poderes ejecutivos y que, en palabras de Gargarella, han dado lugar al “vaciamiento institucional”, en reemplazo de los golpes de estado a secas como los hemos conocido hasta hace unas décadas.

Motivo por el cual se configura un estado de cosas, donde el concepto de “erosión democrática”, propuesto por Tom Ginsburg y Aziz Huq, cobra vida para dar lugar a una terrorífica obra de arte escenificada por el debilitamiento de los órganos encargados de limitar al gobernante, el cual exige el uso instrumental de los derechos para sus propios fines, con el único objetivo de llenar conceptos como “interpretación auténtica”, “reelección”, entre otros como ha sucedido en Bolivia y, otros lugares aquejados por la virulenta enfermedad del populismo que no distingue entre ideologías de derecha e izquierda aunque se encuentren en las antípodas.

Y, es a partir de ahí, donde podemos encontrar un cambio en las coordenadas del debate sobre lo ocurrido en Bolivia, en razón de que lo que se ha denominado por algunos como golpe de estado, por otros, ruptura institucional, tuvo como colofón el desconocimiento del orden democrático por parte del propio Morales al no aceptar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuyo mensaje fue demoledor: “No” a una reelección”, iniciando así una tensión y una descomposición de un proceso electoral venidero (20 de octubre de 2019), el cual desde sus orígenes estuvo aquejado de falta de legitimidad, desprecio por la voluntad popular y el germen de la feria de las desconfianzas, como alguna vez lo expresó Carpizo al referirse al sistema electoral mexicano, pero que resulta más que vigente al presente caso.

Dicho esto y teniendo en cuenta los fundamentos de la retórica tradicional, no podemos caer en la tentación de juzgar la renuncia de Morales como un golpe de estado a secas o, en contraposición buscar su justificación como un golpe democrático, toda vez que caer en este tipo de calificativos tiene como principal problema la instrumentalización de los argumentos al servicio del peor de los males: la intoxicación ideológica.

Por eso, para no caer en este tipo de argumentaciones de pendiente resbaladiza que nos lleven a justificar acríticamente una u otra postura, debemos optar por un verdadero compromiso democrático, guiado por el imperativo de una deliberación sustentada en un pensamiento crítico, razonado y reflexivo.

Razón por la cual se propone como decisión de carácter metodológico, regresar a un principio que parece evidente, pero que a la vez parece extraviado: abrazar los valores democráticos sin distinción porque, actuar a contracorriente, nos llevaría al problema original de una falta de racionalidad donde “(…) el corazón tiene razones que la razón no entiende (…)” (Blaise Pascal)

Por ende, trasladando esta máxima a la arena politica y optando por la razón como un parámetro de regularidad, implicará admitir que las salidas golpistas o rupturas institucionales- como cada quien decida calificarlas- deben ser condenadas y, por lo tanto, no pueden constituir el motivo determinante o, primer motor inmóvil en términos aristotélicos, para justificar lo vivido en Bolivia como un golpe democrático.

Sin embargo, esto no puede soslayar, ni se debe quitar el dedo del renglón que la salida de Morales, fue precedida por la subversión, debilitamiento o erosión del orden democrático alentada por el mismo al no aceptar los resultados del referéndum, el cual debió ser la instancia para la acotación de un voluntarismo del poder, entendido como uno de los males que se buscó erradicar como parte del aparato conceptual y material del estado constitucional de derecho moderno.

De modo que, bajo estas coordenadas, tenemos un golpe de estado precedido por un vaciamiento y/o ruptura institucional o, por algunos calificado como autogolpe- según la intensidad que se decida para su adjetivación- asestado por Morales a las instituciones democráticas, el cual deberá precisarse, retomando las ideas de Levitsky y Zibblat, no se caracteriza por la burda manifestación de la violencia, sino a partir de la implementación de mecanismos más sofisticados como es el uso instrumental de la democracia para servirse de ella, quitando del centro de la toma de las decisiones a los ciudadanos en desmedro de la proliferación del narcisista culto a la persona, impulsado con medidas populistas.

Asumiendo esto, es pertinente cuestionarse ¿es posible pedir democracia, si previamente se han desconocido las reglas democráticas del juego? o, ¿alguien puede beneficiarse de su propio ilícito al desconocer una decisión democrática, producto de una dudosa interpretación de la reelección por parte de un tribunal a modo?

En efecto un ideal regulativo, debe pasar por la criba de combatir la ausencia de democracia con más democracia, pero cómo lograr este objetivo cuando los parámetros institucionales y constitucionales se encuentran sitiados por un presidencialismo fuerte que avasalla la independencia de un poder judicial incapaz de limitar el poder del gobernante en turno.

Algunos dirán que la superación de estos obstáculos y la generación de antídotos contra las prácticas autoritarias es recuperar la voz y la autoridad en los procesos de toma de decisiones.

Es decir, combatir el autoritarismo con más sociedad y no exclusivamente desde una visión sobrevalorada de la institucionalidad, por lo que el reto ya no se restringirá a ejercer la voluntad popular sino a hacerla efectiva.

No obstante, esta visión no debe ni puede reducirse a una santificación del sistema representativo electoral, de cara a superar el “síndrome de la fatiga democrática” propuesto por el filósofo David van Reybrouck.

O, en términos prácticos no basta con cambiar a los gobernantes en turno o, realizar cambios a los andamiajes institucionales como una manifestación de un gatopardismo del siglo XXI, de cambiar todo, sin que nada cambie o, proclamar a los cuatro vientos que es necesario regresar el poder a la ciudadanía.

Evidentemente, nadie en nuestro sano juicio estaríamos en desacuerdo con estas premisas, pero lo importante será que esos ideales y nuevas teorizaciones sean acompañadas por herramientas y conceptos comunes que impidan el problema de origen que buscaron combatir las teorías contractualistas decimonónicas y que hasta nuestros días no han sido superados y que se reducen a evitar el abuso del poder.

Y, sin duda esto pasa por el diagnóstico del estado de las democracias y sus instituciones en América Latina; la calidad de los procesos electorales; las respuestas que deben proporcionar los gobiernos democráticos a las autocracias; el uso de la tecnología para una mayor participación ciudadana, entre otros.

Es decir, será necesario tener una visión holística de la democracia y evitar un sincretismo metodológico de desechar el valor y el aporte que se puede otorgar a partir de diversas ramas de estudio como lo son la ciencia política, el derecho, la sociología, la informática, entre otras tantas, para solucionar de raíz una problemática caracterizada por la muerte de las democracias desde las propias democracias, hecho que resulta paradójico y paradigmático, tal cual historia del caballo de troya.

Consecuentemente, desde el reducto de un constitucionalismo comprometido, entendido como un aporte desde la rama del derecho, en el caso boliviano, hubiera sido pertinente contar con una decisión en torno a la constitucionalización de la reelección como un derecho humano o no.

Lo anterior, entendido como un mecanismo proactivo y no reactivo ante las consecuencias de una deposición abrupta de un gobernante en turno que no respetó la decisión adoptada en un mecanismo de participación semi-indirecta como lo es un referendo.

De hecho, en este punto habrá que desmitificar la enarbolación de los principios de autodeterminación o de no intervención en las decisiones políticas adoptadas por los pueblos, o máximas de algunos gobernantes que señalan que la mejor política exterior es la interior, porque contrariamente a estos principios existe un bien de carácter superior que es la democracia sobre el cual no cabe neutralidad.

Entendiendo que cuando la democracia está en juego no puede, ni debe acusarse que las labores de observación electoral desplegadas por los organismos electorales internacionales u organizaciones no gubernamentales son parciales o, que las resoluciones dictadas por tribunales regionales atentan contra la libertad de autoconfiguración de los estados de darse sus propias leyes y dirimir sus conflictos.

Máxime cuando advertimos que con el paso de los años, las decisiones adoptadas por un tribunal constitucional, avaladas por un árbitro electoral boliviano han generado un efecto dominó en relación a una supuesta interpretación auténtica del artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos al señalar que en su momento se debía respetar el derecho del entonces presidente a ser elegido y el del pueblo a elegirlo.

Lógica argumentativa que en su momento, debió ser contenida y rectificada, toda vez que antepuso el ejercicio individual de un derecho, en contraposición al ejercicio del derecho colectivo de los ciudadanos de ejercer su soberanía y determinar su forma de gobierno, lo cual debió llevar a sostener que las dimensiones de la participación no se agotan en el número de mandatos aprobados constitucionalmente, sino en la posibilidad que tiene un pueblo para decidir la duración y la forma en que se elgirán a sus gobernantes.

Actuar de manera opuesta,  conlleva a afectar el sistema de pesos y contrapesos hacia el gobernante en turno, por lo que, en una sana democracia se debe evitar caer en la generalización y abuso de lo que se considera un derecho humano desde una vertiente individual, para dar paso un fin superior que es la protección de la democracia contra personajes que no respeten las reglas del juego, la legitimidad de sus adversarios políticos y, algo más importante la centralidad de los ciudadanos en la toma de decisiones.

En consecuencia, en este punto, retomando las ideas de Dworkin, ya no bastará con tomarse los derechos en serio, sino también será preponderante integrar la participación democrática y ciudadana no como un mero discurso, sino también como un componente de regularidad constitucional y legal de los actos autoritarios a los que se ven tentados algunos gobernantes ante el vaciamiento institucional.

Entonces, así dibujado este panorama de la realidad de nuestro continente americano, será necesario tomar con la seriedad del caso las acciones encaminadas a debilitar a los organismos constitucionales autónomos, las extensiones de los mandatos de los gobernantes, la selección de candidatos a modo, entre otras acciones como focos de atención ante la imposición de regímenes democráticos autócratas, reiterando que no será únicamente mediante la vía del refuerzo de las instituciones o de las modificaciones a las figuras de los pesos y contrapesos como se solucionan los abusos del poder.

Sino también, estas vías deberán dimensionarse como mecanismos complementarios que tienen como finalidad promover el empoderamiento de la ciudadanía, tarea que se logrará, entre otros aspectos, con el escrutinio, transparencia y uso de nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos, mismos que fungirán como el muro de contención, ya no para enfrentar un fenómeno de la inflación de las promesas electorales, sino para evitar la intoxicación ideológica y el abuso del poder.

 

Jorge David Aljovín Navarro

Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Cuenta con estudios en la Maestría en Derecho Procesal Constitucional, impartidos por la Universidad Panamericana (UP). En lo profesional, se ha desempeñado como consultor y abogado a nivel municipal, estatal y federal, así como de autoridades electorales, cámara de diputados y partidos políticos. Actualmente, cuenta con participaciones en medios de radio y televisión nacional e internacional. Por último, en lo académico, se desempeña como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana. Es autor de dos libros: “Manual del Procedimiento Especial Sancionador en Materia Electoral” de Editorial Porrúa (2012) y “Vademécum Electoral” de Editorial Tirant Lo Blanch (2016). Y diversas publicaciones en revistas jurídicas y periódicos de circulación nacional e internacional.