Cuando hablamos de transiciones, la cuestión es particularmente polémica en Latinoamérica y, especialmente, en la República Argentina. Nuestro país se encontraba entre los diez países más ricos y desarrollados del planeta hasta que se produjo el trágico golpe militar de 1930, que inauguró el ciclo de la discontinuidad constitucional. Desde entonces la decadencia, política y económica, ha sido una constante.

Alfonsin llegó a la historia argentina para instalar una épica democrática sin precedentes, pero ese proceso histórico quedó con gusto a poco, pues ninguno de los gobiernos no-peronistas subsiguientes pudo terminar su mandato en tiempo y forma, ni siquiera el suyo. Es así que el último que lo hizo fue Marcelo T. de Alvear que entregó los atributos de mando al presidente Hipolito Yrigoyen en 1928. Tuvieron que pasar 92 años para que este hecho se repita.

Mauricio Macri llegó al Poder Ejecutivo de la mano de un ballotage, el primero de la historia, derrotando a uno de los movimientos políticos más importantes de los últimos años.

Hasta aquí todo parece la epopeya de un gobierno que supo construir legitimidad ab initio, pero basado en una connotación negativa de la contraparte: la famosa grieta. Tal legitimidad, acompañada de contextos internacionales adversos (más allá de las buenas relaciones diplomáticas), mala praxis económica y algunos errores políticos se esfumó como polvo en las manos. Sin embargo, en ese escenario, el gobierno supo instalar en el sistema político argentino algo que durante muchos años fue una necesidad: el respeto a las instituciones. Y ello constituyó una base fundamental para una transicion ordenada luego de muchos años.

En ese contexto, el presidente entrante se vio obligado a amoldarse a lo que se convirtió en un mandato imperativo por parte de la sociedad argentina.

Alberto Fernandez irrumpió con sorpresa para propios y ajenos, con un discurso moderado que sirvio para morigerar al kirchnerismo duro y atraer a aquella parte del peronismo que se mostraba reticente al liderazgo de Cristina Fernandez. Con una gran reminiscencia al primer gobierno de Nestor Kirchner, el actual presidente supo despegarse de la grieta en medio de una crisis que parecía no tener fin. El discurso funcinó y logró imponerse en la mayor parte del país y en el distrito electoral más importante: la provincia de Buenos Aires.

Ante esto, el panorama para el peronismo parece más que prometedor. Pero que el arbol no tape el bosque. Si bien las condiciones electorales fueron positivas para este sector, la legitimidad se puede esfumar ante cualquier cimbronazo. Pues esta se construyó en base a expectativas futuras de las que aún no hay siquiera certezas de que pueden ser cumplidas. Sumado a esto, el macrsimo supo consolidarse (incluso cuando formaba parte del gobierno) como opisición con una base social que nunca antes en la historia supo conglomerarse bajo una misma alianza.

Es por ello que el gobierno de Fernandez tendrá la responsabilidad histórica de gobernar en base a consensos, con propios y ajenos. Porque a todo esto se suma la amplia unidad construida en pos de derrotar al macrismo, dentro de la cual existen intereses y enfoques que algunas veces parecen contradictorios.

En medio de este escenario, queda tambien resolver las enormes dificultades economicas y financieras que tiene la Argentina, acordar con el Fondo Monetario Internacional y contener el clima social.

A Alberto Fernandez le corresponde la enorme responsabilidad de gobernar en base a las condiciones que le imponen la constitución. A su vez, ello conduce naturalmente al imperio de la ley, a su cumplimiento, que es una condición sine qua non para que gobiernen las instituciones y no los hombres.