Desde la revolución mexicana, pasando por la nacionalización petrolera y bancaria y la fundación del Partido Nacional Revolucionario, México se ha caracterizado de manera histórica por ser la cuna de la disrupción política, social y económica a nivel regional, así como ser ejemplo del mantenimiento de la democracia a nivel internacional. Nueve meses han pasado desde la última transformación ideológica en la arena política mexicana, una transformación enfocada en los sectores minoritarios, los agricultores, la exaltación por la patria y el espíritu nacionalista que, año tras año, es sinónimo de júbilo y honor.

Dentro de las promesas políticas y morales que el actual poder ejecutivo mexicano ilustra, es importante profundizar en el análisis de una de las más importantes y volátiles para la democracia mexicana: la Consulta Ciudadana para la Revocación del Mandato Presidencial. Esto surge con base a las declaraciones que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó durante pasados meses con la finalidad de la transparencia pública y moral de sus labores. Sin embargo, se debe destacar la importancia de una correcta implementación de esta herramienta a nivel nacional, para que sea utilizada como símbolo de la preservación de la soberanía ciudadana y legación política a nivel regional.

La figura de revocación de mandato presidencial en México se ilustra de manera tácita en la Carta Magna (en su Artículo 108º, párrafo segundo) donde se tipifica un juicio político para la figura del presidente, pero no una sanción revocatoria. Para los demás servidores públicos del Estado, la figura de revocación de mandato se encuentra explícitamente tipificada en subsecuentes artículos constitucionales. Se ha cuestionado, en repetidas ocasiones, la falta de descripción de la misma herramienta para el ejecutivo nacional. Múltiples propuestas se han realizado con la finalidad de esclarecer la implementación ejecutiva y una de las propuestas realizadas por el actual mandatario nacional plantea que este ejercicio de Consulta Ciudadana para la Revocación de Mandato “lo pueda solicitar el presidente, el 33% de la Cámara de Diputados o de Senadores, o por el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.” (infobae, 2019).

El artículo 39º de la Constitución Política de México otorga de poderes plenipotenciarios a toda la ciudadanía mexicana para el ejercicio de alteración y/o modificación de la forma de gobierno de su país, la posición de sus líderes, las acciones implementadas y modificaciones orgánicas de las leyes. Sin embargo, ese poder plenipotenciario se encuentra sujeto al Poder de la Unión, que permite la delegación de la voz y voto a personalidades impuestas por su soberanía.

Ahora, debemos preguntar: ¿Es esta propuesta una muestra de la pluralidad política mexicana y legación pleno del poder que reside en el pueblo? Se considera constitucionalmente que no.

Ante las múltiples posibilidades de sesgo político por parte de la ciudadanía por la utilización de propaganda política en favor de una u otra plataforma política nacional, es necesario que esta consulta política sea solicitada (y ejercida) únicamente por el Poder Legislativo federal (en una tasa mínima del 33%) y sea ese poder el que delibere los resultados obtenidos por la actual administración política, así como los retos y compromisos realizados a la nación. Además, se considera pertinente la implementación de “candados electorales” utilizados anteriormente por este Estado, con la finalidad de preservar la transparencia y democracia de este histórico proceso. Cabe destacar la amplia pluralidad y paridad existente en el Poder Legislativo Federal que permite que exista una mayor congruencia sociopolítica al momento de ejercer un voto consciente en términos de “audiencia pública” hacia el ejecutivo nacional.

De ser aplicada esta herramienta de la estricta manera constitucional, un significativo avance en la democracia regional se estaría llevando a cabo, el inicio de una regla homogénea a nivel regional para la transparencia electoral y el ejercicio del poder se asomaría a los organismos políticos encargados de su preservación, un ejemplo para los progresivos sistemas políticos se mostraría hacia la ciudadanía latinoamericana.