Desde mediados de los sesenta hasta mediados de los setenta, América Latina fue escenario de una cadena de golpes de estado que se extendieron por la región: Brasil 1964, República Dominicana 1965, Argentina 1966 y 1976, Panamá y Perú 1968, Bolivia 1971, Ecuador 1972, Uruguay y Chile 1973. Por fuera de esta gran ola, hubo otra serie de países que no siguieron el itinerario de golpes de estado-transición restauradora del régimen poliárquico, sino que construyeron regímenes alternativos basados en los modelos autoritarios de la órbita soviética: Cuba 1959, Nicaragua 1979 y Venezuela 1999, como se analiza más adelante, fueron adaptando estas alternativas al clivaje dictadura-democracia dando origen a la problemática clave del actual periodo democrático.

La inestabilidad política de la región estaba enmarcada en un contexto internacional en el que la economía mundial se contraía, se vivía la primera crisis del estado de bienestar posterior a la segunda guerra mundial y la productividad global de las empresas estaba en baja. La inversión se contrajo y se estancó la innovación tecnológica capaz de devolver las tasas de rentabilidad.

Fue entonces que se dieron los primeros indicios de un nuevo orden mundial, la globalización, que se puede simbolizar en el pasaje de un modelo de producción fordista, centrado en la fabricación a repetición; a uno toyotista, enfocado en satisfacer la demanda a medida de cada cliente. Los estados nacionales, en consecuencia, empezaban a ver limitadas sus capacidades de regular un mercado dominado por corporaciones transnacionales: la economía iba a una velocidad que la política no alcanzaba y la arena de la disputa social ya no era local o nacional, sino que, indefectiblemente, se iba convirtiendo en global.

Estas décadas estuvieron signadas por una guerra fría que empujó al desarrollo del campo científico-tecnológico en el hemisferio norte, que fue escenario de la expansión de los derechos laborales y previsionales y de la consagración de nuevas prácticas sociales como el divorcio o el aborto libre. Por su parte, los países del sudeste asiático orientaban sus economías a la exportación de productos tecnológicos y la Comunidad Económica Europea avanzaba en la integración regional que hoy funciona en todo el continente.

La respuesta en Latinoamérica fue retroceder al S. XIX y buscar en los militares una suerte de salvación nacional concretada en los numerosos golpes de estado que dieron las FFAA en las décadas de 1960 y 1970 en toda la región. Pero la tendencia se revirtió y a mediados de los setenta en Europa del sur primero y unos años más tarde en América Latina, comenzó la tercera ola de democratización a partir de los casos de Grecia y Portugal 1974, y España 1975.

La ola llegó a América Latina en República Dominicana y Ecuador 1978; Perú 1980; Honduras 1981; Bolivia 1982; Argentina 1983; El Salvador 1984; Guatemala, Brasil y Uruguay 1985; Paraguay y Panamá 1989; y Chile 1990. La democracia se extendió luego por el este europeo y el sudeste asiático. Este proceso se desarrolló en el último cuarto del S. XX e inspiró a los politólogos a desarrollar “la teoría de la transición a la democracia” (TTD) y dos subdisciplinas derivadas: la transitología y la consolidología.

Estudiar las transiciones entre dos etapas largas tenía una larga tradición en las ciencias sociales, pero vinculada a los cambios de modo de producción. Los historiadores habían indagado en los cambios del esclavismo al feudalismo y de éste al capitalismo; sin embargo, para este caso hubo un desplazamiento y la transición se centró en el régimen político y esquivó la cuestión económica.

La primera de las subdisciplinas se ocupaba del período comprendido entre la disolución del régimen autoritario hasta las elecciones y el inicio de algún tipo de democracia. La segunda estudiaba los problemas de rutinización y solidificación de la democracia. Los politólogos de entonces pensaron en la teoría de la transición a la democracia al mismo tiempo que se sucedían los hechos con la intención de, por un lado, producir más y mejor investigación en ciencia política y, por el otro, mejorar la democracia con compromiso militante.

Este involucramiento derivó en una ampliación de la agenda del campo politológico que fue todo un cambio de paradigma en las ciencias sociales: se iba abandonando la teoría estructuralista de los sesenta y setenta, que buscaba las explicaciones en las condiciones materiales de los países; se dejaba de lado la idea de que las democracias habían fracasado por la mala distribución del ingreso y pasaba a mirar el régimen político, en general, y a los agentes del cambio, en particular. El éxito de esta nueva democracia ya no estaba predeterminado por la estructura económica, sino que, para la TTD, el éxito dependía de la pericia de las elites nacionales.

Por tanto, la transición en sentido amplio comprende, para esta teoría, la problemática del pasaje entre un régimen autoritario a uno democrático que, a su vez, fue distinguida en dos momentos. En la liberalización, periodo en el que se aflojan los controles autoritarios y algunas libertades comienzan a poder ser ejercidas, la elite política comienza una especie de “conspiración” para la instauración de reglas de competencia entre los partidos políticos. La TTD pensó a la elite como el jugador clave el éxito de la instauración de la democracia. Para este momento, el caso español fue el ejemplo sobre el que se talló el modelo de las TTD y los pactos se conformaron en requisito o ejemplo para lograr que la democracia sea el único juego en la ciudad (only game in town).

Para la TTD, estos pactos debían aplicarse gradual y moderadamente. La instalación de la democracia como regularidad era, mirado desde la perspectiva de las brutales dictaduras de los setenta, un objetivo dificultoso y necesario que, una vez alcanzado, permitía pasar al segundo momento.

Cuando las elecciones se habían hecho rutina y no existía peligro de una regresión autoritaria, se abría una segunda etapa, más amplia y difusa que la primera, que remitía a las dificultades de la consolidación democrática. La pregunta que se abría era, ¿qué democracia es la que se consolida? La respuesta de la academia fue definir un concepto que restringiera el sentido a algo asible, a una serie de procedimientos mensurables que la pudieran objetivar. La poliarquía acopió las características mínimas para definir qué era y qué no era democracia.

Para instaurar la poliarquía, entonces, se precisaba de una elite capaz de acordar esas reglas democráticas incluso en condiciones estructurales y económicas adversas. Esto hizo girar el interés de las ciencias sociales desde el desarrollo económico hacia la persona, el político o el funcionario, sintetizado en el agente, es decir en cada individuo en tanto ejecutor de políticas.

En consecuencia, la consolidación empezó a ser estudiada desde otro enfoque: el agente pasó a ser el factor explicativo del éxito o fracaso de la democratización, aunque este interés por el agente no se restringe a lo político, sino que también abarca a los estudios de carreras de todo tipo, familiares, educativas y económicas; a redes de influencia y de interacción locales y globales; también el estudio de las políticas públicas es un derivado del foco puesto en los agentes de decisión. Es decir que se empezó a mirar más allá de las elecciones que se habían llevado la atención en la primera etapa, para abordar todo aquello que pasaba en medio de éstas.

Uno de los primeros problemas identificados de esta etapa fue lo que O´Donnell llamó “democracia delegativa” en la que se empezó a visualizar el problema principal que la democracia tiene en la actualidad y que se planteara al principio: la delegación o concentración de poder versus la representación como origen del nuevo clivaje para la región: república o populismo. A grandes rasgos, para el primero, la voz del pueblo puede ser identificada y resumida en un líder; mientras que, para el segundo, la representación se encuentra en los congresos, legislaturas o parlamentos (su denominación depende de las funciones) y es la base la diversidad política propia de las diferencias en sociedades complejas.

Esta cuestión conceptual lleva a otra más práctica y que tiene que ver con la cuestión del control gubernamental o accountability. ¿Quién controla a las democracias? ¿Es sólo el pueblo el que elige cada una cantidad de años? ¿O controla también el propio estado por medio de los otros poderes, agencias y organismos de control?

La primera se llama accountability vertical y la ejercen los electores. Ninguna democracia puede prescindir de ella, aunque muchas veces se ha alterado esa opinión popular. Los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela son ejemplos de manipulación de este control vertical lo cual permite a estos regímenes calificarse a sí mismos como democráticos, aunque aplacen en algunos de los otros atributos. La segunda es la accountability horizontal y refiere a un tipo de control más complejo pero necesario en una democracia: el gobierno es sometido al escrutinio de otros poderes o agencias: el congreso pide informes o interpela a un ministro; los jueces y fiscales deberían poder investigar a los funcionarios; y las agencias, como las auditorias y superintendencias de control, deberían poder tener jurisdicción sobre los ejecutivos.

Para la ciencia política tributaria de la TTD, el control en una democracia funciona en ambos sentidos y uno solo no alcanzaría para que esa sea una legítima democracia, o al menos este el punto clave a responder: ¿puede uno solo de estos atributos, por ejemplo, la accountability vertical ser suficiente para que sea considerada una democracia?

Durante la década de 1990, la región latinoamericana se vio envuelta en un dilema: las dos décadas anteriores, en las que el mundo occidental había logrado salir de la crisis económica de los setenta, se habían “perdido” entre dictaduras violentas y democracias débiles. En los noventa, en consecuencia, se extendieron gobiernos neoliberales que quisieron llevar a cabo en modo shock las políticas en boga por entonces, apertura económica, desregulación e integración que, aplicados de este modo, tarde y mal, trajeron complicaciones y tensiones sociales por todo el continente.    

Para fines de siglo, la situación económica de la región era débil. La apertura económica había desmembrado el modelo industrialista pero no había alcanzado a desarrollar uno en su reemplazo. Recién pasados los 2000, con la aplicación de la tecnología a la agroindustria combinada con la suba de los commodities y la aparición de China como motor de la economía mundial, permitieron que la región viviera un periodo de prosperidad impensada diez años antes.

El liberalismo democrático perdió su oportunidad en la región y luego, con la caída de las torres gemelas en 2001 y la invasión a Irak en 2003, comenzó una nueva fase de democratización que agregó nuevas capas a los problemas irresueltos de la transición y la consolidación. La ampliación hacia el oriente combinó la globalización impulsada desde occidente, con su recepción en otras culturas políticas.

En América Latina, en el nuevo siglo quedó atrás la dicotomía dictadura o democracia y se empezó a gestar lo que la ciencia política definió como “regímenes híbridos”: una zona gris de intersección entre rasgos democráticos y autoritarios. Generalmente, estos casos tienen origen democrático y hasta liberal, luego van degenerando en variadas formas de autoritarismo.

La combinación del fin del ciclo liberal y el crecimiento de las economías en base a la suba de los precios internacionales fueron el caldo de cultivo de estos regímenes híbridos que se nutrieron de distintas fuentes. Cuba y Nicaragua habían pasado de regímenes sultanísticos a dictaduras de distinta identidad. Estos se agruparon con otros casos, como la Venezuela de Chávez que desde 1999 y con legitimidad democrática de origen, fue degenerando hasta la dictadura que hoy azota a Venezuela.  

En suma, mucha agua pasó bajo el puente desde el principio del proceso de cambio de régimen de autoritario a democrático a la actualidad: nuevos y viejos problemas conviven todavía en las deficientes democracias de la región. El actual clivaje que domina la escena política latinoamericana sufrió un desplazamiento desde una marcada distinción entre autoritarismo y democracia, propio de los ochenta y noventa, hacia la dicotomía república-populismo en la que no es sencillo definir cuál es el límite de una democracia. ¿Cuáles son los contornos dentro de los cuáles se puede distinguir las democracias de las que no lo son?

La respuesta de la poliarquía hasta el momento resulta la más contundente, pero no alcanza para resolver la cuestión política porque unos y otros -republicanos y populistas- se achacan no calificar en alguno de los ítems de la poliarquía. Por tanto, se puede concluir que aquella aspiración primaria de la TTD, que consistía en fijar reglas de juego claras para la competencia política leal y transparente, no ha sido alcanzada en casi 40 años de transiciones a la democracia en América Latina. Este sigue siendo un desafío actual.

 

Nicolas Simone

Es graduado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En el posgrado, se especializó en transiciones a la democracia en América Latina y Argentina, para las que fue becado por la Universidad de San Andrés (Argentina) y el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (España), donde obtuvo el título de Máster en Ciencia Política. Además, fue becario de doctorado en Ciencias Sociales en la UBA con una tesis es sobre el Congreso Nacional Argentino en el cambio de régimen político entre 1983 y 1989. En el marco de los estudios legislativos, realizó una estancia de investigación en el GIGA-Hamburgo (Alemania).

Fue docente en colegios secundarios y especialista en formación docente continua en ciencias sociales. Dio clases en las facultades de Económicas y Sociales (UBA) de “Historia Económica”, “Formas de democracia semi-directa”, “La Socialdemocracia en América Latina” y “Fundamentos de Ciencia Política”. Actualmente, es profesor adjunto de “Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado” en el CBC de la Universidad de Buenos Aires.