La compleja situación que está atravesando la agricultura familiar campesina en Paraguay no es un debate reciente. Se remonta a años atrás y manifiesta como desafío la necesaria elaboración e implantación de políticas agrarias que vayan más allá de respuestas paliativas a los problemas de productividad y financiamiento a los que se ven enfrentados.

La agricultura es en Paraguay una de las principales actividades de desarrollo y producción. Esta importancia se ve reflejada en los datos arrojados por The Observatory of Economic Complexity: actualmente la soja  simboliza el 32,1% de las exportaciones totales de Paraguay, seguidas por harina de soja, que constituye el 10,9%, ubicándose por detrás se encuentran los congelados de carne bovina y el aceite de soja. Pero, a la vez, este sector tiene como contrapartida que está compuesto en su mayoría por unidades productivas individuales, que corresponden a la Agricultura Familiar Campesina.

Sin embargo, antes de adentrarnos en este tema, es fundamental tener en cuenta ciertas cuestiones preliminares para poder entender las tensiones entre el Estado paraguayo y los requerimientos campesinos. Si bien las cifras del Banco Mundial indican que el PBI de Paraguay creció un promedio de 4,5% anual en los últimos 15 años y se espera un promedio de 4% para los próximos dos años, dos millones de habitantes son pobres, lo que equivale al 28% de su población. Además, la pobreza se centra en zonas rurales, dato no menor.

Una protesta con antecedentes

La disputa de los campesinos paraguayos por mejores condiciones laborales, económicas y comerciales no es un conflicto reciente. En 2006 más de 15.000 campesinos tomaron las principales calles de Asunción, exigiendo al Gobierno el cumplimiento de la promesa de entregarles tierras para cultivar y la condonación de deudas con el Estado.

Durante el gobierno de Horacio Cartes (2013 – 2018) también hubo conflictos. En julio de 2017 los campesinos acamparon durante más de dos meses en la Plaza de Armas en el centro de la capital reclamando por la implementación de la Ley de Emergencia Nacional de la Agricultura Familiar, la cual establece que los ministerios e instituciones que dependen de la Presidencia deberán tomar todas las medidas posibles para colaborar con los agricultores familiares de todo el país en un plazo 180 días, y el levantamiento del veto a la Ley de Rehabilitación Financiera, que establece la absolución de las deudas de miles de campesinos con el Estado, que había sido aprobada por los legisladores pero fue vetada por Cartes.

El estado de la cuestión

El pasado miércoles 19 de junio miles de campesinos llegados desde distintos puntos del país se concentraron en Asunción, en donde bloquearon los accesos al Ministerio de Agricultura para exigir la refinanciación de las deudas agrarias y el aumento del precio de venta de sus productos. Estos pequeños agricultores  exigen que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, cumpla con el compromiso que adquirió el 28 de marzo, cuando firmó un acuerdo con las organizaciones agrarias que permitió aplazar la última movilización de campesinos. El documento contemplaba medidas para mejorar el acceso a la tierra, la refinanciación y reestructuración de los créditos vencidos, la regularización de las deudas judicializadas, así como la reactivación económica productiva para la agricultura familiar.

Además, en el marco de las protestas ya  mencionadas, María Selva, representante de los campesinos, exigió  al Gobierno el desarrollo de mercados locales para que los pequeños productores puedan vender la mandioca, el maíz y el sésamo que se planta en esa zona. También pidió que se regule el precio de los productos, especialmente de la mandioca, para que los pequeños agricultores puedan aumentar su margen de beneficio.

Respuestas del gobierno

Por un lado, frente a las protestas, el presidente de Paraguay manifestó que hay peticiones que no pueden ser cumplidas por el Gobierno: “Hay organizaciones campesinas que piden montos que no están. Nosotros no podemos comprometernos con algo que no vamos a cumplir, con 20 millones de dólares de apoyo para una organización campesina, o 5 millones u otros montos. Nosotros estamos comprometiéndonos con lo que podemos”. Por otro lado, el ministro de Agricultura, Denis Lichi, aseguró a los medios que el Gobierno ha “avanzado bastante” en el acuerdo sobre producción, tierras y deudas firmado en marzo. En ese sentido, acusó a los dirigentes de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) de demorarse en la entrega de la lista de campesinos deudores para que entidades como el Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) puedan comprar sus deudas

Claramente, este problema es una cuestión estructural que debe ser resuelta de manera urgente. La reforma agraria cada vez se hace más evidente y no simplemente por los hechos que evidencian la importancia del sector de las exportaciones del país, sino que es también urgente para la misma estabilidad y democratización del sistema político. En un país en el que la democracia se ha visto en los últimos años con problemas de continuidad, ensanchar la brecha de desigualdad y la falta de garantías no pueden ser más un hecho. Según un informe de la ONG Oxfam, publicado en 2017, Paraguay está en el primer puesto a nivel global en cuanto a desigualdad de la distribución de la tierra. El documento reveló que el 90 % del territorio cultivable del país está en manos del 5 % de los propietarios.

Por lo antes mencionado, las consignas de los campesinos a favor de una “reforma agraria” que garantice una “distribución de la tierra más justa”, deben ser escuchadas por el gobierno, así como también responder con las políticas públicas necesarias para solucionar esta dificultad que, desde hace tiempo, genera este crecimiento desigual. Es ahí en donde la democracia tiene el deber moral de velar por la equidad, igualdad y libertad de cada uno de sus ciudadanos.