El jueves 4 de junio se realizó un evento Webinar organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El mismo consistió en la presentación virtual de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, aprobado el 3 de febrero de este año. Allí tuvieron la oportunidad de exponer tanto especialistas y miembros de la OEA y la CIDH, como representantes de otras ONG internacionales y referentes cubanos, ya sean estos independientes o pertenecientes a organizaciones en la isla. Fue dividido en tres paneles: siendo los primeros dos de introducción y sobre la situación del derecho a la libertad de expresión respectivamente, y el tercero (en cuyo tema nos centraremos) sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Dentro de este tercer tema, el foco será puesto en lo dicho sobre dos cuestiones: la alimentación y los derechos laborales. Y es puntualmente en estos dos asuntos, debido a que son una parte fundamental de la ideología política que el gobierno declama seguir: una doctrina pone en el centro de las decisiones a las necesidades de las personas (siendo la alimentación a todas luces algo de carácter primordial), además de tener un carácter obrerista. Viéndose todo eso plasmado en el artículo 1 de su propia constitución:

“Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva.”

Veamos lo que dicen representantes de la sociedad civil cubana al respecto de estas cuestiones.

Situación alimentaria

Para empezar, Aimara Peña de la organización Somos Nueva Cuba, comenzó hablando en su intervención sobre un proyecto ciudadano que se presentó para liberalizar el comercio y la producción interna de productos agrícolas por parte de los campesinos, lo cual derivó en un relato acerca del trasfondo de desabastecimiento de alimentos y malnutrición en el país.

Peña señaló, entre varias cuestiones, que debido a las trabas legales internas a la producción y al comercio agrícola -las cuales establecen, entre lo más relevante, la obligación de los campesinos de venderle su producción al Estado a un precio fijado por el mismo-, se generaba un círculo vicioso de menor producción, mayor éxodo del campo a la ciudad y mayor desabastecimiento, con su correlato en el mayor grado de malnutrición. Entre otros detalles que daba la dirigente de Somos Nueva Cuba, habló de la situación de muchas familias que sólo acceden a una comida al día, niños que van sin desayunar a la escuela y un país cuya principal causa de muerte son las enfermedades cardíacas producto de la mala nutrición mencionada.

Lo cierto es que, según el mismo informe de la CIDH, el Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indicó que si bien Cuba logró mantener un porcentaje de subalimentación muy bajo con menos de 2,5% de prevalencia, el sobrepeso sigue siendo una problemática importante con una prevalencia en las personas adultas del 26,7%. Otra cuestión que precisa el informe es la referida escasez de alimentos y el alto coste de estos, más que nada para un salario normal: cita notas periodísticas con varios testimonios que hablan ya de salarios insuficientes para cubrir los alimentos de un mes de forma aceptable y saludable (véase, por ejemplo, esta nota de Radio Televisión Martí).

Y en cuanto al proyecto campesino con el que Aimara Peña inició su exposición, el portal web Diario de Cuba (ver artículo), cuenta como la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) lanzaron una campaña bajo el lema “Sin Campo no hay País” para garantizar los alimentos necesarios -y más en una situación como la actual pandemia-; para lo cual le formularon ciertas demandas al Gobierno: libertad para la producción y distribución de sus productos, para fijar sus precios de acuerdo al mercado y para importar y exportar directamente (incluso con Estados Unidos, lo cual es posible y se encuentra autorizado por las leyes norteamericanas), además de la eliminación por diez años de todos los impuestos a los productores y procesadores de alimentos.  Aquí, son los mismos campesinos los que señalan al Gobierno y sus medidas (las cuales son defendidas por agrupaciones satélite como la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP) como la principal causa de la escasez de alimentos.

Derechos laborales

Seguido de la anterior expositora, vino el turno de Hildebrando Chaviano, un abogado independiente que habló acerca de la situación de los trabajadores en Cuba, y más precisamente de aquellos que van a realizar trabajos en el exterior como en el caso de los médicos y los marineros.

El mismo relató que es el Estado el que intermedia entre los trabajadores y sus empleadores directos.  Celebra contratos con estos, quedándose con una comisión de alrededor de un 80% de la paga por cada empleado, quedando el resto supuestamente como su salario. Ahora bien, éste sólo se percibe al volver al país luego de cumplido el trabajo pactado, pero aquí lo que termina sucediendo es: o bien vuelven y el Estado no les paga el sueldo correspondiente, pagándoles menos o incluso nada; o, si vuelven antes de lo acordado (los médicos, por ejemplo), no tienen derecho al pago.

¿Y tienen los trabajadores alguna forma de reclamar ante esta situación? Si y no. Tanto Chaviano como la CIDH mencionan la existencia de una justicia laboral, pero el abogado alegó que la misma es totalmente inútil: que los expedientes se acumulan y los fallos son casi siempre adversos a los trabajadores. Y que, si en algún caso llegan a ser favorables, no significa que sus reclamos sean satisfechos en forma alguna.

En cuanto a la representación sindical, el informe expone que en la isla sólo existe la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la cual es la única organización obrera autorizada para cumplir dicha función, a pesar de que la legislación laboral permite la fundación de sindicatos independientes. Esto deja a los trabajadores en un total estado total de indefensión. Además de que también se habla de persecución y hostigamiento hacia todos aquellos que buscan realizar actividad sindical de forma independiente. A modo ilustrativo, el organismo internacional extrae la siguiente declaración de una entrevista confidencial realizada, para concluir la sección:

“En derechos sindicales las administraciones son enemigas realmente del trabajador. Hay una guerra entre la administración y los trabajadores, el sindicato se pliega a la administración y no defiende los derechos de los trabajadores, no es independiente. No hay sesión sindical si no hay núcleo del partido. Es una cosa totalmente ilógica.”