Inserta una doble crisis que pivotea entre problemas estructurales y coyunturales, Cuba es pensada hoy como el emergente de un nuevo paradigma cognitivo, organizado sobre un eje que divide aguas no ya entre extremos ideológicos sino entre actividades lícitas e ilícitas que configuran no exclusiva, pero sí particularmente el mapa de la región.

 

Una transición inesperada

¿Podemos entender la realidad cubana actual con los instrumentos conceptuales del siglo XX? ¿Es Cuba uno de lo últimos países comunistas o, en alianza con Venezuela, el primer estado mafioso latinoamericano del siglo XXI? Sin duda la economía política cubana se ha transformado. ¿Qué sociedad ha surgido de esa transición?

Si algún estudiante de Sociología de la década de los sesenta recuerda los controversiales libros de Wright Mills y William Domhoff sobre la elite de poder en EEU, podría ver cuán útil le resultaría algo de aquel enfoque si lo aplicase a la Cuba actual.

En la isla, una elite de poder manda, mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel obedece, administra y da la cara por el desastre. La elite de poder cubana se ha autonomizado de las instituciones administrativas formales del Estado. Ha mantenido el monopolio del uso de la fuerza –FAR / MININT– y ha creado un oligopolio con todas las empresas conectadas a la economía dolarizada y a inversionistas extranjeros. Ese grupo lo constituye un puñado de personas, en su mayoría militares, pero no exclusivamente. Son solo un 0.01% de la población, pero tienen un poder omnímodo sobre el destino del país. Sus privilegios no se basan como antes en el usufructo ilimitado de bienes estatales dentro del territorio nacional. Ahora esa elite de poder tiene proyección global: cuentas bancarias, empresas y propiedades en el exterior. La mayoría de los militares y de los gobernantes civiles cubanos no tienen privilegios comparables a los que disfruta ese reducido grupo de personas, en el centro del cual está el clan Castro.

Como en una Matrioshka rusa, el nuevo Estado mafioso de esa elite de poder se oculta al interior del viejo estado comunista. Es el que mantiene el monopolio de la fuerza (controlando las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior) y se ha apropiado de toda empresa estatal rentable conectada a la economía dolarizada las que ha agrupado en un holding de empresas de muy variado tipo (conocido como GAESA). GAESA está bajo control de esa elite privilegiada que reina sobre todas las transacciones lucrativas lícitas e ilícitas en Cuba: desde el turismo, las remesas y las tiendas que venden en dólares, hasta el tráfico de profesionales y lavado de dinero del narcotráfico regional. Su lógica operativa es exclusivamente lucrativa. De hecho, la elite de poder y su nuevo estado mafioso se desentienden del pacto social implícito del comunismo: negar derechos políticos y sociales a cambio de garantías de trabajo, salud y educación aseguradas. GAESA no es una herramienta de desarrollo nacional, ni vehículo para satisfacer las crecientes penurias de la población. La actividad económica que desarrolla esta elite de poder bajo la sombrilla de GAESA es un agujero negro al que no puede llegar la Contraloría de la República. Nadie puede auditarla. Ni el presidente, ni los Consejos de estado y de Ministros, ni la Asamblea nacional. Tampoco el Comité Central o el Buro Político del Partido Comunista de Cuba. Es un mundo de intocables, salvo cuando ellos mismos administran sanciones dentro de ese opaco espacio. Una genuina Cosa Nostra.

Después de la caída de la URSS, a lo largo de la década de los noventa, todos los analistas informados suponían que Cuba tendría que transitar de manera inevitable hacia otra definición sistémica. Del comunismo tendría que evolucionar –si es que no colapsaba antes- hacia alguna forma de democracia y libre mercado. El ascenso del Hugo Chávez al poder cambió esa perspectiva abriéndose otra vía inesperada para la subsistencia del castrismo. Una transición que ningún teórico podría haber anticipado porque el destino al que conducía a la sociedad cubana –el nuevo estado mafioso que ha emergido en el siglo XXI- era entonces novedoso para las ciencias sociales. En 1962 Thomas S. Kuhn publicaba su revolucionaria tesis sobre el papel de los paradigmas en la estructura del quehacer científico. Hasta entonces era inconcebible que se aceptara una nueva perspectiva interpretativa para adelantar los conocimientos en Física u otras ciencias. Kuhn mostró el potencial revolucionario que acompaña el surgimiento de nuevos paradigmas interpretativos para abordar y resolver problemas a los que no podía dárseles respuesta satisfactoria exclusivamente a partir del paradigma vigente. La Teoría de la Relatividad de Einstein no tenía que ser declarada errónea porque surgiera el paradigma de la Física Cuántica de Heisenberg. La segunda ampliaba la comprensión del universo físico. En la ciencia política nos viene ocurriendo algo similar en este nuevo siglo.

Es necesario cambiar los lentes cognitivos con un nuevo paradigma que explique mejor que el anterior lo que ahora está ante nuestros ojos. Este conflicto no es entre comunistas y demócratas sino entre delincuentes autoritarios y las poblaciones que ellos explotan. No se trata de un fenómeno latinoamericano. Una amplia literatura viene dando seguimiento a transiciones similares en las sociedades poscomunistas de Rusia y varios países de Europa oriental.

El término Estado mafioso no es un adjetivo peyorativo descalificador adicional a los de dictadura totalitaria, Estado represivo u otros similares. No se trata de un país en que, como México o Italia, una parte del gobierno central, regional o local ha sido infiltrada por elementos criminales, o incluso donde existe ingobernabilidad en ciertas regiones como resultado de sus actividades ilícitas.

La definición sociológica que viene abriéndose paso es la siguiente: Los Estados mafiosos son aquellos en que un grupo social oligárquico se apodera del Estado y lo utiliza en acciones ilícitas y criminales internacionales para su exclusivo servicio y al margen de toda fiscalización independiente. Por definición, esos nuevos regímenes criminales son enemigos de las sociedades abiertas y liberales contra las cuales a menudo se coaligan pese a su heterogeneidad y dirigen una política exterior agresiva. No estamos ante una nueva Guerra Fría entre bloques ideológicos, pero sin duda experimentamos una nueva confrontación global.

En el pasado, ciertas instituciones y grupos del Estado comunista cubano habían participado en operaciones criminales encubiertas autorizadas por sus máximos jefes, pero el surgimiento del Estado mafioso pleno no ocurrió hasta el nuevo milenio. En lenguaje marxista, ese fue el “salto cualitativo” de una larga cadena de hechos que en el caso de Cuba se acumularon en décadas previas y que salieron a relucir –solo en parte– con la puesta en teatral escena de las llamadas Causa 1 y 2 de 1989.

 

Cubazuela: del comunismo al estado mafioso.

Un grupo de generales cubanos, bajo la dirección de Fidel Castro y de su hermano Raúl construyeron una empresa criminal transnacional, junto con la cleptocracia de Venezuela, que tiene esquemas de colaboración con actores variopintos que van, desde las FARC y el ELN de Colombia, pasando por Irán, Hezbollah y existen indicios de una posible colaboración con destacados carteles latinoamericanos.”

Al caer la Unión Soviética todos los analistas pensaban que Cuba haría una transición hacia algún tipo de democracia y economía de mercado. Era el paradigma de Francis Fukuyama. Sin embargo, si bien ocurrió una transición fue en otra dirección inexplorada y desconocida hasta entonces. Después de ensayar por casi una década una apertura económica muy restrictiva, políticamente controlada y diseñada para hacerla reversible si las circunstancias cambiaban, nuevas opciones surgieron. En el nuevo milenio –una década después de caer la URSS–  la alianza con la Venezuela de Hugo Chávez le abrió la posibilidad a la elite de poder en Cuba de hacer una transición del comunismo al nuevo Estado mafioso. Así nació Cubazuela: primera colonia de La Habana y primer estado criminal transnacional del hemisferio occidental. Esa transición hacia un Estado criminal supuso las transformaciones que conllevan esos procesos. Surgió una nueva economía política que ha creado desplazamientos de poder en el interior de la antigua burocracia comunista, nuevas fuentes de privilegios e inequidades, nuevos grupos sociales y clases, y una reorientación metodológica de los cuerpos represivos y armados que prioriza el control de los desafíos políticos endógenos y exporta asesores de su modelo represivo a sus socios venezolanos, nicaragüenses y bolivianos.

De la Guerra de todo el Pueblo, concebida para enfrentar una supuesta invasión de marines ordenada por Ronald Reagan se ha pasado a la Guerra contra todo el Pueblo. Esto se hace evidente en la actual ofensiva combinada de las FAR y el MININT contra campesinos privados, pequeñas empresas no-estatales, artistas y periodistas independientes, ciudadanos que utilizan sus celulares para dejar constancia gráfica del deterioro social, la represión de las libertades económicas, del abandono de los servicios sociales y de los crecientes abusos policiales. El nuevo Estado mafioso está controlado en Cuba, a similitud de lo que ha sucedido en otras sociedades poscomunistas, por una oligarquía totalitaria y criminal que, sin someterse a ninguna fiscalización, se sirve del monopolio de la fuerza y las instituciones estatales para controlar la población mientras desarrolla una variedad de actividades ilícitas a escala internacional. Para mantener en el poder a su principal narco socio, Nicolás Maduro, oficiales de las FAR y el MININT cubanos han participado como asesores en torturas en calabozos de Venezuela, han organizado grupos armados paramilitares, han orientado a francotiradores que desde azoteas y motos dan muerte a quien se atreva a salir a protestar. Los oficiales militares cubanos destacados en Venezuela mantienen un sistema de inteligencia autónomo para vigilar y controlar a oficiales, militares y funcionarios chavistas, incluido el propio presidente Maduro. Venezuela es hoy un país ocupado por fuerzas coloniales cubanas.

Cualquier transición democrática en Venezuela supone como precondición la retirada de esa fuerza de ocupación extranjera, del mismo modo que en su momento la autodeterminación e independencia de las antiguas colonias europeas en África supuso ese imprescindible primer paso. A cambio de su sucia faena, la elite de poder cubana recibe miles de millones de dólares en petróleo y negocios turbios que –como sucede con los salarios que arrebatan a los médicos cubanos– van a parar al agujero negro de la elite. Las ganancias de ese Estado mafioso no se invierten en mejorar la vida de los venezolanos o los cubanos. La que mejora sin parar es la calidad de vida y consumo de la elite de poder. El Estado mafioso no se jacta de tener un pacto social que trafique derechos políticos y civiles por servicios públicos, porque no es del interés de la nueva mafia emergente.

 

La nueva economía política de la mafia de La Habana

Cuba ha quedado escindida en dos. La de los que tienen acceso a dólares, y la de la inmensa mayoría de los cubanos de a pie sin agua corriente, en viviendas con peligro de derrumbe y otras donde conviven hacinadas hasta tres generaciones y con salarios depreciados en una moneda que no permite adquirir productos alimenticios básicos porque solo se venden en dólares. También hay dos grupos de poder: el de la casta mafiosa privilegiada que habita una economía dolarizada sin restricciones, y el de la burocracia estatal y militar sin acceso a la economía dolarizada. Los privilegios de este segundo grupo son mucho menores que los de la elite, aunque no por ello menos irritantes para la población.

La existencia de un gobierno visible y formal, pero sin poder real, encabezado por Miguel Díaz-Canel, le permite a la Mafia de La Habana mantenerse en la oscuridad en medio de las protestas públicas. Es una excelente estrategia diversionista de la cólera popular que va in crescendo.

Por ahora, las cosas pueden cambiar, nadie va a protestar frente a las puertas de GAESA y su red de empresas –mucho menos frente a la casa del general Luis Alberto Rodriguez López Callejas, director de esa institución– sino ante los domicilios de las instituciones públicas (PCC, Asambleas de Poder Popular, oficinas de gobernadores) a las que han quitado toda capacidad política o económica de tomar decisiones significativas.

Por supuesto que esta transformación en Estado mafioso tiene largas raíces en la cultura gangsteril universitaria que Fidel Castro trajo consigo al poder, y en su estilo caudillista que convirtió a las instituciones comunistas –incluido el Buró Político del PCC y el Consejo de Estado– en marionetas de sus alocadas decisiones. También fue él quien autorizó la alianza con carteles narcotraficantes e incluso decidió mediar entre ellos cuando se desató un conflicto de intereses. Y fue Fidel Castro quien creo los nexos entre Pablo Escobar y grupos colombianos como el M-19 dejando pasar droga por aguas cubanas a cambio de la entrega de armas para asaltar el Palacio de Justicia en Bogotá y así usar la ocasión para quemar los expedientes judiciales de los narcos extraditables a EEUU.  Los cambios en el ADN de la elite de poder cubana no fueron un accidente súbito sino resultado de un proceso gradual de descomposición.

 

Crisis sistémica y crisis coyuntural

Pero ahora la Mafia de La Habana enfrenta nuevos desafíos. Si bien apuestan a que las elecciones de EEUU traigan renovados vientos con el fin de la administración de Donald Trump, lo cierto es que su colonia venezolana está agotada por la explotación de su metrópoli, la incapacidad administrativa del llamado socialismo del siglo XXI y por la corrupción extrema de la gavilla de bandidos ineptos que desgobierna ese país. Mientras tanto creen seguir “ganando tiempo” cuando no ejecutan las reformas radicales que la situación demanda, y responden con la vieja treta de anunciar medidas que ganan titulares favorables sin resolver problemas medulares, ni ser ellas mismas irreversibles en esta ocasión. Los verdaderos “logros” de la nueva economía política cubana han sido: la ampliación de la vulnerabilidad de pobreza de 1959 hasta más de la mitad de la población, la multiplicación de la emigración, de las viviendas insalubres y sin agua corriente, la existencia de una de las mayores poblaciones penales del mundo, donde la población cubana de descendencia africana –negra y mestiza– está desmesuradamente sobrerrepresentada, la creación de una sociedad que sigue siendo totalitaria y a la vez cada vez más dolarizada en la que la mayor parte de la población que no recibe remesas o accede a muy pocas no puede comprar artículos alimenticios y de aseo básicos. Ninguna corriente reformista que pretenda “iluminar” a esa casta en nombre de ideales “socialistas” logrará moverla un centímetro. Sus intereses como grupo social son contrarios a los de la mayoría de la población. Ellos solo ceden cuando surgen, o incluso se conjugan, presiones internas y externas que puedan amenazar su supervivencia. A mediados de 2020 la Mafia de La Habana enfrenta la conjugación de una larga crisis sistémica con otra coyuntural.

La crisis sistémica se deriva de la incapacidad del régimen de gobernanza totalitario para alcanzar la sustentabilidad económica, lo cual ha condenado a la sociedad cubana al parasitismo internacional: dependen de mecenas (URSS / Venezuela), de remesas de quienes fueron catalogados como “traidores” o “gusanos” al salir de la isla en búsqueda de libertades y mejor futuro, de créditos que adquieren y no pagan, de negocios ilícitos (lavado de dinero, tráfico humano de profesionales, exportación de represores y militares a gobiernos aliados, y otros más). A ello se suma la edad avanzada de Raúl Castro y la necesidad de completar un esquema de transferencia de responsabilidades y liderazgos no solo en el interior del Estado burocrático visible, sino del Estado mafioso invisible.

La crisis coyuntural ha sido la combinación de los cuatro años de presidencia de Donald Trump, quien abandonó el esquema de acercamientos sin condiciones de su predecesor sustituyéndolo por una guerra económica similar a la de Ronald Reagan contra la URSS, a lo que hay que sumar el impacto de la pandemia del Covid 19 sobre las remesas y el turismo. Cualquier desastre natural adicional -como el paso de un huracán por la ya atribulada isla- agravaría aún más esa crisis coyuntural hasta límites insospechados.

La suma de estas dos crisis no deja mucho espacio para sentarse a esperar tiempos mejores, porque aun si Trump perdiese las elecciones en noviembre y la pandemia fuese controlada a nivel global, los otros factores se mantendrían constantes. El régimen totalitario de gobernanza cubano ha perdido el control monopólico sobre la información –con un mayor acceso de la población a Internet, las redes sociales y la tecnología digital, aunque sea hoy limitado y costoso. También ha perdido la legitimidad que para un sector de población le aportaba el pacto social comunista de trocar libertades por beneficios sociales, que la nueva elite mafiosa ha abandonado. Los servicios de salud y educación están en ruinas, el déficit de viviendas supera el millón, los salarios depreciados son limosnas estatales, los artículos de primera necesidad solo pueden adquirirse en una moneda extranjera que no se usa para pagar a los trabajadores, y la habilidad del líder carismático para generar fe en el porvenir se ha esfumado con la muerte del caudillo. Los únicos que todavía creen a pies juntillas en el paraíso comunista cubano son algunos grupos extranjeros de una pretendida “izquierda” dogmática y fanática.

La nueva oligarquía mafiosa, equivocada o no, apuesta hoy a un cambio electoral en EEUU que reacomode su inmovilismo, pero basa su espera en la premisa de que la población seguirá sometiéndose a sus dictados todo el tiempo que sea necesario. Su soberbia y ceguera los lleva a menospreciar la explosividad potencial de una hambruna generalizada que cada vez se dibuja con mayor nitidez en el horizonte cotidiano del ciudadano de a pie.

Los campesinos cubanos le han puesto delante la solución con cinco demandas (“Sin Campo no hay País”) para evitarla. Su esencia es restablecer la libertad económica en el sector agropecuario para producir, comercializar exportar e importar sin mediación estatal. El resto de la población quisiera ver una reforma semejante extendida a toda la economía nacional. La elite de poder pretende ignorar a unos y otros.

Si en los próximos meses se desata una hambruna en Cuba, ella será el resultado inequívoco de políticas oligárquicas deliberadas dentro del nuevo Estado mafioso.

 

Referencias:

Blanco, Cartaya y Domínguez: Cubazuela: crónica de una invasión cubana, FHRC, 2019

Blanco, Juan Antonio: Infinite War (Cuba: The Unforeseen Transition) FHRC 2020

Kuhn, S. Thomas: La estructura de las revoluciones científicas, (Breviarios #213; Amazon Kindle Edition) 2012

Mesa Lago, Carmelo: La vivienda en Cuba socialista y las reformas estructurales (Cuba Posible diciembre 20, 2017.   htpp://cubaposible.com/vivienda-cuba-socialismo-reformas/

Monreal, Pedro: La inversión en el agro cubano: entre “el hambre de inversiones y el desperdicio de estas”. Blog de Pedro Monreal, Julio 19,2019

Naim, Moisés: Mafia States. Organize Crimes Takes Office, Foreing Affairs Mayo –junio 2012

Satter, David: Darkness at Dawn, Donelly & Sons, USA, 2003

Magyar, Bálint: The Post-Communist Mafia State: The Case of Hungary, Central European University & Noran Libro Kiadó, Hungría. marzo 15, 2016

Snegovaya, Maria: The Implications of Russia’s Mafia State, American Interest, diciembre 2015

Villalobos, Joaquín: (Cuba: Final de la Utopía), Revista Nexos, Julio 2020

 

Juan Antonio Blanco Gil

Doctor en Historia y posgrado en resolución de conflictos. Profesor universitario, diplomático, analista de relaciones internacionales, escritor y conferencista. Actualmente es Director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.