El Decreto Ley de Bienestar Animal en Cuba debió promulgarse en noviembre de 2020. Pero no sucedió. Su reprogramación para febrero de 2021, según alegaron fuentes oficiales, fue a causa de la imposibilidad de que el Consejo de Estado (CE) se reuniera debido a las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia de la COVID-19.

El 16 de febrero de 2021 el CE sesionó para aprobar tres decretos. Ninguno fue el de bienestar animal. Ello desencadenó una protesta pacífica de varios animalistas en las afueras del Ministerio de la Agricultura (Minag), en La Habana. Los animalistas fueron atendidos y allí se les prometió que el decreto sería promulgado antes de que finalizara febrero. Y aunque el 26 de ese mes se anunció la aprobación del Decreto Ley 31 “De Bienestar Animal”, este no fue publicado en la Gaceta Oficial de la República hasta el 10 de abril.

Javier Larrea actualmente es uno de los jóvenes animalistas más visibles de la Isla. Estudiante de Derecho en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, es el presidente de Bienestar Animal Cuba (BAC), una red de voluntarios sin fines de lucro con alcance en todo el territorio nacional. La misión de BAC es rescatar animales abandonados, ofrecerles cobija en hogares de tránsito y asistencia veterinaria hasta que encuentren un hogar. Javier es también el director general de la revista El Refugio

Su activismo lo ha hecho víctima de abusos descarnados contra sus mascotas, pero también le ha permitido luchar sin descanso en pos de los animales aun cuando el Gobierno cubano no reconoce a BAC —ni a otras con propósitos similares— como una asociación independiente; solo puede existir una de su tipo en el país. 

Con Javier Larrea conversamos acerca del Decreto Ley “De Bienestar Animal” —por el cual hubo que esperar más de cuatro décadas—, su Reglamento y el camino que continúa para los animalistas cubanos.

 

Durante el período en el que se gestaba la redacción del decreto tuviste la oportunidad de reunirte con directivos del Ministerio de la Agricultura. ¿Podrías hacer un pequeño balance comparativo entre lo que conversaste en ese momento con ellos y el resultado de la norma y su reglamento?

En noviembre del año pasado cuando se pensaba que estaba todo listo para que se aprobara el decreto ley de bienestar animal, el Minag decide reunirse conmigo por lo que yo significo para el movimiento animalista, por mi liderazgo, por la repercusión mediática que tengo, por la capacidad de movilización y por dirigir la organización de protección animal más grande de Cuba. Esto lo tuve claro semanas más tarde.

Teníamos la incertidumbre de si finalmente se aprobaría la legislación, y cuando llega el 30 de noviembre de 2020 no ocurre. Los directivos del Minag me llaman por teléfono y me dicen que necesitaban reunirse conmigo. Junto a la presidenta de Aniplant [Asociación Cubana de Protección a Animales y Plantas] me insisten en que nos encontráramos. Yo cedí a la petición por el bien de los animales. Desde ese día empezó un proceso de diálogo con el movimiento animalista. Quizás la intención de ellos era calmar las aguas, para tratar de apaciguar un poco la tensión que existía y evitar un desencadenamiento de hechos que complejizaran aún más el contexto social y político del país; pero mi propósito —y el de los animalistas invitados a la mesa de diálogo— era aprovechar la ocasión que por años se nos había negado para hablar en nombre de los animales.

Los intercambios, desde esa fecha significativa, comienzan conmigo; Aniplant y el Minag hicieron eco en sus páginas oficiales y poco a poco se extendió la invitación a otros activistas, a otros protectores de animales, a otros animalistas —por mi petición de que se les incluyera en estas mesas de diálogos—. Debemos tener en cuenta que por mucho tiempo fuimos ignorados y nos mantuvieron en las sombras, no existíamos. A partir de noviembre de 2020 logramos ganar un pequeño lugar para ser escuchados y hubo un reconocimiento por parte del Estado hacia nosotros —que hasta la fecha mantenía una posición de distancia—. Supuestamente comenzaban a tener en cuenta nuestros criterios.

Nosotros, durante las conversaciones, les dejamos bien claro cuáles eran nuestras demandas, nuestras peticiones y nuestra posición. Hacía décadas se abogaba para que se tuviese un cuerpo legal que protegiera los animales en Cuba. 

En una de las reuniones que sostuvimos me doy cuenta, para mi sorpresa, que tenían sobre la mesa de la oficina de la Dirección Jurídica del Minag la carta que habíamos enviado los animalistas meses antes. Ellos me mostraron el documento impreso, como resolución emitida por la presidencia al Minag para que nos dieran respuesta —la habíamos enviado al despacho de la presidencia de Cuba—. En esa carta se contemplaban las demandas de los animalistas y ellos la usaron para la confección de la norma de bienestar animal. 

Recuerdo que estuvimos tres noches en la Junta Nacional de BAC [Bienestar Animal Cuba], mientras yo redactaba estas propuestas para hacérselas llegar. Entre las solicitudes que destacaban estaba la abolición de las lidias de gallos y las peleas de perros, que se convirtieran en delito penal la agresión sexual hacia los animales y detener la matanza de animales callejeros. Muchas de estas quedaron sin ser incluidas en el cuerpo legal del decreto ley, pero tengo fe que podamos lograrlo en próximas modificaciones; esto es una lucha que empieza.

El decreto es un primer paso, tenemos algo que antes no estaba, que podemos usar a nuestro favor, aunque sea incompleto, perfectible, aunque esté muy limitado y no cumpla con la mayoría de nuestras expectativas. Sin embargo, esto ha significado un antes y un después en nuestra lucha, así que debemos ser inteligentes y aprovechar la vía legal que se nos abre para respaldar las denuncias de maltrato animal, debemos usarlo como un punto a nuestro favor en defensa de los derechos de los animales.

 

De acuerdo con lo anterior, otro aspecto que tuvo nula transparencia comunicativa fue la participación ciudadana a través de las sugerencias que solicitara el Minag. Según el periódico Juventud Rebelde se acumularon más de 1.200 comentarios, pero no hay forma de conocer qué se respetó de esas propuestas…

Por nuestra parte hacíamos públicas todas las demandas que enviábamos al Minag y a las diferentes instituciones gubernamentales para que tuvieran en cuenta lo que era mejor para los animales. Sin embargo, no vimos la misma posición por parte de ellos. No dieron a conocer qué demandas habían tenido en cuenta y cuáles no, hasta que se publicó en la Gaceta no supimos las interioridades del avance de la norma. Y hay que tener en cuenta la trascendencia de este decreto para la ciudadanía, para los cubanos que habíamos esperado por años su aprobación. No se trata de cualquier decreto. Era un momento único y especial lo que estábamos viviendo. La transparencia era fundamental. Cuando la normativa se publicó en la Gaceta Oficial nos dimos cuenta de que para nada era lo que se nos prometió ni lo que se plasmó en muchos medios de prensa oficiales.

 

El Decreto entiende por bienestar animal: «el adecuado estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere». En el contexto cubano, ¿crees que sea de importancia significativa —o que pueda ir en detrimento— el hecho que el Decreto se nombre «De bienestar» en vez de «De protección» animal?

Creo que, en el contexto cubano, hablar de bienestar animal y no de protección animal es un peligro, no por lo que encierra la categoría, sino por el hecho de que por años hablar de bienestar animal en Cuba se asoció solo al ámbito de los llamados “animales de producción”. Nunca se relaciona el concepto de bienestar animal, al menos en el contexto del archipiélago, con los animales domésticos, con los animales de compañía; siempre tuvo otro enfoque y, por tanto, hablar de bienestar animal puede traer confusiones. 

Cualquiera pensaría que se están refiriendo solo a vacas y a puercos. Ahora, creo que si ya se está utilizando el término “bienestar animal” con un enfoque más amplio —el Minag insiste en que se trata de una categoría más abarcadora— hay que hacer entender que esta norma defiende del maltrato a todos los animales, para que las personas comprendan que se trata de todos y no de algunos. No puede ser un decreto que se convierta en espejismo; se trata del bienestar animal para todas las especies.

De por sí el decreto está bajo el manto de la teoría bienestarista y lo que busca es el mejoramiento de las condiciones de los animales. Por eso se mantienen los circos, los zoológicos. El decreto no tiene un carácter abolicionista ni defiende las teorías proteccionistas a las cuales podrían haberse afiliado.

 

El Decreto Ley 31 establece que la participación de las formas asociativas será de conjunto con sus «órganos de relación»; así, al parecer, cierran la puerta a cualquier colaboración con formas de asociación no reconocidas legalmente. Ello contradice, además, el reconocimiento que hace la norma al inicio cuando indica que esta es el «resultado de un reclamo de nuestra sociedad». ¿Afecta de manera especial este posicionamiento legislativo a la labor de Bienestar Animal Cuba y otros grupos protectores que existen en la Isla? ¿O simplemente la situación permanece como hasta el momento?

El decreto ley coloca al Centro Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de la Agricultura (Minag) como el responsable de “dirigir, ejecutar, implementar y controlar la política del Estado y el Gobierno sobre bienestar animal” y lo faculta para establecer relaciones tanto con organismos e instituciones oficiales como con las llamadas “formas asociativas vinculadas con el bienestar animal”. 

Muchas personas podrían interpretar que se hace referencia a los grupos civiles de protección animal, pero en verdad se refieren a aquellas que son reconocidas legalmente por el Estado. 

El Decreto Ley “De Bienestar Animal” reconoce que las formas asociativas y “SUS ÓRGANOS DE RELACIÓN” cumplirán con algunas funciones dispuestas en la legislación. Al reconocer que la participación de las formas asociativas será de conjunto con sus “ÓRGANOS DE RELACIÓN” parece limitar la colaboración con las formas de asociación no reconocidas de manera legal.

Al mencionar a las formas asociativas junto a ÓRGANOS DE RELACIÓN, la normativa hace referencia a un requisito básico para el ejercicio del derecho de asociación en Cuba: que la constitución de la organización sea aprobada por un órgano de la administración central del Estado —el cual se convierte a su vez en su órgano rector (ÓRGANO DE RELACIÓN)—.

Al hacer alusión a este particular la nueva legislación parece cerrar la puerta a cualquier colaboración con formas de asociación no reconocidas por la ley. Las mismas que han impulsado a toda costa la agenda del bienestar animal con el trabajo diario. Ello también quedó establecido en el reglamento del decreto ley donde se regula que “el Director General del Centro Nacional de Sanidad Animal establecerá relaciones con las formas asociativas vinculadas con el bienestar animal a fin de lograr un actuar coordinado en la educación, promoción del cuidado y respeto hacia los animales, así como el acceso a la información sobre esta temática”. En el párrafo siguiente solo menciona a la Asociación Cubana para la Protección de Animales y Plantas (Aniplant) y reconoce que “la colaboración con ellos se basará en la cooperación y apoyo para el cumplimiento de sus fines relacionados con el bienestar animal”.

 

Siguiendo con lo anterior el Gobierno se arroga para sí también, a través de esta normativa, la permisibilidad de realizar acciones para la educación, promoción de cuidado y acceso a la información con respecto a la protección animal, lo cual podría constituir otro no reconocimiento al activismo independiente para apartarlo de la aplicación y acompañamiento a este decreto por el que tanto lucharon.

En lo personal he sido uno de los pocos activistas que ha solicitado, a través de las plataformas digitales, y he hecho sentir mi preocupación en este sentido. No solo se trataba de aprobar una ley, sino que después tenía que venir toda una campaña comunicacional en los medios de difusión masiva que respaldara y acompañara el contenido del decreto. Siempre tuve una posición muy fuerte en este sentido, quienes me conocen y siguen mi activismo pueden dar fe. 

He dicho en varias entrevistas que no lograremos mucho si ese decreto ley —ya aprobado pero que entra en vigor en los próximos meses— no posee respaldo comunicacional. Tiene que darse a conocer a toda la ciudadanía. Los transgresores deben saber la repercusión que tendrá el hecho de maltratar a un animal, según las tipologías que están reguladas en la norma. No será verdaderamente efectivo sin la necesaria publicidad y aplicabilidad, y podemos correr el riesgo de que se convierta en letra muerta —lo cual no espero—. Nosotros como activistas seremos los mayores fiscalizadores para que se cumpla lo que se contempla en la norma. 

Esta tarea no puede quedar solo en manos de los Gobiernos provinciales, en mano de las instituciones; se tienen que crear nexos, agendas de trabajo comunes con las asociaciones independientes, con los protectores independientes, con los activistas, con los que a diario realizan el trabajo de llevar bienestar a las calles cubanas y de manera conjunta contemplar acciones que se encaminen para lograr un objetivo común: una sociedad más humana.

 

Otra cuestión cardinal es el hecho de que las sanciones que el Decreto regula son de naturaleza contravencional y, por tanto, el maltrato animal aún no se concibe en Cuba como delito…

Las sanciones reguladas son muy flexibles, no tienen todo el rigor y la fuerza que debería tener para contrarrestar el alto índice de maltrato animal que existe en Cuba, y el cual hay que erradicar. 

Solo será posible eliminarlo a través de dos puntos fundamentales: 1) la concientización y la sensibilidad de las personas hacia la protección de los animales —a medida que la ciudadanía cree conciencia, que se familiarice con que el animal no es un objeto, sino ser vivo que siente, padece, sufre; que no es una propiedad—. Como sus tutores y cuidadores tenemos la responsabilidad de cuidarlos y amarlos. 2) las leyes deben ser bien rigurosas, para que se respeten los derechos de los animales. Si te das cuenta son dos puntos que deben ir de la mano, dos puntos que no pueden separarse porque se complementan. Cuando estos se pongan en práctica —junto a la tan necesaria esterilización para evitar la sobrepoblación de animales callejeros— entonces se verán resultados palpables.

 

Otro aspecto polémico es que el Decreto Ley 31 establece la prohibición de inducir «el enfrentamiento entre animales de cualquier especie» pero conferirá excepciones según lo consideren los Departamentos Provinciales de Sanidad Animal. Este asunto es contradictorio con la propia letra de la normativa que también reconoce que «los animales deben ser atendidos, cuidados y protegidos por el hombre» y que «no deben ser sometidos al maltrato y acciones degradantes». Acá lo más controvertible, tal vez, sean las peleas de gallos. ¿Cuáles son tus consideraciones?

Se prohíbe a las personas inducir el enfrentamiento entre animales de cualquier especie, con excepción del que apruebe la autoridad competente de sanidad animal, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del decreto ley. Optaron por permitir las lidias de gallos, cuando está demostrado lo perjudicial que son para el bienestar de estos animales, pues en la mayoría de los casos provoca la muerte. Estas lidias se llevan a cabo por personas que buscan ganancias en las apuestas. Son actividades en las que se exponen a los animales. 

El decreto ley autoriza al estatal Grupo Empresarial de Flora y Fauna para ofrecer el permiso de las peleas de gallos. A los efectos de la normativa, las peleas de gallos serán el único tipo de enfrentamiento autorizado en Cuba. Solo espero que en un futuro próximo puedan abolirse completamente y vivamos en una sociedad que no fomente el maltrato entre ninguna especie.

Te diré la verdad: siempre tuve claro que no existía la voluntad de prohibir las peleas de gallos cuando el Ministerio encargado de confeccionar el decreto es el mismo que cubre con su manto estas prácticas a través de Alcona. No se podía esperar un decreto ley a la altura de las expectativas que teníamos como movimiento cuando fue redactado por quienes son jueces y partes en el maltrato animal.

 

El trabajo que realiza Zoonosis ha sido muy criticado y señalado por ustedes. ¿Se piensa que exista algún tipo de mejora con el Decreto a ese respecto?

En cuanto al “Control de Poblaciones Callejeras” se contempla en el Artículo 40 que “los animales pueden ser: a) Devueltos a sus propietarios, poseedores o tenedores; b) entregados en adopción; c) entregados a entidades y centros para la atención, acogida, rescate y rehabilitación de los animales; o d) aplicarles la eutanasia, según lo dispuesto en el presente Decreto-Ley y su Reglamento”. 

Lo anterior contradice los acuerdos y los diálogos que los activistas hemos mantenido con el Gobierno, este prometió que no se iba a sacrificar o aplicar la eutanasia a ningún animal por la condición de estar en la calle; excepto si era una amenaza a la salud humana, situaciones excepcionales como rabia, leptospirosis, etc.

Por lo cual no creo que el trabajo de Zoonosis cambie mucho respecto a lo que ya se hacía. Pero la realidad es que no vamos a permitir ni una matanza más de animales callejeros. Si ellos no quieren ver animales en las calles que nos ayuden a esterilizar a la mayor cantidad posible. Se trata de tomar soluciones que eviten el problema de la sobrepoblación de animales callejeros sin acudir a la vía más radical y menos humana que existe.

 

Has sido víctima de ataques tanto a tus mascotas —con lamentables pérdidas— como amenazas a tu persona, ¿existe alguna proyección de las autoridades competentes al respecto? 

Las amenazas que he recibido, las cosas que me han pasado, los envenenamientos de mis animales, los mensajes de odio y de acoso que han llegado a mí, han recibido rechazo rotundo no únicamente del movimiento animalista, sino también de miles de cubanos solidarios que siguen mi trabajo. Ha tenido mucha repercusión el caso de mis animales envenenados, que movilizó a todo un país y recibí mucho apoyo. Cada vez que he recibido alguna amenaza las autoridades se han acercado a mí, pero en concreto no se ha resuelto nada. 

Las cadenas de hechos están ahí, no hay culpables y me siento en ocasiones desprotegido, inseguro, principalmente por mi familia porque sufre todo lo que me pasa. En los medios de difusión se han abordado los sucesos que me han ocurrido, pero no se ha hecho justicia.

 

Solo noventa días después del 10 de abril es que entrará realmente en vigor el decreto ley. A partir de ese momento, ¿hacia dónde es posible que se dirija la agenda de los animalistas, al menos, desde tu criterio o deseo personal?

Nuestro objetivo principal va a enfocarse en hacer cumplir lo que está en la norma y en que las instituciones, la ciudadanía y todos de manera general cumplan con lo que se norma en el decreto. Nosotros vamos a ser los mayores fiscalizadores porque somos los más interesados en que los actos de maltrato animal que hoy acontecen en nuestra sociedad sean erradicados.

Sepan todos que haremos nuestro trabajo; le toca a los demás hacer el suyo. La agenda de los animalistas cubanos tiene que enfocarse en lograr que se perfeccione, en un futuro próximo, lo que ya está regulado para que un día no sea solo un decreto, sino una ley aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Una ley que verdaderamente represente a los animales.

 

Javier Larrea Formoso. Estudiante de quinto año de Derecho de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Protector y activista por los derechos de los animales en Cuba. Cofundador y Director de la revista El Refugio y Presidente de Bienestar Animal Cuba (BAC).