Tras el plebiscito realizado en 2016 durante la presidencia de Juan Manuel Santos con respecto a la  aprobación o rechazo de los  “acuerdos de paz” con las FARC y su resultante negativa que terminó por obligar a Santos a renegociar el acuerdo, finalmente se logró la anhelada firma del acuerdo en La Habana que iba a poner fin a una guerra de más de 50 años entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ha dejado tanto al Estado colombiano como a las mismas FARC distintos desafíos.

Por un lado, es necesario reconocer que se han esfuerzos para llegar a un acuerdo. Pero, por otro lado, luego de este gran paso se avecinaban nuevos retos  relativos a lograr: la legitimidad de la decisión tomada y del nuevo actor incorporado en la vida política, así como su paralela integración en la misma, justicia por todos los años de conflicto armado y, finalmente, el problema de la desigualdad, motivo de muchos de los levantamientos. Estas distintas dimensiones de un mismo conflicto son de primordial importancia si es que el objetivo final es la consolidación democrática.

Legitimidad

Si bien la comunidad internacional ha apreciado el Acuerdo colombiano como uno de los más complejos y, como expresó el exmandatario Santos, el hecho de incluir a las FARC en la política es una poderosa demostración de democracia, al someter a la Constitución a aquellos que alguna vez habían combatido con armas al Estado, la última fase del llamado DDR (desarme, desmovilización, reinserción) es la que más tiempo está llevando dado los escandalosos precedentes del nuevo actor político. Por ello hay que reconocer que, si bien la firma del acuerdo fue un importante paso para la estabilidad política, no se debe dejar de lado la cuestión de la gobernabilidad, uno de los mayores requerimientos para los gobiernos que llevan a la democracia como bandera. L implica una ardua tarea que va más allá de lo tangible porque se trata de la percepción por parte del pueblo de que aquellas decisiones emanadas del seno del estado son legítimas. Y, dado el contexto, no solo es el Estado responsable de lograrla, sino que las mismas FARC lo son también dado el carácter actual de organismo partidario.

Justicia

Desde sus orígenes, las constantes incursiones en distintos tipos de actividades ilícitas que, como consecuencia, no sólo produjeron un gran desplazamiento forzado de personas sino también un gran número de muertes y de constantes violaciones a los derechos humanos. Se fue evidenciando cada vez más la necesidad de un acuerdo que paz. Acuerdo que, afortunadamente, terminó derivando en el desarme. El problema iba a ser determinar el régimen de justicia al contraponerse las posturas entre las partes; tal es así que llevó 4 años negociarlo.  or una parte, el Estado  or otra parte,  no iban a bajar las armas para ir directo al encarcelamiento. Entonces, en tal escenario, la única salida fue apelar a la justicia restaurativa, es decir, que hubiera algún tipo de castigo que brindara satisfacción a las víctimas.

Desigualdad

La disputa por la propiedad y explotación de la tierra no son problemas actuales en Colombia. Partiendo de que la desigualdad en la posesión de estas fue una de las causas que impulsó a los grupos guerrilleros y que también terminaría por consolidar aún más las desigualdades sociales presentes en el país, el anuncio del gobierno colombiano de este lunes 12 de agosto parecería estar bastante encaminado a solucionar no solo esta arista del problema, sino también otras atinentes a la integración. Se anuncia que para el 2020 se destinarán unos USD 2.859 millones para la implementación del acuerdo de paz, más precisamente en uno de los primeros puntos del acuerdo en torno a la reforma rural integral, y luego, con respecto a la reparación de víctimas, proyectos productivos, reincorporación de excombatientes. Otro de los proyectos que se plantea financiar consta de un trabajo conjunto entre la comunidad internacional, el sector privado y las instituciones tanto locales como nacionales para las mejoras en salud, educación, desarrollo agrícola y otras áreas. Tal es así que el Ministerio de Educación inició un proceso de contratación para mejorar 17 colegios por un valor de USD 309 000 y se destinaron por parte del Gobierno USD 491 000 para ejecutar cuatro proyectos de fortalecimiento agrícola.

Coyuntura actual

Los desafíos se multiplican: la llegada masiva de venezolanos (superan ya los 1,4 millones), las mafias que llenaron el vacío dejado por las FARC, el ELN persiste en las armas, la extensión de los cultivos de coca y la importantísima relación con lo Estados Unidos, aliado clave desde un principio en la lucha contra el narcotráfico al principio con el Plan Colombia, y posteriormente con  la reafirmación del compromiso en la lucha por Trump, son otros componentes que no pueden ser eludidos a la hora de pensar una paz duradera para Colombia.

Lo importante es que, pese a ciertos titubeos por parte del presidente Iván Duque Márquez con respecto a ciertos puntos del acuerdo, esta problemática se trasforme y perdure efectivamente como una política de Estado, entendiendo que es necesario mejorar la calidad de vida para evitar caer en la violencia y en la ilegalidad, que la violencia y la muerte no pueden ser herramientas para hacer política, como así tampoco para anular el disenso en un Estado democrático.