La falta de trasparencia no parece ser solo una cuestión empresarial en Panamá. Las sospechadas compras irregulares de equipamiento médicos y sobreprecios en el gasto público  no aportan positivamente a la propensa “debilidad institucional” por parte del gobierno panameño.

En el panorama de la crisis sanitaria como consecuencia del covid-19 y con el advenimiento de, según estimaciones del Banco Mundial (BM), la recesión mundial más profunda suscitada en décadas, los flagelos de “impunidad y corrupción” se hace sentir más de lo usual dentro de la ciudadanía.  Como lo señala un informe de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL),  la corrupción en el manejo de los recursos públicos son una de las principales huellas que deja a entrever la pandemia en Latinoamérica.

Entre los escándalos más recientes en Panamá, está la compra de 53 ventiladores mecánicos, con un precio de 2,3 millones de dólares y además, viejos y en mal estado. Por ello en abril del 2020,  el viceministro de la Presidencia panameña renunció al cargo, enfrentando ahora una investigación por la adquisición de 10 ventiladores 9,8 más caros al precio de mercado.

Las quejas por parte del personal de la salud también se hicieron sentir. En el pasado Agosto un grupo de enfermeras se manifestó para requerir equipos de protección y el pago de salarios retrasados. “Los problemas que tenemos no se resuelven”, expresaba Ana María Reyes de Serrano, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras, durante la manifestación.

En esta coyuntura, la eficiencia y eficacia por parte de los gobiernos se pone a prueba. Con aproximadamente cuatro millones de habitantes, Panamá concentra los mayores casos de contagios por covid-19 de Centroamérica, lo cual se vuelve aún más importante el manejo de los recursos del estado destinados al manejo de la crisis sanitaria.

La polémica en torno al sistema tributario panameño.

Si bien según el  Derecho Internacional, los Estados tienen la facultad (soberana) de definir su sistema impositivo, el problema de la definición de su sistema tributario como “territorial” (solo pagan impuestos las rentas que se generan dentro del territorio nacional) no es quizá del todo cuestionable. El problema que tien esta democracia a resolver quizá sea el impacto que esto genera por un lado, en la salud  fiscal de otros Estados (favoreciendo a la fuga de capitales, afectando directamente a la recaudación en los países donde se originan las ganancias) y por otro, la escasa información requerida, puede ser aprovechada para el lavado de dinero.

A pesar que en 2011 la OCDE eliminó a Panamá de su lista de “paraísos fiscales”,  en  2014 le negó el paso a la segunda etapa del proceso de revisión del Foro Global para la transparencia y el intercambio de información para propósitos tributarios. Esta negativa supuso la inclusión de Panamá en una lista de países no cooperadores. A pesar de ello, en ese entonteces el presidente Varela había declarado que los discernimientos para el intercambio se establecerían de forma bilateral y caso por caso. Este rechazo de Panamá con respecto a la aplicación de la normativa  hizo que en 2016  la OCDE volviera a sacar al país de la lista de cooperadores en materia fiscal. Luego, con las filtraciones masivas de documentos de la firma Mossack Fonseca comprometería gravemente la reputación internacional de Panamá.

Cuestión ética

El medio de bajos impuestos y la economía abierta de Panamá en conjunción con su sofisticado sistema bancario, prometen la plataforma perfecta para evitar impuestos o limpiar dinero ilícito. Y ese es el mayor desafío que debe enfrentar Panamá para una democracia de calidad. Si bien la población panameña, aparentemente goza de buenos indicadores sociales un índice de desarrollo humano (IDH) valorado en 0,78, corresponde a una sociedad con alto desarrollo según el PNUD, la incapacidad de frenar las prácticas corruptas es posiblemente la debilidad más significativa del sistema político.