El gobierno de La Habana se encuentra en medio de la aplicación de un plan para sanear su golpeada economía, que en 2020 no pudo contar con la totalidad de los ingresos que normalmente le reporta el turismo internacional, debido a la pandemia de COVID-19 y las cuarentenas mundiales.

Lo último que se conoció respecto al plan que ahora se está poniendo en práctica es que “exige que una pequeña minoría de los más de 7.000 restaurantes administrados por el Gobierno formen nuevas empresas estatales no subsidiadas separadas de los políticos locales y que el resto pase a manos privadas”, dijo de manera anónima un gerente senior del Departamento de Servicios de Alimentos de La Habana. La meta final sería que, para 2021, apenas un puñado de restaurantes queden bajo la órbita estatal y que al resto se le eliminen los subsidios que actualmente perciben.

Ya hay una experiencia previa al respecto en Cuba pues, cuando Raúl Castro aún se encontraba al frente del gobierno, 258 de los 1900 restaurantes de propiedad estatal en La Habana se convirtieron en cooperativas y empresas privadas mediante un sistema de arrendamiento. De ellos, el 60% mejoraron su servicio, aumentaron los salarios entre un 600% y un 800% y controlaron los robos que se sucedían. Este proceso tendría ahora continuidad, permitiendo la apertura de más restaurantes privados que compitan con aquellos del sector estatal, algo en lo que estaban teniendo éxito.

Al respecto del sector gastronómico estatal, el ministro de Economía Alejandro Gil dijo que “tienen que ser eficientes, cubriendo los gastos con ingresos, pagando oportunamente a proveedores, vinculando el salario a los resultados económicos y desterrando ilegalidades y el desvío de recursos”.

Todo lo mencionado se enmarca en un proceso más grande con el cual el dictador Miguel Díaz-Canel intenta lograr un reordenamiento económico de Cuba a través de la unificación monetaria y el reajuste de empresas para que logren una mayor productividad.

La unificación monetaria y cambiaria es una de las reformas pendientes más importantes que tiene la isla, que fue prometida por Fidel Castro y viene siendo pospuesta desde principios de siglo, y comprende la desaparición del peso cubano convertible (CUC), equivalente a 1 dólar, lo que dejará al peso cubano (CUP), equivalente a 4 centavos de dólar, como la única moneda nacional. Su aplicación comenzaría a partir de comienzos de diciembre.

Pero, como todo intento de gestionar centralmente la economía desde el Estado, estas reformas no serán inocuas y tendrán efectos negativos inmediatos. El más notorio es la casi segura devaluación, y consiguiente pérdida del poder adquisitivo del ciudadano cubano, que tendrá lugar al unificarse el tipo de cambio entre dos monedas que tienen una brecha tan marcada. Y la segunda consecuencia negativa inmediata que se puede esperar a partir de lo anterior es que se desate un proceso inflacionario de difícil control, lo que fue admitido por el propio jefe de la Comisión Permanente de Implementación de los Lineamientos del Partido Comunista, Marino Murillo.

Murillo reconoció el riesgo de que la inflación “sea mayor que la diseñada” y que la población perciba un “deterioro de la capacidad de compra de los ingresos y del ahorro”. Reiteró que el Gobierno respetará el saldo que hoy tienen las personas en sus cuentas bancarias según el tipo de cambio actual, pero dijo que “si hay incrementos de precios, inevitablemente se perderá capacidad de compra”. Una de las medidas que se preparan intentar paliar las “inflaciones mayores que las diseñadas” es ponerle precios máximos a un grupo de 42 productos, entre ellos combustible, energía eléctrica, agua y alcantarillado, cemento, azúcar, café mezclado, leche, pasta dental, entre otros.

A la vez se anunció, también para diciembre, un aumento salarial de al menos 5% para los trabajadores cubanos, aumento que el mismo gobierno proyecta quedará diluido por el aumento generalizado de los precios que estas reformas llevarán aparejadas.

No será necesario mucho tiempo para que se vean las consecuencias que esta gran “Tarea de Ordenamiento” tendrá para la economía cubana y para el ciudadano cubano.

Se trata de un reordenamiento que sigue el mismo norte ideológico que mantiene atado el destino de la isla desde que Fidel Castro declaró el carácter socialista de la Revolución. Y toda reforma económica que se proyecte desde una ideología que es contraria al libre mercado, con el cual todos los países libres del mundo crecieron y se desarrollaron, está destinada no sólo a fracasar, sino a continuar ahondando la grieta que separa a un cubano del poder adquisitivo y la calidad de vida que posee un ciudadano de un país desarrollado a través del ahorro y la capitalización; y también le continúa negando a ese cubano la oportunidad de llevar adelante su propio proyecto de vida sin que un gobierno autoritario se inmiscuya en su esfera de privacidad.