Perfil histórico del Estado, la sociedad, y la democracia en Argentina. De la hegemonía populista a la praxis republicana ¿Es la crisis inaugurada por la pandemia una posibilidad para la construcción de una alternativa?

Para quienes la viven, la epidemia es una experiencia única, total y absorbente. Después de ella -se piensa todo será distinto: mucho mejor o mucho peor, según los ánimos. Pero en rigor, los cambios, si los hay, suelen ser lentos y casi imperceptibles. La fiebre amarilla de 1871 hoy es recordada por un detalle urbanístico: aceleró la migración de la gente pudiente hacia el norte de Buenos Aires. De la gripe española de 1918 y 1919, más terrible aún, nadie sabe gran cosa.

Pero a la vez, una epidemia como la actual dice mucho a quien sabe hacer las preguntas precisas. Y quien acierte con ellas podrá pensar formas de acción que dejen su huella. Por el momento, la pandemia solo está poniendo en evidencia los males de la Argentina, sus lacras, que se nos aparecen ante las narices como si las miráramos con una lupa. Quizá haya también una oportunidad.

Un Estado Impotente

De las muchas lacras elijo tres, referidas al Estado, la sociedad y la democracia.

Hasta los años setenta del siglo pasado, la Argentina supo tener un Estado potente, capaz de proponerse metas y alcanzarlas. Fue también un Estado generoso y concesivo ante quienes sabían presionarlo y obtener beneficios especiales, como ya ocurrió desde 1876 con el sector azucarero tucumano. Con el tiempo, la potencia se erosionó y aumentó el número de los reclamantes del maná estatal, quienes, para asegurar su parte, desde la década de 1960 colonizaron sus ministerios. Eso fue un golpe durísimo para la capacidad de acción y la unidad de propósito del Estado. Desde mediados de los años setenta la tendencia mundial a “achicar el Estado” comenzó a traducirse en reducción, jibarización y hasta eliminación de las oficinas estatales encargadas del control y de la regulación, tanto de las actividades privadas como de los mismos gobiernos. La reducción se extendió incluso a las actividades indelegables del Estado: la salud, la educación, la seguridad.

Así hemos llegado a tener un Estado devorado por distintos grupos de interés -grandes y chicos, legales y mafiosos- que succionan la riqueza que el Estado toma de la sociedad a través de un sistema impositivo tan oneroso como inequitativo. Esto fue reduciendo la capacidad de gestión, y a la vez, liberando de controles a los gobiernos de turno. Estos encontraron la coyuntura adecuada para desarrollar un estilo de gobierno decisionista que -triste es decirlo- resultó ser el único posible para dirigir la desarticulada máquina estatal. En esta situación el Estado llega a esta circunstancia de pandemia. Se superpone a una coyuntura económica que, dos meses atrás, nos parecía angustiante e irreversible y que hoy ha quedado en la trastienda. El hiperactivismo presidencial -liberado por razones sanitarias del control de los órganos colegiados- apenas disimula las primeras manifestaciones de la falta de coordinación entre los entes de gestión, la imprevisión, la ineficiencia.

Sobre todo, llama la atención la vergonzosa exhibición de la colonización estatal, puesta en evidencia por el reparto de los comandos del Ministerio de Bienestar Social -dueño de una caja importante y flexible- entre cuatro grandes grupos que conforman la alianza política gobernante, dispuestos a continuar con las antiguas prácticas corruptas. La revelación de un caso -probablemente uno entre muchos- pudo en evidencia la gangrena estatal y, lo que es peor, la escasa confianza que inspiran estas agencias en el caso de que la pandemia se desborde y desencadene desobediencias o protestas sociales.

El inmenso mundo de la pobreza

Hacia 1970, la Argentina tenía pleno empleo, una pobreza muy acotada y una sociedad altamente conflictiva pero caracterizada todavía por su integración y su movilidad. Cincuenta años después tiene más de un tercio de pobres, que conforman un “mundo de la pobreza” escindido, con su propio modo de sobrevivir, su estilo de vida y su cultura. El Estado tiene allí poca presencia, incluso en los aspectos básicos de la salud, la educación y la seguridad, y la vigencia de la ley -incluyendo la noción de la diferencia entre lo lícito y lo ilícito- es más que relativa.

No hay en el mundo de la pobreza -no puede haberlosciudadanos responsables de sus derechos y obligaciones, en el sentido clásico de la democracia. Hay votantes cuyo peso político es decisivo, y una máquina para producir el sufragio. Incluye operadores políticos que conectan a los referentes de las organizaciones sociales territoriales con el poder administrador, operando la trasmutación de subsidios en sufragios electorales en favor de los candidatos del gobierno.

Los grandes conurbanos, y especialmente el de Buenos Aires, constituyen un mundo en equilibrio inestable, que puede tornarse en tormentoso, como en 2001, si flaquean los mecanismos de contención que administra el Estado. Los trabajadores informales ya estaban recibiendo lo más duro de la crisis económica antes de la plaga. Esta no ha llegado hasta hoy (18 de abril) a este mundo, protegido hasta ahora por la distancia social y ecológica, pero la encontrará indefensa si se instala el virus. En este caso probablemente habrá reacciones violentas, que pondrán al gobierno en una dura alternativa.

Una democracia poco republicana

La moderna democracia de sufragio universal obligatorio comenzó en 1912, prolongándose hasta nuestros días con interrupciones y otras alternativas. Es posible distinguir dos ciclos democráticos, separados por un interludio entre 1955 y 1983. El primero se extendió, con altibajos, hasta 1955, y estuvo dominado por las figuras de Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, dos líderes de credenciales democráticas inobjetables. Sus regímenes, con matices, tuvieron un estilo plebiscitario y se apartaron de los principios republicanos y liberales, tanto en lo institucional como en lo ideológico. Yrigoyen se llevó muy mal con el Congreso y la oposición; Perón fue más allá y suprimió las libertades políticas. En lo discursivo, ambos líderes identificaron sus movimientos con la nación y el pueblo, y colocaron a la oposición en el lugar del enemigo del pueblo, la anti patria. Ello generó un clima político faccioso y altamente conflictivo.

Entre 1955 y 1983 la cuestión democrática pasó a segundo plano y el escenario fue ocupado por dictaduras militares y grupos de interés organizados. En 1983, luego de la retirada de los militares, se inició un segundo ciclo democrático, que se prolonga hasta el presente, lo cual en sí mismo es un logro notable. Ese año, sorpresivamente, con Raúl Alfonsín, surgió una novedosa democracia republicana y pluralista, firmemente asentada en el estado de derecho. Todo ello era novedoso. Por entonces florecieron los partidos políticos, el Congreso y el debate público, sostenidos por una nueva ciudadanía consciente y comprometida. En el clima de euforia de esos años se supuso que con la democracia se solucionaban todos los problemas del Estado, la sociedad y la economía.

La hiperinflación de 1989 derrumbó las ilusiones y la conciencia de crisis habilitó el retorno a una conducción presidencial centralizada, que fue el punto de partida para un gradual retorno a los viejos usos no republicanos: gobierno hiper presidencial, neutralización de los órganos representativos, avance del Ejecutivo sobre las instituciones, todo lo cual coincidió con la profundización de las políticas de achicamiento del Estado. La crisis de 2001 -que sacó a la luz el deterioro de la sociedad derrumbó la legitimidad de la representación política, liquidó a los partidos, estimuló las organizaciones de intereses y robusteció el hegemonismo presidencial. Este se desplegó durante el gobierno de los Kirchner (2003-1015), quienes agregaron un discurso divisivo e intolerante, que recreaba la antinomia pueblo/ antipueblo. De ese modo, la democracia argentina -que había capeado con fortaleza algunas crisis institucionales graves-retornaba a sus fuentes.

En 2015 el presidente M. Macri -que había derrotado al candidato justicialista- propuso una reforma del Estado, para achicar el espacio de los grupos prebendados, y un retorno a las instituciones republicanas. Su proyecto tuvo grandes errores en la ejecución, pero, sobre todo, no pudo superar la frontal oposición del justicialismo, tras del cual se nuclearon sindicalistas, empresarios protegidos, organizaciones de desocupados y todos los que tenían algún privilegio estatal que defender. En la elección de 2019 este establishment organizó eficientemente su séquito popular y recuperó el gobierno.

Su candidato, Alberto Fernández, propuso una reducción de los enfrentamientos y una vuelta a los buenos usos republicanos. Cristina Kirchner, que lo había elegido como candidato y que compartió la fórmula, conserva un caudal de apoyos que le permitió mantener una posición muy fuerte en el nuevo gobierno Todos se preguntaron -y se preguntan- cómo sería la coexistencia entre ambos.

La aguda crisis de la deuda externa, que demandaba un acuerdo mínimo con la oposición, favoreció la alternativa dialoguista, y lo mismo ocurrió con la pandemia y la crisis sanitaria que, como la deuda externa, convocó al esfuerzo conjunto. Las medidas y los gestos de Fernández, sin embargo, parecen indicar un retorno a la ortodoxia justicialista. Esta incluye gobernar por decreto, desentenderse del Congreso -la pandemia ayuda a esto- crear impuestos a los sectores productivos, tolerar la instalación de las distintas parcialidades de su frente político en los organismos estatales, deslizar, cada vez más frecuentemente, ataques verbales a la oposición y desarrollar un discurso de guerra y unidad contra el enemigo que recuerda cada vez más el clima de los gobiernos de los Kirchner.

¿Una oportunidad para la democracia republicana?

Sin embargo, el decisionismo dialoguista de Fernández transita por un filo estrecho. El frente político gobernante es heterogéneo y mal soldado, hay una disputa pendiente por el reparto del poder, apenas postergada por la crisis sanitaria, y quien lo encabeza y debería ejercer de árbitro no es el dueño total de las decisiones.

¿Oportunidad para la oposición? Tampoco está unida como para aprovecharla. No se divide tanto por partidos como por posiciones institucionales: están quienes son responsables de gobiernos subnacionales -que necesitan alinear su acción con el gobierno nacional- y quienes tienen responsabilidades políticas, más atentos a marcar las diferencias con el oficialismo. De modo que es difícil que ese heterogéneo conjunto encuentre el punto adecuado entre colaborar o señalar los deslizamientos decisionistas.

La conjugación de un Estado con fallas en la máquina de gestionar -que solo puede ser gobernado a golpes de decisión- y una fisura en la firmeza de la conducción quizá conduzca a un mal final -esperemos que no- pero a la vez, más a largo plazo, puede abrir una oportunidad para una alternativa de gobierno democrática y republicana. ¿Cómo lograr que se desarrolle y consolide? No se trata de argumentar con valores y principios -habitualmente descalificados como “meramente formales”- sino de demostrar que es más eficiente que el decisionismo hegemónico.

Un acuerdo republicano debería posibilitar la limpieza de esos establos de Augías -eso es hoy el Estado-, de modo de reconstruir su burocracia y sus agencias, su eficiencia y su capacidad de control. Un acuerdo republicano debería ser capaz de construir el diálogo para recuperar y hacer fructífero el pensamiento diverso de la sociedad, y de imaginar alternativas que vayan más allá de la urgencia inmediata.

Para ganar consenso, el republicanismo debe dejar de lado el elitismo teórico y principista y mostrar, prácticamente, su capacidad para ofrecer mejores alternativas, para resolver problemas concretos. Debe demostrar que es genuinamente popular, en el sentido con el que nuestra Constitución habla de pueblo.

Hay una tarea de construcción política y discursiva enorme para quienes quieren evitar que esta doble crisis conduzca a un reforzamiento del autoritarismo y aspiran a recuperar la democracia republicana. Es inmensa, pero como suele decirse, las cosas fáciles ya las hizo otro.

 

Luis Alberto Romero

Historiador. Miembro de las Academias Nacionales de Historia y de Ciencias Morales y Políticas. Es autor de Breve historia contemporánea de la Argentina y La crisis argentina. Del siglo XX al XXI. Dirige el sitio www.JLRomero.com.ar