Los índices que señalan cuál es el estado de situación de la integridad electoral de los regímenes electorales en Argentina, elaborados sobre la base de una investigación que toma en cuenta los parámetros de la conflictividad que presentan los estados provinciales y permiten representar una topología sobre la cual poder actuar con el fin de mejorar la calidad de la democracia.

Transparencia Electoral ha venido trabajando a lo largo de su trayectoria en el diseño y la implementación de iniciativas que promuevan los valores democráticos y mejoren la calidad del sufragio. La celebración de elecciones no basta para hablar de democracia. Para que estas se den, según las exigencias democráticas, deben respetar ciertos principios que garanticen que los resultados serán fiel reflejo de la voluntad popular.

Sin embargo, existen distintas amenazas a este ideal, que se presentan no solo en la jornada comicial sino a lo largo del ciclo electoral.

Es por ello que desde Transparencia Electoral nos hemos propuesto la confección de un mapa que refleje la conflictividad en cada uno de los distritos electorales, a través de un grupo de variables que hemos sugerido, fundamentadas en los requisitos básicos de competitividad, reconocidos por la literatura especializada. Una vez realizada esta labor, podremos contar con un mapa nacional que nos indique el grado de conflictividad de las elecciones y sirva como base empírica para el diseño de propuestas que acaben las prácticas que ponen en peligro la integridad electoral de los procesos en la Argentina.

El análisis se basa en las Elecciones Generales celebradas en el año 2015 (en casos como los de Corrientes y Santiago del Estero, las de 2013), dado que la cantidad de cargos a elegir da cuenta de unos comicios complejos en los que podemos asumir que convergen todas las organizaciones políticas, en todos los niveles (local, provincial y nacional). En este sentido, se procedió al relevamiento de información sobre denuncias e irregularidades por parte de varios actores en todos los distritos durante estos procesos electorales.

Hacer un análisis nacional de conflictividad electoral presenta su complejidad. Sin embargo, hemos intentado construir un índice que no sea restrictivo, pero sí más o menos representativo, y que resulte de utilidad para nuevas investigaciones en el área.

Establecimos, para este estudio, varios indicadores a analizar por cada distrito, de manera que, una vez recopilada la información de cada uno, provincia por provincia, podamos establecer el grado de conflictividad a escala nacional. Las variables propuestas son: denuncias recibidas por Secretarías Electorales, denuncias recibidas por el Ministerio Público Fiscal, datos de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, cobertura de medios, percepción de apoderados, percepción de especialistas, y la investigación sobre democracia subnacional del politólogo Carlos Gervasoni.

Una vez recopilada y sistematizada esta información, se elaboró un informe en el que se analizó cada una de las variables en todos los distritos electorales, para finalmente clasificarlos según las categorías de:

  • Distritos con baja conflictividad electoral (verde)
  • Distritos con conflictividad electoral moderada (amarillo)
  • Distritos con alta conflictividad electoral (rojo)

Entenderemos por conflictividad electoral al “conjunto de problemas y dificultades que se desarrollan alrededor de un proceso de sufragio, lo cual incluye, además del día de los comicios, los períodos previos y posteriores de las votaciones y los acontecimientos de violencia relacionados con dicho proceso”. Es vital para la democracia que las elecciones, como medio pacífico de resolución de conflictos políticos, se desarrollen bajo condiciones favorables y transparentes. Aunque la ausencia de conflicto es imposible, creemos que la democracia es el único sistema (perfectible) en el que la conflictividad puede mantenerse en niveles que garanticen a los ciudadanos el goce efectivo de sus derechos civiles y políticos.

Mapa de Conflictividad Electoral – Transparencia Electoral

El índice de conflictividad propuesto se obtiene al contrastar las variables monitoreo de medios, percepción de apoderados y percepción de especialistas con el índice de democracia subnacional de Gervasoni (2015). Así, la conflictividad será sencillamente la suma de los puntajes obtenidos por cada provincia, más su posición en el IDS (Índice de Democracia Subnacional). Para mayor claridad en su presentación, se redujeron a un rango del 0 al 1, donde las provincias que se acercan a 0 son las más conflictivas y las que más se acercan a 1 son menos conflictivas.

Una de las lecturas más relevantes de este Índice de Conflictividad Electoral es que el 16.68% del padrón electoral para las PASO 2017 reside en distritos con alta conflictividad, el 45.15% (que incluye a la provincia de Buenos Aires, con el 37.04% del padrón nacional) reside en distritos con una conflictividad moderada, y el 38.17% en distritos con baja conflictividad. Esto deja al 61.83% del electorado en distritos que tienen niveles de conflictividad por encima de los recomendables.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara Nacional Electoral (2017) y el índice de Conflictividad de Transparencia Electoral (2017).

Esto cobra especial relevancia cuando, por ejemplo, electores asisten a votar bajo escenarios de conflictividad electoral moderada como el caso de la Provincia de Buenos Aires. En este distrito, que agrupa casi el 40% del padrón nacional, existe una alta tasa de irregularidades (74.2% observó algún tipo de irregularidad según la encuesta de Transparencia Electoral 2017) y un alto nivel de desconfianza en autoridades e instituciones electorales (Correo Argentino, autoridades de mesa, Justicia Electoral, etc.).

En este sentido, este diagnóstico ayuda a identificar la fuente de esta desconfianza y a revelar la importancia que tiene implementar este mismo tipo de herramienta para acercarnos lo más posible a la percepción que tienen todos los argentinos de las autoridades que rigen y están involucradas en todo el proceso electoral. Es a partir de estos datos que las instituciones pueden llevar a cabo campañas que reviertan la percepción del electorado y animen a los ciudadanos a denunciar las irregularidades allí donde las vean. Evidentemente, el procesamiento o trato que se les den a estos reportes es lo que finalmente determina la actitud hacia las agencias del Estado encargadas de la organización de los procesos electorales y que deben garantizar su integridad.

Lectores familiarizados con la literatura que hay sobre regímenes subnacionales en Argentina no se sorprenderán con estos hallazgos. Esta investigación arroja luz sobre los principales factores que afectan la integridad electoral en los gobiernos subnacionales, y que trascienden la jornada electoral. Es decir, a través de este proyecto quisimos presentar una suerte de diagnóstico que permita a los organismos competentes diseñar iniciativas que coadyuven al fortalecimiento institucional, pero también que mejoren la calidad del sufragio, a través del cese de prácticas que se presentan no solo durante los eventos electorales (en sus fases pre y poselectoral), sino en aquellas que se han normalizado y han tenido como finalidad que las autoridades se perpetúen en el poder a expensas de acabar con el ejercicio de la ciudadanía activa: la contraloría, la representación proporcional en las legislaturas, la independencia de la justicia, entre otras estrategias que son una constante en los distritos que se catalogaron como conflictivos.

Las provincias de San Luis, La Rioja, Tucumán, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero obtienen en todos los índices valores que dan cuenta de un déficit democrático importante. Los principios democráticos de alternancia en el poder y garantías para todos los ciudadanos en lo que a derechos civiles y políticos (sobre todo) se refiere, están claramente comprometidos en estos regímenes subnacionales. Es urgente la construcción de campañas para impulsar la conciencia de los ciudadanos sobre sus propios derechos para fomentar y fortalecer una cultura política democrática que desmonte permanentemente estos sistemas que pervierten el concepto de democracia.

A partir de este estudio seguiremos trabajando en cómo construir campañas dirigidas a quienes ven sus derechos políticos y civiles más afectados: los ciudadanos. Es necesario recuperar la confianza de los electores en el sistema y reforzar positivamente aquellas conductas que devienen en el reporte oportuno de las denuncias sobre delitos electorales. El votante debe saber que su voto sí cuenta, y que tiene el poder de influir en los grupos que toman las decisiones de política pública.

Por lo tanto, es indispensable que a partir de esta radiografía también se impulsen medidas que promuevan la rendición de cuentas, la representación de la oposición, la independencia de la justicia, la democracia interna de los partidos, y que se inicie un gran diálogo nacional en el que los argentinos puedan repensar la forma en la que eligen a sus autoridades y las condiciones en las que lo hacen.