Perspectiva abierta a propósito del caso boliviano: entre el fraude electoral y el golpe de estado, la crisis desatada a partir del último 26 de octubre y el papel desempeñado en ella por las fuerzas de seguridad divide aguas en la ciudadanía.

“Evo Morales gana en primera vuelta” coronaban algunos titulares mientras llegaba a su fin una jornada electoral que prometía una marcada diferencia entre la continuidad del entonces presidente Evo Morales Ayma y un cambio rotundo tras catorce años del Movimiento al Socialismo (MAS) en la conducción del Estado Plurinacional de Bolivia.

Desde un primer momento, la incertidumbre comenzó a empañar el clima electoral. Por un lado, el oficialismo, en busca de un cuarto mandato y, por el otro, la desconfianza de la oposición por la veracidad de los resultados. Pero esta situación se agravó una vez que con solo el 89,34% de el acta escrutada, el sistema de transmisión de datos se paralizó por completo. Evo Morales con el 45,28% y Carlos Mesa con el 38,16% estos fueron los últimos resultados provisorios que arrojó el sistema antes que Bolivia se convirtiese en un escenario caótico.

Para cuando se reanudó el conteo y conforme pasaban los días, los resultados favorecieron al oficialismo y Evo proclamó cada vez más fervientemente su victoria. Mientras tanto la oposición reclamaba que estos resultados fueron fruto del fraude, las calles enardecieron, los reclamos se acrecentaron y el sistema del Sitio web del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, falló. Este panorama se mantuvo por varios días. Evo reclamó que todos estos ataques y acusaciones respondían a un potencial golpe de estado, mientras que la oposición negaba cada una de estas palabras que el mandatario rezaba.

A casi una semana del escrutinio, Bolivia todavía tenía un destino confuso ¿Evo era el presidente electo? ¿Pasarían a segunda vuelta? Finalmente se dieron a conocer los resultados oficiales. Morales obtuvo el 47,08% de los votos y superó los diez puntos por encima de Carlos Mesa quien obtuvo el 36,51%. Aun así, los enfrentamientos y la violencia continuaron inundando las calles, paradójicamente en nombre de la democracia. La denuncia por fraude electoral se mantuvo en pie, la oposición, la OEA y otros entes ponían en tela de juicio la victoria del oficialismo y exigían que se pasara a balotaje.

El gobierno boliviano y la OEA acordaron una auditoría sobre las elecciones del 20 de octubre que comenzó sus actividades el día 1 de noviembre, con el fin de “conocer a detalle el funcionamiento de los procesos involucrados en el conteo de votos, la transmisión de resultados preliminares, el cómputo oficial y la cadena de custodia de material electoral, para -a partir de ello- verificar la integridad y confiabilidad de los resultados electorales”.

Como fruto del trabajo llevado a cabo por el grupo de especialistas y auditores, el 10 de noviembre se dio a conocer el informe titulado “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia 20 de octubre de 2019”. En el mismo, los expertos reconocieron y afirmaron la existencia de fallas e irregularidades tanto en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), como en el cómputo final. En este sentido, se descubrió una clara manipulación del sistema TREP que afectó los resultados de este y del cómputo final. Además, alertaron sobre la falsificación de firmas, la alteración de actas y la deficiencia en la cadena de custodia de material electoral.

Por tanto, en el mismo documento, el equipo auditor afirmó que “no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”.

Ese mismo día, poco después de que se dio a conocer el informe otorgado por la OEA, el presidente Evo Morales anunció que llamaría a elecciones: “He decidido renovar la totalidad de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y convocar a nuevas elecciones generales que, mediante el voto, permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos”. A más de veinte días de las elecciones, las protestas y los incidentes continuaron. Si bien el llamado a elecciones acarreó cierta calma entre los militantes de la oposición, el reclamo continuó firme. La postura era clara, en Bolivia se había consumado un fraude electoral y los principales acusados eran afines al gobierno de turno. Por tanto, correspondía [a su juicio] que Morales diera un paso al costado de su cargo y de los futuros comicios.

Tan solo unas pocas horas transcurrieron desde aquel llamado a una nueva instancia electoral para que la capital boliviana se convirtiera en el escenario de una crisis político-institucional de magnitud. En conferencia de prensa, el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, expresó que la Institución militar le “sugería”, al Presidente del Estado, renunciar a su mandato. Evo Morales, cual respuesta espasmódica, hizo pública su renuncia, acusando que un golpe cívico, policial y militar se había gestado en su contra y de su gobierno.

El dinamismo que le es propio al devenir histórico acrecienta el grado de complejidad para llegar a comprender qué sucedió en Bolivia y, en general, qué viene aconteciendo en la región. La mono causalidad queda de lado cuando se hace factible resaltar que tuvieron injerencia la derrota oficialista en el referendo de 2016, la incertidumbre ante la interrupción del sistema TREP, la ulterior auditoría de la OEA planteando irregularidades en el proceso electoral, los motines policiales, la alteración del orden social con protestas que ejercieron presión de manera sostenida durante tres semanas y el pronunciamiento por parte de las Fuerzas Armadas.

No obstante, en este complejo juego de causas y consecuencias, el rol desempeñado por las fuerzas de seguridad del Estado ha desencadenado la polarización de posturas respecto a si se trató, o no, de un golpe de Estado. De un extremo del espectro se ubicó a los detractores del gobierno de Evo Morales, esgrimiendo que la renuncia del entonces Presidente era la materialización del triunfo de una legítima y masiva movilización social que reclamaba transparencia en el proceso electoral, en particular, y cambios en la conducción de los asuntos públicos del país, en general.

En el otro extremo, confluyen [en su mayoría] los adeptos a Morales y, también, quienes coinciden con aquellos en que, a fin de cuentas, fueron los militares los que intervinieron en el proceso y le “sugirieron” que renunciara. Esto, bajo la premisa de que la intervención de los militares provocando alteraciones en el orden constitucional, nos permite hablar de un golpe de Estado.

Particularmente, considero que la crisis que hace tambalear a la democracia de la República Boliviana, data ya de hace un largo tiempo y nos obliga a mirar hacia atrás. Nos interpela más allá del fraude electoral que protagonizaron las recientes elecciones presidenciales. Ya en el año 2013 el mandatario logró el apoyo necesario para que se aprobara su tercera candidatura consecutiva para las elecciones generales del año 2014 ¿Cuestionables? Posiblemente. Pocos años después el referendo del 2016 le dio su primera derrota electoral, en la que el pueblo boliviano dijo no a una cuarta postulación del entonces presidente. A pesar de ello recurrió a una resolución del Tribunal Electoral que le allanó el camino para presentarse nuevamente, pero ya conocemos esta historia.

Ahora bien, después de un mes de protestas, enfrentamientos violentos, incidentes lamentables, la renuncia del ex presidente Evo Morales y la instauración del actual gobierno interino (cuestionable o no), finalmente, se convocará a elecciones generales. La presidente interina, Jeanine Áñez, firmó la “Ley de Régimen excepcional y transitorio para la realización de Elecciones Generales” que se aprobó previamente en el congreso. La misma da por anulados los comicios de octubre e incluye a su vez algunas salvedades que van a permitir cierta celeridad en el proceso de llamado a elecciones, dada la urgencia del caso. Poe ejemplo, el nombramiento de forma mas rápida de un nuevo órgano electoral.

Por otro lado, una de las condiciones más llamativas que presentó esta resolución es que cierra las puertas del juego para la antigua fórmula presidencial. Si bien el Movimiento al Socialismo podrá participar de las elecciones, se verá obligado a hacerlo sin la formula Morales – García Linera. No se puede negar que a lo largo del tiempo Evo fortaleció a su alrededor la figura de un líder irremplazable; al mismo tiempo genera cierta intriga que no haya podido consolidar la imagen de un “sucesor”.

¿Cuál hubiera sido la historia si en lugar de amoldar la constitución a su antojo, el MAS se hubiera perpetuado mediante la alternancia de Evo con otra figura política? ¿Si no se hubiera hecho caso omiso a los resultados del referendo? ¿Cual es el destino actual de la democracia en Bolivia? Esta nueva etapa electoral promete una instancia de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas para la “pacificación” de Bolivia. Pero por el momento no quedan más que especulaciones sobre unas elecciones a futuro que garanticen transparencia y libertad al pueblo boliviano.