Reseña del libro Johanna Cilano Pelaez y Ramiro Daniel Sánchez Gayosso (coord.), El México de la 4T: entre el gobierno de los hombres y la administración de las cosas, Buenos Aires: Transparencia Electoral, Gobierno y Análisis Político, A.C. (GAPAC), 2020.

México en los dos últimos años ha visto transformar su vida política de una forma radical, tanto que los ciudadanos comunes, como los analistas, académicos e intelectuales de este país se han sumergido en una discusión pública cuestionando si los cambios producidos con la llegada a la presidencia de Andrés Manual López Obrador (conocido como AMLO), son la base de una consolidación, un estancamiento o un retroceso de la democracia de este país. La polarización de la discusión es tal que domina una narrativa hostil, que a veces parece un intercambio sólo de visiones pasionales, sin escucharse unas a otras, y sin aportar precisamente a un diálogo democrático y necesario.

El libro coordinado por Johanna Cilano Pelaez y Ramiro Daniel Sánchez Gayosso titulado El México de la 4T: entre el gobierno de los hombres y la administración de las cosas es quizá la primara obra que aparece analizando de forma amplia este gobierno, que llegó al poder en 2018, desde una plataforma plural, desprovista precisamente de una carga ideológica de extremos, y con una buena base analítica radicada en las herramientas de las ciencias sociales. Lo anterior no quiere decir que sea una obra no comprometida con el fortalecimiento democrático de México y por ello todos sus capítulos están abordados por sus diferentes autores desde una posición plural, pero crítica, no condescendiente con alguna de las facciones en favor o en contra del proyecto lopezobradorista.

Desde un punto de vista más allá de México este libro aporta información, datos y puntos de vista para que los ojos preocupados por construir una región más democrática, igualitaria y justa puedan ir haciéndose un criterio y una opinión en torno a lo que este país vive actualmente, lejos del romanticismo o la satanización del primer gobierno de izquierda en la era competitiva y abierta del sistema político mexicano.

Son apenas dos años de materia analizada, pero los capítulos que conforman la obra tratan temas clave que van desde el entendimiento del propio triunfo de AMLO en 2018 —después de dos intentos previos en elecciones presidenciales (2006, 2012)— hasta las acciones del propio gobierno y la administración pública, la comunicación política presidencial, el estado de la oposición, el rol de la sociedad civil o el papel de la Suprema Corte en la lucha anticorrupción, así como una atención a temas que hasta el momento han sido centrales en la atención pública, como la transparencia, la política social y de combate a la pobreza, la política cultural y la política energética desde un punto de vista medioambiental.

El texto de Armando Chaguaceda y Demián León “México: cambio político y democracia delegativa” desde una mirada eminentemente politológica no dudan en clasificar al régimen instaurado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como, precisamente, una democracia delegativa pues ubican todas y cada una de las características propuestas por Guillermo O’Donnell: emergencia contenciosa, democraticidad de origen, democraticidad acotada de funcionamiento, personalismo, decisionismo, escasa (o simulada) consultividad y deliberación, movimientismo oficial, presencia de populismo y sostenida polarización. Los autores reconocen que las condiciones de la llegada de AMLO y su partido (Movimiento de Regeneración Nacional – Morena) se dieron a partir de un contexto institucional de competitividad electoral, que, sin embargo, arrastraba por más de veinticinco años varios de los rasgos definidos dentro de la categoría de democracia delegativa (incluso desde el gobierno del panista Vicente Fox y hasta el priísta Enrique Peña Nieto pasando por el expanista Felipe Calderón),[1] lo cual es acentuado ahora no solo por la personalidad del propio López Obrador, sino por un gobierno que cuenta con mayoría en ambas cámaras legislativas —cosa que no sucedía desde 1997— lo cual ya ha concretado decisiones parlamentarias poco o nulamente consensadas (tal cual las ha mandatado el ejecutivo), una debilidad estructural de los partidos de oposición y la persistencia de una ciudadanía de baja intensidad. Todas estas circunstancias se identifican como rasgos que pueden, en el mejor de los casos, postergar la consecución de una democracia de mejor calidad, o en el peor de los escenarios, la erosión definitiva de una todavía joven democracia mexicana.

Un análisis riguroso de lo que pasa en la esfera pública de un régimen político no puede dejar de lado un análisis de su sociedad civil, en este sentido Carlos Arturo Martínez Carmona nos ofrece un análisis crítico de lo que ha sucedido en la relación entre las organizaciones sociales con la presidencia de AMLO. El capítulo se titula ¿Esfera cívica mexicana recolonizada? La Sociedad Civil Organizada al viso del proyecto de la 4T, el cual parte de un marco analítico que ayuda a caracterizar a la sociedad civil como una esfera autónoma, autodefinida y autocontenida con respecto a la esfera del Estado y de la del mercado. Se identifica a la sociedad civil como constituida por el conjunto de la sociedad, pero objetivada materialmente por el conjunto de organizaciones -formales e informales-, asociaciones voluntarias y movimientos sociales que actúan en la esfera de lo público tratando de influir en la toma de decisiones públicas o coadyuvar en la generación de bienes públicos (entre ellos los derechos humanos), sin buscar hacerse del poder político ni llevar para sí beneficios de carácter privado más allá de lo necesario para seguir funcionando de manera permanente y sostenida. Se narra el conflicto suscitado a partir de las declaraciones del presidente que ha catalogado a estas organizaciones públicamente como adversarias (las ha llamado fifís y ‘pueblo malo’) y retirado todo apoyo público y colaboración como intermediarias en la generación de bienes públicos. La narrativa del presidente ha preferido trabajar con la categoría de “pueblo (bueno)” para referirse tanto a los sectores sociales que apoyan su gobierno y que principalmente son los beneficiarios directos de los bienes y servicios (generalmente transferencias monetarias directas) de sus programas sociales. Ante este escenario se identifican los riesgos con respecto al fortalecimiento necesario de las propias organizaciones sociales, su potencial función en el ejercicio de la ciudadanía de sectores amplios de la sociedad, su instrumentalidad para mantener la autonomía de los mismos grupos sociales organizados frente al poder político y de los intereses de sectores privado-mercantiles.

Precisamente, uno de los temas centrales en los tiempos de la 4T es el cambio de paradigma en la política social concentrada en la lucha contra la pobreza. En la narrativa de AMLO su núcleo discursivo ha estado desde los tiempos de la búsqueda de la presidencia como candidato —en las tres ocasiones— la idea de “primero los pobres”. David Martínez Mendizábal y Mario Iván Patiño Rodríguez-Malpica en su capítulo “Cambio de Paradigma y reestructuración institucional de la política sociales en México. Los desafíos en el vínculo con las entidades federativas” abordan, desde una perspectiva ubicada analíticamente en el neoinstitucionalismo discursivo, las transformaciones no sólo en la narrativa del propio gobierno en materia de programas sociales, sino la reforma institucional del aparato gubernamental para implementarlos. Los autores ubican el cambio en el paradigma de bienestar social a través del discurso del Presidente y de su propio gobierno,  es decir, que los programas sociales deben dirigirse a los sectores más desfavorecidos partiendo de una desestructuración de la anterior política social neoliberal de apoyos condicionados y focalizados y sustituida por un cúmulo de estrategias (programas en sí) de transferencias monetarias directas, evitando la intermediación de terceros más allá del propio gobierno federal. En términos discursivos la nueva estrategia diseñada estar planteada sobre una nueva concepción de bienestar social solidaria, socialdemócrata, desmercantilizada y universalista. Estructuralmente (y de manera funcional) el cambio se finca en el reconocimiento constitucional del derecho de los ciudadanos mexicanos de recibir dichos apoyos por parte del gobierno, concentración de la operación en el gobierno federal a través de secretarías como la del Bienestar o la del Trabajo, pero territorializadas a través de una figura llamada “superdelegados” en cada una de las treinta dos entidades federativas del país. Los mismos autores reconocen las limitaciones del análisis de los nuevos programas sociales en tanto identificar resultados aún en favor del objetivo de mayor bienestar social.

Sobre uno de los temas que ha concentrado la atención el debate público mexicano es el de la lucha anticorrupción. No sólo el discurso presidencial se ha fincado en ese objetivo, sino que la discusión pública previa, y en voz de la mayoría de los actores políticos relevantes (partidos, medios de comunicación y organizaciones sociales) el combate a la corrupción y el fortalecimiento del estado de derecho ha sido la asignatura pendiente de la transición política a la democracia. Ramiro Daniel Sánchez Gayosso con su capítulo titulado “La transparencia institucional: un desafío latente para el México de la 4T” hace un repaso de la tarea de diseño institucional que el Estado mexicano ha emprendido en materia de transparencia desde el gobierno de Vicente Fox, y que durante estos casi dos décadas han ido tratando de fortalecerse con otras reformas que han apuntado a fortalecer no solo la obligación de transparentar la acción de la administración pública y otra instituciones del Estado, sino fincarla en el derecho ciudadano a la misma, la protección de datos personales y la inclusión de responsabilización con la transparencia con otras sujetos obligados más allá de las instituciones estatales, como los partidos políticos, los sindicatos y organizaciones privadas que participan en la generación de bienes públicos o colaboran con el gobierno en la producción de los mismos. En particular, la tensión con la 4T en materia de transparencia ha sido a partir de los señalamientos del propio AMLO en contra de todos los organismos autónomos del Estado que se han constituido en este tiempo de cambio político basado en construir contrapesos institucionales al poder del ejecutivo, entre ellos el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En repetidas ocasiones el propio AMLO ha señalado no sólo que el costo de estas estructuras es alto para el pueblo de México, sino que sus comisionados actúan en contra de los intereses de la transformación que su gobierno impulsa acercándose más bien a los intereses de sus adversarios.

María del Carmen Pardo en su capítulo “El desdén por la Administración Pública” aborda la paradoja que el gobierno de la 4T ha presentado al plantear como objeto transformar la realidad del país al sanear la vida pública para obtener mejores resultados de sus políticas en términos sociales y económicos, pero debilitando la capacidad de gobierno por varios frentes: privilegiando las estructuras paralelas a la propia administración pública como a través de la operatividad de sus programas sociales por los ya mencionados superdelegados, y el apoyo en campo de los “siervos de la nación”, el establecimiento al tope de las emulaciones de los altos servidores públicos al propio sueldo del Presidente, el cual se ha fijado en un monto apenas superior a los 5 mil dólares mensuales, controlando de forma centralizada las licitaciones públicas y otorgando contratos de forma directa muchas veces sin justificación, reducción de burocracia al eliminar plazas y la mayoría de los contratos por honorarios, omisión de reglas de operación de varios de los programas sociales y desdén por las evaluaciones precedentes para su estructuración, así como estableciendo recortes al gasto de todas las dependencias los cuales incluso han resultado en escasez de suministros para su labor (donde el tema de las medicinas en el sector salud ha sido lo más controversial) y minado la capacidad de cumplir con sus funciones. Para la doctora Pardo la estrategia de la llamada “austeridad republicana” y una configuración de una administración pública basada en su acción discrecional y centralizadora en el propio Ejecutivo es la principal explicación de los pobres resultados en materia económica y social de la 4T.

En consonancia con en el tema de la lucha anticorrupción, Arturo Miguel Chípuli Castillo en su texto “La Reingeniería Anticorrupción de la Suprema Corte: ¿Una propuesta indecorosa?” analiza la propuesta de MORENA en voz de su líder en el Senado, el senador Ricardo Monreal, de ampliar a una sala más, especializada en temas de responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos, al Poder Judicial, así como la derivada propuesta de ampliar a 16 los integrantes del pleno de la Suprema Corte (hoy conformada por 11 ministros). De forma pormenorizada Chípuli Castillo nos presenta las inconveniencias de dicha propuesta, así como los peligros para el equilibrio de poderes, pues cargaría la ascendencia de dichos ministros al corresponder al actual gobierno proponer al Senado los nombres y perfiles de dichos miembros, sumado a los tres que ya ha propuesto en estos dos años anteriores el propio AMLO, lo cual le daría mayoría en las votaciones de forma automática. Además, la propuesta va en redundancia, y en algunos aspectos en sentido contrario al diseño previo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual se ha visto acusado por el propio presidente de disfuncional, pero omitiendo que a él y a su bancada en el Senado le ha faltado complementar el funcionamiento de dicho sistema al proponer y nombrar, respectivamente, a los miembros del Tribunal de Justicia Administrativa (ministros anticorrupción) con lo que no se le ha dado oportunidad de complementar su estructura y por ende tener un funcionamiento pleno del propio SNA.

Continuando con la revisión de las acciones específicas del gobierno de la 4t, Rogelio Villareal en su capítulo “Cuando escucho la palabra cultura escondo la cartera. La cultura en los primeros nueve meses del gobierno de AMLO”, revisa la problemática relación del gobierno con los sectores de creadores, artistas y las propias políticas en el ámbito de la gestión cultural del país. La política de recortes presupuestales ha afectado de manera considerable al conjunto de instituciones y programas dedicados al fomento de la cultura, las artes y la formación de públicos. Si bien en el texto no se registra aún la desaparición de los fideicomisos públicos que se concretaron en el mes de octubre de 2020 en varias materias, entre los que están de los que se ocupa este capítulo, sí alcanza a enlistar las decisiones que a tensionado la relación entre este subsector y el gobierno mexicano encabezado por AMLO. El capítulo también hace referencia a los conflictos que ha habido en el ámbito de la política científica del país en la misma tónica, y que se ha dado de forma paralela con la comunidad científica del país, no obstante, que tanto del grupo de creadores artísticos y académico-científicos del país había recibido un fuerte y decidido apoyo a la candidatura de AMLO en la coyuntura de las elecciones anteriores y la decisiva de 2018.

Uno de los rasgos distintivos de la 4T en términos del ejercicio del propio poder presidencial y de la interacción con la sociedad, y en la dinámica performativa de la real politik mexicana en los últimos dos años ha sido la estrategia comunicacional del gobierno federal, no sólo concentrada en las ruedas de prensa diarias conocidas como las “mañaneras” si no con la reconfiguración de contenidos de los canales radiofónicos y televisivos de las cadenas públicas nacionales, acaparando y politizando el discurso y el debate público a través de estos medios. Esto es abordado por el penúltimo capítulo “La 4T y los retos de la comunicación política. Un testimonio reflexivo” de Efrén O. Barradas Meza quien además aborda la variopinta interacción con los medios de comunicación privados tanto electrónicos como de la prensa escrita, con quienes las tensiones han venido con la acusación por parte de AMLO de ser parciales en contra de su gobierno y atacarlo constantemente demostrando su “conservadurismo” y su resistencia a la transformación impulsada por su gobierno, pero a la vez beneficiando a las grandes cadenas nacionales de televisión privada y con algunos medios de la prensa escrita que han dado privilegio a la visión oficial del actual gobierno, y a los actores políticos más favorables a la línea discursiva de la 4T. El capítulo además aborda el papel de las redes sociales, las cuales han estado en el centro de la estrategia comunicacional del actual gobierno, pero también de la oposición.

Por último, está el capítulo de Johanna Cilano Pelaez “México; la disputa energías renovables vs. petróleo” el cual pone atención en otro de los rasgos distintivos del perfil del actual gobierno, y que es esencial en materia de su apuesta por lograr sus objetivos de transformación nacional desde su particular visión. Se presenta a la política energética como la base y motor impulsor de dicha transformación a partir de su potencial instrumentalización como fuente de financiamiento del propio gobierno para el crecimiento económico del país. Sin embargo, se parte de una creencia de la cual los signos de los tiempos y la coyuntura internacional están dando señales contrarias a dicha apuesta. El gobierno de AMLO le ha apostado a la llamada soberanía energética, a la explotación petrolera, la refinación propia de hidrocarburos, a la generación de gas y electricidad desde esquemas altamente contaminantes y, posiblemente, poco sostenibles en el tiempo. El gobierno mexicano le ha apostado a un rescate de la empresa nacional petrolera conocida como PEMEX, la construcción de refinerías en Dos Bocas, Tabasco y la inversión en termoeléctricas, hidroeléctricas, y la desinversión y obstaculización de proyectos de energías renovables. Hasta el momento ninguno de los proyectos se ha concretado y la coyuntura internacional pareciera que va a jugar en contra de la materialización de esos proyectos.

El libro coordinado por Johanna Cilano y Ramiro Daniel Sánchez y editado por Transparencia Electoral y GAPAC sin duda es un aporte al entendimiento de la coyuntura política del propio México, pero también nos da señales sobre los retos de democratización de ese caso que pueden ser tomados por otras experiencias de la región latinoamericana.

Los procesos de des-democratización son potencialmente materializables en nuestros países si no identificamos los actores, las decisiones, las coyunturas y sus implicaciones para situaciones irreversibles que erosionen la posibilidad de la pluralidad, el debate razonado, y el respeto irrestricto a las reglas del juego democrático.

El caso de México de los últimos años nos enseña que la vida política no se transforma solo con narrativas y discursos e incluso buenas intenciones de sus actores. El retorno a lo político que ha puesto de manifiesto el propio AMLO en su retórica debería no sólo efectivamente limitar la influencia de actores con intereses particulares en la vida pública, y que estamos de acuerdo han hecho mucho daño al país. El fortalecimiento del papel del Estado democrático pasa por un apuntalamiento de una figura presidencial en un esquema de contrapesos y respeto a la autonomía de otras instituciones estatales, racionalización del aparato burocrático, apego al estado de derecho, respecto a las libertades ciudadanas y a posibilitar la incidencia en las políticas y reconocimiento de la heterogeneidad propia de la sociedad. Mantener democracias fuertes requiere un consenso no sólo por parte de las élites para mantenerla, si no de ciudadanos atentos, actuantes en el seguimiento de las acciones de los actores relevantes en la vida pública, así como reclamantes, y principales oponentes, de las tentaciones autocratizantes.

 

[1] Hablo de 25 años porque incluyo al sexenio del priísta Ernesto Zedillo, quien fue electo ya en una elección competida y que en la segunda parte de su mandato lo hizo con un congreso de mayoría opositora en la cámara baja (diputados).

 

Alex Ricardo Caldera Ortega

Profesor-investigador del Dpto. de Gestión Pública y Desarrollo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato (UG). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención en Ciencia Política, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México (06’-09’); Maestro en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis y Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Trabajo académico, investigación en el área de ciencia política, particularmente políticas públicas. Miembro del Cuerpo Académico Agua, Energía y Cambio Climático; Miembro del Núcleo Académico del Doctorado en Ciencias Sociales (ene. 2012 a la fecha); Coordinador General de Desarrollo Académico del Campus León (dic. 12′ – mar. 14′); Coordinador de la Licenciatura de Administración Pública (ene. 10′ – mar. 12′). Miembro activo de la International Political Science Association – IPSA (desde noviembre de 2011). Fue presidente del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de Aguascalientes, A.C. y Presidente del Colegio de Estudios Sociales de Aguascalientes, A.C. (Comité Directivo 2010-2012) del cual también se desempeñó como su Secretario General (2008-2010). Miembro titular del Consejo Ciudadano de Contraloría Social del Municipio de León, Guanajuato (2016-2022). Columnista en varios medios locales de Aguascalientes, productor de Estudio 14, Voces Diversas, una Radio (Internet).